La fallida denuncia del economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, al Wall Street Journal, según la cual “durante el mandato de la señora Bachelet, el ranking “Doing Business” -sobre facilidad para hacer negocios- era constantemente deteriorado, mientras que constantemente subía durante el gobierno de Piñera”, originó una intensa polémica de especialistas y políticos chilenos, en la medida que el medio dijo que la entidad internacional habría cambiado la metodología de medición para mostrar un indicador más bajo durante la administración de la jefa de Estado, motivado por razones “políticas”.

No obstante, solo horas después, el propio Romer se desdijo de sus declaraciones, afirmando que “hice comentarios sobre el informe (…) que daban la impresión de que sospechaba manipulación política o parcialidad. Esto no fue lo que quise decir o pensé que dije”, y aclaró que “no he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el informe Doing Business, ni en ningún otro informe del Banco”. Añadió, asimismo, que “lo que sí quería decir es algo que muchos de nosotros en el Banco creemos: que podríamos hacer mejor trabajo al explicar lo que significan nuestros números. (…) Cuando implementamos los cambios, podríamos haber explicado más claramente por qué, por ejemplo, cayó el ranking de Chile”.

Las investigaciones periodísticas que acarreó el caso detectaron, además, que esta no era la primera diferencia metodológica entre Chile y el BM, pues, en 2016, año en que se introdujo un cambio en esta área y que, en materia de impuestos perjudicó la posición del país, el Ministerio de Hacienda sostuvo una serie de intercambios informales con la entidad -incluidas reuniones de Rodrigo Valdés con el propio Romer- en que se planteó disconformidad con la modificación.

En ese año, Chile cayó por primera vez por debajo de Perú y Colombia en “facilidad para hacer negocios”, ubicándose en el puesto 57 de la escala (el peor resultado histórico a dicha fecha), a raíz de la inclusión de la variable tiempo de demora del SII en devolver el IVA por importaciones de bienes de capital, hecho que impactó el ítem sobre impuestos del citado ranking.

Pero el Banco Mundial, ante las sospechas desatadas, en urgente carta enviada al actual Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, no solo calificó de “lamentables” los cuestionamientos de Romer sobre el índice, si no que informó de su decisión de solicitar a “una entidad independiente que confirme objetivamente que la metodología de Doing Business se aplicó adecuadamente para determinar el ranking de Chile”.

La misiva, suscrita por Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del BM, explicó que “luego de una revisión realizada por un panel de expertos independientes en 2012, se hicieron mejoras en la metodología Doing Business, validadas por personal del Banco Mundial, gobiernos de los países y sector privado”, las que “cubrieron los 11 indicadores de Doing Business, ampliaron los puntos de referencia utilizados para medir la eficiencia de la regulación empresarial (como tiempo y costo de cumplir con las regulaciones gubernamentales)” y se introdujo “una medida absoluta del progreso: el puntaje distancia-frontera (DTF, por sus siglas en inglés) para complementar la medida relativa de las clasificaciones que se ve afectada por los esfuerzos de otros países para llevar a cabo reformas comerciales”. Tales cambios -asegura- incidieron en las “clasificaciones de todas las economías cubiertas por el informe” y, para el caso de Chile, “su puntaje DTF absoluto mejoró entre el informe 2017 y el 2018, en 0,37 puntos porcentuales, que se tradujo en una mejora de ranking del lugar 57 al 55”.

La institución reconoció, empero, que si la metodología del reporte se hubiese mantenido sin cambios, la posición de Chile en 2015 habría sido 37 (en vez de 41), 40 (y no 48) en 2016, y 43 (en vez de 57) en 2017. De allí que el ministro Eyzaguirre calificara estas innovaciones en el ranking como “sorpresivas”, informadas con una anticipación “completamente insuficiente para saber qué impacto van a tener y tomar medidas para corregir eventuales problemas en esas dimensiones”, alegando que “hay un espacio grande de discrecionalidad”, afirmación que el Banco Mundial acogió y prometió revisar procedimientos, así como de aquellos componentes del índice seleccionados en el último tiempo que “pudieron ser objeto de influencias indebidas”.

Si bien la crítica de Eyzaguirre es comprensible, pues las modificaciones afectaron la imagen de la economía chilena, es menester recordar que indicadores como el Doing Business tienen como propósito mostrar las fortalezas y debilidades de la regulación interna para dirigir la elaboración de políticas públicas y comparar la realidad nacional con la de países con mejores prácticas, no obstante que tales avances -como los de cualquier otro indicador (v.gr. PSU-PISA)- no tienen como objetivo escalar en el ranking, sino lograr progresos reales en la calidad de vida y desarrollo de las naciones.

A mayor abundamiento, y como para despejar motivos ideológicos, la carta del BM concluyó señalando que “Chile es un ejemplo para muchos países de la región para promover la prosperidad compartida y estabilidad económica a través de su liderazgo con mentalidad reformista (…) Estamos confiamos en que podemos aclarar el problema no solo a su satisfacción sino también a la de todos nuestros clientes y estados miembros”.

Así y todo, el efecto más notable de las declaraciones de Romer se ubicó en el ámbito político, a pesar de que el propio presidente del Banco Central, Mario Marcel, y otra serie de especialistas, entre ellos la consultora británica Capitals Economic, bajaron el perfil del impacto que esta caída en el índice habría tenido en la brusca reducción de las inversiones en Chile en los últimos años. En efecto, un grupo de senadores socialistas solicitaron a la Cancillería una investigación para detectar a los autores del envío de supuesta información sesgada al Banco Mundial; algunos diputados oficialistas han pedido una comisión investigadora, e incluso se han esbozado afirmaciones que apuntan al hecho como otra de las causas de la derrota electoral oficialista.

Pero, paradojalmente, durante los días en que se discutía el tema, inversores internacionales han declarado que “Chile emergió como el favorito para futuros negocios en América Latina, seguido por Brasil, México y Colombia”, según una encuesta publicada por la firma global de servicios legales Baker McKenzie. De acuerdo al sondeo, cerca del 75 por ciento de los inversionistas dijeron que planean inversiones este año en Chile, principalmente debido a la percepción de un país con estricto marco jurídico y regulatorio.

Es decir, se comprueba nuevamente que las metodologías parecen no ser tan neutrales en la consecución de objetivos y, por cierto, hasta en las ciencias duras se pueden observar casos paradigmáticos derivados del camino que se adopte para avanzar en ciertos propósitos, tal como puede verse en matemáticas y física (paradojas de Russell o Göddel o mediciones de los estados cuánticos de las partículas elementales), en las críticas al método científico de Feyerabend, Lakatos o Khun, y/o en las más falibles ciencias sociales, tal como las recientes polémicas sobre los efectos de los cambios metodológicos en materia de medición de la pobreza o censales, para no hablar de la incidencia en el acceso a la meta de una mejor sociedad, producto de decisiones metodológicas de las diversas estrategias políticas. Como se ve, no es cierto que todos los caminos llevan a Roma.