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Año X, 18 de agosto de 2018

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Las tareas en vivienda para los primeros cien días de Piñera

El derecho a la vivienda no está garantizado en la Constitución y ve su más crudo reflejo en un déficit habitacional que alcanza los 400 mil hogares. Un nuevo catastro de campamentos, una actualización de los planos reguladores y una regulación del mercado inmobiliario asoman como las principales prioridades a abordar por Sebastián Piñera y Cristián Monckeberg, el ministro de la cartera, para sus primeros meses en La Moneda.

Martín Espinoza C.

  Jueves 15 de febrero 2018 7:28 hrs. 
piñera minvu

Hace algunos años el área de vivienda y urbanismo no era un tema en la palestra del debate público. Pero esa realidad cambió. La desregulación del mercado inmobiliario, los súper precios de los arriendos, el déficit habitacional y la constante alza de familias en campamentos han despertado a la ciudadanía en torno a una demanda que cada día adquiere más fuerza: el derecho a una vivienda digna.

Es en ese contexto que el gobierno de Sebastián Piñera también deberá tomar las riendas de un asunto que, de no ser abordado, probablemente verá movilizaciones sociales bajo su alero.

Para principios de marzo ya está siendo articulada entre diferentes organizaciones de la sociedad civil una marcha por la vivienda digna. Con ese escenario se encontrará el gobierno entrante. Surge entonces la interrogante sobre cuáles deberían ser las prioridades de los primeros 100 días de Sebastián Piñera y Cristián Monckeberg, futuro titular de la cartera.

Doris González, dirigente del movimiento de pobladores Ukamau, da luces sobre los focos urgentes que deben ser atendidos por el gobierno entrante. A su juicio, la consolidación del derecho a la vivienda como una garantía constitucional ha de ser uno de los primeros temas a abordar a partir del 11 de marzo: “Hay que tirar líneas con respecto a una política de planificación urbana. Que el derecho a la vivienda se consagre en la Constitución como un derecho. El Estado tiene que dar garantías de que se cumpla esto porque lamentablemente, a pesar de los tratados internacionales del Estado chileno, no hay garantías. Seguir fomentando iniciativas como la inmobiliaria popular (Recoleta). Que dentro de la planificación de la ciudad tiene que estar la ciudadanía participando en espacios vinculantes en la toma de decisiones. El déficit habitacional hoy es alarmante porque va subiendo día a día. Acá la vivienda se ha entregado al negocio de las constructoras y de las inmobiliarias”.

Pero la dirigente social no se queda solo en eso. El creciente déficit habitacional, que hoy alcanza a más de 400 mil hogares, debe ser una preocupación que se atienda con urgencia. Según señala, los subsidios de arriendo estarían beneficiando más a las empresas del rubro que a las mismas familias.

Otro de los reflejos de ese déficit es la continua alza de las familias que viven en campamentos a lo largo del país. Según Pablo Flores, director del Centro de Investigación Social (CIS) de TECHO Chile, los registros del ministerio de Vivienda en materia de campamentos no han sido actualizados. Esa, dice, es una urgencia: “Desde hace siete años que no se actualiza el catastro de campamentos del ministerio. Para el Estado hoy existen 27 mil familias en campamento, pero según los últimos catastros que hemos realizado existen más de 40 mil familias. Además tienes a un 50% de los campamentos que no están dentro de los catastros del Minvu. Ahí hay una temática que es importante para avanzar durante los primeros 100 días de gobierno: actualizar el catastro de campamentos”.

El director del CIS coincide con Doris González en que la desregulación del mercado inmobiliario está pasando la cuenta tanto al Estado como a la ciudadanía. “Ahí hay una temática que afecta a 141 mil hogares en Chile: los abusos en el tema de arriendos. Esto es por la desregulación del mercado del arriendo. Hoy la oferta habitacional para las familias más pobres en tema de arriendos es bajísima. La mayoría ronda los 260 mil pesos, que es lo que gana una familia del primer quintil. Ahí hay algo importante a abordar”.

Ernesto López, arquitecto y urbanista de la Universidad de Chile, también considera el déficit habitacional como una de las principales urgencias que deberá enfrentar el futuro mandatario: “Hay un problema de acceso a la vivienda que está generado por la oferta del mercado de vivienda, que está totalmente privatizada. No hay un déficit cuantitativo, es un déficit cualitativo. Viviendas de buena calidad y en una localización decente, sin hacinamiento. Esa es la prioridad número uno.  Para regular el mercado tiene que haber más oferta, pero la oferta en este momento va a segmentos medios y altos. La oferta para sectores bajos está muy fuera de las ciudades. En general toda la vivienda ha subido increíblemente de precio en el último tiempo, esto porque la oferta está poco diversificada. Hay bastante colusión en la fijación de los precios. No es posible que en diez años los precios de las viviendas hayan subido un 100% en Santiago”.

El académico también sostiene que las autoridades debieran prestarle apoyo, desde el primer día, a iniciativas como las que han surgido en Recoleta y Valparaíso: “Producir y retener viviendas por parte del Estado -o los municipios- para después arrendarlas. Eliminar el lucro, que genera el propietario especulativo -en el caso del cité o de los ghettos verticales-, y hacer un mercado más competitivo para ofrecer viviendas a precios razonables”.

En términos de urbanismo, López es enfático en señalar que la medida primordial es la urgente actualización de los planes reguladores de las más de cien comunas que no tienen el suyo actualizado.

Sebastián Piñera firmó durante su primer gobierno el documento Política Nacional de Desarrollo Urbano, un texto que ofrece una serie de medidas de planificación de las ciudades de Chile y políticas de vivienda para enfrentar la crisis actual, de las cuales prácticamente ninguna ha sido aplicada.

En su programa, Sebastián Piñera repasa superficialmente sus propuestas para reducir “a la mitad el déficit habitacional en un plazo de seis años” y anuncia la implementación del programa “Chile sin campamentos de forma de priorizar a quienes viven en asentamientos irregulares y reducir la entrada de nuevas familias acogiéndolas de manera anticipada”. Además, apunta hacia “reforzar el subsidio de arriendo con apoyos e incentivos a las familias que requieran una solución temporal e inmediata”.

La lista de deudas en la cartera suma y sigue, y nuevamente se pondrá a prueba la orientación ideológica del gobierno entre las opciones de, por un lado, consolidar a la vivienda como un derecho social o, por otro, dejarlo a merced del mercado, tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha.