Las organizaciones lamentaron y repudiaron el hecho que a más de un año y medio de la muerte de Macarena Valdés, en el sector de Tranguil, comuna de Panguipulli, en medio de un conflicto territorial generado por una transnacional hidroeléctrica (RP Global) y que a juicio de las organizaciones involucran diversos antecedentes de transgresiones a derechos Mapuche, la imposición de una serie de instalaciones y la generación de un clima de violencia como consecuencia de este intervencionismo externo, aún la Fiscalía no asuma una investigación por homicidio.
Hace unas semanas Rubén Collío, marido de la activista, se reunió con el fiscal nacional Jorge Abbott, quien comprometió acciones para llegar a la verdad tras la muerte de la mujer en Tranguil. Marcelino Collío, padre de Rubén, señaló a nuestro medio que durante la entrevista con el jefe del Ministerio Público, su hijo le había representado la falta de estado de derecho en la Araucanía. “El Fiscal dijo que efectivamente había estado de derecho y que él era el garante de eso en este país. Así es que a eso vinimos, a exigirle que cumpla su palabra porque la Fiscalía no está haciendo el trabajo que él comprometió (…) Nosotros sabemos que Macarena fue asesinada, eso lo dice el informe forense del doctor Luis Ravanal y la directora subrogante de la escuela forense de la universidad de Chile, no es algo que estemos inventando. Queremos que el Fiscal cumpla su palabra, si él es el garante, entonces que haya investigación”
Para 70 organizaciones sociales, es inaceptable que el Fiscal aún no dé instrucciones con el propósito de enmendar, corregir y subsanar las diversas omisiones, incompetencias y falta de atención y diligencias por parte de la Fiscalía local en Panguipulli en este grave caso, según denunciaron, quien ha mantenido desde agosto del 2016 una calificación de “suicidio” a pesar de existir diversos antecedentes que demuestran lo contrario, indicaron.
“Es importante señalar que la Fiscalía debió haber abordado el amplio contexto en que sucedió esta muerte, denunciada como un homicidio, existiendo antecedentes de amenazas previas a la familia Collio – Valdés, existencia de personas sindicadas como sicarios, amenazas a otros/as vecinos/as del territorio, transgresiones por parte de la empresa a lugares de significación cultural, la imposición de un proyecto sin que exista consentimiento en el territorio por parte de diversas familias mapuche e informes periciales forenses que dan cuenta de un asesinato y aun así, la Fiscalía se quede de manera ligera e irresponsable con una única impresión utilizada como “categórica” que es el insuficiente informe inicial de autopsia de la víctima, catalogándola como un “suicidio” e incluso intentando en más de una ocasión de cerrar arbitrariamente la investigación”, señalaron en su misiva.
En las afueras del edificio del Ministerio Público, Lucía Sepúlveda representante de la Red de Acción en Plaguicidas, pidió justicia para Macarena Valdés y señaló que “desde el 2016 estamos diciendo que no fue suicidio, sino asesinato en manos de RP Global (…) El movimiento feminista abrazó esta causa y su coordinadora, 8 de marzo, también apoya esta petición de justicia. Ya no somos solo los pocos que empezamos dudando de este suicidio, ahora es cada vez más gente en Chile -y también en el exterior, porque el caso ha traspasado fronteras- porque en nuestro país en democracia no se había asesinado a una mujer por ser defensora de su territorio”.
Para las organizaciones, el comportamiento de la Fiscalía da cuenta de actos discriminatorios al “no hacer su trabajo”, siendo un contexto diferente, a juicio de las organizaciones, cuando involucra intereses de “grupos de poder económico colonialistas” para perseguir y acusar a numerosas personas mapuche en el marco de conflictos territoriales, persiguiendo, judicializando, criminalizando, encarcelando, incluso atendiendo antecedentes falsos como el bullicioso caso Huracán u otros, por ejemplo, los denunciados públicamente por la propia Defensoría Penal en la Región del Bio Bio a fines de enero del año 2018, identificando a lo menos dos situaciones irregulares y viciadas, “hechos que dan cuenta de una decadencia y malas prácticas entre instituciones responsables de investigar”, señalaron.
“Macarena para nosotros es un símbolo de la libertad y de la justicia, porque murió por defender sus raíces, por eso la mataron y esa es una injusticia que en este país tiene que esclarecerse de una vez por todas”, dijo Alicia Muñoz de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. “¡Arriba mujeres que luchan, tenemos que estar hasta el final pidiendo justicia por Macarena!”, finalizó la dirigente social.
Las organizaciones exigen que Fiscalía recalifique la investigación por el de homicidio calificado y establezca mecanismos sancionatorios ante eventuales negligencias y omisiones por parte de funcionarios responsables.
Las organizaciones lamentaron y repudiaron el hecho que a más de un año y medio de la muerte de Macarena Valdés, en el sector de Tranguil, comuna de Panguipulli, en medio de un conflicto territorial generado por una transnacional hidroeléctrica (RP Global) y que a juicio de las organizaciones involucran diversos antecedentes de transgresiones a derechos Mapuche, la imposición de una serie de instalaciones y la generación de un clima de violencia como consecuencia de este intervencionismo externo, aún la Fiscalía no asuma una investigación por homicidio.
Hace unas semanas Rubén Collío, marido de la activista, se reunió con el fiscal nacional Jorge Abbott, quien comprometió acciones para llegar a la verdad tras la muerte de la mujer en Tranguil. Marcelino Collío, padre de Rubén, señaló a nuestro medio que durante la entrevista con el jefe del Ministerio Público, su hijo le había representado la falta de estado de derecho en la Araucanía. “El Fiscal dijo que efectivamente había estado de derecho y que él era el garante de eso en este país. Así es que a eso vinimos, a exigirle que cumpla su palabra porque la Fiscalía no está haciendo el trabajo que él comprometió (…) Nosotros sabemos que Macarena fue asesinada, eso lo dice el informe forense del doctor Luis Ravanal y la directora subrogante de la escuela forense de la universidad de Chile, no es algo que estemos inventando. Queremos que el Fiscal cumpla su palabra, si él es el garante, entonces que haya investigación”
Para 70 organizaciones sociales, es inaceptable que el Fiscal aún no dé instrucciones con el propósito de enmendar, corregir y subsanar las diversas omisiones, incompetencias y falta de atención y diligencias por parte de la Fiscalía local en Panguipulli en este grave caso, según denunciaron, quien ha mantenido desde agosto del 2016 una calificación de “suicidio” a pesar de existir diversos antecedentes que demuestran lo contrario, indicaron.
“Es importante señalar que la Fiscalía debió haber abordado el amplio contexto en que sucedió esta muerte, denunciada como un homicidio, existiendo antecedentes de amenazas previas a la familia Collio – Valdés, existencia de personas sindicadas como sicarios, amenazas a otros/as vecinos/as del territorio, transgresiones por parte de la empresa a lugares de significación cultural, la imposición de un proyecto sin que exista consentimiento en el territorio por parte de diversas familias mapuche e informes periciales forenses que dan cuenta de un asesinato y aun así, la Fiscalía se quede de manera ligera e irresponsable con una única impresión utilizada como “categórica” que es el insuficiente informe inicial de autopsia de la víctima, catalogándola como un “suicidio” e incluso intentando en más de una ocasión de cerrar arbitrariamente la investigación”, señalaron en su misiva.
En las afueras del edificio del Ministerio Público, Lucía Sepúlveda representante de la Red de Acción en Plaguicidas, pidió justicia para Macarena Valdés y señaló que “desde el 2016 estamos diciendo que no fue suicidio, sino asesinato en manos de RP Global (…) El movimiento feminista abrazó esta causa y su coordinadora, 8 de marzo, también apoya esta petición de justicia. Ya no somos solo los pocos que empezamos dudando de este suicidio, ahora es cada vez más gente en Chile -y también en el exterior, porque el caso ha traspasado fronteras- porque en nuestro país en democracia no se había asesinado a una mujer por ser defensora de su territorio”.
Para las organizaciones, el comportamiento de la Fiscalía da cuenta de actos discriminatorios al “no hacer su trabajo”, siendo un contexto diferente, a juicio de las organizaciones, cuando involucra intereses de “grupos de poder económico colonialistas” para perseguir y acusar a numerosas personas mapuche en el marco de conflictos territoriales, persiguiendo, judicializando, criminalizando, encarcelando, incluso atendiendo antecedentes falsos como el bullicioso caso Huracán u otros, por ejemplo, los denunciados públicamente por la propia Defensoría Penal en la Región del Bio Bio a fines de enero del año 2018, identificando a lo menos dos situaciones irregulares y viciadas, “hechos que dan cuenta de una decadencia y malas prácticas entre instituciones responsables de investigar”, señalaron.
“Macarena para nosotros es un símbolo de la libertad y de la justicia, porque murió por defender sus raíces, por eso la mataron y esa es una injusticia que en este país tiene que esclarecerse de una vez por todas”, dijo Alicia Muñoz de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. “¡Arriba mujeres que luchan, tenemos que estar hasta el final pidiendo justicia por Macarena!”, finalizó la dirigente social.
Las organizaciones exigen que Fiscalía recalifique la investigación por el de homicidio calificado y establezca mecanismos sancionatorios ante eventuales negligencias y omisiones por parte de funcionarios responsables.
Las organizaciones lamentaron y repudiaron el hecho que a más de un año y medio de la muerte de Macarena Valdés, en el sector de Tranguil, comuna de Panguipulli, en medio de un conflicto territorial generado por una transnacional hidroeléctrica (RP Global) y que a juicio de las organizaciones involucran diversos antecedentes de transgresiones a derechos Mapuche, la imposición de una serie de instalaciones y la generación de un clima de violencia como consecuencia de este intervencionismo externo, aún la Fiscalía no asuma una investigación por homicidio.
Hace unas semanas Rubén Collío, marido de la activista, se reunió con el fiscal nacional Jorge Abbott, quien comprometió acciones para llegar a la verdad tras la muerte de la mujer en Tranguil. Marcelino Collío, padre de Rubén, señaló a nuestro medio que durante la entrevista con el jefe del Ministerio Público, su hijo le había representado la falta de estado de derecho en la Araucanía. “El Fiscal dijo que efectivamente había estado de derecho y que él era el garante de eso en este país. Así es que a eso vinimos, a exigirle que cumpla su palabra porque la Fiscalía no está haciendo el trabajo que él comprometió (…) Nosotros sabemos que Macarena fue asesinada, eso lo dice el informe forense del doctor Luis Ravanal y la directora subrogante de la escuela forense de la universidad de Chile, no es algo que estemos inventando. Queremos que el Fiscal cumpla su palabra, si él es el garante, entonces que haya investigación”
Para 70 organizaciones sociales, es inaceptable que el Fiscal aún no dé instrucciones con el propósito de enmendar, corregir y subsanar las diversas omisiones, incompetencias y falta de atención y diligencias por parte de la Fiscalía local en Panguipulli en este grave caso, según denunciaron, quien ha mantenido desde agosto del 2016 una calificación de “suicidio” a pesar de existir diversos antecedentes que demuestran lo contrario, indicaron.
“Es importante señalar que la Fiscalía debió haber abordado el amplio contexto en que sucedió esta muerte, denunciada como un homicidio, existiendo antecedentes de amenazas previas a la familia Collio – Valdés, existencia de personas sindicadas como sicarios, amenazas a otros/as vecinos/as del territorio, transgresiones por parte de la empresa a lugares de significación cultural, la imposición de un proyecto sin que exista consentimiento en el territorio por parte de diversas familias mapuche e informes periciales forenses que dan cuenta de un asesinato y aun así, la Fiscalía se quede de manera ligera e irresponsable con una única impresión utilizada como “categórica” que es el insuficiente informe inicial de autopsia de la víctima, catalogándola como un “suicidio” e incluso intentando en más de una ocasión de cerrar arbitrariamente la investigación”, señalaron en su misiva.
En las afueras del edificio del Ministerio Público, Lucía Sepúlveda representante de la Red de Acción en Plaguicidas, pidió justicia para Macarena Valdés y señaló que “desde el 2016 estamos diciendo que no fue suicidio, sino asesinato en manos de RP Global (…) El movimiento feminista abrazó esta causa y su coordinadora, 8 de marzo, también apoya esta petición de justicia. Ya no somos solo los pocos que empezamos dudando de este suicidio, ahora es cada vez más gente en Chile -y también en el exterior, porque el caso ha traspasado fronteras- porque en nuestro país en democracia no se había asesinado a una mujer por ser defensora de su territorio”.
Para las organizaciones, el comportamiento de la Fiscalía da cuenta de actos discriminatorios al “no hacer su trabajo”, siendo un contexto diferente, a juicio de las organizaciones, cuando involucra intereses de “grupos de poder económico colonialistas” para perseguir y acusar a numerosas personas mapuche en el marco de conflictos territoriales, persiguiendo, judicializando, criminalizando, encarcelando, incluso atendiendo antecedentes falsos como el bullicioso caso Huracán u otros, por ejemplo, los denunciados públicamente por la propia Defensoría Penal en la Región del Bio Bio a fines de enero del año 2018, identificando a lo menos dos situaciones irregulares y viciadas, “hechos que dan cuenta de una decadencia y malas prácticas entre instituciones responsables de investigar”, señalaron.
“Macarena para nosotros es un símbolo de la libertad y de la justicia, porque murió por defender sus raíces, por eso la mataron y esa es una injusticia que en este país tiene que esclarecerse de una vez por todas”, dijo Alicia Muñoz de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. “¡Arriba mujeres que luchan, tenemos que estar hasta el final pidiendo justicia por Macarena!”, finalizó la dirigente social.
Las organizaciones exigen que Fiscalía recalifique la investigación por el de homicidio calificado y establezca mecanismos sancionatorios ante eventuales negligencias y omisiones por parte de funcionarios responsables.
