Este miércoles por la noche culminó, un par de horas antes del plazo legal, el tradicional proceso de análisis y discusión del Presupuesto Nacional que realiza el Congreso y que, esta vez, correspondió al ejercicio 2018.

Como se sabe, en un trabajo que los ocupa durante los meses de octubre y noviembre de cada año, senadores y diputados vigentes, deciden cómo, dónde y cuántos recursos fiscales –provenientes de impuestos, ingresos generales y deuda autorizada- se destinarán a financiar la acción del Estado en el ejercicio que sigue, de acuerdo a un proyecto redactado por el Ejecutivo, respecto del cual el Parlamento sólo puede reducir gastos -salvo los establecidos por ley permanente- pero no puede subir ni bajar la estimación de ingresos y, por tanto, termina siguiendo, más o menos, la lógica de jerarquización que la administración de turno asume como la más eficaz, eficiente y justa posible.

Esta vez, el Congreso analizó el modo de asignación propuesto para más de $ 70 mil millones de dólares (calculado con un dólar a $652 pesos), es decir, del orden del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que implica un aumento del gasto público de 3,9 por ciento respecto del ejercicio anterior. Dado que los ingresos fiscales estimados serían de casi 64.000 millones de dólares (un alza de 7,4 por ciento), el faltante para financiar gasto e inversión estatal (unos 6.000 millones de dólares) se efectuará a través de deuda, la que el próximo Ejecutivo ha quedado autorizado para asumir en el extranjero o en el país, en moneda nacional o en divisas, por una suma total de hasta 9.500 millones de dólares.

Como se observa, el aumento del gasto fiscal se acordó a sabiendas que el país debe endeudarse para financiar su gestión actual, al tiempo que los supuestos sobre los ingresos esperados para el 2018 aparecen -para diversos estudiosos- como muy optimistas, pues se estima para el próximo año un crecimiento económico de más del 3 por ciento, el que favorecería de esa forma más entradas tributarias producto de la última alza de tasas de la reforma respectiva; y que el cobre se cotizará sobre  2,88 dólares la libra, valor muy superior al promedio 2015-2017, cuando fluctuó entre 2,20 (2017) y 2,49 dólares la libra (2015).

De cumplirse estos supuestos, el actual déficit entre lo que gasta y percibe el Estado, que llega ya al 3,1 por ciento del PIB, se reduciría a 2,7 por ciento, mejorando posición para nuestra clasificación de riesgo, recientemente reducida, dada la sistemática alza de deuda externa, pública y privada, la que se ha elevado, al tercer trimestre del 2017, a la nada despreciable suma de 173.565 millones de dólares, equivalente a 63,5 por ciento de todo lo que el país produce en bienes y servicios en un año (PIB). Es decir, el equivalente a deber unos siete meses de los sueldos de un año. De la citada cifra, la deuda pública, que atinge al Presupuesto Nacional, llega ya a los  61.505 millones de dólares, equivalente al 23,8 por ciento del PIB, valor que representa el nivel de deuda más alto desde 1993, cuando llegó a 28,3 por ciento del PIB. Ambas deudas, privada y pública, son más que respetables, no obstante que para naciones como EE.UU., China o Japón, este ratio supere el 100 por ciento del PIB, sin olvidar, empero, que aquellos son los ricos del planeta y a los ricos siempre hay quien les preste.

Endeudarse, en sí mismo, no tiene por qué ser malo -lo saben los jefes de hogar cuya única fórmula de crecer y prosperar es a través de aquella-, siempre y cuando no enerve ingresos y gastos futuros ya comprometidos (que se pueda pagar) y que los prestadores no comiencen a desconfiar en que el deudor podrá honrarla, pues de inmediato el flujo se detendrá o la tasa de interés aumentará. De allí que la mejor deuda sea aquella para invertir y reproducir el capital, y la peor, la realizada para consumo o gasto. En el caso del Presupuesto 2018, la mayor parte está dirigida a gasto corriente y la menor, a inversiones.

Así y todo, las asignaciones más importantes corresponden a los ministerios de Educación y Salud, que acumulan el 41 por ciento del total presupuestado, sumando, entre ambos, casi US 29 mil millones de dólares, que consideran el aumento de la gratuidad universitaria y la infancia (jardines y Sename)

Si a ese monto se suman los recursos para otras carteras sociales como el Ministerio de Vivienda (2.933 millones de dólares); Ministerio del Trabajo (10.332 millones de dólares) o el Ministerio de Desarrollo Social ( 943 millones de dólares), las cinco reparticiones explican sobre el 60 por ciento del total del erario para el próximo año, con más de 43 mil millones de dólares, cifras que marcan el énfasis y sello que Bachelet ha buscado darle a su segundo mandato. De hecho, solo para el Mineduc, el Presupuesto consideró un monto de 15.906 millones de dólares, un alza de 5,9 por ciento real respecto a 2017 y de 32,1 por ciento en los últimos cuatro años, lapso en el que pasó de 12.041 millones en 2014, a $ 15.906 millones de dólares, es decir,  3.865 millones de dólares más, calculado con un precio del dólar de $ 652 pesos.

A otros ministerios, como el de Interior, apuntado a la seguridad pública, tema crítico para la popularidad de la actual administración, se asignó un presupuesto de unos  5. 041 millones de dólares, con leve aumento de 0,6 por ciento; Defensa quedó con 2.680 millones de dólares, una rebaja del 0,5 por ciento. Justicia, en tanto, quedó con unos  1.830 millones  de dólares y el Poder Judicial, con  870 millones de dólares. Deportes, con una baja del 11,3 por ciento respecto del año anterior, contará con exiguos 187 millones de dólares, mientras Medio Ambiente con apenas 83 millones de dólares. Finalmente, para libre asignación por parte del nuevo gobierno, se destinaron unos 700 millones de dólares.

¿Es esta una distribución justa de los ingresos tributarios de todos los chilenos? ¿Es correcto endeudar a las generaciones siguientes con obligaciones que beneficiarán solo a ciertos sectores de las actuales? ¿Son estas prioridades del Ejecutivo de turno coincidentes con las mías?

Son preguntas que debiera responder la política, pero, por sobre todo, una ciudadanía que, sin sentir como cercano al Estado -del cual pareciera no recibir beneficio alguno, sino solo su carga- se ha ido alejando de su derecho a la designación democrática de sus representantes, en un Estado para el cual, quiéralo o no, trabaja “solidariamente” tres meses del año a través de sus impuestos.

Es de esperar, pues, que, conocidas las reales posibilidades del Estado, así como la relevancia de la política en la asignación y distribución de estos “panes sociales”, aquel 53 por ciento que se abstiene se reduzca y una mayoría sustantiva haga sentir sus ideas, intereses y voluntades en la próxima segunda vuelta presidencia