Diario y Radio Uchile

Año X, 22 de febrero de 2018

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Recrudecimiento de violencia infantil reabre debate de condenas

El crimen contra Sophia volvió a poner en la discusión pública la reinstauración de la pena de muerte, incluso el senador Iván Moreira (UDI) ya comprometió discusión al respecto. Movimientos sociales reclaman mayor dureza en la aplicación de las penas y expertos explican las reales posibilidades de que la pena impuesta por los tribunales satisfaga el reclamo ciudadano.

Camilo Villa J.

  Jueves 1 de febrero 2018 18:57 hrs. 
foto sofia

Consternación ha causado en todo el país el parricidio, el pasado 25 de enero, de Sophia, una menor de un año y 11 meses víctima de su propio padre. Tal ha sido el impacto que ya hay iniciativas que piden mayores penas para los culpables.

Inmediatamente las muestras de rechazo se expandieron desde Puerto Montt –donde se ejecutó el parricidio- hasta las distintas ciudades de Chile bajo la demanda de una llamada Ley Sophia, iniciativa que pretende endurecer las penas a quienes maltraten y/o abusen de menores.

En ese sentido, Silvana Tobar, vocera de Ley Sophia en Santiago, explicó que sus principales demandas consisten en la modificación del presidio perpetuo calificado, así como de todas las que se asocien a maltrato, abuso y violación a menores. También esperan que los condenados no obtengan ningún tipo de beneficio carcelario ni que se puedan rebajar sus condenas. Para el caso de los violadores exigen la castración química.

Para la directora de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), Claudia Dides, la situación acontecida con la pequeña Sophia debe servir para remecer a la sociedad y todas las instituciones de Chile –en especial las judiciales-, para que acaben con el velo de impunidad que se respira en el país.

“Lo que nos parece complejo es que cuando los condenados comienzan a portarse bien, se les bajan las penas. Aquí nos parece que la situación es grave. En este caso (de Sophia) se comenzó por el abuso y terminó con el asesinato de una niña de un año, y eso nos parece brutal. Creo que la situación en la opinión pública es de una sensación de impunidad frente a este tipo de actos”, comentó.

Pese a que ni Silvina Tobar ni Claudia Dides lo demandan, diversos sectores de la ciudadanía han reivindicado la pena de muerte para situaciones de gravedad extrema como la acontecida en Puerto Montt. De hecho, el senador UDI Iván Moreira confirmó que analizará, junto a un equipo de abogados constitucionalistas, la opción de restituir la pena de muerte para casos de violencia y muerte a menores de edad.

Para entender las reales probabilidades que esto pueda ocurrir, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el Juez Oral en lo Penal, Raúl Baldomino, quien aclaró la factibilidad de esta propuesta que tanta polémica genera en Chile.

El magistrado explicó que efectivamente la pena de muerte no está completamente derogada en nuestro país, pero que aplicarla sería muy complejo:

“En el Código de Justicia Militar para los delitos de traición a la patria en tiempos de guerra todavía existe, esto quiere decir que la hay, solo que se restringe a  esta materia. En el Código Penal no hay pena de muerte y Chile ha suscrito tratados internacionales en contra de ella. Entonces si se quisiera establecer nuevamente, nuestro país en primer lugar tendría que abandonar aquellos tratados, lo que es difícil”, afirmó.

En cuanto al aumento de penas para el parricidio, el juez Baldomino  aclaró que este delito tiene una pena alta, y cuando hay violación de por medio, la condena puede ser de presidio perpetuo simple a calificado. “En caso de que se quieran aumentar las penas ya establecidas para este tipo de delitos, la tarea recaería en el parlamento con la implementación de una nueva ley, a la que le bastaría una mayoría simple”, afirmó a nuestro medio.

Por su parte, David Órdenes, Director de Corporación La Caleta,  considera que si bien las medidas represivas son necesarias, no bastan para cambiar y remediar la situación de maltrato infantil. En ese sentido aseguró que lo que se requiere con mayor urgencia son acciones preventivas que vayan directamente al ámbito social, cultural y económico. En cuanto a los ya condenados, Órdenes cree que si bien deben cumplir penas justas, también se les debe dar la oportunidad de reinserción social.

“Estas personas deben tener una oportunidad, pero una oportunidad que realmente ofrezca posibilidades de cambio en sus vidas. Actualmente el sistema no lo hace así, no está ofreciendo ninguna posibilidad de rehabilitación y por tanto hacemos un llamado a que el sistema carcelario sea un sistema realmente educativo”, dijo.

En cuanto a la protección que tienen los niños en nuestro país, Ordenes expresó que falta mucho en esta materia, y el panorama actual continuará reproduciéndose mientras la situación no cambie.

“Estas cosas seguirán sucediendo mientras Chile no tenga una legislación con un defensor de la niñez que tenga potestad, autonomía y recursos para que enfrente claramente las vulneraciones de derechos que sufren los niños” afirmó.

Dentro de este contexto, este jueves se dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Consejo Nacional de la Infancia, entre los cuales se revela que el diez por ciento de los niños en Chile han sufrido 14 o más situaciones de violencia en su vida.

Consternación ha causado en todo el país el parricidio, el pasado 25 de enero, de Sophia, una menor de un año y 11 meses víctima de su propio padre. Tal ha sido el impacto que ya hay iniciativas que piden mayores penas para los culpables.

Inmediatamente las muestras de rechazo se expandieron desde Puerto Montt –donde se ejecutó el parricidio- hasta las distintas ciudades de Chile bajo la demanda de una llamada Ley Sophia, iniciativa que pretende endurecer las penas a quienes maltraten y/o abusen de menores.

En ese sentido, Silvana Tobar, vocera de Ley Sophia en Santiago, explicó que sus principales demandas consisten en la modificación del presidio perpetuo calificado, así como de todas las que se asocien a maltrato, abuso y violación a menores. También esperan que los condenados no obtengan ningún tipo de beneficio carcelario ni que se puedan rebajar sus condenas. Para el caso de los violadores exigen la castración química.

Para la directora de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), Claudia Dides, la situación acontecida con la pequeña Sophia debe servir para remecer a la sociedad y todas las instituciones de Chile –en especial las judiciales-, para que acaben con el velo de impunidad que se respira en el país.

“Lo que nos parece complejo es que cuando los condenados comienzan a portarse bien, se les bajan las penas. Aquí nos parece que la situación es grave. En este caso (de Sophia) se comenzó por el abuso y terminó con el asesinato de una niña de un año, y eso nos parece brutal. Creo que la situación en la opinión pública es de una sensación de impunidad frente a este tipo de actos”, comentó.

Pese a que ni Silvina Tobar ni Claudia Dides lo demandan, diversos sectores de la ciudadanía han reivindicado la pena de muerte para situaciones de gravedad extrema como la acontecida en Puerto Montt. De hecho, el senador UDI Iván Moreira confirmó que analizará, junto a un equipo de abogados constitucionalistas, la opción de restituir la pena de muerte para casos de violencia y muerte a menores de edad.

Para entender las reales probabilidades que esto pueda ocurrir, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el Juez Oral en lo Penal, Raúl Baldomino, quien aclaró la factibilidad de esta propuesta que tanta polémica genera en Chile.

El magistrado explicó que efectivamente la pena de muerte no está completamente derogada en nuestro país, pero que aplicarla sería muy complejo:

“En el Código de Justicia Militar para los delitos de traición a la patria en tiempos de guerra todavía existe, esto quiere decir que la hay, solo que se restringe a  esta materia. En el Código Penal no hay pena de muerte y Chile ha suscrito tratados internacionales en contra de ella. Entonces si se quisiera establecer nuevamente, nuestro país en primer lugar tendría que abandonar aquellos tratados, lo que es difícil”, afirmó.

En cuanto al aumento de penas para el parricidio, el juez Baldomino  aclaró que este delito tiene una pena alta, y cuando hay violación de por medio, la condena puede ser de presidio perpetuo simple a calificado. “En caso de que se quieran aumentar las penas ya establecidas para este tipo de delitos, la tarea recaería en el parlamento con la implementación de una nueva ley, a la que le bastaría una mayoría simple”, afirmó a nuestro medio.

Por su parte, David Órdenes, Director de Corporación La Caleta,  considera que si bien las medidas represivas son necesarias, no bastan para cambiar y remediar la situación de maltrato infantil. En ese sentido aseguró que lo que se requiere con mayor urgencia son acciones preventivas que vayan directamente al ámbito social, cultural y económico. En cuanto a los ya condenados, Órdenes cree que si bien deben cumplir penas justas, también se les debe dar la oportunidad de reinserción social.

“Estas personas deben tener una oportunidad, pero una oportunidad que realmente ofrezca posibilidades de cambio en sus vidas. Actualmente el sistema no lo hace así, no está ofreciendo ninguna posibilidad de rehabilitación y por tanto hacemos un llamado a que el sistema carcelario sea un sistema realmente educativo”, dijo.

En cuanto a la protección que tienen los niños en nuestro país, Ordenes expresó que falta mucho en esta materia, y el panorama actual continuará reproduciéndose mientras la situación no cambie.

“Estas cosas seguirán sucediendo mientras Chile no tenga una legislación con un defensor de la niñez que tenga potestad, autonomía y recursos para que enfrente claramente las vulneraciones de derechos que sufren los niños” afirmó.

Dentro de este contexto, este jueves se dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Consejo Nacional de la Infancia, entre los cuales se revela que el diez por ciento de los niños en Chile han sufrido 14 o más situaciones de violencia en su vida.