Apuntan a Aleuy como el responsable político de la Operación Huracán
Luego que se confirmara que la "Operación Huracán" había sido un montaje de Carabineros, los dardos políticos apuntaron al subsecretario del Interior. Desde el mundo mapuche y político piden explicaciones de quien incluso acudiera a Argentina a desmantelar una presunta red de internación de armas iniciada por los imputados de Huracán.
Viernes 26 de enero 2018 17:09 hrs.
“Es lo más grave que ha ocurrido desde que existe el nuevo sistema penal”, esa era la coincidencia entre quienes evaluaban lo sucedido, luego que la Fiscalía Nacional confirmara que la denominada “Operación Huracán” había sido un montaje de Carabineros.
Conversaciones implantadas con posterioridad a la incautación de teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería celular no disponibles en todos los móviles de los ocho acusados y contar únicamente con conversaciones escritas como prueba para demostrar la asociación ilícita y terrorista fueron parte de las conclusiones a las que llegó la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
Acto seguido se informó del cierre de la investigación . El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, además comunicó que abrirán una investigación penal por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a las indagatorias que se estaban realizando en el marco de este caso.
De inmediato vinieron las reacciones, las primeras de los imputados y sus defensores. Entre ellos, Patricia Cuevas, defensora de Héctor Llaitul, recordó a nuestro medio que ellos siempre habían alertado de la debilidad de las pruebas con las que pretendían levantar la investigación; también acusó a Carabineros por no respetar la Constitución política inmiscuyéndose en acciones que son propias del Ministerio Público.
La defensora fue más allá al advertir que revisarán otras causas en donde hay mapuches involucrados, esto para tener certeza jurídica de que este tipo de montajes no se ha repetido antes: “No sabemos cuáles son las consideraciones de Carabineros para investigar a unas personas y no a otras; tampoco por qué se saltan el curso natural del proceso y se las vincula (a los imputados), a estas personas, con la violencia rural. No puede ser que Carabineros investigue sin ninguna razón. Es Fiscalía quien debe llevar estos temas. Ellos son los que tienen el deber de objetividad”.
No solo ella habló, el propio Héctor Llaitul acusó que el único fin que tenía este operativo era el de desarticular a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Sus dardos apuntaron directamente a las responsabilidades políticas detrás de este caso. “Hay responsabilidades en este montaje de parte del Gobierno, del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, pero la participación operativa la tiene la Agencia Nacional de Inteligencia, y la unidad de inteligencia de Carabineros, bajo la responsabilidad del general Gonzalo Blu”, dijo a la prensa.
El subsecretario del Interior nuevamente era mencionado en el caso. Tal como ocurrió en septiembre, cuando explotó Huracán, los dardos políticos apuntaban a su modo de operación. Para la abogada Cuevas, por ejemplo, es incomprensible que pruebas tan débiles e imposibles de sostener hayan derivado en reuniones bilaterales entre Chile y Argentina, lideradas por Aleuy y la ministra Patricia Bullrich, para lograr desmantelar una supuesta red de internación de armas entre movimientos mapuches de ambos países.
El factor Aleuy
“Esto confirma los montajes que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo”, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile Rodrigo Curipán, werkén del lof Rankilko, respecto de los últimos antecedentes que se conocieron sobre la denominada Operación Huracán.
Curipán advirtió que es el subsecretario Aleuy el que debe asumir la responsabilidad política de los errores que se cometieron en el caso. En esa línea, comentó que no descartan presentar acciones judiciales contra los miembros del Gobierno, Carabineros y la Fiscalía que resulten responsables.
“Desde el punto de vista político Aleuy tiene toda la responsabilidad. Él no solo fue a Argentina, sino que además aseguraba que habían dado con una organización que estaba desestabilizando la zona de La Araucanía. La acusación que hace para criminalizar a los mapuches ha sido grave y hoy se cae a pedazos. Es legítimo que la sociedad chilena se dé cuenta quiénes están a cargo de investigar y quiénes están a cargo de hacer responsable a los mapuches”, sostuvo.
El dirigente mapuche indicó que además del subsecretario, la “Fiscalía de alta Complejidad tiene responsabilidad absoluta sobre cómo se han ido desarrollando los mecanismos mediante los cuales Carabineros presenta pruebas”.
Rodrigo Román, abogado defensor de Héctor Llaitul, quien fue uno de los ocho detenidos por esta causa, dijo que la primera responsabilidad debe recaer en contra del Ministerio Público. A su juicio, el fiscal nacional, Jorge Abbott, “sabía desde un comienzo de la inviabilidad de este caso y decidió insistir, toda vez que él ha actuado como receptor de la inteligencia policial”.
“Hay responsabilidades también del subsecretario del Interior e incluso de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, porque esto se enmarca en la política represiva que se ha desatado en Wallmapu. Aleuy es quien coordina el trabajo de inteligencia, por lo que él debe responder”, afirmó.
Eugenio Tuma (PPD), senador por la Región de la Araucanía, manifestó la necesidad de esclarecer la situación. Desde su perspectiva, “es muy pronto para establecer responsabilidades políticas o administrativas”. Mientras que desde el mismo partido el senador Harboe pide sanciones inmediatas a lo que califica de “lo más grave” que ha ocurrido desde que se inició la nueva reforma procesal penal.
¿Pero por qué se apunta tanto a Aleuy?
Más allá de las declaraciones que puedan dar a los medios de prensa las distintas autoridades de la nación, hay evidencias de dónde parte la Operación Huracán. Según documentos de la causa a los cuales accedió nuestro medio, el 20 de septiembre llegan los primeros antecedentes a manos del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, documento enviado por la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros.
Bajo el amparo de la Ley 19.974 de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la policía uniformada envió la información que dio inicio al polémico caso. No fue iniciado por el Ministerio Público. Incluso, fuentes ligadas a la causa relataron a nuestro medio durante los días siguientes a las detenciones de los mapuches que incluso los fiscales se veían confundidos con los antecedentes.
Con la Ley de Inteligencia el Gobierno puede recopilar información mediante las diligencias ordenadas a Carabineros o Policía de Investigaciones, las que deben ser autorizadas por la Corte de Apelaciones del territorio respectivo, esto para proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional. No puede la ANI comenzar una investigación judicial. Por lo mismo en la Operación Huracán los datos fueron entregados al Ministerio Público para que ellos comenzaran la historia ya conocida.
En tanto, el diputado PS Leonardo Soto, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, calificó como un “hecho muy grave”, la presunta manipulación de pruebas realizada por Carabineros. En ese sentido, anunció que propondrán citar al General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que explique la situación: “Los hechos dados a conocer no sólo avalan a los detenidos por está maquinación, sino que vuelven a poner un manto de duda sobre el trabajo de esta institución policial. Es insólito que el país aún no tenga una explicación formal por parte de la máxima autoridad y responsable de la policía uniformada, quien al estallar este caso alabó pública y profusamente los supuestos logros de la Dirección de Inteligencia”, expresó.
Pese a la explícita petición de que el Gobierno asumiera responsabilidades políticas por los ribetes que ha alcanzado la investigación, el subsecretario Aleuy se refirió al procedimiento a seguir. Así indicó que se van “mantener los canales judiciales y en el caso de la investigación misma y en el de Carabineros, vamos a pedir la máxima celeridad posible en el esclarecimiento de estos hechos (…)El Gobierno va a tomar decisiones en función de cómo avancen las investigaciones administrativas y judiciales”. También indicó que “de ser ciertas” las acusaciones que recaen sobre carabineros, “el costo institucional será alto”.
Este viernes efectivos de la PDI acudieron a allanar las dependencias de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Temuco. Sin embargo, carabineros de la oficina temuquense impidieron el retiro de la información de la causa, amparados en que no hubo aviso previo de la revisión. En tanto se resuelve el conflicto entre las policías, el cuartel permanece cerrado.
Mientras que desde la institución el general de la Dirección de Inteligencia, Gonzalo Blu, señaló que se ordenó un sumario administrativo luego de las acusaciones por presunta manipulación de pruebas. No obstante, defendió las diligencias realizadas por la institución, manifestando que le extraña la decisión de no perseverar que tomó la Fiscalía respecto de las indagatorias en torno a la Operación Huracán.
“Es lo más grave que ha ocurrido desde que existe el nuevo sistema penal”, esa era la coincidencia entre quienes evaluaban lo sucedido, luego que la Fiscalía Nacional confirmara que la denominada “Operación Huracán” había sido un montaje de Carabineros.
Conversaciones implantadas con posterioridad a la incautación de teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería celular no disponibles en todos los móviles de los ocho acusados y contar únicamente con conversaciones escritas como prueba para demostrar la asociación ilícita y terrorista fueron parte de las conclusiones a las que llegó la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
Acto seguido se informó del cierre de la investigación . El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, además comunicó que abrirán una investigación penal por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a las indagatorias que se estaban realizando en el marco de este caso.
De inmediato vinieron las reacciones, las primeras de los imputados y sus defensores. Entre ellos, Patricia Cuevas, defensora de Héctor Llaitul, recordó a nuestro medio que ellos siempre habían alertado de la debilidad de las pruebas con las que pretendían levantar la investigación; también acusó a Carabineros por no respetar la Constitución política inmiscuyéndose en acciones que son propias del Ministerio Público.
La defensora fue más allá al advertir que revisarán otras causas en donde hay mapuches involucrados, esto para tener certeza jurídica de que este tipo de montajes no se ha repetido antes: “No sabemos cuáles son las consideraciones de Carabineros para investigar a unas personas y no a otras; tampoco por qué se saltan el curso natural del proceso y se las vincula (a los imputados), a estas personas, con la violencia rural. No puede ser que Carabineros investigue sin ninguna razón. Es Fiscalía quien debe llevar estos temas. Ellos son los que tienen el deber de objetividad”.
No solo ella habló, el propio Héctor Llaitul acusó que el único fin que tenía este operativo era el de desarticular a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Sus dardos apuntaron directamente a las responsabilidades políticas detrás de este caso. “Hay responsabilidades en este montaje de parte del Gobierno, del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, pero la participación operativa la tiene la Agencia Nacional de Inteligencia, y la unidad de inteligencia de Carabineros, bajo la responsabilidad del general Gonzalo Blu”, dijo a la prensa.
El subsecretario del Interior nuevamente era mencionado en el caso. Tal como ocurrió en septiembre, cuando explotó Huracán, los dardos políticos apuntaban a su modo de operación. Para la abogada Cuevas, por ejemplo, es incomprensible que pruebas tan débiles e imposibles de sostener hayan derivado en reuniones bilaterales entre Chile y Argentina, lideradas por Aleuy y la ministra Patricia Bullrich, para lograr desmantelar una supuesta red de internación de armas entre movimientos mapuches de ambos países.
El factor Aleuy
“Esto confirma los montajes que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo”, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile Rodrigo Curipán, werkén del lof Rankilko, respecto de los últimos antecedentes que se conocieron sobre la denominada Operación Huracán.
Curipán advirtió que es el subsecretario Aleuy el que debe asumir la responsabilidad política de los errores que se cometieron en el caso. En esa línea, comentó que no descartan presentar acciones judiciales contra los miembros del Gobierno, Carabineros y la Fiscalía que resulten responsables.
“Desde el punto de vista político Aleuy tiene toda la responsabilidad. Él no solo fue a Argentina, sino que además aseguraba que habían dado con una organización que estaba desestabilizando la zona de La Araucanía. La acusación que hace para criminalizar a los mapuches ha sido grave y hoy se cae a pedazos. Es legítimo que la sociedad chilena se dé cuenta quiénes están a cargo de investigar y quiénes están a cargo de hacer responsable a los mapuches”, sostuvo.
El dirigente mapuche indicó que además del subsecretario, la “Fiscalía de alta Complejidad tiene responsabilidad absoluta sobre cómo se han ido desarrollando los mecanismos mediante los cuales Carabineros presenta pruebas”.
Rodrigo Román, abogado defensor de Héctor Llaitul, quien fue uno de los ocho detenidos por esta causa, dijo que la primera responsabilidad debe recaer en contra del Ministerio Público. A su juicio, el fiscal nacional, Jorge Abbott, “sabía desde un comienzo de la inviabilidad de este caso y decidió insistir, toda vez que él ha actuado como receptor de la inteligencia policial”.
“Hay responsabilidades también del subsecretario del Interior e incluso de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, porque esto se enmarca en la política represiva que se ha desatado en Wallmapu. Aleuy es quien coordina el trabajo de inteligencia, por lo que él debe responder”, afirmó.
Eugenio Tuma (PPD), senador por la Región de la Araucanía, manifestó la necesidad de esclarecer la situación. Desde su perspectiva, “es muy pronto para establecer responsabilidades políticas o administrativas”. Mientras que desde el mismo partido el senador Harboe pide sanciones inmediatas a lo que califica de “lo más grave” que ha ocurrido desde que se inició la nueva reforma procesal penal.
¿Pero por qué se apunta tanto a Aleuy?
Más allá de las declaraciones que puedan dar a los medios de prensa las distintas autoridades de la nación, hay evidencias de dónde parte la Operación Huracán. Según documentos de la causa a los cuales accedió nuestro medio, el 20 de septiembre llegan los primeros antecedentes a manos del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, documento enviado por la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros.
Bajo el amparo de la Ley 19.974 de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la policía uniformada envió la información que dio inicio al polémico caso. No fue iniciado por el Ministerio Público. Incluso, fuentes ligadas a la causa relataron a nuestro medio durante los días siguientes a las detenciones de los mapuches que incluso los fiscales se veían confundidos con los antecedentes.
Con la Ley de Inteligencia el Gobierno puede recopilar información mediante las diligencias ordenadas a Carabineros o Policía de Investigaciones, las que deben ser autorizadas por la Corte de Apelaciones del territorio respectivo, esto para proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional. No puede la ANI comenzar una investigación judicial. Por lo mismo en la Operación Huracán los datos fueron entregados al Ministerio Público para que ellos comenzaran la historia ya conocida.
En tanto, el diputado PS Leonardo Soto, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, calificó como un “hecho muy grave”, la presunta manipulación de pruebas realizada por Carabineros. En ese sentido, anunció que propondrán citar al General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que explique la situación: “Los hechos dados a conocer no sólo avalan a los detenidos por está maquinación, sino que vuelven a poner un manto de duda sobre el trabajo de esta institución policial. Es insólito que el país aún no tenga una explicación formal por parte de la máxima autoridad y responsable de la policía uniformada, quien al estallar este caso alabó pública y profusamente los supuestos logros de la Dirección de Inteligencia”, expresó.
Pese a la explícita petición de que el Gobierno asumiera responsabilidades políticas por los ribetes que ha alcanzado la investigación, el subsecretario Aleuy se refirió al procedimiento a seguir. Así indicó que se van “mantener los canales judiciales y en el caso de la investigación misma y en el de Carabineros, vamos a pedir la máxima celeridad posible en el esclarecimiento de estos hechos (…)El Gobierno va a tomar decisiones en función de cómo avancen las investigaciones administrativas y judiciales”. También indicó que “de ser ciertas” las acusaciones que recaen sobre carabineros, “el costo institucional será alto”.
Este viernes efectivos de la PDI acudieron a allanar las dependencias de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Temuco. Sin embargo, carabineros de la oficina temuquense impidieron el retiro de la información de la causa, amparados en que no hubo aviso previo de la revisión. En tanto se resuelve el conflicto entre las policías, el cuartel permanece cerrado.
Mientras que desde la institución el general de la Dirección de Inteligencia, Gonzalo Blu, señaló que se ordenó un sumario administrativo luego de las acusaciones por presunta manipulación de pruebas. No obstante, defendió las diligencias realizadas por la institución, manifestando que le extraña la decisión de no perseverar que tomó la Fiscalía respecto de las indagatorias en torno a la Operación Huracán.
“Es lo más grave que ha ocurrido desde que existe el nuevo sistema penal”, esa era la coincidencia entre quienes evaluaban lo sucedido, luego que la Fiscalía Nacional confirmara que la denominada “Operación Huracán” había sido un montaje de Carabineros.
Conversaciones implantadas con posterioridad a la incautación de teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería celular no disponibles en todos los móviles de los ocho acusados y contar únicamente con conversaciones escritas como prueba para demostrar la asociación ilícita y terrorista fueron parte de las conclusiones a las que llegó la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
Acto seguido se informó del cierre de la investigación . El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, además comunicó que abrirán una investigación penal por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a las indagatorias que se estaban realizando en el marco de este caso.
De inmediato vinieron las reacciones, las primeras de los imputados y sus defensores. Entre ellos, Patricia Cuevas, defensora de Héctor Llaitul, recordó a nuestro medio que ellos siempre habían alertado de la debilidad de las pruebas con las que pretendían levantar la investigación; también acusó a Carabineros por no respetar la Constitución política inmiscuyéndose en acciones que son propias del Ministerio Público.
La defensora fue más allá al advertir que revisarán otras causas en donde hay mapuches involucrados, esto para tener certeza jurídica de que este tipo de montajes no se ha repetido antes: “No sabemos cuáles son las consideraciones de Carabineros para investigar a unas personas y no a otras; tampoco por qué se saltan el curso natural del proceso y se las vincula (a los imputados), a estas personas, con la violencia rural. No puede ser que Carabineros investigue sin ninguna razón. Es Fiscalía quien debe llevar estos temas. Ellos son los que tienen el deber de objetividad”.
No solo ella habló, el propio Héctor Llaitul acusó que el único fin que tenía este operativo era el de desarticular a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Sus dardos apuntaron directamente a las responsabilidades políticas detrás de este caso. “Hay responsabilidades en este montaje de parte del Gobierno, del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, pero la participación operativa la tiene la Agencia Nacional de Inteligencia, y la unidad de inteligencia de Carabineros, bajo la responsabilidad del general Gonzalo Blu”, dijo a la prensa.
El subsecretario del Interior nuevamente era mencionado en el caso. Tal como ocurrió en septiembre, cuando explotó Huracán, los dardos políticos apuntaban a su modo de operación. Para la abogada Cuevas, por ejemplo, es incomprensible que pruebas tan débiles e imposibles de sostener hayan derivado en reuniones bilaterales entre Chile y Argentina, lideradas por Aleuy y la ministra Patricia Bullrich, para lograr desmantelar una supuesta red de internación de armas entre movimientos mapuches de ambos países.
El factor Aleuy
“Esto confirma los montajes que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo”, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile Rodrigo Curipán, werkén del lof Rankilko, respecto de los últimos antecedentes que se conocieron sobre la denominada Operación Huracán.
Curipán advirtió que es el subsecretario Aleuy el que debe asumir la responsabilidad política de los errores que se cometieron en el caso. En esa línea, comentó que no descartan presentar acciones judiciales contra los miembros del Gobierno, Carabineros y la Fiscalía que resulten responsables.
“Desde el punto de vista político Aleuy tiene toda la responsabilidad. Él no solo fue a Argentina, sino que además aseguraba que habían dado con una organización que estaba desestabilizando la zona de La Araucanía. La acusación que hace para criminalizar a los mapuches ha sido grave y hoy se cae a pedazos. Es legítimo que la sociedad chilena se dé cuenta quiénes están a cargo de investigar y quiénes están a cargo de hacer responsable a los mapuches”, sostuvo.
El dirigente mapuche indicó que además del subsecretario, la “Fiscalía de alta Complejidad tiene responsabilidad absoluta sobre cómo se han ido desarrollando los mecanismos mediante los cuales Carabineros presenta pruebas”.
Rodrigo Román, abogado defensor de Héctor Llaitul, quien fue uno de los ocho detenidos por esta causa, dijo que la primera responsabilidad debe recaer en contra del Ministerio Público. A su juicio, el fiscal nacional, Jorge Abbott, “sabía desde un comienzo de la inviabilidad de este caso y decidió insistir, toda vez que él ha actuado como receptor de la inteligencia policial”.
“Hay responsabilidades también del subsecretario del Interior e incluso de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, porque esto se enmarca en la política represiva que se ha desatado en Wallmapu. Aleuy es quien coordina el trabajo de inteligencia, por lo que él debe responder”, afirmó.
Eugenio Tuma (PPD), senador por la Región de la Araucanía, manifestó la necesidad de esclarecer la situación. Desde su perspectiva, “es muy pronto para establecer responsabilidades políticas o administrativas”. Mientras que desde el mismo partido el senador Harboe pide sanciones inmediatas a lo que califica de “lo más grave” que ha ocurrido desde que se inició la nueva reforma procesal penal.
¿Pero por qué se apunta tanto a Aleuy?
Más allá de las declaraciones que puedan dar a los medios de prensa las distintas autoridades de la nación, hay evidencias de dónde parte la Operación Huracán. Según documentos de la causa a los cuales accedió nuestro medio, el 20 de septiembre llegan los primeros antecedentes a manos del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, documento enviado por la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros.
Bajo el amparo de la Ley 19.974 de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la policía uniformada envió la información que dio inicio al polémico caso. No fue iniciado por el Ministerio Público. Incluso, fuentes ligadas a la causa relataron a nuestro medio durante los días siguientes a las detenciones de los mapuches que incluso los fiscales se veían confundidos con los antecedentes.
Con la Ley de Inteligencia el Gobierno puede recopilar información mediante las diligencias ordenadas a Carabineros o Policía de Investigaciones, las que deben ser autorizadas por la Corte de Apelaciones del territorio respectivo, esto para proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional. No puede la ANI comenzar una investigación judicial. Por lo mismo en la Operación Huracán los datos fueron entregados al Ministerio Público para que ellos comenzaran la historia ya conocida.
En tanto, el diputado PS Leonardo Soto, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, calificó como un “hecho muy grave”, la presunta manipulación de pruebas realizada por Carabineros. En ese sentido, anunció que propondrán citar al General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que explique la situación: “Los hechos dados a conocer no sólo avalan a los detenidos por está maquinación, sino que vuelven a poner un manto de duda sobre el trabajo de esta institución policial. Es insólito que el país aún no tenga una explicación formal por parte de la máxima autoridad y responsable de la policía uniformada, quien al estallar este caso alabó pública y profusamente los supuestos logros de la Dirección de Inteligencia”, expresó.
Pese a la explícita petición de que el Gobierno asumiera responsabilidades políticas por los ribetes que ha alcanzado la investigación, el subsecretario Aleuy se refirió al procedimiento a seguir. Así indicó que se van “mantener los canales judiciales y en el caso de la investigación misma y en el de Carabineros, vamos a pedir la máxima celeridad posible en el esclarecimiento de estos hechos (…)El Gobierno va a tomar decisiones en función de cómo avancen las investigaciones administrativas y judiciales”. También indicó que “de ser ciertas” las acusaciones que recaen sobre carabineros, “el costo institucional será alto”.
Este viernes efectivos de la PDI acudieron a allanar las dependencias de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Temuco. Sin embargo, carabineros de la oficina temuquense impidieron el retiro de la información de la causa, amparados en que no hubo aviso previo de la revisión. En tanto se resuelve el conflicto entre las policías, el cuartel permanece cerrado.
Mientras que desde la institución el general de la Dirección de Inteligencia, Gonzalo Blu, señaló que se ordenó un sumario administrativo luego de las acusaciones por presunta manipulación de pruebas. No obstante, defendió las diligencias realizadas por la institución, manifestando que le extraña la decisión de no perseverar que tomó la Fiscalía respecto de las indagatorias en torno a la Operación Huracán.
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