El próximo lunes 13 de noviembre se reanudará la audiencia preparatoria en el ‘Caso Iglesia’, persecución judicial que inicia con la quema del templo evangélico ‘Iglesia del Señor’ en Padre las Casas, Región de La Araucanía.

El contexto ha cambiado de manera importante durante los últimos días. Hace algo más de un mes los comuneros mapuche Alfredo Tralcal, Benito, Pablo y Ariel Trangol, impactaron a todo el país con su huelga de hambre que se extendió por más de cien días, lo que obligó al Gobierno de Michelle Bachelet a tomar medidas.

La promesa del Ejecutivo de retirar la calificación terrorista al delito de incendio que se le imputa a los comuneros mapuches se concretó recién durante el fin de semana, en medio de la reanudación de la protesta de ayuno llevada a cabo por los acusados. El Gobierno Regional de La Araucanía presentó el escrito al tribunal y de esta manera oficializó el cambio de carácter en la querella de la Intendencia, por lo que la pena que arriesgan los detenidos ya no se eleva a los 20 años, sino que tan sólo a cinco para Benito y Pablo Trangol, y tres para Ariel Trangol y Alfredo Tralcal, contando todos con la atenuante de irreprochable conducta anterior.

Aunque por el lado de los persecutores, ellos continuarán imputando la agravante terrorista en la acusación. En este sentido, ya tuvieron el beneficio de llevar adelante la investigación bajo el amparo de la ley antiterrorista, lo que les permitió recurrir a pruebas cuestionadas como la utilización de testigos protegidos.

Cristian Tralcal, hijo del lonko Alfredo Tralcal, valoró el hecho de que el Ejecutivo haya concretado la calificación de los hechos dejándolo como delito común. Aunque también destacó el hecho de que el Gobierno modificara las penas, puesto que anteriormente, cuando se intentó modificar las medidas cautelares de prisión preventiva, el juzgado señaló que no era posible, porque si bien se había recalificado el delito, las penas que se pedían eran demasiado altas, lo que jurídicamente volvía imposible revocar el encarcelamiento.

Ante esto, el candidato a senador por La Araucanía y dirigente de Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán puntualizó en que es necesario que exista un órgano contralor del Ministerio Público, que fiscalice los momentos en que los persecutores determinen utilizar la ley antiterrorista, puesto que según su apreciación, recurren a esta con bastante ligereza.El 27 de septiembre comenzó la audiencia preparatoria en la cual el Ministerio Público presentará las pruebas que buscan inculpar a los comuneros. Hasta ahora, el cierre de la instancia para dar paso al juicio oral se ha suspendido en cinco ocasiones.

Las pruebas incompletas de la Fiscalía

Según el cuerpo de Reportajes de El Mercurio, en su edición del 15 de octubre, existe una estrategia de la defensa de los imputados para dilatar los procesos. El matutino de la famila Edwards señala que “quienes monitorean los procesos vinculados al conflicto de La Araucanía” aseguran que la “estrategia” tiene como objetivo hacer que a los jueces les “pese” la permanencia prolongada de los imputados en prisión y también “victimizar” a los acusados.

Es una teoría que suena extrema y desconsiderada, tomando en cuenta que algunos de los perseguidos en el ‘Caso Iglesia’ incluso pasaron a huelga seca y debieron asistir a audiencias en sillas de ruedas debido al decaimiento.

Fuentes que conocen la causa explicaron a nuestro medio por qué este proceso ha suspendido en cinco oportunidades la audiencia preparatoria, evitando el inicio del juicio oral.

Luego que el tribunal levantara el secreto de la carpeta investigativa, lo que se concretó tan sólo una vez que terminó el plazo de investigación de la causa, el Ministerio Público entregó una serie de documentos incompletos. En primer lugar, en estos muchos antecedentes venían borrados, por lo que distintos datos no pudieron conocerse. También faltaban páginas: “Por ejemplo, los fiscales entregaban uno oficio con las páginas 1, 2, 3, luego se saltaban la 4 y la 5, y después venía la 6”, ejemplifican conocedores de la causa.

Otro punto es que en los testimonios reservados, conocidos habitualmente como testigos protegidos, no existían datos que permitieran evaluar la calidad del supuesto testigo. Por otra parte, algunos de las personas que dieron su versión guardando su identidad no habrían tenido los méritos para recibir protección, según apuntan las fuentes. Esto impide que los defensores puedan excluir testigos “impertinentes”, es decir, que declaren lo mismo que otra persona. Tampoco se puede determinar si son “sobreabundantes”, en otras palabras, que sea más de un testimonio de una persona.

Otra prueba que el Ministerio Público no había presentado completamente eran videos con declaraciones de supuestas víctimas. En un principio del caso, los persecutores afirmaron que tan sólo existía un video, luego en audiencia se conoció que existían dos. Este material con declaraciones fue filmado en la reconstitución de escena, y según señalan las fuentes, las versiones serían contradictorias con las entregadas en un principio a Carabineros el día del ataque o posteriormente a medios de comunicación.

Aunque uno de los más esperados es el oficio completo de la prueba química que arrojó rastros de pólvora. El documento entregado en un principio por el Ministerio Público tan sólo mostraba las conclusiones, pero no los detalles de la pericia, los que eran necesarios para que la defensa analizara la prueba. Recién el pasado 31 octubre los persecutores entregaron el material, del cual manifestaron en una audiencia que tardaba puesto que Labocar de Carabineros tardaba en entregarlo.

Las fuentes consultadas señalan que para la audiencia de este lunes ya se habría entregado el material pendiente, aunque respecto del peritaje químico, este aún estaría en revisión.