Abogada de Héctor Llaitul: vamos a revisar que este montaje no se repita en otras causas
Patricia Cuevas tildó de grave el informe que confirma que la denominada "Operación Huracán" fue un montaje policial. Según indicó, lo más preocupante es que hoy no se sabe "cuáles son las consideraciones de Carabineros para investigar a unas personas y no a otras; tampoco por qué se saltan el curso natural del proceso y se vincula a estas personas con la violencia rural". Su llamado es a exigir un mayor estándar probatorio antes de inculpar y, en particular, a sobreseer definitivamente esta causa.
Viernes 26 de enero 2018 9:07 hrs.
“Se pudo constatar la existencia de algunos archivos que no guardan relación con las formas en que se almacenan las mensajerías al interior de los dispositivos telefónicos (…) dando cuenta de esta posible instalación de esa información por parte de terceros”. Esta fue una de las conclusiones de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, cuando les pidieron investigar algunas incoherencias existentes en la denominada “Operación Huracán”.
En septiembre pasado un grupo de ocho hombres vinculados a la causa mapuche fueron imputados por atentados en la zona de La Araucanía. El informe agregaba que “las diligencias pendientes dan cuenta de la desidia y desprolijidad en el trabajo investigativo por parte de la Unidad de Inteligencia Especializada de Carabineros”.
De inmediato vinieron las reacciones. Más cuando esta causa llevo al propio subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a cruzar la cordillera para reunirse con el gobierno de Macri a discutir sobre una presunta red binacional de internación de armas, mientras en Chile los imputados pasaban días en prisión preventiva acusados de los delitos de incendio y terrorismo.
Las pruebas de Carabineros en contra de Héctor y Ernesto Llaitul, Jaime y Rodrigo Huenchullan, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva, habían sido obtenidas a través de la Ley de Inteligencia y el 20 de septiembre liberadas para que estuvieran a disposición de las indagatorias del Ministerio Público. Todas ellas se basaban únicamente en conversaciones de Telegram y WhatsApp, donde supuestamente se hablaba de coordinaciones entre los mencionados para realizar acciones en conjunto como quemas de camiones en la zona.
El 28 de diciembre estaba listo el informe de revisión solicitado por la Fiscalía: De los teléfonos incautados solo dos tenían dichas aplicaciones instaladas. Además, una de las conversaciones usadas como prueba, la del teléfono de Martín Curiche, había sido implantada en el celular con fecha posterior a la incautación del aparato.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile la abogada Patricia Cuevas, defensora de Héctor Llaitul calificó de grave el montaje reconocido por la Fiscalía Nacional. En la conversación, la jurista valoró el coraje del Ministerio Público para reconocer la falta.
¿Cómo reciben la confirmación de este montaje?
Estamos sorprendidos. El curso de la investigación ha resultado favorable para nosotros. Acá no solo se cuestionaron las diligencias intrusivas que se practicaron por parte de Carabineros y avaladas en la ley 19974 que es la que crea la ANI, sino que además se comprueba lo que nosotros habíamos indicado: que estos mensajes no correspondían a nuestros defendidos. La mayoría de ellos no tenían estas aplicaciones telefónicas, tampoco se conocían entre todos, eso nos hizo alegar la causa. También lo que contenían los informes policiales presentados.
La Fiscalía ha sido bastante valiente al reconocer que hubo un montaje. Acá existe algo grave: el 28 de diciembre llega el informe 861 del año 2017 en que se señala que los mensajes, particularmente de los teléfonos incautados, no se condecía con la forma común de almacenamiento y algo más grave, en el teléfono de nuestro representado Martín Curiche habían instalado mensajes posteriores a la incautación. En razón de esto se inició una investigación, se hizo una denuncia en contra de Carabineros y, por lo tanto, se esclareció que estos mensajes habían sido instalados en esos aparatos celulares.
Está muy bien que se reconozca ante todos. Nuestros defendidos han sido tildados de terroristas, juzgados por la sociedad, se han pedido penas infernales para ellos cuando estábamos en una etapa inicial de la investigación y cuando no había siquiera pruebas claras y o contundentes para comprobar estos delitos.
¿Qué fiabilidad tiene para la ciudadanía o para el sistema judicial el que haya pruebas que puedan ser construidas artificialmente de esta manera?
Acá se reconoce por parte de la Fiscalía porque hubo un fiscal que interpuso una querella. Esperamos que esto no haya ocurrido en otras causas, también esperamos que la investigación sea absolutamente rigurosa. Esperamos que esto no se vuelva a repetir.
Desde el primer momento hicimos un llamado de atención en el juzgado de garantía porque es la Constitución política de la República la que dicta que Fiscalía debe investigar exclusivamente en estos casos y no a Carabineros o la PDI, ni a ningún organismo auxiliar. Eso debe quedar en relevancia y que se entienda que cuando existen derechos fundamentales comprometidos de personas que son libres e iguales en dignidad y derechos, y que tienen derechos reconocidos tanto por tratados internacionales como por nuestra propia Constitución, efectivamente, si se quiere realizar cualquier tipo de intromisión en sus vidas, aparatos telefónicos o sus hogares, debe haber fundamentos plausives, un tercero imparcial que decida (el juez de garantía) y tiene que haber una persona encargada de la investigación que tenga una instrucción básica y que sepa cuáles son estos derechos.
Lamentablemente esta operación fue siempre dirigida por Carabineros y, cuando ya esta “agotada” se libera a Fiscalía, lo que no consideramos correcto. No es el curso natural. Es el Ministerio Público el que debe instruir las investigaciones y las diligencias que en ella se realizan.
¿Sin esas precauciones Carabineros podría levantar un montaje contra cualquier ciudadano o ciudadana?
Yo no voy a acusar a Carabineros de realizar o no un montaje contra cualquier ciudadano. Teóricamente podría ser, pero lo que aquí pasó es que salió a la luz pública este caso. Esperamos que no hayan otros casos. Con esta información vamos a revisar otras causas que se enmarquen en “violencia rural” donde puedan haber actuado estos mismos funcionarios de Carabineros.
Esto es peligroso porque no sabemos cuáles son las consideraciones de Carabineros para investigar a unas personas y no a otras; tampoco por qué se saltan el curso natural del proceso y se las vincula (a los imputados), a estas personas, con la violencia rural. No puede ser que Carabineros investigue sin ninguna razón. Es Fiscalía quien debe llevar estos temas. Ellos son los que tienen el deber de objetividad.
¿Los carabineros que participaron se pudieron mandar solos?
Ellos obedecen instrucciones de sus directores generales o nacionales. Será la investigación la que determine las responsabilidades.
¿Hasta dónde debería escalar esto? Hay un plano de responsabilidades judiciales, pero también políticas cuando con este operativo se configuró un clima de animadversión contra los acusados.
No me corresponde pronunciarme sobre autoridades políticas. Lo único que puedo señalar es que hay que exigir un estándar de antecedentes claros, objetivos y fundados. En este caso, desde la detención señalamos que no habían pruebas para sostenerlo, lo único que había eran mensajes de texto.
Si estás hablando de una asociación ilícita con carácter terrorista, o delitos de incendio… frente a acusaciones de tal gravedad, cualquier persona debe preguntar qué pruebas existen. En este caso solo tenían mensajes: no había video, fotografía, municiones, testigos, ni pruebas físicas, tampoco denuncias…
Entonces que el juzgado haya decidido lo que decidió solo con estos mensajes o que Mahmud Aleuy haya viajado a Argentina a investigar este supuesto tipo de armamento… Lo que decimos es que nos llama la atención porque se deben exigir antecedentes más claros antes de tomar ese tipo de investigaciones y decisiones.
¿Qué recomendaciones se podrían hacer sobre los cambios para impedir que vuelvan a repetirse estas acciones no solo en el mundo mapuche?
La única recomendación que puedo hacer es que las investigaciones se instruyan en consideración con lo que dicta la ley. Cualquier persona que va a ser investigada tiene derechos reconocidos. El llamado es a que las investigaciones se hagan con antecedentes claros, rigurosos y objetivos, donde se respeten los derechos de los acusados así como de las víctimas.
Nadie le va a devolver el tiempo de privación de libertad a estos ocho hombres. Hay que hacer investigaciones como corresponden, de manera rigurosa y objetiva.
¿Cuáles son las acciones judiciales que estudian ustedes?
Ellos pueden querellarse contra el Estado porque han sido pasados de imputados a víctimas. Sin embargo, como Defensoría no podemos hacer estas acciones, porque nosotros estamos mandatados a defender a las personas en calidad de imputados y no de víctimas, por eso no podemos emprender acciones contra el Estado en este caso en particular.
Lo que sí haremos será pedir que en la audiencia de cierre de la investigación se discuta el sobreseimiento definitivo de la causa. Acá la Fiscalía no solo está diciendo que no reunía los antecedentes suficientes para acusar, también está diciendo que los argumentos que se reunieron no se condicen con la realidad.
La Fiscalía, en el fondo, está diciendo que a ellos con esa información no se les puede imputar ningún delito y lo que debiera quedar claro es que esto no es solo que por ahora no va a investigar, sino que con este nivel de pruebas no se puede decir que existan estos delitos por los que habían sido formalizados.
Queremos que se cierre la investigación y se sobresea definitivamente, para que no exista posibilidad alguna de que ellos puedan nuevamente ser juzgados por los mismos delitos.
“Se pudo constatar la existencia de algunos archivos que no guardan relación con las formas en que se almacenan las mensajerías al interior de los dispositivos telefónicos (…) dando cuenta de esta posible instalación de esa información por parte de terceros”. Esta fue una de las conclusiones de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, cuando les pidieron investigar algunas incoherencias existentes en la denominada “Operación Huracán”.
En septiembre pasado un grupo de ocho hombres vinculados a la causa mapuche fueron imputados por atentados en la zona de La Araucanía. El informe agregaba que “las diligencias pendientes dan cuenta de la desidia y desprolijidad en el trabajo investigativo por parte de la Unidad de Inteligencia Especializada de Carabineros”.
De inmediato vinieron las reacciones. Más cuando esta causa llevo al propio subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a cruzar la cordillera para reunirse con el gobierno de Macri a discutir sobre una presunta red binacional de internación de armas, mientras en Chile los imputados pasaban días en prisión preventiva acusados de los delitos de incendio y terrorismo.
Las pruebas de Carabineros en contra de Héctor y Ernesto Llaitul, Jaime y Rodrigo Huenchullan, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva, habían sido obtenidas a través de la Ley de Inteligencia y el 20 de septiembre liberadas para que estuvieran a disposición de las indagatorias del Ministerio Público. Todas ellas se basaban únicamente en conversaciones de Telegram y WhatsApp, donde supuestamente se hablaba de coordinaciones entre los mencionados para realizar acciones en conjunto como quemas de camiones en la zona.
El 28 de diciembre estaba listo el informe de revisión solicitado por la Fiscalía: De los teléfonos incautados solo dos tenían dichas aplicaciones instaladas. Además, una de las conversaciones usadas como prueba, la del teléfono de Martín Curiche, había sido implantada en el celular con fecha posterior a la incautación del aparato.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile la abogada Patricia Cuevas, defensora de Héctor Llaitul calificó de grave el montaje reconocido por la Fiscalía Nacional. En la conversación, la jurista valoró el coraje del Ministerio Público para reconocer la falta.
¿Cómo reciben la confirmación de este montaje?
Estamos sorprendidos. El curso de la investigación ha resultado favorable para nosotros. Acá no solo se cuestionaron las diligencias intrusivas que se practicaron por parte de Carabineros y avaladas en la ley 19974 que es la que crea la ANI, sino que además se comprueba lo que nosotros habíamos indicado: que estos mensajes no correspondían a nuestros defendidos. La mayoría de ellos no tenían estas aplicaciones telefónicas, tampoco se conocían entre todos, eso nos hizo alegar la causa. También lo que contenían los informes policiales presentados.
La Fiscalía ha sido bastante valiente al reconocer que hubo un montaje. Acá existe algo grave: el 28 de diciembre llega el informe 861 del año 2017 en que se señala que los mensajes, particularmente de los teléfonos incautados, no se condecía con la forma común de almacenamiento y algo más grave, en el teléfono de nuestro representado Martín Curiche habían instalado mensajes posteriores a la incautación. En razón de esto se inició una investigación, se hizo una denuncia en contra de Carabineros y, por lo tanto, se esclareció que estos mensajes habían sido instalados en esos aparatos celulares.
Está muy bien que se reconozca ante todos. Nuestros defendidos han sido tildados de terroristas, juzgados por la sociedad, se han pedido penas infernales para ellos cuando estábamos en una etapa inicial de la investigación y cuando no había siquiera pruebas claras y o contundentes para comprobar estos delitos.
¿Qué fiabilidad tiene para la ciudadanía o para el sistema judicial el que haya pruebas que puedan ser construidas artificialmente de esta manera?
Acá se reconoce por parte de la Fiscalía porque hubo un fiscal que interpuso una querella. Esperamos que esto no haya ocurrido en otras causas, también esperamos que la investigación sea absolutamente rigurosa. Esperamos que esto no se vuelva a repetir.
Desde el primer momento hicimos un llamado de atención en el juzgado de garantía porque es la Constitución política de la República la que dicta que Fiscalía debe investigar exclusivamente en estos casos y no a Carabineros o la PDI, ni a ningún organismo auxiliar. Eso debe quedar en relevancia y que se entienda que cuando existen derechos fundamentales comprometidos de personas que son libres e iguales en dignidad y derechos, y que tienen derechos reconocidos tanto por tratados internacionales como por nuestra propia Constitución, efectivamente, si se quiere realizar cualquier tipo de intromisión en sus vidas, aparatos telefónicos o sus hogares, debe haber fundamentos plausives, un tercero imparcial que decida (el juez de garantía) y tiene que haber una persona encargada de la investigación que tenga una instrucción básica y que sepa cuáles son estos derechos.
Lamentablemente esta operación fue siempre dirigida por Carabineros y, cuando ya esta “agotada” se libera a Fiscalía, lo que no consideramos correcto. No es el curso natural. Es el Ministerio Público el que debe instruir las investigaciones y las diligencias que en ella se realizan.
¿Sin esas precauciones Carabineros podría levantar un montaje contra cualquier ciudadano o ciudadana?
Yo no voy a acusar a Carabineros de realizar o no un montaje contra cualquier ciudadano. Teóricamente podría ser, pero lo que aquí pasó es que salió a la luz pública este caso. Esperamos que no hayan otros casos. Con esta información vamos a revisar otras causas que se enmarquen en “violencia rural” donde puedan haber actuado estos mismos funcionarios de Carabineros.
Esto es peligroso porque no sabemos cuáles son las consideraciones de Carabineros para investigar a unas personas y no a otras; tampoco por qué se saltan el curso natural del proceso y se las vincula (a los imputados), a estas personas, con la violencia rural. No puede ser que Carabineros investigue sin ninguna razón. Es Fiscalía quien debe llevar estos temas. Ellos son los que tienen el deber de objetividad.
¿Los carabineros que participaron se pudieron mandar solos?
Ellos obedecen instrucciones de sus directores generales o nacionales. Será la investigación la que determine las responsabilidades.
¿Hasta dónde debería escalar esto? Hay un plano de responsabilidades judiciales, pero también políticas cuando con este operativo se configuró un clima de animadversión contra los acusados.
No me corresponde pronunciarme sobre autoridades políticas. Lo único que puedo señalar es que hay que exigir un estándar de antecedentes claros, objetivos y fundados. En este caso, desde la detención señalamos que no habían pruebas para sostenerlo, lo único que había eran mensajes de texto.
Si estás hablando de una asociación ilícita con carácter terrorista, o delitos de incendio… frente a acusaciones de tal gravedad, cualquier persona debe preguntar qué pruebas existen. En este caso solo tenían mensajes: no había video, fotografía, municiones, testigos, ni pruebas físicas, tampoco denuncias…
Entonces que el juzgado haya decidido lo que decidió solo con estos mensajes o que Mahmud Aleuy haya viajado a Argentina a investigar este supuesto tipo de armamento… Lo que decimos es que nos llama la atención porque se deben exigir antecedentes más claros antes de tomar ese tipo de investigaciones y decisiones.
¿Qué recomendaciones se podrían hacer sobre los cambios para impedir que vuelvan a repetirse estas acciones no solo en el mundo mapuche?
La única recomendación que puedo hacer es que las investigaciones se instruyan en consideración con lo que dicta la ley. Cualquier persona que va a ser investigada tiene derechos reconocidos. El llamado es a que las investigaciones se hagan con antecedentes claros, rigurosos y objetivos, donde se respeten los derechos de los acusados así como de las víctimas.
Nadie le va a devolver el tiempo de privación de libertad a estos ocho hombres. Hay que hacer investigaciones como corresponden, de manera rigurosa y objetiva.
¿Cuáles son las acciones judiciales que estudian ustedes?
Ellos pueden querellarse contra el Estado porque han sido pasados de imputados a víctimas. Sin embargo, como Defensoría no podemos hacer estas acciones, porque nosotros estamos mandatados a defender a las personas en calidad de imputados y no de víctimas, por eso no podemos emprender acciones contra el Estado en este caso en particular.
Lo que sí haremos será pedir que en la audiencia de cierre de la investigación se discuta el sobreseimiento definitivo de la causa. Acá la Fiscalía no solo está diciendo que no reunía los antecedentes suficientes para acusar, también está diciendo que los argumentos que se reunieron no se condicen con la realidad.
La Fiscalía, en el fondo, está diciendo que a ellos con esa información no se les puede imputar ningún delito y lo que debiera quedar claro es que esto no es solo que por ahora no va a investigar, sino que con este nivel de pruebas no se puede decir que existan estos delitos por los que habían sido formalizados.
Queremos que se cierre la investigación y se sobresea definitivamente, para que no exista posibilidad alguna de que ellos puedan nuevamente ser juzgados por los mismos delitos.
“Se pudo constatar la existencia de algunos archivos que no guardan relación con las formas en que se almacenan las mensajerías al interior de los dispositivos telefónicos (…) dando cuenta de esta posible instalación de esa información por parte de terceros”. Esta fue una de las conclusiones de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, cuando les pidieron investigar algunas incoherencias existentes en la denominada “Operación Huracán”.
En septiembre pasado un grupo de ocho hombres vinculados a la causa mapuche fueron imputados por atentados en la zona de La Araucanía. El informe agregaba que “las diligencias pendientes dan cuenta de la desidia y desprolijidad en el trabajo investigativo por parte de la Unidad de Inteligencia Especializada de Carabineros”.
De inmediato vinieron las reacciones. Más cuando esta causa llevo al propio subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a cruzar la cordillera para reunirse con el gobierno de Macri a discutir sobre una presunta red binacional de internación de armas, mientras en Chile los imputados pasaban días en prisión preventiva acusados de los delitos de incendio y terrorismo.
Las pruebas de Carabineros en contra de Héctor y Ernesto Llaitul, Jaime y Rodrigo Huenchullan, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva, habían sido obtenidas a través de la Ley de Inteligencia y el 20 de septiembre liberadas para que estuvieran a disposición de las indagatorias del Ministerio Público. Todas ellas se basaban únicamente en conversaciones de Telegram y WhatsApp, donde supuestamente se hablaba de coordinaciones entre los mencionados para realizar acciones en conjunto como quemas de camiones en la zona.
El 28 de diciembre estaba listo el informe de revisión solicitado por la Fiscalía: De los teléfonos incautados solo dos tenían dichas aplicaciones instaladas. Además, una de las conversaciones usadas como prueba, la del teléfono de Martín Curiche, había sido implantada en el celular con fecha posterior a la incautación del aparato.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile la abogada Patricia Cuevas, defensora de Héctor Llaitul calificó de grave el montaje reconocido por la Fiscalía Nacional. En la conversación, la jurista valoró el coraje del Ministerio Público para reconocer la falta.
¿Cómo reciben la confirmación de este montaje?
Estamos sorprendidos. El curso de la investigación ha resultado favorable para nosotros. Acá no solo se cuestionaron las diligencias intrusivas que se practicaron por parte de Carabineros y avaladas en la ley 19974 que es la que crea la ANI, sino que además se comprueba lo que nosotros habíamos indicado: que estos mensajes no correspondían a nuestros defendidos. La mayoría de ellos no tenían estas aplicaciones telefónicas, tampoco se conocían entre todos, eso nos hizo alegar la causa. También lo que contenían los informes policiales presentados.
La Fiscalía ha sido bastante valiente al reconocer que hubo un montaje. Acá existe algo grave: el 28 de diciembre llega el informe 861 del año 2017 en que se señala que los mensajes, particularmente de los teléfonos incautados, no se condecía con la forma común de almacenamiento y algo más grave, en el teléfono de nuestro representado Martín Curiche habían instalado mensajes posteriores a la incautación. En razón de esto se inició una investigación, se hizo una denuncia en contra de Carabineros y, por lo tanto, se esclareció que estos mensajes habían sido instalados en esos aparatos celulares.
Está muy bien que se reconozca ante todos. Nuestros defendidos han sido tildados de terroristas, juzgados por la sociedad, se han pedido penas infernales para ellos cuando estábamos en una etapa inicial de la investigación y cuando no había siquiera pruebas claras y o contundentes para comprobar estos delitos.
¿Qué fiabilidad tiene para la ciudadanía o para el sistema judicial el que haya pruebas que puedan ser construidas artificialmente de esta manera?
Acá se reconoce por parte de la Fiscalía porque hubo un fiscal que interpuso una querella. Esperamos que esto no haya ocurrido en otras causas, también esperamos que la investigación sea absolutamente rigurosa. Esperamos que esto no se vuelva a repetir.
Desde el primer momento hicimos un llamado de atención en el juzgado de garantía porque es la Constitución política de la República la que dicta que Fiscalía debe investigar exclusivamente en estos casos y no a Carabineros o la PDI, ni a ningún organismo auxiliar. Eso debe quedar en relevancia y que se entienda que cuando existen derechos fundamentales comprometidos de personas que son libres e iguales en dignidad y derechos, y que tienen derechos reconocidos tanto por tratados internacionales como por nuestra propia Constitución, efectivamente, si se quiere realizar cualquier tipo de intromisión en sus vidas, aparatos telefónicos o sus hogares, debe haber fundamentos plausives, un tercero imparcial que decida (el juez de garantía) y tiene que haber una persona encargada de la investigación que tenga una instrucción básica y que sepa cuáles son estos derechos.
Lamentablemente esta operación fue siempre dirigida por Carabineros y, cuando ya esta “agotada” se libera a Fiscalía, lo que no consideramos correcto. No es el curso natural. Es el Ministerio Público el que debe instruir las investigaciones y las diligencias que en ella se realizan.
¿Sin esas precauciones Carabineros podría levantar un montaje contra cualquier ciudadano o ciudadana?
Yo no voy a acusar a Carabineros de realizar o no un montaje contra cualquier ciudadano. Teóricamente podría ser, pero lo que aquí pasó es que salió a la luz pública este caso. Esperamos que no hayan otros casos. Con esta información vamos a revisar otras causas que se enmarquen en “violencia rural” donde puedan haber actuado estos mismos funcionarios de Carabineros.
Esto es peligroso porque no sabemos cuáles son las consideraciones de Carabineros para investigar a unas personas y no a otras; tampoco por qué se saltan el curso natural del proceso y se las vincula (a los imputados), a estas personas, con la violencia rural. No puede ser que Carabineros investigue sin ninguna razón. Es Fiscalía quien debe llevar estos temas. Ellos son los que tienen el deber de objetividad.
¿Los carabineros que participaron se pudieron mandar solos?
Ellos obedecen instrucciones de sus directores generales o nacionales. Será la investigación la que determine las responsabilidades.
¿Hasta dónde debería escalar esto? Hay un plano de responsabilidades judiciales, pero también políticas cuando con este operativo se configuró un clima de animadversión contra los acusados.
No me corresponde pronunciarme sobre autoridades políticas. Lo único que puedo señalar es que hay que exigir un estándar de antecedentes claros, objetivos y fundados. En este caso, desde la detención señalamos que no habían pruebas para sostenerlo, lo único que había eran mensajes de texto.
Si estás hablando de una asociación ilícita con carácter terrorista, o delitos de incendio… frente a acusaciones de tal gravedad, cualquier persona debe preguntar qué pruebas existen. En este caso solo tenían mensajes: no había video, fotografía, municiones, testigos, ni pruebas físicas, tampoco denuncias…
Entonces que el juzgado haya decidido lo que decidió solo con estos mensajes o que Mahmud Aleuy haya viajado a Argentina a investigar este supuesto tipo de armamento… Lo que decimos es que nos llama la atención porque se deben exigir antecedentes más claros antes de tomar ese tipo de investigaciones y decisiones.
¿Qué recomendaciones se podrían hacer sobre los cambios para impedir que vuelvan a repetirse estas acciones no solo en el mundo mapuche?
La única recomendación que puedo hacer es que las investigaciones se instruyan en consideración con lo que dicta la ley. Cualquier persona que va a ser investigada tiene derechos reconocidos. El llamado es a que las investigaciones se hagan con antecedentes claros, rigurosos y objetivos, donde se respeten los derechos de los acusados así como de las víctimas.
Nadie le va a devolver el tiempo de privación de libertad a estos ocho hombres. Hay que hacer investigaciones como corresponden, de manera rigurosa y objetiva.
¿Cuáles son las acciones judiciales que estudian ustedes?
Ellos pueden querellarse contra el Estado porque han sido pasados de imputados a víctimas. Sin embargo, como Defensoría no podemos hacer estas acciones, porque nosotros estamos mandatados a defender a las personas en calidad de imputados y no de víctimas, por eso no podemos emprender acciones contra el Estado en este caso en particular.
Lo que sí haremos será pedir que en la audiencia de cierre de la investigación se discuta el sobreseimiento definitivo de la causa. Acá la Fiscalía no solo está diciendo que no reunía los antecedentes suficientes para acusar, también está diciendo que los argumentos que se reunieron no se condicen con la realidad.
La Fiscalía, en el fondo, está diciendo que a ellos con esa información no se les puede imputar ningún delito y lo que debiera quedar claro es que esto no es solo que por ahora no va a investigar, sino que con este nivel de pruebas no se puede decir que existan estos delitos por los que habían sido formalizados.
Queremos que se cierre la investigación y se sobresea definitivamente, para que no exista posibilidad alguna de que ellos puedan nuevamente ser juzgados por los mismos delitos.
Síguenos en 
