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Año XVI, 19 de abril de 2024


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Multa a Cruz Blanca y MasVida reabre debate sobre capacidad política para fiscalizar a las Isapres

La reciente sanción dictaminada por la Superintendencia de Salud en contra de dos isapres por integración vertical, volvió a reflotar el problema; sin embargo, el modelo privado de salud no es algo que aparentemente esté en peligro, pese a que según los expertos, es un sistema en crisis.

Rodrigo Barrera

  Martes 28 de noviembre 2017 19:25 hrs. 
Superintendencia-de-Salud

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Después de un año de investigación, la Superintendencia de Salud resolvió sancionar con casi 60 millones de pesos en total a las isapres Cruz Blanca y Masvida por integración vertical, esto es, que una misma compañía es dueña de una isapre, una clínica o centro médico. El ente fiscalizador decidió multar a ambas aseguradoras,  luego de constatar una dualidad de funciones de ejecutivos claves en estas dos entidades.

Para Matías Goyenechea, director de Fundación Creando Salud, las multas son “ridículas” para el poder económico que ostentan estas empresas. Precisó que aunque las isapres sean fiscalizadas y sancionadas, esto no impide que sigan sucediendo fenómenos de integración vertical, vigentes desde 2010.

Goyenechea aseveró que existe una incapacidad del sistema político y  negligencia por parte de las autoridades de gobierno y parlamentarios para detener, a través de una reforma al sistema privado de salud, estas irregularidades.

“Aquí ha habido una incapacidad del sistema político para concretar una discusión profunda del rol del sistema de aseguramiento privado, una disyuntiva que se origina en 2010 con el fallo del Tribunal Constitucional que cuestiona la lógica que opera en el sistema y, hasta el día de hoy, el Ejecutivo no es capaz de procesar ese cuestionamiento, entonces ha habido negligencia, de no poder llegar a generar los cambios que son necesarios y así terminar con la discriminación y la utilidad económica, por sobre el bienestar colectivo”, afirmó.

El director de Fundación Creando Salud agregó que también las grandes compañías han ejercido su poder a través de lobby entre parlamentarios para detener cualquier iniciativa al respecto.

Además criticó la determinación del gobierno de postergar la presentación del proyecto de ley, después de instaurar en 2014  una comisión de 17 expertos para que diagnosticaran los principales problemas del sistema actual y elaborara un nuevo marco jurídico.

“Las empresas Penta, controladoras de varias isapres, están vinculadas con conglomerados políticos específicos. Recordemos que en su oportunidad se filtraron correos dictando los artículos a la ley de Isapres. Nosotros tenemos un sistema de salud que está naufragando, un modelo privado donde el eje central es maximizar la utilidad y eso está en crisis, por lo que es necesario, desde ese punto de vista, plantearse una reforma estructural, donde el eje esté en torno a la solidaridad”, argumentó.

Andras Uthoff, integrante de la Comisión Asesora Presidencial en materia de Isapres, aseveró que todos los informes y conclusiones del documento final quedaron en nada, ya que no fueron considerados prioritarios por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Sin embargo, indicó que el ambiente es mucho más propicio para impulsar el proyecto de ley que regula la discriminación por sexo y edad, además de la integración vertical manejada por grandes conglomerados.

“El Ministerio de Salud trabajó una reforma durante todo este gobierno, pero al final no fue considerado prioritario ni por la Segpres, ni el Ministerio de Hacienda: todas las conclusiones y aportes de la comisión sobre integración vertical y la manera de combatirla quedaron en nada, pero lo que acordó la instancia asesora era claramente mejorar la regulación en torno a la integración vertical”, subrayó.

Tanto el director de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, como el experto Andras Uthoff, coincidieron en que una reforma estructural al sistema privado de salud debe afrontarse con prioridad en el próximo mandato presidencial, poniendo como eje central la solidaridad y el bienestar colectivo de las personas, por sobre la utilidad económica.

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