Polémica ha generado la decisión que tomó este jueves, por siete votos contra tres, el Tribunal Constitucional (TC) de declarar como inconstitucionales la mayoría de las nuevas atribuciones que se otorgaban al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)
Según advierten, la declaración de inconstitucionalidad encuentra su fundamento en que las medidas que comprenden la facultad de juzgar por parte del Sernac “solo pueden ser aceptadas por un tribunal independiente e imparcial, característica que éste no reúne”. Obviamente, las reacciones no tardaron en llegar.
Para el director del Sernac, Ernesto Muñoz, este fallo es potencialmente catastrófico para la protección de los derechos de los consumidores, y además evidenció errores en este.
“Cuando uno lo lee, y efectivamente de la perspectiva de quien conoce la protección de derechos de los consumidores desde mucho tiempo, uno nota errores que son errores de referencia, por ejemplo donde se dice que «el Sernac representa los intereses individuales de los consumidores para solicitar la indemnización en los juzgados de policía local», eso la verdad es una facultad que tienen las asociaciones de consumidores, no el Sernac”.
También desde el organismo señalaron sentirse descontentos con la decisión del Tribunal Constitucional, pues la institución seguirá con potestades inadecuadas para el Chile en que vivimos.
“Hay mucha frustración dentro del servicio. Nosotros hemos trabajado no solamente estos últimos cuatro años con esta administración, sino desde que somos Sernac con herramientas que son poco adecuadas. Nosotros vemos la cara diariamente de los consumidores que son abusados por las empresas, y muchas veces les tenemos que decir que no tenemos facultades y que debe ir al juzgado de policía local. Esa realidad es completamente insuficiente para el esquema de una economía como la nuestra”.
Además, aseguró que la molestia es tanto del mismo Sernac como de la población, quienes son las víctimas directas de abusos y arbitrariedades por parte de las empresas.
Por su parte, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Jorge Rodríguez, declaró este viernes en un punto de prensa que lamenta la decisión del Tribunal Constitucional, ya que según sus palabras “ha resultado en algo incluso peor que antes” pues ha cortado las atribuciones sancionatorias, normativas y de conciliación que contemplaba para el Sernac “y que directamente beneficiaban a los consumidores en el evento que sus derechos hubieran sido afectados por los proveedores”.
Agregó que “el Sernac no sólo carecerá de las atribuciones que el Congreso mayoritariamente le fijó, sino que perderá una de las pocas útiles que tiene cual es la de recibir reclamos y poder buscar una mediación entre consumidores y proveedores. Con esto en vez de ayudar a consolidar la confianza en una economía social de mercado, la debilita”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el profesor y abogado Mauricio Tapia, señaló que la decisión del TC es aberrante, pues “el derecho de protección del consumidor es equiparable al de los trabajadores. Lo que sostiene el fallo sería que no es posible proteger al consumidor, porque inclinaría la balanza a su favor, en desmedro de la contraparte. Es un problema insólito de razonamiento”.
El proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso luego de una larga tramitación, buscaba que el Sernac tuviera armas efectivas para poder fiscalizar las anormalidades, de vulneración de derechos.
Polémica ha generado la decisión que tomó este jueves, por siete votos contra tres, el Tribunal Constitucional (TC) de declarar como inconstitucionales la mayoría de las nuevas atribuciones que se otorgaban al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)
Según advierten, la declaración de inconstitucionalidad encuentra su fundamento en que las medidas que comprenden la facultad de juzgar por parte del Sernac “solo pueden ser aceptadas por un tribunal independiente e imparcial, característica que éste no reúne”. Obviamente, las reacciones no tardaron en llegar.
Para el director del Sernac, Ernesto Muñoz, este fallo es potencialmente catastrófico para la protección de los derechos de los consumidores, y además evidenció errores en este.
“Cuando uno lo lee, y efectivamente de la perspectiva de quien conoce la protección de derechos de los consumidores desde mucho tiempo, uno nota errores que son errores de referencia, por ejemplo donde se dice que «el Sernac representa los intereses individuales de los consumidores para solicitar la indemnización en los juzgados de policía local», eso la verdad es una facultad que tienen las asociaciones de consumidores, no el Sernac”.
También desde el organismo señalaron sentirse descontentos con la decisión del Tribunal Constitucional, pues la institución seguirá con potestades inadecuadas para el Chile en que vivimos.
“Hay mucha frustración dentro del servicio. Nosotros hemos trabajado no solamente estos últimos cuatro años con esta administración, sino desde que somos Sernac con herramientas que son poco adecuadas. Nosotros vemos la cara diariamente de los consumidores que son abusados por las empresas, y muchas veces les tenemos que decir que no tenemos facultades y que debe ir al juzgado de policía local. Esa realidad es completamente insuficiente para el esquema de una economía como la nuestra”.
Además, aseguró que la molestia es tanto del mismo Sernac como de la población, quienes son las víctimas directas de abusos y arbitrariedades por parte de las empresas.
Por su parte, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Jorge Rodríguez, declaró este viernes en un punto de prensa que lamenta la decisión del Tribunal Constitucional, ya que según sus palabras “ha resultado en algo incluso peor que antes” pues ha cortado las atribuciones sancionatorias, normativas y de conciliación que contemplaba para el Sernac “y que directamente beneficiaban a los consumidores en el evento que sus derechos hubieran sido afectados por los proveedores”.
Agregó que “el Sernac no sólo carecerá de las atribuciones que el Congreso mayoritariamente le fijó, sino que perderá una de las pocas útiles que tiene cual es la de recibir reclamos y poder buscar una mediación entre consumidores y proveedores. Con esto en vez de ayudar a consolidar la confianza en una economía social de mercado, la debilita”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el profesor y abogado Mauricio Tapia, señaló que la decisión del TC es aberrante, pues “el derecho de protección del consumidor es equiparable al de los trabajadores. Lo que sostiene el fallo sería que no es posible proteger al consumidor, porque inclinaría la balanza a su favor, en desmedro de la contraparte. Es un problema insólito de razonamiento”.
El proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso luego de una larga tramitación, buscaba que el Sernac tuviera armas efectivas para poder fiscalizar las anormalidades, de vulneración de derechos.
Polémica ha generado la decisión que tomó este jueves, por siete votos contra tres, el Tribunal Constitucional (TC) de declarar como inconstitucionales la mayoría de las nuevas atribuciones que se otorgaban al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)
Según advierten, la declaración de inconstitucionalidad encuentra su fundamento en que las medidas que comprenden la facultad de juzgar por parte del Sernac “solo pueden ser aceptadas por un tribunal independiente e imparcial, característica que éste no reúne”. Obviamente, las reacciones no tardaron en llegar.
Para el director del Sernac, Ernesto Muñoz, este fallo es potencialmente catastrófico para la protección de los derechos de los consumidores, y además evidenció errores en este.
“Cuando uno lo lee, y efectivamente de la perspectiva de quien conoce la protección de derechos de los consumidores desde mucho tiempo, uno nota errores que son errores de referencia, por ejemplo donde se dice que «el Sernac representa los intereses individuales de los consumidores para solicitar la indemnización en los juzgados de policía local», eso la verdad es una facultad que tienen las asociaciones de consumidores, no el Sernac”.
También desde el organismo señalaron sentirse descontentos con la decisión del Tribunal Constitucional, pues la institución seguirá con potestades inadecuadas para el Chile en que vivimos.
“Hay mucha frustración dentro del servicio. Nosotros hemos trabajado no solamente estos últimos cuatro años con esta administración, sino desde que somos Sernac con herramientas que son poco adecuadas. Nosotros vemos la cara diariamente de los consumidores que son abusados por las empresas, y muchas veces les tenemos que decir que no tenemos facultades y que debe ir al juzgado de policía local. Esa realidad es completamente insuficiente para el esquema de una economía como la nuestra”.
Además, aseguró que la molestia es tanto del mismo Sernac como de la población, quienes son las víctimas directas de abusos y arbitrariedades por parte de las empresas.
Por su parte, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Jorge Rodríguez, declaró este viernes en un punto de prensa que lamenta la decisión del Tribunal Constitucional, ya que según sus palabras “ha resultado en algo incluso peor que antes” pues ha cortado las atribuciones sancionatorias, normativas y de conciliación que contemplaba para el Sernac “y que directamente beneficiaban a los consumidores en el evento que sus derechos hubieran sido afectados por los proveedores”.
Agregó que “el Sernac no sólo carecerá de las atribuciones que el Congreso mayoritariamente le fijó, sino que perderá una de las pocas útiles que tiene cual es la de recibir reclamos y poder buscar una mediación entre consumidores y proveedores. Con esto en vez de ayudar a consolidar la confianza en una economía social de mercado, la debilita”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el profesor y abogado Mauricio Tapia, señaló que la decisión del TC es aberrante, pues “el derecho de protección del consumidor es equiparable al de los trabajadores. Lo que sostiene el fallo sería que no es posible proteger al consumidor, porque inclinaría la balanza a su favor, en desmedro de la contraparte. Es un problema insólito de razonamiento”.
El proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso luego de una larga tramitación, buscaba que el Sernac tuviera armas efectivas para poder fiscalizar las anormalidades, de vulneración de derechos.
