Diario y Radio U Chile

Año X, 12 de diciembre de 2018

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Ex presos políticos esperan que Bachelet cumpla alguna promesa

Fueron diversas instancias de diálogo y que tuvo el Gobierno con las víctimas de prisión política y tortura, en las cuales se comprometieron varios puntos de un petitorio que el Ejecutivo no cumplió. Las distintas organizaciones insisten en que, al menos, se concreten algunas medidas que sólo necesitan de una firma.

Patricio López y Maximiliano Alarcón

  Miércoles 7 de marzo 2018 20:25 hrs. 
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Decepcionados, con la convicción de que han sido cuatro años perdidos y totalmente contra el tiempo. Así viven por estos días los ex presos políticos en nuestro país ante el inminente término del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, figura en la que depositaron sus esperanzas para concretar las diversas medidas de reparación pendientes, pero que la mandataria socialista no ha cumplido, a pesar de haberse comprometido.

Con nuestro medio conversó Nelson Aramburú, dirigente del Comando Unitario de Ex Presos Políticos, acerca de la experiencia que han vivido con el Gobierno y la Mandataria las diversas organizaciones de personas que fueron víctimas de prisión y tortura durante la dictadura, las cuales durante los últimos meses han vivido con creciente desesperanza la posibilidad de alguna medida reparatoria por parte del Ejecutivo.

El dirigente califica como cuatro años en vano las distintas tratativas llevadas a cabo con La Moneda. Del petitorio de diez puntos que sintetiza medidas que buscan justicia, verdad, reparación y memoria, tan sólo existe el día de hoy un bono por única vez y con pago gradual de $3 millones, el que fue ingresado en la Cámara de Diputados recién durante la tarde de este martes. Y ante la presión de las organizaciones.

Pero esta evidente falta de voluntad no es vivida por primera vez por los ex presos políticos. Han sido años de disgustos: lo de Bachelet hoy es la segunda parte de una película, solo que con peor desenlace en relación a lo que fue su gobierno anterior.

En 2009, cuando Bachelet vivía el último año de su primer gobierno, Aramburú con otros dirigentes acudieron hasta La Moneda, acompañados de miles de integrantes de las organizaciones de ex presos políticos, con tal de llegar a algún punto de acuerdo. En dicha ocasión la presidenta comprometió un proyecto de ley que repararía la deuda histórica con las víctimas. Tiempo después, cuando expiraba el período presidencial, presentó la iniciativa que dio origen al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al interior de esta anunció una nueva comisión de calificación de víctimas de prisión y tortura, la hoy Valech II.

Esto satisfacía en parte el petitorio, puesto que las miles de personas que no habían sido calificadas en Valech I, viéndose impedidas de acceder a los beneficios de reparación, tendrían la oportunidad de acceder. Sin embargo, la comisión que funcionó durante el gobierno de Sebastián Piñera, hasta agosto de 2011, no mejoró en gran medida la situación que ya existía a nivel nacional. De los 32 mil casos tan sólo pasaron unos 10 mil, mientras que 22 mil 705 ex presos y presas políticas se mantuvieron sin calificación.

A Nelson Aramburú no le gusta que los consignen como víctimas. Sostiene que son luchadores sociales que pagaron un alto precio en libertad y tortura por defender determinados principios. Hoy miles de ex presos políticos se mantienen en movilización, como ha sido en gran parte de sus vidas. Pese al estoicismo el tema es urgente: por motivos etarios y las enfermedades provocadas por las torturas muchos de estos individuos mueren a medida que esperan reparación. El dirigente relata que es habitual que las reuniones de los distintos colectivos del país inicien con un homenaje a los miembros que fallecieron durante ese mes.

Muchos ex presos creen que la política extraoficial de los gobiernos es esperar que las personas vayan muriendo, así menos gasta el Estado. En relación a esto, Aramburú sostiene que no existe voluntad ni sensibilidad por quienes esperan reparación. Recuerda el caso de Ricardo Lagos cuando presentó el informe Valech I en cadena nacional, momento en que reconoció que las pensiones eran “austeras y simbólicas”, marcando una especie de máxima para el tratamiento de estos casos.

Similares casos vivieron durante el avance de Valech II. Por aquellos días, una semana antes de que se presentara el informe final, distintos integrantes de la comisión les señalaban que de las 32 mil personas unas 2 mil o 3 mil quedaría fuera. Finalmente fueron 22 mil los que no entraron y nunca fueron notificados del porqué, tal como exige la norma administrativa chilena.

“No hay ánimo de reparar. Cuando Ricardo Lagos habla de una reparación austera él dice que prioriza antes que los compromisos por Derechos Humanos, a las arcas fiscales”, dice Aramburú.

El bono que casi no entra al Congreso

El martes recién pasado fue un día intenso para las organizaciones. Las últimas semanas estuvieron marcadas por la resignación de que se concretase alguna medida. Pero, como un saludo a la bandera, el Gobierno anunció que entregaría un bono de $3 millones que se entregaría en cuotas anuales.

Pero pudo ser peor: de no haber sido por la presión que ellos mismos pusieron habrían vivido otra decepción. El Ejecutivo les había dicho que el proyecto sería ingresado el 31 de enero, por lo cual luego del largo receso legislativo comenzaron a asistir a la Cámara de Diputados. El martes, luego de varios días sin saber nada, llegaron a tocar todas las puertas que encontraron. Hablaron con asesores de la bancada comunista, con Hugo Gutiérrez, Gabriel Boric, buscaron a Tucapel Jiménez y a Sergio Ojeda, entre otros, pero nadie sabía nada sobre el proyecto.

Los ánimos se fueron a piso pero comenzaron a pensar en qué hacer. Ahí fue que llamaron a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, y ella les envió una fotografía con la portada del mensaje presidencial enviado a la Cámara. Con el número del proyecto impreso averiguaron que este había sido destinado a la Comisión de Hacienda, pero que no había entrado aún puesto que faltaba un informe del ministerio afín.

Hicieron lo necesario pero aún faltaba que el pleno de la Cámara lo ingresara de manera oficial. Buscaron desesperadamente al presidente de la instancia, Fidel Espinoza, quien con sus asesores agilizó el trámite y horas después, a través de su micrófono en la sala, avisó a los ex presos políticos en las gradas que la entrada del proyecto ya era oficial.

Pese a esto, Nelson Aramburú reconoce que esto no se puede calificar como una victoria.

Lo que alcanzaría a hacer Bachelet

En 2015 distintos ex presos políticos iniciaron una huelga de hambre a nivel nacional para hacer presión, nuevamente a Michelle Bachelet. En respuesta, aquella vez se dio inicio a una mesa de diálogo en la que además del Gobierno y ex presos políticos estuvieron el obispo Alejandro Goic y parlamentarios. Dicha vez el Ejecutivo ofreció un bono de $10 millones, pero un sector de las organizaciones no aceptó menos de $50 millones y La Moneda bajó la mesa.

Aquella vez también pidieron una nueva instancia de calificación, pero que fuera permanente. Más adelante, en 2016, algunas organizaciones se tomaron dependencias del INDH en Santiago, lo que motivó que el ministro del Interior, Mario Fernández, citara a una mesa de diálogo con la condición de que las distintas organizaciones se agruparan en un petitorio único (ver anexo), el que finalmente fue bautizado como el Comando Unitario.

Las conversaciones oficiales iniciaron en marzo de 2017, pero las tratativas sufrieron constantes dilaciones de parte de La Moneda, recibiendo recriminaciones incluso de representantes de la ONU ante el incumplimiento. La síntesis de esto no es más que el bono.

Pero aún, a pocos días de que termine su gobierno, Michelle Bachelet podría hacer algo más.

Las organizaciones en conjunto con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries trabajaron un modelo de recalificación. Fries presentó un plan de trabajo y se lo entregó al INDH, pero éstos no tenían los recursos para aplicarlo. Así es que la autoridad gestionó con Chile Atiende, quienes recibieron capacitaciones para recopilar los testimonios. La comisión estaría formada por cinco personas. Estaba todo listo, sólo faltaba un decreto del ministro de Justicia, Jaime Campos, pero nunca hubo respuesta. Se suponía que el 2 de diciembre empezaba el proceso.

Campos ha dicho que no tiene instrucción de firmar, pero Michelle Bachelet tampoco se ha pronunciado.

Éste sería un pequeño avance esperado por las organizaciones, el que se aleja bastante del petitorio de diez puntos que presentaron como comando unitario. Pero, al menos, sería un gesto del gobierno que poco hizo en materia de reparación a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Al final, recuerda Aramburú, “lo que nosotros esperábamos era una solución política, no un bono”.