El Fiscal Nacional se salta la presunción de inocencia y señala a priori la fuga del país de una machi; un trabajador con contrato y jornada completa gana el sueldo mínimo y sin embargo sigue siendo pobre; una joven fue la mejor de su curso en un colegio público, pero sacó menos puntos en la PSU que el más porro de un colegio privado; una periodista mujer cumple las mismas funciones que su colega hombre, aunque su sueldo es mucho menor. Realidades cotidianas de un país que se ha acostumbrado tanto a la desigualdad que, salvo excepciones, ha perdido la capacidad de asombro.
Chile debería escribirse en plural: son en realidad varios países en vez de uno. Pensado en singular, exhibe una situación de ingresos medio altos, bajos índices de pobreza y el primer lugar regional en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el PNUD.
Al revés, pensado en plural, Chile es un país muy desigual. Y parte importante de la discusión y de los alcances en el tipo de mediciones y políticas públicas que se implementen parte por la definición misma de desigualdad. La desigualdad de ingresos es una fotografía precisa y, por lo mismo, fiable para los tomadores de decisión, a lo cual se agrega que existen instrumentos de medición validados internacionalmente y útiles para comparaciones, entre los que destaca el coeficiente de Gini. Según ellos, en este aspecto la brecha en el país se ha reducido en las últimas dos décadas, pero los efectos de las políticas de Estado (tributarias y de seguridad social) han sido insuficientes si se les compara con sus propias posibilidades y con el efecto que tienen en los países llamados desarrollados. De hecho, Chile sigue siendo el país de la OCDE con mayor desigualdad de ingreso cuando ésta es medida según el coeficiente de Gini. Los ingresos del 10 por ciento más rico en Chile son 26 veces más altos que los del 10 por ciento más pobre.
Sin embargo, la fotografía precisa a la que hacía mención no muestra lo que está fuera o lo que está detrás, o debajo. Podemos fotografiar una zanahoria plantada y ver todo de ella, menos la zanahoria. Es lo que ocurre con la naturaleza de la desigualdad en Chile y que era explicada de la siguiente manera en Radio Universidad de Chile por Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza: “si hoy un pobre se saca el Loto y a mí se me quema la casa con todos mis bienes dentro, es altamente probable que el cabo de un tiempo el pobre vuelva a serlo y yo vuelva a mi situación actual”. Hay fuerzas en la sociedad chilena que atraen a las personas a su lugar inicial, perpetuándolo.
La desigualdad no radica entonces solo en la desigualdad de ingresos, sino en una definición plural de desigualdades sociales que serían, según el libro Desiguales del PNUD, “las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la propia vida, y que se persiguen como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas”. Es a lo que se referían Los Prisioneros cuando preguntaban qué pasaba “si tu apellido no es González ni Tapia”.
Es por eso que el PNUD propone, para abordar la desigualdad socioeconómica, considerar tres variables en vez de una: ingresos, educación y ocupación. En el segundo caso, y por el sistema educativo chileno, los resultados académicos no se deben tanto al individuo como a su procedencia. La tercera variable refiere a las “clases ocupacionales”, que según este organismo es “el espacio donde se van generando ciertas representaciones del lugar que cada uno y los demás ocupan en la sociedad”.
Según la OCDE, para combatir la desigualdad y promover oportunidades para todos, los países deberían adoptar un paquete global de políticas, en torno a cuatro áreas principales: promover una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, fomentar las oportunidades de empleo y empleos de buena calidad; mejorar la calidad de la educación y el desarrollo de competencias durante la vida laboral; y mejorar la redistribución a través de un mejor diseño de los sistemas fiscales y de prestaciones sociales.
En Chile, y según un reporte de la propia OCDE, de 2017, los impuestos suelen ser más significativos para los más pobres, reduciendo sus ingresos disponibles y las posibilidades de movilidad social ascendente, lo cual demuestra que la herramienta fiscal no está siendo usada adecuadamente para estos propósitos. Agrega además que “el país también tiene que lidiar con la corrupción y un pequeño número de poderosos oligarcas”. Se trata de un grupo que incide en las políticas públicas más allá del contrato democrático, por distintas vías.
Estas realidades que atan a las personas a determinados lugares, más allá de su propia voluntad, erigen en el país un sistema de castas que urge que sea sacado de su invisibilidad. Es un deber ético y político, que no debe ser esquivado por su dificultad o porque sea más rentable la jugada para la galería de corto plazo. Aquí está el principal problema de Chile.
El Fiscal Nacional se salta la presunción de inocencia y señala a priori la fuga del país de una machi; un trabajador con contrato y jornada completa gana el sueldo mínimo y sin embargo sigue siendo pobre; una joven fue la mejor de su curso en un colegio público, pero sacó menos puntos en la PSU que el más porro de un colegio privado; una periodista mujer cumple las mismas funciones que su colega hombre, aunque su sueldo es mucho menor. Realidades cotidianas de un país que se ha acostumbrado tanto a la desigualdad que, salvo excepciones, ha perdido la capacidad de asombro.
Chile debería escribirse en plural: son en realidad varios países en vez de uno. Pensado en singular, exhibe una situación de ingresos medio altos, bajos índices de pobreza y el primer lugar regional en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el PNUD.
Al revés, pensado en plural, Chile es un país muy desigual. Y parte importante de la discusión y de los alcances en el tipo de mediciones y políticas públicas que se implementen parte por la definición misma de desigualdad. La desigualdad de ingresos es una fotografía precisa y, por lo mismo, fiable para los tomadores de decisión, a lo cual se agrega que existen instrumentos de medición validados internacionalmente y útiles para comparaciones, entre los que destaca el coeficiente de Gini. Según ellos, en este aspecto la brecha en el país se ha reducido en las últimas dos décadas, pero los efectos de las políticas de Estado (tributarias y de seguridad social) han sido insuficientes si se les compara con sus propias posibilidades y con el efecto que tienen en los países llamados desarrollados. De hecho, Chile sigue siendo el país de la OCDE con mayor desigualdad de ingreso cuando ésta es medida según el coeficiente de Gini. Los ingresos del 10 por ciento más rico en Chile son 26 veces más altos que los del 10 por ciento más pobre.
Sin embargo, la fotografía precisa a la que hacía mención no muestra lo que está fuera o lo que está detrás, o debajo. Podemos fotografiar una zanahoria plantada y ver todo de ella, menos la zanahoria. Es lo que ocurre con la naturaleza de la desigualdad en Chile y que era explicada de la siguiente manera en Radio Universidad de Chile por Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza: “si hoy un pobre se saca el Loto y a mí se me quema la casa con todos mis bienes dentro, es altamente probable que el cabo de un tiempo el pobre vuelva a serlo y yo vuelva a mi situación actual”. Hay fuerzas en la sociedad chilena que atraen a las personas a su lugar inicial, perpetuándolo.
La desigualdad no radica entonces solo en la desigualdad de ingresos, sino en una definición plural de desigualdades sociales que serían, según el libro Desiguales del PNUD, “las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la propia vida, y que se persiguen como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas”. Es a lo que se referían Los Prisioneros cuando preguntaban qué pasaba “si tu apellido no es González ni Tapia”.
Es por eso que el PNUD propone, para abordar la desigualdad socioeconómica, considerar tres variables en vez de una: ingresos, educación y ocupación. En el segundo caso, y por el sistema educativo chileno, los resultados académicos no se deben tanto al individuo como a su procedencia. La tercera variable refiere a las “clases ocupacionales”, que según este organismo es “el espacio donde se van generando ciertas representaciones del lugar que cada uno y los demás ocupan en la sociedad”.
Según la OCDE, para combatir la desigualdad y promover oportunidades para todos, los países deberían adoptar un paquete global de políticas, en torno a cuatro áreas principales: promover una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, fomentar las oportunidades de empleo y empleos de buena calidad; mejorar la calidad de la educación y el desarrollo de competencias durante la vida laboral; y mejorar la redistribución a través de un mejor diseño de los sistemas fiscales y de prestaciones sociales.
En Chile, y según un reporte de la propia OCDE, de 2017, los impuestos suelen ser más significativos para los más pobres, reduciendo sus ingresos disponibles y las posibilidades de movilidad social ascendente, lo cual demuestra que la herramienta fiscal no está siendo usada adecuadamente para estos propósitos. Agrega además que “el país también tiene que lidiar con la corrupción y un pequeño número de poderosos oligarcas”. Se trata de un grupo que incide en las políticas públicas más allá del contrato democrático, por distintas vías.
Estas realidades que atan a las personas a determinados lugares, más allá de su propia voluntad, erigen en el país un sistema de castas que urge que sea sacado de su invisibilidad. Es un deber ético y político, que no debe ser esquivado por su dificultad o porque sea más rentable la jugada para la galería de corto plazo. Aquí está el principal problema de Chile.
El Fiscal Nacional se salta la presunción de inocencia y señala a priori la fuga del país de una machi; un trabajador con contrato y jornada completa gana el sueldo mínimo y sin embargo sigue siendo pobre; una joven fue la mejor de su curso en un colegio público, pero sacó menos puntos en la PSU que el más porro de un colegio privado; una periodista mujer cumple las mismas funciones que su colega hombre, aunque su sueldo es mucho menor. Realidades cotidianas de un país que se ha acostumbrado tanto a la desigualdad que, salvo excepciones, ha perdido la capacidad de asombro.
Chile debería escribirse en plural: son en realidad varios países en vez de uno. Pensado en singular, exhibe una situación de ingresos medio altos, bajos índices de pobreza y el primer lugar regional en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el PNUD.
Al revés, pensado en plural, Chile es un país muy desigual. Y parte importante de la discusión y de los alcances en el tipo de mediciones y políticas públicas que se implementen parte por la definición misma de desigualdad. La desigualdad de ingresos es una fotografía precisa y, por lo mismo, fiable para los tomadores de decisión, a lo cual se agrega que existen instrumentos de medición validados internacionalmente y útiles para comparaciones, entre los que destaca el coeficiente de Gini. Según ellos, en este aspecto la brecha en el país se ha reducido en las últimas dos décadas, pero los efectos de las políticas de Estado (tributarias y de seguridad social) han sido insuficientes si se les compara con sus propias posibilidades y con el efecto que tienen en los países llamados desarrollados. De hecho, Chile sigue siendo el país de la OCDE con mayor desigualdad de ingreso cuando ésta es medida según el coeficiente de Gini. Los ingresos del 10 por ciento más rico en Chile son 26 veces más altos que los del 10 por ciento más pobre.
Sin embargo, la fotografía precisa a la que hacía mención no muestra lo que está fuera o lo que está detrás, o debajo. Podemos fotografiar una zanahoria plantada y ver todo de ella, menos la zanahoria. Es lo que ocurre con la naturaleza de la desigualdad en Chile y que era explicada de la siguiente manera en Radio Universidad de Chile por Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza: “si hoy un pobre se saca el Loto y a mí se me quema la casa con todos mis bienes dentro, es altamente probable que el cabo de un tiempo el pobre vuelva a serlo y yo vuelva a mi situación actual”. Hay fuerzas en la sociedad chilena que atraen a las personas a su lugar inicial, perpetuándolo.
La desigualdad no radica entonces solo en la desigualdad de ingresos, sino en una definición plural de desigualdades sociales que serían, según el libro Desiguales del PNUD, “las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la propia vida, y que se persiguen como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas”. Es a lo que se referían Los Prisioneros cuando preguntaban qué pasaba “si tu apellido no es González ni Tapia”.
Es por eso que el PNUD propone, para abordar la desigualdad socioeconómica, considerar tres variables en vez de una: ingresos, educación y ocupación. En el segundo caso, y por el sistema educativo chileno, los resultados académicos no se deben tanto al individuo como a su procedencia. La tercera variable refiere a las “clases ocupacionales”, que según este organismo es “el espacio donde se van generando ciertas representaciones del lugar que cada uno y los demás ocupan en la sociedad”.
Según la OCDE, para combatir la desigualdad y promover oportunidades para todos, los países deberían adoptar un paquete global de políticas, en torno a cuatro áreas principales: promover una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, fomentar las oportunidades de empleo y empleos de buena calidad; mejorar la calidad de la educación y el desarrollo de competencias durante la vida laboral; y mejorar la redistribución a través de un mejor diseño de los sistemas fiscales y de prestaciones sociales.
En Chile, y según un reporte de la propia OCDE, de 2017, los impuestos suelen ser más significativos para los más pobres, reduciendo sus ingresos disponibles y las posibilidades de movilidad social ascendente, lo cual demuestra que la herramienta fiscal no está siendo usada adecuadamente para estos propósitos. Agrega además que “el país también tiene que lidiar con la corrupción y un pequeño número de poderosos oligarcas”. Se trata de un grupo que incide en las políticas públicas más allá del contrato democrático, por distintas vías.
Estas realidades que atan a las personas a determinados lugares, más allá de su propia voluntad, erigen en el país un sistema de castas que urge que sea sacado de su invisibilidad. Es un deber ético y político, que no debe ser esquivado por su dificultad o porque sea más rentable la jugada para la galería de corto plazo. Aquí está el principal problema de Chile.
