En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado en junio por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, que buscaba dejar sin efecto la sanción en su contra aplicada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, en el marco del caso incendios.
El sumario establece que el persecutor de la VI Región infringió el deber de reserva y objetividad por emitir declaraciones a los medios de comunicación, sin informar al fiscal nacional ni a la encargada de prensa de la Fiscalía, hecho por el que fue multado con el cinco por ciento de su remuneración por un mes.
La abogada del fiscal, Marisa Navarrete, dijo que la decisión de la Corte de Apelaciones era un escenario posible, pero que ellos insisten en que hay vulneraciones graves al debido proceso, por lo que apelarán a la Corte Suprema esperando que sean acogidos sus planteamientos.
“La mayor parte de las diligencias, por no decir prácticamente todas, se hicieron por un funcionario que no era competente. El reglamento de tramitación de las investigaciones de los fiscales establece claramente quienes son competentes para desarrollar un procedimiento disciplinario, por ejemplo, cuando se trata de un fiscal regional se nombra a otro fiscal regional para que haga ese proceso, pero en este caso la persona designada hizo las mínimas diligencias y la mayoría las delegó en un funcionario que no estaba habilitado para ello”.
El fallo señala que la libertad de expresión del fiscal regional “no se observa quebrantada, por cuanto el acto sancionado no es haber dado entrevistas, sino haberlo hecho incumpliendo las instrucciones que regulan la materia”.
Sobre este punto, la abogada indicó que se le dio categoría de instrucción a algo que no lo tiene. Argumentó que no existe la normativa que obligue a los fiscales a informar previamente la realización de una entrevista.
En esa línea, afirmó que sí se ha vulnerado la libertad de expresión de su representado. “Lo que señala la Corte y el Fiscal Nacional en su informe, es que no se cumplió la obligación de dar aviso previo a una entrevista, pero eso no está establecido en los instructivos del Ministerio Público. El Fiscal Nacional pretende darle esa categoría a un correo electrónico, del cual no fue destinatario Emiliano Arias”.
“Una instrucción de esa naturaleza debió darse a través de un instructivo general comunicado formalmente a todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público”.
Además, sostuvo que Arias solo entregó información general y no reservada, en una reunión que mantuvo con las víctimas de los incendios forestales, quienes tenían derecho a conocer los antecedentes de la investigación.
El sumario contra el fiscal Emiliano Arias fue iniciado por las denuncias que realizaron los abogados defensores de los ejecutivos de CGE, quienes fueron formalizados por su presunta responsabilidad en los incendios forestales del verano pasado en la región de O´Higgins.
Respecto de esto, Marisa Navarrete dijo que ella esperaría que la Fiscalía Nacional actuara con el mismo ímpetu cuando se hacen reclamaciones por parte de personas comunes y corrientes.
En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado en junio por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, que buscaba dejar sin efecto la sanción en su contra aplicada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, en el marco del caso incendios.
El sumario establece que el persecutor de la VI Región infringió el deber de reserva y objetividad por emitir declaraciones a los medios de comunicación, sin informar al fiscal nacional ni a la encargada de prensa de la Fiscalía, hecho por el que fue multado con el cinco por ciento de su remuneración por un mes.
La abogada del fiscal, Marisa Navarrete, dijo que la decisión de la Corte de Apelaciones era un escenario posible, pero que ellos insisten en que hay vulneraciones graves al debido proceso, por lo que apelarán a la Corte Suprema esperando que sean acogidos sus planteamientos.
“La mayor parte de las diligencias, por no decir prácticamente todas, se hicieron por un funcionario que no era competente. El reglamento de tramitación de las investigaciones de los fiscales establece claramente quienes son competentes para desarrollar un procedimiento disciplinario, por ejemplo, cuando se trata de un fiscal regional se nombra a otro fiscal regional para que haga ese proceso, pero en este caso la persona designada hizo las mínimas diligencias y la mayoría las delegó en un funcionario que no estaba habilitado para ello”.
El fallo señala que la libertad de expresión del fiscal regional “no se observa quebrantada, por cuanto el acto sancionado no es haber dado entrevistas, sino haberlo hecho incumpliendo las instrucciones que regulan la materia”.
Sobre este punto, la abogada indicó que se le dio categoría de instrucción a algo que no lo tiene. Argumentó que no existe la normativa que obligue a los fiscales a informar previamente la realización de una entrevista.
En esa línea, afirmó que sí se ha vulnerado la libertad de expresión de su representado. “Lo que señala la Corte y el Fiscal Nacional en su informe, es que no se cumplió la obligación de dar aviso previo a una entrevista, pero eso no está establecido en los instructivos del Ministerio Público. El Fiscal Nacional pretende darle esa categoría a un correo electrónico, del cual no fue destinatario Emiliano Arias”.
“Una instrucción de esa naturaleza debió darse a través de un instructivo general comunicado formalmente a todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público”.
Además, sostuvo que Arias solo entregó información general y no reservada, en una reunión que mantuvo con las víctimas de los incendios forestales, quienes tenían derecho a conocer los antecedentes de la investigación.
El sumario contra el fiscal Emiliano Arias fue iniciado por las denuncias que realizaron los abogados defensores de los ejecutivos de CGE, quienes fueron formalizados por su presunta responsabilidad en los incendios forestales del verano pasado en la región de O´Higgins.
Respecto de esto, Marisa Navarrete dijo que ella esperaría que la Fiscalía Nacional actuara con el mismo ímpetu cuando se hacen reclamaciones por parte de personas comunes y corrientes.
En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado en junio por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, que buscaba dejar sin efecto la sanción en su contra aplicada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, en el marco del caso incendios.
El sumario establece que el persecutor de la VI Región infringió el deber de reserva y objetividad por emitir declaraciones a los medios de comunicación, sin informar al fiscal nacional ni a la encargada de prensa de la Fiscalía, hecho por el que fue multado con el cinco por ciento de su remuneración por un mes.
La abogada del fiscal, Marisa Navarrete, dijo que la decisión de la Corte de Apelaciones era un escenario posible, pero que ellos insisten en que hay vulneraciones graves al debido proceso, por lo que apelarán a la Corte Suprema esperando que sean acogidos sus planteamientos.
“La mayor parte de las diligencias, por no decir prácticamente todas, se hicieron por un funcionario que no era competente. El reglamento de tramitación de las investigaciones de los fiscales establece claramente quienes son competentes para desarrollar un procedimiento disciplinario, por ejemplo, cuando se trata de un fiscal regional se nombra a otro fiscal regional para que haga ese proceso, pero en este caso la persona designada hizo las mínimas diligencias y la mayoría las delegó en un funcionario que no estaba habilitado para ello”.
El fallo señala que la libertad de expresión del fiscal regional “no se observa quebrantada, por cuanto el acto sancionado no es haber dado entrevistas, sino haberlo hecho incumpliendo las instrucciones que regulan la materia”.
Sobre este punto, la abogada indicó que se le dio categoría de instrucción a algo que no lo tiene. Argumentó que no existe la normativa que obligue a los fiscales a informar previamente la realización de una entrevista.
En esa línea, afirmó que sí se ha vulnerado la libertad de expresión de su representado. “Lo que señala la Corte y el Fiscal Nacional en su informe, es que no se cumplió la obligación de dar aviso previo a una entrevista, pero eso no está establecido en los instructivos del Ministerio Público. El Fiscal Nacional pretende darle esa categoría a un correo electrónico, del cual no fue destinatario Emiliano Arias”.
“Una instrucción de esa naturaleza debió darse a través de un instructivo general comunicado formalmente a todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público”.
Además, sostuvo que Arias solo entregó información general y no reservada, en una reunión que mantuvo con las víctimas de los incendios forestales, quienes tenían derecho a conocer los antecedentes de la investigación.
El sumario contra el fiscal Emiliano Arias fue iniciado por las denuncias que realizaron los abogados defensores de los ejecutivos de CGE, quienes fueron formalizados por su presunta responsabilidad en los incendios forestales del verano pasado en la región de O´Higgins.
Respecto de esto, Marisa Navarrete dijo que ella esperaría que la Fiscalía Nacional actuara con el mismo ímpetu cuando se hacen reclamaciones por parte de personas comunes y corrientes.
