El caso de Sophia, quien fue maltratada y asesinada supuestamente por su padre remece a quienquiera que lo conozca. Es difícil imaginar más violencia. Sin embargo, reponer la pena de muerte en Chile – como se ha estado planteando en el debate público estos días – sería responder a esa violencia, con más violencia. La respuesta debe ser reducir la violencia, no ocasionar más muertes.

Son múltiples las razones por las cuales me opongo a la pena de muerte, como también lo hace Amnistía Internacional en todo el mundo. Esbozo aquí sólo algunas de ellas.

Primero, no existen pruebas verosímiles de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de forma más eficaz que la pena de prisión. Los datos en Chile parecen confirmar esto: la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, identificó que entre 1955 y 2012, Chile nunca ha registrado una tasa de homicidios mayor a 5 por cada 100 mil habitantes, siendo una de las más bajas de la región. La abolición de la pena de muerte no hizo una diferencia significativa en las cifras: la tasa de homicidios venía subiendo desde 1997 y tras la derogación de la pena de muerte en 2001 no siguió subiendo, sino que se estabilizó en torno a 3, siendo 3,1 en 2012 (UNODC, Global Study on Homicide, 2013). InSight Crime sitúa la tasa en 3,3 para 2017. Para dar una referencia, en Brasil en 2017 fue de 29,7 y 89 en Venezuela.

En este sentido, es interesante mirar el caso de Estados Unidos de América, donde algunos estados mantienen la pena de muerte y otros no. De acuerdo a cifras del Death Penalty Information Center, en 2016 la tasa promedio de homicidios en estados que mantienen la pena de muerte es de 5,4 por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa promedio en estados abolicionistas es de 3,9.

Segundo, el hecho de que transforma el error judicial en algo irreversible. Es imposible tener un sistema procesal penal que sea absolutamente infalible. Chile, por supuesto, no es la excepción. El Proyecto Inocentes, de la Defensoría Penal Pública, documenta casos de personas cuyas causas han sido tramitadas bajo la vigencia de la reforma procesal penal y en las que fueron privadas de libertad injustamente, porque no cometieron el delito que se les imputó o porque el hecho imputado jamás existió. En su página web existe ya información de más de 60 casos de personas que siendo supuestamente culpables finalmente resultaron ser inocentes.

Y esto tiene una preocupación adicional. A propósito de la visita del Papa Francisco, causaron gran impacto los dichos de la capellana de la cárcel de mujeres, cuando señaló que “en Chile se encarcela la pobreza”. Eso es cierto en todos los países: el sistema penal tiende a ser más duro con las personas que viven en la pobreza, con las minorías, con los extranjeros, con los grupos más vulnerables y discriminados. Cuando existe la pena de muerte, no sólo se encarcela la pobreza, sino que además se la mata.

La pena de muerte es una violación a los derechos humanos establecida por ley, y el respeto a los derechos humanos exige que no sea usada bajo ninguna circunstancia. Atenta contra el derecho a la vida, es el caso más extremo de pena cruel, inhumana y degradante.

En las últimas décadas se ha ido progresivamente aboliendo en todo el mundo. Existe un consenso en los diferentes organismos de Naciones Unidas y en el sistema interamericano que el respeto a los derechos humanos exige ponerse como meta su abolición en todo el mundo, y Chile ha suscrito y ratificado los tratados y protocolos que contienen ese mismo compromiso.

La tendencia ha continuado. Cuando Chile se sumó a esta senda y derogó la pena de muerte en el Código Penal, fue el país número 109 en el mundo, y se mantenía vigente en 87 países. Al término de 2017, eran 142 los países abolicionistas en la ley o en la práctica, y 56 los que la mantienen.

El horror ante un crimen espantoso no puede ser el móvil para legislar. Reponer la pena de muerte constituiría un retroceso grave en la protección de los derechos humanos en Chile, y contrario a la tendencia mundial en la materia. Así lo ha reconocido el propio Presidente electo, Sr. Sebastián Piñera, quien siendo Senador fue un activo opositor a la pena de muerte, presentando incluso un proyecto de ley para abolirla en todos nuestros cuerpos legales.

Nada de esto pretende minimizar o aceptar la delincuencia. Las familias que han perdido a seres queridos en crímenes terribles tienen derecho a ver a la persona responsable rendir cuentas en un juicio justo. Pero, como han dicho muchas de estas familias, la pena de muerte no puede verdaderamente aliviar su sufrimiento. Simplemente extiende ese sufrimiento a las personas allegadas a la persona condenada, sin conseguir el objetivo de prevenir delitos futuros.

No se puede detener la muerte, con más muerte.