A poco más de un mes de que finalice el gobierno de Michelle Bachelet, no existen avances respecto de las medidas de reparación que exigen los ex presos políticos, las que han estado marcadas en los últimos años por huelgas de hambre, la toma de una de las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras manifestaciones.
El pasado viernes 12 de enero, el Comando Unitario de Ex Presos Políticos, una de las organizaciones que participaba de la mesa de diálogo que sostenían las víctimas de la dictadura con el gobierno, anunciaron que las conversaciones con el Poder Ejecutivo estaban cerradas y sin llegar a puerto a ninguna de las medidas solicitadas, entre las que se encontraba un aumento en las pensiones, renovación del sistema de salud Prais y también el levantamiento al público del secreto del Informe Valech.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Patricio Rivera, presidente del Movimiento de Ex Presos Políticos Autónomos, señaló que ya se están considerando distintas acciones para hacer frente a la inacción de parte del gobierno, entre las que incluso hay acciones judiciales internacionales.
“Acudimos a hacer querellas colectivas que van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente demandas al Estado chileno a través del ministro Mario Carroza, donde han sido convocados varios de los ex prisioneros y prisioneras. Así van surgiendo otras alternativas para lo que el gobierno pueda hacer”, dijo.
Por su parte, Braulio González, vocero de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende, considera que independientemente de lo ocurrido con el actual gobierno es necesario continuar con el petitorio durante el nuevo mandato. De paso, criticó que Michelle Bachelet actualmente se encuentre enfocada en proyectos relativos a los criminales de lesa humanidad.
“Hemos pedido como organización seguir los diálogos en el gobierno de Piñera, puesto que es un tema de Estado. Además queremos decir que rechazamos el proyecto que la presidenta ha tirado a discusión, que es entregar beneficios y criminales de lesa humanidad, lo que no nos parece”, señaló.
Braulio González añadió que en marzo esperan hacer una gran manifestación frente a La Moneda, porque esperan que, aunque sea durante las últimas semanas del mandato de Bachelet, exista alguna medida concreta.
La indignación es alta entre las organizaciones, puesto que más allá de la negativa al petitorio levantado en conjunto, ni siquiera los ofrecimientos del mismo gobierno se han concretado. En específico, el bono de 3 millones de pesos ofrecido por el Ejecutivo tampoco sería entregado durante el período de Michelle Bachelet.
Hasta ahora las conversaciones se encuentran congeladas, admiten desde las organizaciones, por más que de manera informal continúen algunos diálogos. Pero lo que interesa a los ex presos políticos es acciones concretas en pro de la reparación, puesto que según las estadísticas que manejan, diariamente mueren entre 3 y 4 víctimas de la dictadura, sin obtener en vida una reparación para ellos y sus familias.
En tanto, desde el Ministerio del Interior, entidad que presidió la mesa de diálogo, no existe un pronunciamiento formal respecto del reclamo de los ex presos políticos, tampoco desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Aunque desde ambas oficinas de gobierno señalaron que el diálogo no ha concluido.
A poco más de un mes de que finalice el gobierno de Michelle Bachelet, no existen avances respecto de las medidas de reparación que exigen los ex presos políticos, las que han estado marcadas en los últimos años por huelgas de hambre, la toma de una de las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras manifestaciones.
El pasado viernes 12 de enero, el Comando Unitario de Ex Presos Políticos, una de las organizaciones que participaba de la mesa de diálogo que sostenían las víctimas de la dictadura con el gobierno, anunciaron que las conversaciones con el Poder Ejecutivo estaban cerradas y sin llegar a puerto a ninguna de las medidas solicitadas, entre las que se encontraba un aumento en las pensiones, renovación del sistema de salud Prais y también el levantamiento al público del secreto del Informe Valech.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Patricio Rivera, presidente del Movimiento de Ex Presos Políticos Autónomos, señaló que ya se están considerando distintas acciones para hacer frente a la inacción de parte del gobierno, entre las que incluso hay acciones judiciales internacionales.
“Acudimos a hacer querellas colectivas que van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente demandas al Estado chileno a través del ministro Mario Carroza, donde han sido convocados varios de los ex prisioneros y prisioneras. Así van surgiendo otras alternativas para lo que el gobierno pueda hacer”, dijo.
Por su parte, Braulio González, vocero de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende, considera que independientemente de lo ocurrido con el actual gobierno es necesario continuar con el petitorio durante el nuevo mandato. De paso, criticó que Michelle Bachelet actualmente se encuentre enfocada en proyectos relativos a los criminales de lesa humanidad.
“Hemos pedido como organización seguir los diálogos en el gobierno de Piñera, puesto que es un tema de Estado. Además queremos decir que rechazamos el proyecto que la presidenta ha tirado a discusión, que es entregar beneficios y criminales de lesa humanidad, lo que no nos parece”, señaló.
Braulio González añadió que en marzo esperan hacer una gran manifestación frente a La Moneda, porque esperan que, aunque sea durante las últimas semanas del mandato de Bachelet, exista alguna medida concreta.
La indignación es alta entre las organizaciones, puesto que más allá de la negativa al petitorio levantado en conjunto, ni siquiera los ofrecimientos del mismo gobierno se han concretado. En específico, el bono de 3 millones de pesos ofrecido por el Ejecutivo tampoco sería entregado durante el período de Michelle Bachelet.
Hasta ahora las conversaciones se encuentran congeladas, admiten desde las organizaciones, por más que de manera informal continúen algunos diálogos. Pero lo que interesa a los ex presos políticos es acciones concretas en pro de la reparación, puesto que según las estadísticas que manejan, diariamente mueren entre 3 y 4 víctimas de la dictadura, sin obtener en vida una reparación para ellos y sus familias.
En tanto, desde el Ministerio del Interior, entidad que presidió la mesa de diálogo, no existe un pronunciamiento formal respecto del reclamo de los ex presos políticos, tampoco desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Aunque desde ambas oficinas de gobierno señalaron que el diálogo no ha concluido.
A poco más de un mes de que finalice el gobierno de Michelle Bachelet, no existen avances respecto de las medidas de reparación que exigen los ex presos políticos, las que han estado marcadas en los últimos años por huelgas de hambre, la toma de una de las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras manifestaciones.
El pasado viernes 12 de enero, el Comando Unitario de Ex Presos Políticos, una de las organizaciones que participaba de la mesa de diálogo que sostenían las víctimas de la dictadura con el gobierno, anunciaron que las conversaciones con el Poder Ejecutivo estaban cerradas y sin llegar a puerto a ninguna de las medidas solicitadas, entre las que se encontraba un aumento en las pensiones, renovación del sistema de salud Prais y también el levantamiento al público del secreto del Informe Valech.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Patricio Rivera, presidente del Movimiento de Ex Presos Políticos Autónomos, señaló que ya se están considerando distintas acciones para hacer frente a la inacción de parte del gobierno, entre las que incluso hay acciones judiciales internacionales.
“Acudimos a hacer querellas colectivas que van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente demandas al Estado chileno a través del ministro Mario Carroza, donde han sido convocados varios de los ex prisioneros y prisioneras. Así van surgiendo otras alternativas para lo que el gobierno pueda hacer”, dijo.
Por su parte, Braulio González, vocero de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende, considera que independientemente de lo ocurrido con el actual gobierno es necesario continuar con el petitorio durante el nuevo mandato. De paso, criticó que Michelle Bachelet actualmente se encuentre enfocada en proyectos relativos a los criminales de lesa humanidad.
“Hemos pedido como organización seguir los diálogos en el gobierno de Piñera, puesto que es un tema de Estado. Además queremos decir que rechazamos el proyecto que la presidenta ha tirado a discusión, que es entregar beneficios y criminales de lesa humanidad, lo que no nos parece”, señaló.
Braulio González añadió que en marzo esperan hacer una gran manifestación frente a La Moneda, porque esperan que, aunque sea durante las últimas semanas del mandato de Bachelet, exista alguna medida concreta.
La indignación es alta entre las organizaciones, puesto que más allá de la negativa al petitorio levantado en conjunto, ni siquiera los ofrecimientos del mismo gobierno se han concretado. En específico, el bono de 3 millones de pesos ofrecido por el Ejecutivo tampoco sería entregado durante el período de Michelle Bachelet.
Hasta ahora las conversaciones se encuentran congeladas, admiten desde las organizaciones, por más que de manera informal continúen algunos diálogos. Pero lo que interesa a los ex presos políticos es acciones concretas en pro de la reparación, puesto que según las estadísticas que manejan, diariamente mueren entre 3 y 4 víctimas de la dictadura, sin obtener en vida una reparación para ellos y sus familias.
En tanto, desde el Ministerio del Interior, entidad que presidió la mesa de diálogo, no existe un pronunciamiento formal respecto del reclamo de los ex presos políticos, tampoco desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Aunque desde ambas oficinas de gobierno señalaron que el diálogo no ha concluido.
