Ya se informaba a comienzos de semana del nulo debate que ha habido respecto del Tratado de Libre Comercio con Uruguay que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados. En el texto, firmado por ambos países en octubre de 2016, se asegura una serie de cuestiones que estarían velando por los intereses e incluso por las expectativas de los inversionistas, en perjuicio de la soberanía de los países para realizar cambios en sus políticas públicas, algo que fue criticado por dirigentes y economistas, quienes aseguraron que la medida atentaba contra la posibilidad de realizar transformaciones sociales en Chile.
Y dentro de todos los apartados, se encuentra uno que así, tal cual está escrito, genera una confusa primera impresión. Se trata del capítulo titulado Género y Comercio, en el que se especifican los compromisos que suscribirían los incumbentes, aunque queda bastante claro que más que hablar de políticas vinculantes, el texto resulta una manifestación de buenas intenciones.
Por ejemplo, se expone que tanto Chile como Uruguay deberán “incorporar la perspectiva de género en la promoción de un crecimiento económico inclusivo”. Por lo demás, ambas partes “reconocen la importancia de alentar políticas y prácticas de equidad de género (…) incluido el sector no gubernamental”. Hasta ahí, las palabras demuestran una intención de igualdad. Pero la idea, aparentemente, se queda solo en palabras, puesto que en el punto 4 del texto se puede leer que cada país “se reserva el derecho para establecer, modificar y fiscalizar el cumplimiento de sus normas y políticas en materia de género de acuerdo con sus prioridades”.
La abogada de la Red Chile Contra la Violencia Hacia la Mujer, Silvana Del Valle, participó en su momento de un seminario que organizó Chile Mejor Sin TLC, donde explicó que en Lationamérica este tipo de tratados han sido criticados desde las organizaciones feministas.
En particular, respecto del capítulo de género en el acuerdo con Uruguay, la abogada expresó que “nos dan otra bofetada a nosotras, ya que son redactados y aprobados por paneles de hombres que no viven el tipo de vida que vivimos nosotras”, y son aprobados nada más que “para cumplir con el mandato que se ha instalado para decir que son sensibles a estos problemas”.
Para Del Valle, un caso concreto de aquello son los beneficios con los que contarían los inversionistas en caso de ser ratificado, pudiendo recurrir a instancias internacionales jurídicas si es que una modificación dentro del territorio está afectando sus intereses. Distinto al caso de género.
“No permiten que esos mismos tribunales, que se relacionan con los derechos de las mujeres, puedan obtener algún tipo de herramienta para su sanción jurídica, cosa que sí obtienen con mucha facilidad las grandes corporaciones para cuando consideran que los estados no le están permitiendo ganar lo que ellos esperan; entonces a las corporaciones se les otorgan herramientas que les permite responsabilizar a los pueblos y a los estados con mucha facilidad, mientras que a las mujeres y otros grupos sociales no les permiten hacerlo”, dijo.
En ese sentido, la abogada recalcó que este tipo de tratado está siendo elaborado con la vista puesta en las grandes transnacionales, dejando de lado políticas vinculantes que no solo sean una alternativa también para los grupos menos visibilizados como los de la diversidad sexual.
La diputada Claudia Mix, del Partido Poder, mostró una argumentación similar, y afirmó que este tipo de acuerdo es más bien un “saludo a la bandera”.
“No tiene carácter vinculante, ya que no precisa las formas a través de las cuales se puede lograr la equidad de género en nuestros países. Es muy vaga la redacción del texto en esta materia, lo que se reporte a lo largo de todo el acuerdo”, expresó.
Por último, la parlamentaria se mostró preocupada por la situación de Chile y Uruguay, dos países que “poseen una tasa alta de desigualdad salarial y femicidios”, por lo que se debería robustecer el ojo en esta temática.
Ya se informaba a comienzos de semana del nulo debate que ha habido respecto del Tratado de Libre Comercio con Uruguay que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados. En el texto, firmado por ambos países en octubre de 2016, se asegura una serie de cuestiones que estarían velando por los intereses e incluso por las expectativas de los inversionistas, en perjuicio de la soberanía de los países para realizar cambios en sus políticas públicas, algo que fue criticado por dirigentes y economistas, quienes aseguraron que la medida atentaba contra la posibilidad de realizar transformaciones sociales en Chile.
Y dentro de todos los apartados, se encuentra uno que así, tal cual está escrito, genera una confusa primera impresión. Se trata del capítulo titulado Género y Comercio, en el que se especifican los compromisos que suscribirían los incumbentes, aunque queda bastante claro que más que hablar de políticas vinculantes, el texto resulta una manifestación de buenas intenciones.
Por ejemplo, se expone que tanto Chile como Uruguay deberán “incorporar la perspectiva de género en la promoción de un crecimiento económico inclusivo”. Por lo demás, ambas partes “reconocen la importancia de alentar políticas y prácticas de equidad de género (…) incluido el sector no gubernamental”. Hasta ahí, las palabras demuestran una intención de igualdad. Pero la idea, aparentemente, se queda solo en palabras, puesto que en el punto 4 del texto se puede leer que cada país “se reserva el derecho para establecer, modificar y fiscalizar el cumplimiento de sus normas y políticas en materia de género de acuerdo con sus prioridades”.
La abogada de la Red Chile Contra la Violencia Hacia la Mujer, Silvana Del Valle, participó en su momento de un seminario que organizó Chile Mejor Sin TLC, donde explicó que en Lationamérica este tipo de tratados han sido criticados desde las organizaciones feministas.
En particular, respecto del capítulo de género en el acuerdo con Uruguay, la abogada expresó que “nos dan otra bofetada a nosotras, ya que son redactados y aprobados por paneles de hombres que no viven el tipo de vida que vivimos nosotras”, y son aprobados nada más que “para cumplir con el mandato que se ha instalado para decir que son sensibles a estos problemas”.
Para Del Valle, un caso concreto de aquello son los beneficios con los que contarían los inversionistas en caso de ser ratificado, pudiendo recurrir a instancias internacionales jurídicas si es que una modificación dentro del territorio está afectando sus intereses. Distinto al caso de género.
“No permiten que esos mismos tribunales, que se relacionan con los derechos de las mujeres, puedan obtener algún tipo de herramienta para su sanción jurídica, cosa que sí obtienen con mucha facilidad las grandes corporaciones para cuando consideran que los estados no le están permitiendo ganar lo que ellos esperan; entonces a las corporaciones se les otorgan herramientas que les permite responsabilizar a los pueblos y a los estados con mucha facilidad, mientras que a las mujeres y otros grupos sociales no les permiten hacerlo”, dijo.
En ese sentido, la abogada recalcó que este tipo de tratado está siendo elaborado con la vista puesta en las grandes transnacionales, dejando de lado políticas vinculantes que no solo sean una alternativa también para los grupos menos visibilizados como los de la diversidad sexual.
La diputada Claudia Mix, del Partido Poder, mostró una argumentación similar, y afirmó que este tipo de acuerdo es más bien un “saludo a la bandera”.
“No tiene carácter vinculante, ya que no precisa las formas a través de las cuales se puede lograr la equidad de género en nuestros países. Es muy vaga la redacción del texto en esta materia, lo que se reporte a lo largo de todo el acuerdo”, expresó.
Por último, la parlamentaria se mostró preocupada por la situación de Chile y Uruguay, dos países que “poseen una tasa alta de desigualdad salarial y femicidios”, por lo que se debería robustecer el ojo en esta temática.
Ya se informaba a comienzos de semana del nulo debate que ha habido respecto del Tratado de Libre Comercio con Uruguay que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados. En el texto, firmado por ambos países en octubre de 2016, se asegura una serie de cuestiones que estarían velando por los intereses e incluso por las expectativas de los inversionistas, en perjuicio de la soberanía de los países para realizar cambios en sus políticas públicas, algo que fue criticado por dirigentes y economistas, quienes aseguraron que la medida atentaba contra la posibilidad de realizar transformaciones sociales en Chile.
Y dentro de todos los apartados, se encuentra uno que así, tal cual está escrito, genera una confusa primera impresión. Se trata del capítulo titulado Género y Comercio, en el que se especifican los compromisos que suscribirían los incumbentes, aunque queda bastante claro que más que hablar de políticas vinculantes, el texto resulta una manifestación de buenas intenciones.
Por ejemplo, se expone que tanto Chile como Uruguay deberán “incorporar la perspectiva de género en la promoción de un crecimiento económico inclusivo”. Por lo demás, ambas partes “reconocen la importancia de alentar políticas y prácticas de equidad de género (…) incluido el sector no gubernamental”. Hasta ahí, las palabras demuestran una intención de igualdad. Pero la idea, aparentemente, se queda solo en palabras, puesto que en el punto 4 del texto se puede leer que cada país “se reserva el derecho para establecer, modificar y fiscalizar el cumplimiento de sus normas y políticas en materia de género de acuerdo con sus prioridades”.
La abogada de la Red Chile Contra la Violencia Hacia la Mujer, Silvana Del Valle, participó en su momento de un seminario que organizó Chile Mejor Sin TLC, donde explicó que en Lationamérica este tipo de tratados han sido criticados desde las organizaciones feministas.
En particular, respecto del capítulo de género en el acuerdo con Uruguay, la abogada expresó que “nos dan otra bofetada a nosotras, ya que son redactados y aprobados por paneles de hombres que no viven el tipo de vida que vivimos nosotras”, y son aprobados nada más que “para cumplir con el mandato que se ha instalado para decir que son sensibles a estos problemas”.
Para Del Valle, un caso concreto de aquello son los beneficios con los que contarían los inversionistas en caso de ser ratificado, pudiendo recurrir a instancias internacionales jurídicas si es que una modificación dentro del territorio está afectando sus intereses. Distinto al caso de género.
“No permiten que esos mismos tribunales, que se relacionan con los derechos de las mujeres, puedan obtener algún tipo de herramienta para su sanción jurídica, cosa que sí obtienen con mucha facilidad las grandes corporaciones para cuando consideran que los estados no le están permitiendo ganar lo que ellos esperan; entonces a las corporaciones se les otorgan herramientas que les permite responsabilizar a los pueblos y a los estados con mucha facilidad, mientras que a las mujeres y otros grupos sociales no les permiten hacerlo”, dijo.
En ese sentido, la abogada recalcó que este tipo de tratado está siendo elaborado con la vista puesta en las grandes transnacionales, dejando de lado políticas vinculantes que no solo sean una alternativa también para los grupos menos visibilizados como los de la diversidad sexual.
La diputada Claudia Mix, del Partido Poder, mostró una argumentación similar, y afirmó que este tipo de acuerdo es más bien un “saludo a la bandera”.
“No tiene carácter vinculante, ya que no precisa las formas a través de las cuales se puede lograr la equidad de género en nuestros países. Es muy vaga la redacción del texto en esta materia, lo que se reporte a lo largo de todo el acuerdo”, expresó.
Por último, la parlamentaria se mostró preocupada por la situación de Chile y Uruguay, dos países que “poseen una tasa alta de desigualdad salarial y femicidios”, por lo que se debería robustecer el ojo en esta temática.
