En julio de este año, cuando el proyecto de Educación Superior pasó a Sala en la Cámara de Diputados, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se comprometió a que la iniciativa para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) ingresaría al Congreso antes del siete de noviembre.

La idea de cumplir estos plazos, según indicó el ex secretario de Estado era que la discusión comenzara antes de las elecciones. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que continúan trabajando en el proyecto y que no tienen una fecha establecida todavía, pero que será durante el segundo semestre.

Sofía Barahona, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, dijo que desde el movimiento estudiantil desconfían de la palabra del Gobierno y ven con preocupación que el proyecto no sea aprobado durante esta administración.

“Lo que nosotros esperamos es que el Gobierno deje las palabras y pase a la acción. Hace más de seis meses que venimos escuchando la promesa sobre proyecto para reemplazar el CAE. Creemos que ya es bastante tarde para presentar esta iniciativa, esto no se va a alcanzar a discutir y a aprobar en el gobierno de Michelle Bachelet”, sostuvo.

La dirigenta, quien también es vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), enfatizó en que el mecanismo para reemplazar el CAE debe ser solo transitorio, mientras se avanza hacia la gratuidad universal.

A su juicio, esta iniciativa debe contemplar condiciones especiales para quienes estudian con crédito y se han visto perjudicados con el cierre de sus planteles, como lo que podría ocurrir con la Universidad Iberoamericana que actualmente atraviesa una fuerte crisis financiera.

“Hemos planteado el fin al endeudamiento y al CAE, pero entendemos que mientras se avanza en la gratuidad universal se debe avanzar en un proyecto transitorio que tenga distintas características respecto de lo existe actualmente. Pedimos que no solo abarque el arancel referencial, sino que el real, para que los estudiantes no tengan que buscar financiamiento en otros espacios. Además, esperamos que haya un límite de años a pagar menor a los 15 años”, afirmó.

Juan Pablo Rojas, vocero de Deuda Educativa, dijo que hoy existen seis demandas colectivas contra los bancos Estado, Scotiabank, BCI, Itaú, CorpBanca, Falabella y Santander, por ilegalidades de los contratos, las cuales fueron declaradas admisibles.

Rojas dijo que hasta el momento ni el Ministerio de Educación ni el de Hacienda se ha querido reunir con ellos, por lo que no tienen certezas de que este nuevo instrumento solucione el problema del endeudamiento que enfrentan los estudiantes cuando terminan sus carreras.

En esa línea, rechazó el aplazamiento que ha tenido proyecto. “Esto es una jugarreta del Gobierno para esconder este tema en el debate presidencial. El hecho de que lo estén entregando a última hora es para esconder el problema que hay detrás, que es el endeudamiento para estudiar”.

“Hoy estamos en juicio por las cláusulas abusivas de los contratos, donde se le hizo firmar a jóvenes mandatos en blanco y contratos sin leerlos. Se les ofreció un beneficio social que terminó siendo un crédito de consumo pactado en UF a 20 años. A esto se suma que el Sernac ni siquiera se ha hecho parte de estas demandas”, agregó.

El diputado PPD Rodrigo González, presidente de la Comisión de Educación, señaló que lo único que les han informado desde el Ejecutivo es que la iniciativa podría ser presentada durante noviembre.

Mientras que el diputado de la DC Mario Venegas, sostuvo que en la Comisión hay consenso en que el mecanismo de reemplazo se debe discutir prontamente. No obstante, advirtió que los tiempos los maneja el Gobierno.

Por su parte, la diputada comunista Camila Vallejo recordó la promesa del ex ministro Valdés y manifestó que es necesario que el Gobierno cumpla sus compromisos, ya que “son miles los estudiantes que están esperando”.

“Lo que a nosotros nos interesa es que nos den más certeza de cuándo esto va a estar resuelto, cuándo tendremos una ley que reemplace el sistema de financiamiento mediante endeudamiento por el CAE por un mecanismo estatal”, indicó.

Hasta el momento es poco lo que sabe sobre el detalle de este proyecto, según lo que han informado desde el Ejecutivo se trata de una iniciativa que reemplazará al CAE por otro crédito, sin la participación de la banca, sino que de un organismo estatal que lo administrará.

Este año el CAE representó el 35 por ciento de la partida de educación superior, cifra similar a la destinada para gratuidad. Este crédito cuenta con cerca de 800 mil morosos, de los cuales la mayoría proviene de centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades privadas.

En tanto, desde que se implementó esta política en el gobierno de Ricardo Lagos, mientras Nicolás Eyzaguirre también era Ministro de Hacienda, el Estado ha destinado más de 2,6 billones de pesos a los bancos.