Los acontecimientos que sacudieron el verano en nuestro país, luego que se conociera la implantación de pruebas en la Operación Huracán, si bien han motivado algunos cambios en Carabineros, no ha provocado la revisión completa del quehacer de las instituciones en su relación con el pueblo mapuche.
El pasado domingo Radio y Diario Universidad de Chile publicó los miles de millones que destina el Estado a “víctimas de violencia rural”, es decir empresarios que han perdido sus bienes productivos. A diferencia de los hombres de negocios, aún no se ve iniciativa del Poder Ejecutivo ni del Legislativo que busque una reparación a quienes han sido encarcelados sin existir condena y con pruebas sumamente cuestionables, como ocurrió con los ocho perseguidos en Huracán, quienes se sumaron a otros casos en que después de más de un año en prisión preventiva resultaron absueltos.
No hay cambios desde un Ejecutivo a otro. Durante el lunes recién pasado, el gobierno de Sebastián Piñera anunció su primera querella aplicando la Ley Antiterrorista, por unos ataques incendiarios ocurridos durante el sábado en Vilcún y Lautaro, Región de La Araucanía.
Esto motivó el rechazo inmediato de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches (AMCAM), quienes a través del jefe comunal de Renaico, Juan Carlos Reinao, aseguraron que la acción del Ejecutivo no demuestra voluntad de tomar un camino distinto en la relación con el pueblo originario.
“Mientras no exista una voluntad verdadera y un compromiso real por parte del Estado, el conflicto o la problemática indígena continuará. Nuestra sensación es que se busca resolver las coyunturas de manera efectista y se nota la incapacidad política de abordar la problemática. Será que la clase política quiere más presos políticos mapuche injustamente encarcelados, con pruebas falsas ante los tribunales o que existan más víctimas, tanto mapuche como chilenas. Esto ha llegado a un punto sin retorno donde lamentablemente no se ven soluciones y justamente eso es lo que esperamos y queremos”, dijo.
Por otra parte, también durante el lunes, Carabineros de Chile volvió a protagonizar un hecho de violencia hacia los mapuches. En las veredas del centro de Temuco, lugar en que muchas personas de ese pueblo venden sus productos, ya sean verduras o artesanía, se registró un desalojo masivo de ambulantes. Un alto contingente de Fuerzas Especiales arremetió, incluso, contra mujeres de avanzada edad. La violenta acción, que dejó 18 detenidos, motivó que durante la mañana de este martes los vendedores y vendedoras ambulantes marcharan por las calles de la ciudad en protesta por la ordenanza municipal del alcalde de Renovación Nacional, Miguel Becker, la que originó el conflicto.
William Marillanca, uno de los afectados, se refirió a la movilización: “yo tengo el derecho a optar en lo que quiero trabajar. Estuve en un trabajo anteriormente pero no me dejó ganancia, si uno trabaja debe tener ganancia para pagar las cuentas, alimentarse, pagar transporte. Yo trabajo como ambulante, no andamos robando, sólo pedimos que se nos dé un espacio”, dijo al medio independiente La Gran Manada de La Araucanía.
En el ámbito judicial, durante esta semana se conocerá el fallo de la Corte Suprema ante el recurso de queja presentado por las defensas de los mapuches acusados en un principio en la Operación Huracán, para definir si se les sobresee definitivamente en la causa.
Los acontecimientos que sacudieron el verano en nuestro país, luego que se conociera la implantación de pruebas en la Operación Huracán, si bien han motivado algunos cambios en Carabineros, no ha provocado la revisión completa del quehacer de las instituciones en su relación con el pueblo mapuche.
El pasado domingo Radio y Diario Universidad de Chile publicó los miles de millones que destina el Estado a “víctimas de violencia rural”, es decir empresarios que han perdido sus bienes productivos. A diferencia de los hombres de negocios, aún no se ve iniciativa del Poder Ejecutivo ni del Legislativo que busque una reparación a quienes han sido encarcelados sin existir condena y con pruebas sumamente cuestionables, como ocurrió con los ocho perseguidos en Huracán, quienes se sumaron a otros casos en que después de más de un año en prisión preventiva resultaron absueltos.
No hay cambios desde un Ejecutivo a otro. Durante el lunes recién pasado, el gobierno de Sebastián Piñera anunció su primera querella aplicando la Ley Antiterrorista, por unos ataques incendiarios ocurridos durante el sábado en Vilcún y Lautaro, Región de La Araucanía.
Esto motivó el rechazo inmediato de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches (AMCAM), quienes a través del jefe comunal de Renaico, Juan Carlos Reinao, aseguraron que la acción del Ejecutivo no demuestra voluntad de tomar un camino distinto en la relación con el pueblo originario.
“Mientras no exista una voluntad verdadera y un compromiso real por parte del Estado, el conflicto o la problemática indígena continuará. Nuestra sensación es que se busca resolver las coyunturas de manera efectista y se nota la incapacidad política de abordar la problemática. Será que la clase política quiere más presos políticos mapuche injustamente encarcelados, con pruebas falsas ante los tribunales o que existan más víctimas, tanto mapuche como chilenas. Esto ha llegado a un punto sin retorno donde lamentablemente no se ven soluciones y justamente eso es lo que esperamos y queremos”, dijo.
Por otra parte, también durante el lunes, Carabineros de Chile volvió a protagonizar un hecho de violencia hacia los mapuches. En las veredas del centro de Temuco, lugar en que muchas personas de ese pueblo venden sus productos, ya sean verduras o artesanía, se registró un desalojo masivo de ambulantes. Un alto contingente de Fuerzas Especiales arremetió, incluso, contra mujeres de avanzada edad. La violenta acción, que dejó 18 detenidos, motivó que durante la mañana de este martes los vendedores y vendedoras ambulantes marcharan por las calles de la ciudad en protesta por la ordenanza municipal del alcalde de Renovación Nacional, Miguel Becker, la que originó el conflicto.
William Marillanca, uno de los afectados, se refirió a la movilización: “yo tengo el derecho a optar en lo que quiero trabajar. Estuve en un trabajo anteriormente pero no me dejó ganancia, si uno trabaja debe tener ganancia para pagar las cuentas, alimentarse, pagar transporte. Yo trabajo como ambulante, no andamos robando, sólo pedimos que se nos dé un espacio”, dijo al medio independiente La Gran Manada de La Araucanía.
En el ámbito judicial, durante esta semana se conocerá el fallo de la Corte Suprema ante el recurso de queja presentado por las defensas de los mapuches acusados en un principio en la Operación Huracán, para definir si se les sobresee definitivamente en la causa.
Los acontecimientos que sacudieron el verano en nuestro país, luego que se conociera la implantación de pruebas en la Operación Huracán, si bien han motivado algunos cambios en Carabineros, no ha provocado la revisión completa del quehacer de las instituciones en su relación con el pueblo mapuche.
El pasado domingo Radio y Diario Universidad de Chile publicó los miles de millones que destina el Estado a “víctimas de violencia rural”, es decir empresarios que han perdido sus bienes productivos. A diferencia de los hombres de negocios, aún no se ve iniciativa del Poder Ejecutivo ni del Legislativo que busque una reparación a quienes han sido encarcelados sin existir condena y con pruebas sumamente cuestionables, como ocurrió con los ocho perseguidos en Huracán, quienes se sumaron a otros casos en que después de más de un año en prisión preventiva resultaron absueltos.
No hay cambios desde un Ejecutivo a otro. Durante el lunes recién pasado, el gobierno de Sebastián Piñera anunció su primera querella aplicando la Ley Antiterrorista, por unos ataques incendiarios ocurridos durante el sábado en Vilcún y Lautaro, Región de La Araucanía.
Esto motivó el rechazo inmediato de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches (AMCAM), quienes a través del jefe comunal de Renaico, Juan Carlos Reinao, aseguraron que la acción del Ejecutivo no demuestra voluntad de tomar un camino distinto en la relación con el pueblo originario.
“Mientras no exista una voluntad verdadera y un compromiso real por parte del Estado, el conflicto o la problemática indígena continuará. Nuestra sensación es que se busca resolver las coyunturas de manera efectista y se nota la incapacidad política de abordar la problemática. Será que la clase política quiere más presos políticos mapuche injustamente encarcelados, con pruebas falsas ante los tribunales o que existan más víctimas, tanto mapuche como chilenas. Esto ha llegado a un punto sin retorno donde lamentablemente no se ven soluciones y justamente eso es lo que esperamos y queremos”, dijo.
Por otra parte, también durante el lunes, Carabineros de Chile volvió a protagonizar un hecho de violencia hacia los mapuches. En las veredas del centro de Temuco, lugar en que muchas personas de ese pueblo venden sus productos, ya sean verduras o artesanía, se registró un desalojo masivo de ambulantes. Un alto contingente de Fuerzas Especiales arremetió, incluso, contra mujeres de avanzada edad. La violenta acción, que dejó 18 detenidos, motivó que durante la mañana de este martes los vendedores y vendedoras ambulantes marcharan por las calles de la ciudad en protesta por la ordenanza municipal del alcalde de Renovación Nacional, Miguel Becker, la que originó el conflicto.
William Marillanca, uno de los afectados, se refirió a la movilización: “yo tengo el derecho a optar en lo que quiero trabajar. Estuve en un trabajo anteriormente pero no me dejó ganancia, si uno trabaja debe tener ganancia para pagar las cuentas, alimentarse, pagar transporte. Yo trabajo como ambulante, no andamos robando, sólo pedimos que se nos dé un espacio”, dijo al medio independiente La Gran Manada de La Araucanía.
En el ámbito judicial, durante esta semana se conocerá el fallo de la Corte Suprema ante el recurso de queja presentado por las defensas de los mapuches acusados en un principio en la Operación Huracán, para definir si se les sobresee definitivamente en la causa.
