Por su carácter descentralizado, encriptado, tan o más seguro que cualquier otra moneda oficial, Bitcoin y otras de carácter digital han estado ganando valor de intercambio a una velocidad solo comparable a la materia de la que están hechas. Y su fama se ha seguido extendiendo, amenazando a los Estados emisores, al punto que Bill Gates, semi-dios del mundo virtual, ha declarado su aprensión sobre este medio de cambio, a raíz de la imposibilidad de ser rastreado por las autoridades para un debido pago de impuestos.

Otro actor de este “nuevo orden digital”, Peter Thiel, co-fundador de Paypal y uno de los primeros accionistas de Facebook, afirmó que “las criptomonedas son libertarias”, mostrando una posición opuesta a la de Gates, seguramente una de las razones por los que terminó apoyando a Trump, quien se ha declarado cercano a dichos ideales libertarios, donde el individuo y su libertad individual están siempre por encima del Estado.

En efecto, las criptomonedas como el Bitcoin permiten transacciones comerciales de una forma incontrolable por el Estado y Hacienda, y, por lo tanto, para Thiel, pueden ser una herramienta formidable para sus ideales, dado que los fondos no se pueden confiscar sin averiguar las claves privadas que protegen los monederos personales de cada inversor en estas nuevas monedas.

El fundador de Linkedin, Reid Hoffman, por su parte, ha replicado a Thiel desde la misma vereda que Gates, apuntando a que las criptomonedas podrían ser “un instrumento de anarquía”, precisamente por el valor libertario que Thiel le adjudica a aquellas.

Una idea a la que el Gobierno de Chile parece haber adherido en la medida que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ya definió su postura respecto al tratamiento tributario que se le deben dar a estos instrumentos, estableciendo que “de acuerdo a la legislación chilena, no se pueden considerar una moneda”, posición similar a la adoptada por el Banco Central hace algunos meses.

En los hechos, el SII considera que las criptomonedas son “activos monetarios pactados entre particulares”, una caracterización amplia en la medida que se rige solamente a partir de la norma general. Ha advertido, al mismo tiempo, que aquellos “son los únicos que sufren menoscabo frente al proceso inflacionario, tales como, caja, banco, créditos o deudas no reajustables”. Y si bien para el SII las criptomonedas “no son monedas”, tampoco son acciones de una empresa, ya que estas son “títulos representativos de la propiedad total o parcial de una sociedad anónima, mientras que las criptomonedas no representan título de propiedad sobre algún bien” en particular.

De allí que la postura del servicio es que todas las personas que obtengan ingresos producto de las criptomonedas, “cumpliendo el principio de autodeterminación del impuesto a la renta, tiene la obligación legal de incorporarla dentro de su base tributaria”. Por lo tanto, “toda persona domiciliada o residente en Chile para los fines del impuesto a la renta debe considerar y declarar todas sus ganancias, rendimientos y utilidades, cualquiera sea el lugar o el monto de su generación, en Chile o el extranjero”.

El SII ha llamado a elaborar regulaciones para estos instrumentos desde el mundo político, introduciendo normas especiales “porque los contribuyentes no conocen bien la norma tributaria”, y en la ley de la renta no hay mención alguna a la economía digital, ni a las criptomonedas.

El emergente medio de cambio depende muy crucialmente de la llamada “inteligencia artificial” (IA). Y en este campo, la polémica en el nuevo orbe digital tampoco es menor. En efecto, según Thiel, la IA “permite un control masivo por parte del Estado, lo que era imposible hasta antes de su advenimiento”, razón por la que los Estados comunistas, como China, adhieren con fuerza a ella, aunque no tanto a las criptomonedas, pues el machine learning sirve a su objetivo de control de los ciudadanos, mientras las criptomonedas les dan vías de escape.

Aunque, desde luego, la discusión política en Chile no se dé aun sobre estos temas, su relevancia estratégica es evidente, en la medida que los Estados modernos son, hasta ahora, la mejor forma de organización colectiva civilizada que conocemos, y la democracia, el modo que, asegurando la división de poderes, evita un descarado abuso de quienes los fungen. En tal caso, la IA puede ser un poderoso instrumento para que dichos estados democráticos funcionen bien, tomando mejores decisiones sobre la base de más datos procesables.

Es decir, las tecnologías siempre tienen de dulce y agraz y sus resultados o consecuencia dependen básicamente del uso que les demos, a partir, por supuesto, de las reales y profundas intenciones individuales que nos motivan a convivir y actuar socialmente.