Diario y Radio Uchile

Año X, 22 de febrero de 2018

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Corte de Apelaciones respalda a Fiscal Gómez en caso SQM

El recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado fue rechazado por la Corte de Apelaciones. Este caso, que implicará el pago de $2.500 millones de pesos para la minera no metálica, quedará en la historia como una muestra de la justicia negociada entre el Ministerio Público y la defensa de SQM, en una causa con gran connotación pública y que develó los delitos de cohecho y soborno en altas esferas de la política.

Nicolás Massai D.

  Miércoles 14 de febrero 2018 18:25 hrs. 
Soquimich, a Chilean company, is the world's largest producer of lithium, a pioneering remedy for manic depression taken by 3 million Americans. It's pumped out  of the Atacama Salt Flats in northern Chile, September 6, 2000. Photographer: Michael Smith. Bloomberg News

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó por unanimidad de sus integrantes la suspensión condicional del procedimiento contra SQM, medida que había sido aprobada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y que causó una reclamación por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que argumentó que en base a los antecedentes “la responsabilidad de las personas jurídicas involucradas” resultaba “palmaria”, es decir, evidente.

La decisión del Tribunal de Alzada se basó en la discrecionalidad del Ministerio Público y en que el fiscal a cargo, Pablo Gómez, es “quien se encuentra en mejor posición para juzgar la conveniencia del acuerdo como conductor”.

A renglón seguido, la autonomía del órgano persecutor se siguió argumentando por los tres jueces: “la decisión de ir o no a juicio oral corresponde al Fiscal atento a su rol de evaluador previo de las evidencias y estrategia al efecto; así, no puede el querellante decidir pues no le corresponde. Lo anterior, con la excepción anotada de que el acuerdo estuviese fuera de la norma o del marco legal, que tuviese interés prevalente ya anotado lo que, evidentemente, no ocurre”.

El abogado de SQM, Hugo Rivera, habló en uno de los pasillos de los Tribunales de Justicia. Sonriente, respaldó el fallo de Apelaciones y dijo que “la ley es la ley, estamos en un Estado de derecho. Es una resolución que da mucha tranquilidad”. Luego apuntó a las críticas que han existido sobre la empresa ligada a Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet.

“No es como se dijo ayer, que hay un tendencia y una actitud proclive al delito. No. Son empresas que producen mucho dinero, y que al fisco de Chile le va a producir más de 10 mil millones de dólares hasta el año 2030”, declaró, en relación al acuerdo de extracción de litio logrado por la minera no metálica y Corfo.

La noticia circuló rápidamente y llegó hasta las oficinas del mismo CDE. La reacción vino de parte de su abogada, Luppy Aguirre, quien volvió a destacar la importancia que implicaba marcar un precedente a partir de este episodio judicial.

“No compartimos la decisión del Ministerio Público que fue ratificada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, dado básicamente los argumentos que pusimos en estrado y que seguimos manteniendo. El Consejo considera que, dada la gravedad de esta causa, es de esos casos que sin duda debía ir a juicio y no ser objeto de una suspensión condicional, pero ciertamente respetamos la decisión de nuestros tribunales”, dijo.

La señal política

La medida confirmada por el Tribunal de Alzada crea un ambiente de incertidumbre respecto de la investigación de los delitos de ‘cuello y corbata’. Las sospechas se profundizan cuando se recuerdan los personajes de los dos bandos del duopolio que recibieron financiamiento irregular.

A comienzos de febrero, Mauricio Daza, uno de los abogados querellantes, declaró que la prescripción en esta causa fue “utilizada como excusa para no investigar. Eso es muy grave porque estamos hablando de la imputación de la existencia de una red de corrupción que habría operado durante décadas y a partir de la que se habría entregado dineros en forma ilícita a  múltiples actores de todos los sectores de nuestra política”.

Anticipando este escenario, el abogado había dicho que la aplicación de estas normas de prescripción “respecto de una causa en la que se investigan hechos graves de corrupción implica, en la práctica, impunidad”.

El pago de los 2 mil 500 millones de pesos corresponde a la condición que debe cumplir la minera para evitar ir al juicio oral, de los cuales 900 irán para las arcas del fisco. El fiscal a cargo de este caso, Pablo Gómez, se mostró muy contento con esta noticia. “Estamos muy satisfechos. Creemos que es una excelente salida para el caso”, indicó a Radio Cooperativa, y agregó que se comunicó con las fundaciones que serán beneficiadas con distintos montos, las que le transmitieron una alegría “total”.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó por unanimidad de sus integrantes la suspensión condicional del procedimiento contra SQM, medida que había sido aprobada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y que causó una reclamación por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que argumentó que en base a los antecedentes “la responsabilidad de las personas jurídicas involucradas” resultaba “palmaria”, es decir, evidente.

La decisión del Tribunal de Alzada se basó en la discrecionalidad del Ministerio Público y en que el fiscal a cargo, Pablo Gómez, es “quien se encuentra en mejor posición para juzgar la conveniencia del acuerdo como conductor”.

A renglón seguido, la autonomía del órgano persecutor se siguió argumentando por los tres jueces: “la decisión de ir o no a juicio oral corresponde al Fiscal atento a su rol de evaluador previo de las evidencias y estrategia al efecto; así, no puede el querellante decidir pues no le corresponde. Lo anterior, con la excepción anotada de que el acuerdo estuviese fuera de la norma o del marco legal, que tuviese interés prevalente ya anotado lo que, evidentemente, no ocurre”.

El abogado de SQM, Hugo Rivera, habló en uno de los pasillos de los Tribunales de Justicia. Sonriente, respaldó el fallo de Apelaciones y dijo que “la ley es la ley, estamos en un Estado de derecho. Es una resolución que da mucha tranquilidad”. Luego apuntó a las críticas que han existido sobre la empresa ligada a Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet.

“No es como se dijo ayer, que hay un tendencia y una actitud proclive al delito. No. Son empresas que producen mucho dinero, y que al fisco de Chile le va a producir más de 10 mil millones de dólares hasta el año 2030”, declaró, en relación al acuerdo de extracción de litio logrado por la minera no metálica y Corfo.

La noticia circuló rápidamente y llegó hasta las oficinas del mismo CDE. La reacción vino de parte de su abogada, Luppy Aguirre, quien volvió a destacar la importancia que implicaba marcar un precedente a partir de este episodio judicial.

“No compartimos la decisión del Ministerio Público que fue ratificada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, dado básicamente los argumentos que pusimos en estrado y que seguimos manteniendo. El Consejo considera que, dada la gravedad de esta causa, es de esos casos que sin duda debía ir a juicio y no ser objeto de una suspensión condicional, pero ciertamente respetamos la decisión de nuestros tribunales”, dijo.

La señal política

La medida confirmada por el Tribunal de Alzada crea un ambiente de incertidumbre respecto de la investigación de los delitos de ‘cuello y corbata’. Las sospechas se profundizan cuando se recuerdan los personajes de los dos bandos del duopolio que recibieron financiamiento irregular.

A comienzos de febrero, Mauricio Daza, uno de los abogados querellantes, declaró que la prescripción en esta causa fue “utilizada como excusa para no investigar. Eso es muy grave porque estamos hablando de la imputación de la existencia de una red de corrupción que habría operado durante décadas y a partir de la que se habría entregado dineros en forma ilícita a  múltiples actores de todos los sectores de nuestra política”.

Anticipando este escenario, el abogado había dicho que la aplicación de estas normas de prescripción “respecto de una causa en la que se investigan hechos graves de corrupción implica, en la práctica, impunidad”.

El pago de los 2 mil 500 millones de pesos corresponde a la condición que debe cumplir la minera para evitar ir al juicio oral, de los cuales 900 irán para las arcas del fisco. El fiscal a cargo de este caso, Pablo Gómez, se mostró muy contento con esta noticia. “Estamos muy satisfechos. Creemos que es una excelente salida para el caso”, indicó a Radio Cooperativa, y agregó que se comunicó con las fundaciones que serán beneficiadas con distintos montos, las que le transmitieron una alegría “total”.