La ministra de Salud, Carmen Castillo desmintió un eventual retraso en el envío del reglamento sobre acompañamiento para mujer o niña, que comprende la Ley que despenaliza el aborto en tres causales.

La normativa, estableció en un artículo transitorio el plazo para hacer exigibles las prestaciones del programa de acompañamiento. El dictamen, según la ley, tiene como fecha límite de presentación este sábado 23 de diciembre.

Al límite del plazo, la secretaria de Estado aseguró que el texto será ingresado a Contraloría General de la República este viernes 22, además de la norma técnica sobre cómo procederán los hospitales en caso de interrupción de embarazo y el protocolo que fijará cómo se manejará la objeción de conciencia.

“Estamos escuchando palabras como incumplimiento, que no vamos a llegar a los plazos que corresponden, y yo quiero ser categórica en esto, vamos a cumplir y el plazo es hasta el 22 para ingresar el reglamento de acompañamiento a Contraloría, lo que ya se cumple con lo exigido, además otra documentación que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo va a estar disponible, que es la norma técnica y el Protocolo de Objeción de Conciencia, estos tres documentos son fundamentales para una ley que está en plena vigencia, va a fortalecer la información en nuestros centros de salud para que procedan como corresponde”, afirmó.

Las palabras de la secretaria de Estado dejaron en evidencia, además, que no habrá una consulta pública para que la ciudadanía opine y haga sugerencias.

Al respecto, la encargada de área jurídica de la Corporación Humanas, Camila Maturana indicó que la situación es contradictoria, ya que a pesar del cumplimiento de plazos, aún no existe un conocimiento real de como operará el reglamento de acompañamiento, sumado indicó, a que Contraloría no tiene plazo límite para liberar protocolos.

Para la abogada, la principal preocupación de la organización es como va a ser aplicada la objeción de conciencia y cómo será el mecanismo alternativo que manejarán las mujeres cuando se encuentren con un cuerpo médico o institución que decida no dar cumplimiento a la ley de interrupción del embarazo por tres causales.

“Lo que pasa es que precisamente lo que la ley señala, es que la forma cómo se va a implementar y qué prestaciones va a comprender el programa de acompañamiento y los requisitos de las organizaciones de la sociedad civil que quieran formar parte de las instancias que realizarán estos servicios, como de apoyo adicional, es lo que se estipula en el reglamento que aún no está disponible, ni existe conocimiento alguno”, argumentó.

Débora Solís, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección a la Familia (APROFA), indicó que la instancia que representa, no ha esperado la llegada del reglamento para asistir a mujeres y niñas que están por interrumpir su embarazo bajo las tres causales.

Precisó que desde que entró en vigencia la ley, han acompañado y asistido a tres personas, que son derivadas a establecimientos públicos de salud, donde indicó, se han encontrado en ocasiones con un personal absolutamente ignorante de como aplica la legislación.

“Acá ya hemos tenido acompañamiento de mujeres que nos han buscado, que hemos derivado al sistema público, entendemos que aunque no se tenga un reglamento la ley tiene que hacerse efectiva, hemos hecho acompañamiento jurídico y profesional desde el punto de vista de la salud con matronas, para que aquellas mujeres que hayan decidido interrumpir su embarazo por algunas de las causales sean atendidas en el sistema público, nos ha ido bien en el mayor de los casos, sí detectamos cierto desconocimiento de la norma en centros hospitalarios, pero ya aclarado que esta es una ley que se tiene que cumplir, lo hacen”, subrayó.

Además del desconocimiento del reglamento que expresan las representantes de las organizaciones de la sociedad civil, el estatuto debe establecer los criterios para la incorporación de instituciones sin fines de lucro al listado de agrupaciones que podrán ofrecer acompañamiento y qué prestaciones se entregarán.

Desde la fundación Chile Unido, su directora ejecutiva Verónica Hoffmann, lamentó que el Ministerio de Salud no hayan convocado la las instancia para participar en la elaboración de la ordenanza.

Precisó que la ONG, con 18 años de experiencia especializada en acompañamiento, espera que el reglamento tenga una preocupación central por resguardar el bienestar de la mujer o niña, que permita entregar la debida contención y así evitar interrumpir su embarazo por esas tres razones determinadas en la normativa.

“Con ley sin ley, con reglamento sin reglamento lo vamos a seguir haciendo, nuestra preocupación es que estamos a la espera como ciudadanía de un reglamento que de alguna manera describa como serán los procedimientos frente a informar a una mujer de un programa de acompañamiento, lo que no se sabe en qué consiste, cómo se llevará a cabo, cómo se implementa, todo eso durante tres meses nadie lo conoce”, aseveró.

Respecto de la objeción de conciencia, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, confirmó que Salud no publicará listas de médicos objetores, aunque cada servicio de salud deberá tener el listado y comunicarlo obligatoriamente.

En tanto, la directora de Fonasa, Jeanette Vergara, comunicó que por parte de la institución, ya están codificadas todas las prestaciones involucradas en la normativa.