Mediante una carta escrita a El Mercurio, el ex rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, señaló que el proyecto de universidades estatales, que la semana pasada fue aprobado en el Senado y pasó a tercer trámite constitucional, perjudica al plantel.
El académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas advirtió que la iniciativa “limita la autonomía para definir los criterios de ingreso y de vacantes de estudiantes, para planificar y desarrollar su quehacer académico, para hacer más efectiva y participativa su gobernanza, y para generar y gestionar con eficiencia sus recursos; y subordina estas decisiones a regulaciones y controles burocráticos ignorantes de cómo se realiza la labor universitaria”.
La ex autoridad académica afirmó que el aumento de recursos en el proyecto, que se manifiestan en los 500 millones de dólares que el Estado entregará en diez años, “no repone los recursos basales de libre disposición que el Gobierno expropió a las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), conseguidos el 2011”.
“La Universidad de Chile dejará de recibir 200 millones de dólares en diez años, y 25 millones de dólares anuales a partir del 2022, sin que nadie se haga responsable por ello”, detalló.
Para el ex rector Luis Riveros, el fortalecimiento de los planteles estatales debe ser permanente y no solo a través de una inyección de recursos. En ese sentido, dijo que aunque el Gobierno aumentó a 300 mil millones de pesos el fondo de financiamiento, esto no es suficiente.
“Se habla de las universidades estatales y que esta es una ley que va a definir su modus operandi, pero resulta que no está claro qué es una universidad estatal. Si seguimos con este esquema de financiamiento, donde el Estado aporta entre un 20 y 30 por ciento de los recursos totales, tendríamos que aclarar que esta no es una institución del Estado. Se trata de una universidad privada con un alto subsidio estatal”, expresó.
Específicamente respecto de la Universidad de Chile, dijo que es una institución de “tamaño mayor” que requiere más recursos para fortalecerse.
En ese sentido, criticó el apuro con el que se desarrolló la iniciativa por parte del Gobierno: “Francamente es una gran irresponsabilidad y lo digo con mucho respeto”.
“A mí me parece que abordar el tema de las universidades del Estado requiere una reflexión y una discusión informada. El riesgo es aprobar ahora un proyecto de ley que no va a tener ninguna relevancia desde una perspectiva de largo plazo. Con eso, ¿cuándo volveremos a discutir este problema? Eso queda cerrado”, sostuvo.
Mercedes López, miembro el Senado Universitario, explicó que los planteles que fijaron sus estatutos después del año 90 no tendrán que modificar estas normativas. Sin embargo, señaló que el proyecto establece un predominio del Consejo Superior por sobre el resto de los organismos que se encuentran al interior de las universidades.
Según indicó, el problema de esto radicaría en que los miembros nombrados por el gobierno de turno tendrán derecho a veto sobre los planes de desarrollo institucional. “En Chile existe una confusión enorme entre lo que es el Estado y el Gobierno. Cuando uno dice representantes del Estado, lo que se entiende es que son representantes del Gobierno y eso es una locura”.
“Lo que la universidad tiene que hacer es pensar estratégicamente el país, debería tener una mirada a 30 o 40 años plazo. El Consejo Superior será el que apruebe el proyecto de desarrollo de las instituciones, entonces es muy extraño que pongan a unos sujetos que vienen del gobierno de turno y tienen una mirada cortoplacista”, añadió.
La académica de la Facultad de Medicina comentó que son muy pocas las indicaciones que lograron ingresar como Senado Universitario. Entre los temas que más les preocupa está el del fortalecimiento, donde le exigen al Estado que se haga cargo de sus universidades, que se aseguren recursos permanentes y que aumente la matrícula.
De acuerdo a la iniciativa del Gobierno, esto último estará condicionado por los proyectos de desarrollo de cada institución y por las necesidades regionales y nacionales.
Mediante una carta escrita a El Mercurio, el ex rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, señaló que el proyecto de universidades estatales, que la semana pasada fue aprobado en el Senado y pasó a tercer trámite constitucional, perjudica al plantel.
El académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas advirtió que la iniciativa “limita la autonomía para definir los criterios de ingreso y de vacantes de estudiantes, para planificar y desarrollar su quehacer académico, para hacer más efectiva y participativa su gobernanza, y para generar y gestionar con eficiencia sus recursos; y subordina estas decisiones a regulaciones y controles burocráticos ignorantes de cómo se realiza la labor universitaria”.
La ex autoridad académica afirmó que el aumento de recursos en el proyecto, que se manifiestan en los 500 millones de dólares que el Estado entregará en diez años, “no repone los recursos basales de libre disposición que el Gobierno expropió a las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), conseguidos el 2011”.
“La Universidad de Chile dejará de recibir 200 millones de dólares en diez años, y 25 millones de dólares anuales a partir del 2022, sin que nadie se haga responsable por ello”, detalló.
Para el ex rector Luis Riveros, el fortalecimiento de los planteles estatales debe ser permanente y no solo a través de una inyección de recursos. En ese sentido, dijo que aunque el Gobierno aumentó a 300 mil millones de pesos el fondo de financiamiento, esto no es suficiente.
“Se habla de las universidades estatales y que esta es una ley que va a definir su modus operandi, pero resulta que no está claro qué es una universidad estatal. Si seguimos con este esquema de financiamiento, donde el Estado aporta entre un 20 y 30 por ciento de los recursos totales, tendríamos que aclarar que esta no es una institución del Estado. Se trata de una universidad privada con un alto subsidio estatal”, expresó.
Específicamente respecto de la Universidad de Chile, dijo que es una institución de “tamaño mayor” que requiere más recursos para fortalecerse.
En ese sentido, criticó el apuro con el que se desarrolló la iniciativa por parte del Gobierno: “Francamente es una gran irresponsabilidad y lo digo con mucho respeto”.
“A mí me parece que abordar el tema de las universidades del Estado requiere una reflexión y una discusión informada. El riesgo es aprobar ahora un proyecto de ley que no va a tener ninguna relevancia desde una perspectiva de largo plazo. Con eso, ¿cuándo volveremos a discutir este problema? Eso queda cerrado”, sostuvo.
Mercedes López, miembro el Senado Universitario, explicó que los planteles que fijaron sus estatutos después del año 90 no tendrán que modificar estas normativas. Sin embargo, señaló que el proyecto establece un predominio del Consejo Superior por sobre el resto de los organismos que se encuentran al interior de las universidades.
Según indicó, el problema de esto radicaría en que los miembros nombrados por el gobierno de turno tendrán derecho a veto sobre los planes de desarrollo institucional. “En Chile existe una confusión enorme entre lo que es el Estado y el Gobierno. Cuando uno dice representantes del Estado, lo que se entiende es que son representantes del Gobierno y eso es una locura”.
“Lo que la universidad tiene que hacer es pensar estratégicamente el país, debería tener una mirada a 30 o 40 años plazo. El Consejo Superior será el que apruebe el proyecto de desarrollo de las instituciones, entonces es muy extraño que pongan a unos sujetos que vienen del gobierno de turno y tienen una mirada cortoplacista”, añadió.
La académica de la Facultad de Medicina comentó que son muy pocas las indicaciones que lograron ingresar como Senado Universitario. Entre los temas que más les preocupa está el del fortalecimiento, donde le exigen al Estado que se haga cargo de sus universidades, que se aseguren recursos permanentes y que aumente la matrícula.
De acuerdo a la iniciativa del Gobierno, esto último estará condicionado por los proyectos de desarrollo de cada institución y por las necesidades regionales y nacionales.
Mediante una carta escrita a El Mercurio, el ex rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, señaló que el proyecto de universidades estatales, que la semana pasada fue aprobado en el Senado y pasó a tercer trámite constitucional, perjudica al plantel.
El académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas advirtió que la iniciativa “limita la autonomía para definir los criterios de ingreso y de vacantes de estudiantes, para planificar y desarrollar su quehacer académico, para hacer más efectiva y participativa su gobernanza, y para generar y gestionar con eficiencia sus recursos; y subordina estas decisiones a regulaciones y controles burocráticos ignorantes de cómo se realiza la labor universitaria”.
La ex autoridad académica afirmó que el aumento de recursos en el proyecto, que se manifiestan en los 500 millones de dólares que el Estado entregará en diez años, “no repone los recursos basales de libre disposición que el Gobierno expropió a las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), conseguidos el 2011”.
“La Universidad de Chile dejará de recibir 200 millones de dólares en diez años, y 25 millones de dólares anuales a partir del 2022, sin que nadie se haga responsable por ello”, detalló.
Para el ex rector Luis Riveros, el fortalecimiento de los planteles estatales debe ser permanente y no solo a través de una inyección de recursos. En ese sentido, dijo que aunque el Gobierno aumentó a 300 mil millones de pesos el fondo de financiamiento, esto no es suficiente.
“Se habla de las universidades estatales y que esta es una ley que va a definir su modus operandi, pero resulta que no está claro qué es una universidad estatal. Si seguimos con este esquema de financiamiento, donde el Estado aporta entre un 20 y 30 por ciento de los recursos totales, tendríamos que aclarar que esta no es una institución del Estado. Se trata de una universidad privada con un alto subsidio estatal”, expresó.
Específicamente respecto de la Universidad de Chile, dijo que es una institución de “tamaño mayor” que requiere más recursos para fortalecerse.
En ese sentido, criticó el apuro con el que se desarrolló la iniciativa por parte del Gobierno: “Francamente es una gran irresponsabilidad y lo digo con mucho respeto”.
“A mí me parece que abordar el tema de las universidades del Estado requiere una reflexión y una discusión informada. El riesgo es aprobar ahora un proyecto de ley que no va a tener ninguna relevancia desde una perspectiva de largo plazo. Con eso, ¿cuándo volveremos a discutir este problema? Eso queda cerrado”, sostuvo.
Mercedes López, miembro el Senado Universitario, explicó que los planteles que fijaron sus estatutos después del año 90 no tendrán que modificar estas normativas. Sin embargo, señaló que el proyecto establece un predominio del Consejo Superior por sobre el resto de los organismos que se encuentran al interior de las universidades.
Según indicó, el problema de esto radicaría en que los miembros nombrados por el gobierno de turno tendrán derecho a veto sobre los planes de desarrollo institucional. “En Chile existe una confusión enorme entre lo que es el Estado y el Gobierno. Cuando uno dice representantes del Estado, lo que se entiende es que son representantes del Gobierno y eso es una locura”.
“Lo que la universidad tiene que hacer es pensar estratégicamente el país, debería tener una mirada a 30 o 40 años plazo. El Consejo Superior será el que apruebe el proyecto de desarrollo de las instituciones, entonces es muy extraño que pongan a unos sujetos que vienen del gobierno de turno y tienen una mirada cortoplacista”, añadió.
La académica de la Facultad de Medicina comentó que son muy pocas las indicaciones que lograron ingresar como Senado Universitario. Entre los temas que más les preocupa está el del fortalecimiento, donde le exigen al Estado que se haga cargo de sus universidades, que se aseguren recursos permanentes y que aumente la matrícula.
De acuerdo a la iniciativa del Gobierno, esto último estará condicionado por los proyectos de desarrollo de cada institución y por las necesidades regionales y nacionales.
