Tribunal formaliza a nuevos imputados por fraude en Carabineros
Este jueves, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo una nueva audiencia de formalización en el llamado caso fraude en Carabineros, esta vez contra 13 imputados por lavado de activos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
Jueves 23 de noviembre 2017 19:54 hrs.
Miguel Ángel Orellana, uno de los fiscales que investiga el caso, explicó que los implicados formaron parte de una asociación estructurada y jerárquica, en la que cada uno de ellos cumplía funciones específicas y concretas, cuyo objetivo era sustraer fondos públicos desde cuentas bancarias institucionales de Carabineros.
Del mismo modo, el fiscal señaló que desde el año 2006 al 2017 los imputados sustrajeron fondos fiscales, mediante jubilaciones de personas que jamás pertenecieron a Carabineros, pagos no justificados, falsificación de instrumentos públicos, resoluciones de desahucio calificadas, depósitos por exceso de sueldos, entre otras.
“Efectuaron una serie de maniobras de adulteración en los registros contables y las bases de datos de Carabineros, para lo cual realizaron transferencias desde cuentas institucionales a cuentas bancarias personales de funcionarios activos y en retiro, de familiares de los mismos y de civiles. Esta organización criminal estaba compuesta por un grupo de oficiales de la institución, quienes eran responsables de la custodia y administración de los fondos públicos, de funcionarios policiales y de civiles”, argumentó.
Según señaló Orellana, los acusados realizaron diversos mecanismos que les permitieron desvincular el dinero desde su fuente ilícita, introduciéndolo al sistema financiera formal y vulnerando los todos controles preventivos en materia de lavado de dinero.
“Parte de las ganancias fueron posteriormente introducidas al sistema económico formal, cometiéndose el delito de lavad de activos bajo distintas modalidades, entre las que se encuentran utilización de cuentas bancarias personales y la realización de giros fraccionados de dinero en un mismo día, cambiando de sucursal bancaria o cajeros automáticos para no levantar sospecha de los organismos fiscalizadores”, sostuvo.
Sumado a lo anterior, los imputados habrían entregado y distribuido dinero a distintos miembros de la organización mediante cheques firmados en blanco, depósitos, transferencias bancarias y entregas en efectivo en domicilios particulares, la vía pública y oficinas institucionales.
También habrían constituido y utilizados la figura de personas jurídicas para incorporar parte del patrimonio ilícitamente obtenido al sistema financiero. Además, habrían adquirido diversos productos bancarios y bienes como vehículos y propiedades.
El Tribunal decretó arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados para todos los formalizados. Luis Guillermo Vilches Morales, Leonardo Morales Avendaño, Sergio Alfredo Bracamonte Villalobos y Jorge Fernando Latrille Niembro, quedaron con arresto domiciliario total.
Mientras que para Juan Carlos Cereceda Vásquez y Gabriel Alberto Gonzáles Candia se determinó arresto domiciliario nocturno. De acuerdo a lo indicado por el fiscal Miguel Ángel Orellana, el fraude en Carabineros supera los 26 mil millones de pesos.
La querella contra altos mandos
Por otro lado, la semana pasada el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella contra el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon Valcárcel, que encabezó la institución entre 2008 y 2011, y contra el actual general Jorge Serrano Espinosa, a cargo de la Dirección de Gestión de Personas.
Para el diputado del Partido Socialista y ex miembro de la Comisión que investigó este caso en la Cámara Baja, Leonardo Soto, la acción del CDE solo confirma que las irregularidades responden a una falla sistémica de la institución. “No estamos hablando de casos aislados o personas que ocasionalmente se involucraron en estos ilícitos, sino que es un problema sistémico de la estructura de Carabineros”.
“Se trata de una nueva arista que siembre numerosas interrogantes y los antecedentes son tan fuertes que el propio Consejo de Defensa del Estado decidió presentar una querella, algo que hacen solo cuando tienen antecedentes bien fundados. Por eso, creo que vamos a tener problemas en Carabineros por mucho tiempo”, agregó.
Esta nueva arista investiga el reintegro de 21 millones de pesos por parte de Serrano cuando era encargado del Departamento de Compras Públicas, dinero que le devolvió Gordon. De acuerdo al Consejo, esto “constituye maniobras dolosas destinadas a intentar el ocultamiento de la sustracción de fondos públicos”.
En tanto, luego de una solicitud del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el próximo 12 de diciembre se realizará una nueva audiencia en el Séptimo juzgado de Garantía, en la que se discutirá el destino de los bienes que mantienen un grupo de implicados en el caso.
Miguel Ángel Orellana, uno de los fiscales que investiga el caso, explicó que los implicados formaron parte de una asociación estructurada y jerárquica, en la que cada uno de ellos cumplía funciones específicas y concretas, cuyo objetivo era sustraer fondos públicos desde cuentas bancarias institucionales de Carabineros.
Del mismo modo, el fiscal señaló que desde el año 2006 al 2017 los imputados sustrajeron fondos fiscales, mediante jubilaciones de personas que jamás pertenecieron a Carabineros, pagos no justificados, falsificación de instrumentos públicos, resoluciones de desahucio calificadas, depósitos por exceso de sueldos, entre otras.
“Efectuaron una serie de maniobras de adulteración en los registros contables y las bases de datos de Carabineros, para lo cual realizaron transferencias desde cuentas institucionales a cuentas bancarias personales de funcionarios activos y en retiro, de familiares de los mismos y de civiles. Esta organización criminal estaba compuesta por un grupo de oficiales de la institución, quienes eran responsables de la custodia y administración de los fondos públicos, de funcionarios policiales y de civiles”, argumentó.
Según señaló Orellana, los acusados realizaron diversos mecanismos que les permitieron desvincular el dinero desde su fuente ilícita, introduciéndolo al sistema financiera formal y vulnerando los todos controles preventivos en materia de lavado de dinero.
“Parte de las ganancias fueron posteriormente introducidas al sistema económico formal, cometiéndose el delito de lavad de activos bajo distintas modalidades, entre las que se encuentran utilización de cuentas bancarias personales y la realización de giros fraccionados de dinero en un mismo día, cambiando de sucursal bancaria o cajeros automáticos para no levantar sospecha de los organismos fiscalizadores”, sostuvo.
Sumado a lo anterior, los imputados habrían entregado y distribuido dinero a distintos miembros de la organización mediante cheques firmados en blanco, depósitos, transferencias bancarias y entregas en efectivo en domicilios particulares, la vía pública y oficinas institucionales.
También habrían constituido y utilizados la figura de personas jurídicas para incorporar parte del patrimonio ilícitamente obtenido al sistema financiero. Además, habrían adquirido diversos productos bancarios y bienes como vehículos y propiedades.
El Tribunal decretó arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados para todos los formalizados. Luis Guillermo Vilches Morales, Leonardo Morales Avendaño, Sergio Alfredo Bracamonte Villalobos y Jorge Fernando Latrille Niembro, quedaron con arresto domiciliario total.
Mientras que para Juan Carlos Cereceda Vásquez y Gabriel Alberto Gonzáles Candia se determinó arresto domiciliario nocturno. De acuerdo a lo indicado por el fiscal Miguel Ángel Orellana, el fraude en Carabineros supera los 26 mil millones de pesos.
La querella contra altos mandos
Por otro lado, la semana pasada el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella contra el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon Valcárcel, que encabezó la institución entre 2008 y 2011, y contra el actual general Jorge Serrano Espinosa, a cargo de la Dirección de Gestión de Personas.
Para el diputado del Partido Socialista y ex miembro de la Comisión que investigó este caso en la Cámara Baja, Leonardo Soto, la acción del CDE solo confirma que las irregularidades responden a una falla sistémica de la institución. “No estamos hablando de casos aislados o personas que ocasionalmente se involucraron en estos ilícitos, sino que es un problema sistémico de la estructura de Carabineros”.
“Se trata de una nueva arista que siembre numerosas interrogantes y los antecedentes son tan fuertes que el propio Consejo de Defensa del Estado decidió presentar una querella, algo que hacen solo cuando tienen antecedentes bien fundados. Por eso, creo que vamos a tener problemas en Carabineros por mucho tiempo”, agregó.
Esta nueva arista investiga el reintegro de 21 millones de pesos por parte de Serrano cuando era encargado del Departamento de Compras Públicas, dinero que le devolvió Gordon. De acuerdo al Consejo, esto “constituye maniobras dolosas destinadas a intentar el ocultamiento de la sustracción de fondos públicos”.
En tanto, luego de una solicitud del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el próximo 12 de diciembre se realizará una nueva audiencia en el Séptimo juzgado de Garantía, en la que se discutirá el destino de los bienes que mantienen un grupo de implicados en el caso.
Miguel Ángel Orellana, uno de los fiscales que investiga el caso, explicó que los implicados formaron parte de una asociación estructurada y jerárquica, en la que cada uno de ellos cumplía funciones específicas y concretas, cuyo objetivo era sustraer fondos públicos desde cuentas bancarias institucionales de Carabineros.
Del mismo modo, el fiscal señaló que desde el año 2006 al 2017 los imputados sustrajeron fondos fiscales, mediante jubilaciones de personas que jamás pertenecieron a Carabineros, pagos no justificados, falsificación de instrumentos públicos, resoluciones de desahucio calificadas, depósitos por exceso de sueldos, entre otras.
“Efectuaron una serie de maniobras de adulteración en los registros contables y las bases de datos de Carabineros, para lo cual realizaron transferencias desde cuentas institucionales a cuentas bancarias personales de funcionarios activos y en retiro, de familiares de los mismos y de civiles. Esta organización criminal estaba compuesta por un grupo de oficiales de la institución, quienes eran responsables de la custodia y administración de los fondos públicos, de funcionarios policiales y de civiles”, argumentó.
Según señaló Orellana, los acusados realizaron diversos mecanismos que les permitieron desvincular el dinero desde su fuente ilícita, introduciéndolo al sistema financiera formal y vulnerando los todos controles preventivos en materia de lavado de dinero.
“Parte de las ganancias fueron posteriormente introducidas al sistema económico formal, cometiéndose el delito de lavad de activos bajo distintas modalidades, entre las que se encuentran utilización de cuentas bancarias personales y la realización de giros fraccionados de dinero en un mismo día, cambiando de sucursal bancaria o cajeros automáticos para no levantar sospecha de los organismos fiscalizadores”, sostuvo.
Sumado a lo anterior, los imputados habrían entregado y distribuido dinero a distintos miembros de la organización mediante cheques firmados en blanco, depósitos, transferencias bancarias y entregas en efectivo en domicilios particulares, la vía pública y oficinas institucionales.
También habrían constituido y utilizados la figura de personas jurídicas para incorporar parte del patrimonio ilícitamente obtenido al sistema financiero. Además, habrían adquirido diversos productos bancarios y bienes como vehículos y propiedades.
El Tribunal decretó arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados para todos los formalizados. Luis Guillermo Vilches Morales, Leonardo Morales Avendaño, Sergio Alfredo Bracamonte Villalobos y Jorge Fernando Latrille Niembro, quedaron con arresto domiciliario total.
Mientras que para Juan Carlos Cereceda Vásquez y Gabriel Alberto Gonzáles Candia se determinó arresto domiciliario nocturno. De acuerdo a lo indicado por el fiscal Miguel Ángel Orellana, el fraude en Carabineros supera los 26 mil millones de pesos.
La querella contra altos mandos
Por otro lado, la semana pasada el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella contra el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon Valcárcel, que encabezó la institución entre 2008 y 2011, y contra el actual general Jorge Serrano Espinosa, a cargo de la Dirección de Gestión de Personas.
Para el diputado del Partido Socialista y ex miembro de la Comisión que investigó este caso en la Cámara Baja, Leonardo Soto, la acción del CDE solo confirma que las irregularidades responden a una falla sistémica de la institución. “No estamos hablando de casos aislados o personas que ocasionalmente se involucraron en estos ilícitos, sino que es un problema sistémico de la estructura de Carabineros”.
“Se trata de una nueva arista que siembre numerosas interrogantes y los antecedentes son tan fuertes que el propio Consejo de Defensa del Estado decidió presentar una querella, algo que hacen solo cuando tienen antecedentes bien fundados. Por eso, creo que vamos a tener problemas en Carabineros por mucho tiempo”, agregó.
Esta nueva arista investiga el reintegro de 21 millones de pesos por parte de Serrano cuando era encargado del Departamento de Compras Públicas, dinero que le devolvió Gordon. De acuerdo al Consejo, esto “constituye maniobras dolosas destinadas a intentar el ocultamiento de la sustracción de fondos públicos”.
En tanto, luego de una solicitud del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el próximo 12 de diciembre se realizará una nueva audiencia en el Séptimo juzgado de Garantía, en la que se discutirá el destino de los bienes que mantienen un grupo de implicados en el caso.
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