Caso de Diana Sacayán instala el “travesticidio” como crimen de odio
En marzo comenzará la audiencia en contra del principal sospechoso de su asesinato, ocurrido en 2015, que intentará crear esta figura legal nueva en Latinoamérica, paralela al femicidio, que habla de un odio histórico y social hacia esas comunidades. En vida, esta militante por los derechos de la diversidad sexual impulsó una ley inédita de cupo laboral trans en Argentina. Aquella regulación, aprobada en el parlamento bonaerense y entorpecida por el macrismo, pretende asegurar un uno por ciento de puestos de trabajo en entidades estatales para personas transexuales, transgénero y travestis. Estas son las huellas de una figura inspiradora y combativa, con ideas que podrían cruzar la frontera a Chile.
Miércoles 14 de febrero 2018 18:29 hrs.
El 11 de octubre de 2015 mataron a Amancay Diana Sacayán en su departamento de calle Rivadavia, en Buenos Aires. Los medios de comunicación contaron ese día acerca del asesinato de la “militante trans que había recibido su DNI de parte de Cristina Fernández” en referencia al episodio sucedido tres años antes, cuando la presidenta de Argentina le entregó a ella su nuevo documento de identidad, el que le permitió adoptar su nombre femenino de manera oficial, ante la ley.
El juicio oral por el asesinato iba a comenzar este viernes 16 de febrero ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 4, pero a última hora se aplazó para el 12 de marzo. La querella es encabezada por Sacha Sacayán, hermano de Diana, y el principal imputado es Gabriel Marino, quien fue detenido 17 días después del suceso.
La sentencia de la justicia trasandina podría convertirse en un precedente a nivel latinoamericano en cuanto a este tipo de violencia, pues la tesis del activismo desestimó de raíz la versión que se manejó en un principio en algunos sectores: que este había sido una especie de crimen pasional. La figura legal que argumentarán los abogados querellantes, entonces, será la de “feminicidio” –así se denomina en Argentina lo que conocemos como femicidio– ya que los fiscales Matías Di Lello y Labozzetta estimaron que el crimen de Diana Sacayán fue un travesticidio, es decir, que Diana fue asesinada con un alto grado de violencia “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI)”.
Los persecutores argentinos consideraron que la identificación del género de una persona debe ser hecha en función de su identidad de género y que esta determina la conducta tipificada en el Código Penal. En este caso, postularon que se trataba de un homicidio cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, pues el término “mujer” incluye a todas las personas que tienen una identidad femenina.
“Por primera vez en la historia se van a pronunciar sobre las muertes de las travestis. Lo que venimos haciendo durante estos dos años es construir la forma y la manera para que ellos puedan llegar a decir que esto fue un travesticidio, un crimen de odio”, comenta Sasha en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.
“Hablamos de violencia estructural, que tiene que ver con toda la violencia sistemática que existe sobre las vidas de las travestis, de las mujeres trans”, agrega.
La activista
La lucha de Diana Sacayán empezó antes de que en Argentina se diera inicio a la batalla en términos legislativos de la diversidad sexual. Karina Nazabal, ex diputada del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, cuenta que desde la década de los 90 se le podía ver entre la gente.
“Fue una militante social que salió a cortar calles para reclamar comida para sus vecinos y vecinas y que, después en un momento de mayor construcción de derechos, como en la última década, se puso a la cabeza de reclamos significativos, como la identidad de género y el cupo laboral trans”, dice.
Esta última regulación, sancionada favorablemente por el parlamento de Buenos Aires en 2015, pretende asegurar un uno por ciento de puestos de trabajo para transgéneros, transexuales y travestis en las entidades pertenecientes al sector público, como el poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y en todas las empresas y sociedades estatales de la provincia.
“Diana fue la gran mentora, impulsora y promotora de la ley. Fue a poner su propia experiencia y la historia de sus compañeras con las que militaba hace muchos años. Habló de la urgencia de que estas personas pudieran tener un empleo digno”, cuenta Karina Nazabal.
Sin embargo, y pese a la lucha y a la aprobación, la ley de cupo laboral trans -que fue renombrada como “Ley Diana Sacayán”- no ha sido firmada por la gobernadora María Eugenia Vidal, militante de Cambiemos, el partido de Mauricio Macri.
“Ella decide todos los días no firmar ese decreto reglamentario y dejar así, fuera de este derecho, a muchísimas mujeres y varones trans, además de travestis. Afortunadamente, y por la lucha de las organizaciones y todo lo que Diana sembró respecto de la necesidad de que esta ley sea una política pública activa en todo el territorio, algunos municipios y otras provincias han avanzado y han construido sus propias ordenanzas y leyes para la aplicación del cupo laboral”, termina Nazabal.
Lecciones para Chile
En Chile no hay antecedentes de estas características; ni siquiera una ley que permita modificar el género de manera legal. Si bien no hay duda de que la película “Una mujer fantástica” –protagonizada por la actriz Daniela Vega– ha abierto el debate sobre la discriminación que sufre esta población, todavía no ha existido voluntad política real para alcanzar a despachar, durante este gobierno, una regulación que avance en derechos concretos.
El ejemplo de Diana Sacayán lleva a pensar en la viabilidad que tendría una legislación como la que ella ideó pero en este lado de la cordillera. Zuliana Araya, concejala trans de Valparaíso, y activista que conoció a Sacayán, reflexiona que estamos lejos de eso: “este país ha estado muy atrasado. Falta no tanto en la gente; falta en los políticos. Imagínate la ley de identidad de género, donde toda las personas de derecha, incluyendo el electo presidente, son totalmente homofóbicos y discriminadores. Esa ley es la necesitamos y queremos, por la lucha que hemos hecho durante muchos años”.
Por su parte, Víctor Hugo Robles, periodista y activista por los derechos de la diversidad sexual, quien también conoció a Diana Sacayán, comenta que este ejemplo trasandino debiera aprenderse en Chile.
“Me parece que el nuevo Parlamento que se va a instalar en marzo tiene la oportunidad histórica para ir avanzando en derechos de la comunidad de la diversidad sexual, corriendo los cercos de la discriminación y de la injusticia social, y presentar estos proyectos de avanzada como en el caso argentino. Yo hago un llamado a los parlamentarios de la Nueva Mayoría, a los parlamentarios liberales de la derecha, a los parlamentarios del Frente Amplio, a escuchar a las comunidades trans e ir avanzando en derechos”, enfatiza.
El 11 de octubre de 2015 mataron a Amancay Diana Sacayán en su departamento de calle Rivadavia, en Buenos Aires. Los medios de comunicación contaron ese día acerca del asesinato de la “militante trans que había recibido su DNI de parte de Cristina Fernández” en referencia al episodio sucedido tres años antes, cuando la presidenta de Argentina le entregó a ella su nuevo documento de identidad, el que le permitió adoptar su nombre femenino de manera oficial, ante la ley.
El juicio oral por el asesinato iba a comenzar este viernes 16 de febrero ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 4, pero a última hora se aplazó para el 12 de marzo. La querella es encabezada por Sacha Sacayán, hermano de Diana, y el principal imputado es Gabriel Marino, quien fue detenido 17 días después del suceso.
La sentencia de la justicia trasandina podría convertirse en un precedente a nivel latinoamericano en cuanto a este tipo de violencia, pues la tesis del activismo desestimó de raíz la versión que se manejó en un principio en algunos sectores: que este había sido una especie de crimen pasional. La figura legal que argumentarán los abogados querellantes, entonces, será la de “feminicidio” –así se denomina en Argentina lo que conocemos como femicidio– ya que los fiscales Matías Di Lello y Labozzetta estimaron que el crimen de Diana Sacayán fue un travesticidio, es decir, que Diana fue asesinada con un alto grado de violencia “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI)”.
Los persecutores argentinos consideraron que la identificación del género de una persona debe ser hecha en función de su identidad de género y que esta determina la conducta tipificada en el Código Penal. En este caso, postularon que se trataba de un homicidio cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, pues el término “mujer” incluye a todas las personas que tienen una identidad femenina.
“Por primera vez en la historia se van a pronunciar sobre las muertes de las travestis. Lo que venimos haciendo durante estos dos años es construir la forma y la manera para que ellos puedan llegar a decir que esto fue un travesticidio, un crimen de odio”, comenta Sasha en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.
“Hablamos de violencia estructural, que tiene que ver con toda la violencia sistemática que existe sobre las vidas de las travestis, de las mujeres trans”, agrega.
La activista
La lucha de Diana Sacayán empezó antes de que en Argentina se diera inicio a la batalla en términos legislativos de la diversidad sexual. Karina Nazabal, ex diputada del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, cuenta que desde la década de los 90 se le podía ver entre la gente.
“Fue una militante social que salió a cortar calles para reclamar comida para sus vecinos y vecinas y que, después en un momento de mayor construcción de derechos, como en la última década, se puso a la cabeza de reclamos significativos, como la identidad de género y el cupo laboral trans”, dice.
Esta última regulación, sancionada favorablemente por el parlamento de Buenos Aires en 2015, pretende asegurar un uno por ciento de puestos de trabajo para transgéneros, transexuales y travestis en las entidades pertenecientes al sector público, como el poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y en todas las empresas y sociedades estatales de la provincia.
“Diana fue la gran mentora, impulsora y promotora de la ley. Fue a poner su propia experiencia y la historia de sus compañeras con las que militaba hace muchos años. Habló de la urgencia de que estas personas pudieran tener un empleo digno”, cuenta Karina Nazabal.
Sin embargo, y pese a la lucha y a la aprobación, la ley de cupo laboral trans -que fue renombrada como “Ley Diana Sacayán”- no ha sido firmada por la gobernadora María Eugenia Vidal, militante de Cambiemos, el partido de Mauricio Macri.
“Ella decide todos los días no firmar ese decreto reglamentario y dejar así, fuera de este derecho, a muchísimas mujeres y varones trans, además de travestis. Afortunadamente, y por la lucha de las organizaciones y todo lo que Diana sembró respecto de la necesidad de que esta ley sea una política pública activa en todo el territorio, algunos municipios y otras provincias han avanzado y han construido sus propias ordenanzas y leyes para la aplicación del cupo laboral”, termina Nazabal.
Lecciones para Chile
En Chile no hay antecedentes de estas características; ni siquiera una ley que permita modificar el género de manera legal. Si bien no hay duda de que la película “Una mujer fantástica” –protagonizada por la actriz Daniela Vega– ha abierto el debate sobre la discriminación que sufre esta población, todavía no ha existido voluntad política real para alcanzar a despachar, durante este gobierno, una regulación que avance en derechos concretos.
El ejemplo de Diana Sacayán lleva a pensar en la viabilidad que tendría una legislación como la que ella ideó pero en este lado de la cordillera. Zuliana Araya, concejala trans de Valparaíso, y activista que conoció a Sacayán, reflexiona que estamos lejos de eso: “este país ha estado muy atrasado. Falta no tanto en la gente; falta en los políticos. Imagínate la ley de identidad de género, donde toda las personas de derecha, incluyendo el electo presidente, son totalmente homofóbicos y discriminadores. Esa ley es la necesitamos y queremos, por la lucha que hemos hecho durante muchos años”.
Por su parte, Víctor Hugo Robles, periodista y activista por los derechos de la diversidad sexual, quien también conoció a Diana Sacayán, comenta que este ejemplo trasandino debiera aprenderse en Chile.
“Me parece que el nuevo Parlamento que se va a instalar en marzo tiene la oportunidad histórica para ir avanzando en derechos de la comunidad de la diversidad sexual, corriendo los cercos de la discriminación y de la injusticia social, y presentar estos proyectos de avanzada como en el caso argentino. Yo hago un llamado a los parlamentarios de la Nueva Mayoría, a los parlamentarios liberales de la derecha, a los parlamentarios del Frente Amplio, a escuchar a las comunidades trans e ir avanzando en derechos”, enfatiza.
El 11 de octubre de 2015 mataron a Amancay Diana Sacayán en su departamento de calle Rivadavia, en Buenos Aires. Los medios de comunicación contaron ese día acerca del asesinato de la “militante trans que había recibido su DNI de parte de Cristina Fernández” en referencia al episodio sucedido tres años antes, cuando la presidenta de Argentina le entregó a ella su nuevo documento de identidad, el que le permitió adoptar su nombre femenino de manera oficial, ante la ley.
El juicio oral por el asesinato iba a comenzar este viernes 16 de febrero ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 4, pero a última hora se aplazó para el 12 de marzo. La querella es encabezada por Sacha Sacayán, hermano de Diana, y el principal imputado es Gabriel Marino, quien fue detenido 17 días después del suceso.
La sentencia de la justicia trasandina podría convertirse en un precedente a nivel latinoamericano en cuanto a este tipo de violencia, pues la tesis del activismo desestimó de raíz la versión que se manejó en un principio en algunos sectores: que este había sido una especie de crimen pasional. La figura legal que argumentarán los abogados querellantes, entonces, será la de “feminicidio” –así se denomina en Argentina lo que conocemos como femicidio– ya que los fiscales Matías Di Lello y Labozzetta estimaron que el crimen de Diana Sacayán fue un travesticidio, es decir, que Diana fue asesinada con un alto grado de violencia “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI)”.
Los persecutores argentinos consideraron que la identificación del género de una persona debe ser hecha en función de su identidad de género y que esta determina la conducta tipificada en el Código Penal. En este caso, postularon que se trataba de un homicidio cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, pues el término “mujer” incluye a todas las personas que tienen una identidad femenina.
“Por primera vez en la historia se van a pronunciar sobre las muertes de las travestis. Lo que venimos haciendo durante estos dos años es construir la forma y la manera para que ellos puedan llegar a decir que esto fue un travesticidio, un crimen de odio”, comenta Sasha en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.
“Hablamos de violencia estructural, que tiene que ver con toda la violencia sistemática que existe sobre las vidas de las travestis, de las mujeres trans”, agrega.
La activista
La lucha de Diana Sacayán empezó antes de que en Argentina se diera inicio a la batalla en términos legislativos de la diversidad sexual. Karina Nazabal, ex diputada del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, cuenta que desde la década de los 90 se le podía ver entre la gente.
“Fue una militante social que salió a cortar calles para reclamar comida para sus vecinos y vecinas y que, después en un momento de mayor construcción de derechos, como en la última década, se puso a la cabeza de reclamos significativos, como la identidad de género y el cupo laboral trans”, dice.
Esta última regulación, sancionada favorablemente por el parlamento de Buenos Aires en 2015, pretende asegurar un uno por ciento de puestos de trabajo para transgéneros, transexuales y travestis en las entidades pertenecientes al sector público, como el poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y en todas las empresas y sociedades estatales de la provincia.
“Diana fue la gran mentora, impulsora y promotora de la ley. Fue a poner su propia experiencia y la historia de sus compañeras con las que militaba hace muchos años. Habló de la urgencia de que estas personas pudieran tener un empleo digno”, cuenta Karina Nazabal.
Sin embargo, y pese a la lucha y a la aprobación, la ley de cupo laboral trans -que fue renombrada como “Ley Diana Sacayán”- no ha sido firmada por la gobernadora María Eugenia Vidal, militante de Cambiemos, el partido de Mauricio Macri.
“Ella decide todos los días no firmar ese decreto reglamentario y dejar así, fuera de este derecho, a muchísimas mujeres y varones trans, además de travestis. Afortunadamente, y por la lucha de las organizaciones y todo lo que Diana sembró respecto de la necesidad de que esta ley sea una política pública activa en todo el territorio, algunos municipios y otras provincias han avanzado y han construido sus propias ordenanzas y leyes para la aplicación del cupo laboral”, termina Nazabal.
Lecciones para Chile
En Chile no hay antecedentes de estas características; ni siquiera una ley que permita modificar el género de manera legal. Si bien no hay duda de que la película “Una mujer fantástica” –protagonizada por la actriz Daniela Vega– ha abierto el debate sobre la discriminación que sufre esta población, todavía no ha existido voluntad política real para alcanzar a despachar, durante este gobierno, una regulación que avance en derechos concretos.
El ejemplo de Diana Sacayán lleva a pensar en la viabilidad que tendría una legislación como la que ella ideó pero en este lado de la cordillera. Zuliana Araya, concejala trans de Valparaíso, y activista que conoció a Sacayán, reflexiona que estamos lejos de eso: “este país ha estado muy atrasado. Falta no tanto en la gente; falta en los políticos. Imagínate la ley de identidad de género, donde toda las personas de derecha, incluyendo el electo presidente, son totalmente homofóbicos y discriminadores. Esa ley es la necesitamos y queremos, por la lucha que hemos hecho durante muchos años”.
Por su parte, Víctor Hugo Robles, periodista y activista por los derechos de la diversidad sexual, quien también conoció a Diana Sacayán, comenta que este ejemplo trasandino debiera aprenderse en Chile.
“Me parece que el nuevo Parlamento que se va a instalar en marzo tiene la oportunidad histórica para ir avanzando en derechos de la comunidad de la diversidad sexual, corriendo los cercos de la discriminación y de la injusticia social, y presentar estos proyectos de avanzada como en el caso argentino. Yo hago un llamado a los parlamentarios de la Nueva Mayoría, a los parlamentarios liberales de la derecha, a los parlamentarios del Frente Amplio, a escuchar a las comunidades trans e ir avanzando en derechos”, enfatiza.
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