El diputado PPD y miembro de la Comisión de Educación, en entrevista con nuestra emisora, se refirió a la posibilidad que la ley de educación enfrente un escenario negativo en la revisión que efectuará el Tribunal Constitucional mañana jueves.
¿Cuáles son las razones por las cuales el tema del lucro en las universidades podría caerse?
Primero tenemos que conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, yo soy enemigo de anticiparme a situaciones que no estén confirmadas. Me parecería una situación muy compleja, porque la normativa en Chile es clara: el lucro en las universidades está prohibido desde hace mucho tiempo, y es una norma que no ha tenido cumplimiento, y por algo se creó una comisión investigadora, en la que establecimos todos los datos empíricos que demostraban que existía lucro en el sistema de educación superior. Montos muy elevados, transacciones de universidades, traspasos de recursos a universidades extranjeras, y un aprovechamiento que ha sido inclemente con las familias de los estudiantes, especialmente los que son de recursos medios y bajos, que son los que asisten a muchos institutos profesionales, CFTs y universidades que además imparten carreras de dudosa calidad.
Para que se entienda el trasfondo, ¿por qué en la tramitación legislativa se consideró necesario ahondar en este punto?
Porque había una norma genérica que, según muchas interpretaciones, no tenía un tipo establecido, y no teniéndolo era dificultoso impetrar en los tribunales la comisión y el establecimiento de este delito. Por lo tanto, el lucro había que tipificarlo como un delito, para que pudiera aplicarse de manera más expedita en los tribunales de justicia.
¿Este tipo de artículos exigían un quórum calificado o una mayoría simple?
La norma, tal como se aprobó, pasó todos los filtros de control del Congreso. La calificación de los quórums requeridos lo hace la mesa de la Cámara, la secretaría toma especial cuidado sobre eso, y debería estar muy claro ese pronunciamiento en derecho. Nosotros, los que no somos abogados, no tenemos expertiz en eso, y por lo mismo existe un órgano que está abocado a establecer los quórums que requieren la aprobación de los proyectos.
El TC se pronunciará con un nuevo gobierno. ¿Se ocuparon bien los tiempos de tramitación legislativa? ¿Era evitable llegar a esta situación?
Por supuesto. No cabe duda que el diseño de la reforma educacional ha tenido muchas críticas. Yo he sido crítico de la forma como se diseñó la reforma educacional, y cómo se construyeron las fuerzas políticas, sociales y comunicacionales en apoyo a ese proceso. De hecho, un gran tema de la reforma es que los actores educacionales no fueron suficientemente considerados; el caso de los profesores; el caso de las universidades. Tuvimos que cambiar íntegramente el contenido de los proyectos porque no hubo diálogo con los estamentos universitarios, y el proyecto que salió fue muy distinto al que ingresó. Tampoco hubo trabajo comunicacional que empapara a la sociedad de los contenidos. Llamar a los proyectos “contra culturales” fue un grave error. También la lentitud con la que se tramitaron, o el establecimiento de las urgencias. Estuvimos permanentemente insistiendo en que los proyectos debían tener más urgencia, y que se debía considerar a todos los actores. Sin duda llegar a última hora con proyectos como la nueva educación pública y la reforma a la educación superior, es un costo que hoy día se podría llegar a pagar caro con un pronunciamiento tardío o posterior a la etapa de gobierno del Tribunal Constitucional. Nos vamos a atener a las normas institucionales y vamos a dar la lucha. Los principios que hemos defendido, de que la educación es un derecho, y que el lucro no debe estar presente en la educación, y terminar con este en todas las formas en que sea posible hacerlo. El eje del sistema educacional chileno debiera ser un muy buen sistema público.
¿Es muy adverso el escenario?
Si este gobierno quisiera aprovecharse de esta situación para revertir los procesos de reforma, se va a encontrar con una gran resistencia en el Congreso. Y no hay ningún proyecto de ley que va a pasar que retrotraiga los avances que hemos tenido. La gratuidad está ya instalada en Chile y debe continuar adelante. La transformación del sistema de educación universitaria es un asunto de Estado. El TC no tiene facultades legislativas. Debe atenerse a las normas que dicta el Congreso y, si hay algún pronunciamiento que obstaculice el proceso de reforma, tendremos que corregirlo.
El diputado PPD y miembro de la Comisión de Educación, en entrevista con nuestra emisora, se refirió a la posibilidad que la ley de educación enfrente un escenario negativo en la revisión que efectuará el Tribunal Constitucional mañana jueves.
¿Cuáles son las razones por las cuales el tema del lucro en las universidades podría caerse?
Primero tenemos que conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, yo soy enemigo de anticiparme a situaciones que no estén confirmadas. Me parecería una situación muy compleja, porque la normativa en Chile es clara: el lucro en las universidades está prohibido desde hace mucho tiempo, y es una norma que no ha tenido cumplimiento, y por algo se creó una comisión investigadora, en la que establecimos todos los datos empíricos que demostraban que existía lucro en el sistema de educación superior. Montos muy elevados, transacciones de universidades, traspasos de recursos a universidades extranjeras, y un aprovechamiento que ha sido inclemente con las familias de los estudiantes, especialmente los que son de recursos medios y bajos, que son los que asisten a muchos institutos profesionales, CFTs y universidades que además imparten carreras de dudosa calidad.
Para que se entienda el trasfondo, ¿por qué en la tramitación legislativa se consideró necesario ahondar en este punto?
Porque había una norma genérica que, según muchas interpretaciones, no tenía un tipo establecido, y no teniéndolo era dificultoso impetrar en los tribunales la comisión y el establecimiento de este delito. Por lo tanto, el lucro había que tipificarlo como un delito, para que pudiera aplicarse de manera más expedita en los tribunales de justicia.
¿Este tipo de artículos exigían un quórum calificado o una mayoría simple?
La norma, tal como se aprobó, pasó todos los filtros de control del Congreso. La calificación de los quórums requeridos lo hace la mesa de la Cámara, la secretaría toma especial cuidado sobre eso, y debería estar muy claro ese pronunciamiento en derecho. Nosotros, los que no somos abogados, no tenemos expertiz en eso, y por lo mismo existe un órgano que está abocado a establecer los quórums que requieren la aprobación de los proyectos.
El TC se pronunciará con un nuevo gobierno. ¿Se ocuparon bien los tiempos de tramitación legislativa? ¿Era evitable llegar a esta situación?
Por supuesto. No cabe duda que el diseño de la reforma educacional ha tenido muchas críticas. Yo he sido crítico de la forma como se diseñó la reforma educacional, y cómo se construyeron las fuerzas políticas, sociales y comunicacionales en apoyo a ese proceso. De hecho, un gran tema de la reforma es que los actores educacionales no fueron suficientemente considerados; el caso de los profesores; el caso de las universidades. Tuvimos que cambiar íntegramente el contenido de los proyectos porque no hubo diálogo con los estamentos universitarios, y el proyecto que salió fue muy distinto al que ingresó. Tampoco hubo trabajo comunicacional que empapara a la sociedad de los contenidos. Llamar a los proyectos “contra culturales” fue un grave error. También la lentitud con la que se tramitaron, o el establecimiento de las urgencias. Estuvimos permanentemente insistiendo en que los proyectos debían tener más urgencia, y que se debía considerar a todos los actores. Sin duda llegar a última hora con proyectos como la nueva educación pública y la reforma a la educación superior, es un costo que hoy día se podría llegar a pagar caro con un pronunciamiento tardío o posterior a la etapa de gobierno del Tribunal Constitucional. Nos vamos a atener a las normas institucionales y vamos a dar la lucha. Los principios que hemos defendido, de que la educación es un derecho, y que el lucro no debe estar presente en la educación, y terminar con este en todas las formas en que sea posible hacerlo. El eje del sistema educacional chileno debiera ser un muy buen sistema público.
¿Es muy adverso el escenario?
Si este gobierno quisiera aprovecharse de esta situación para revertir los procesos de reforma, se va a encontrar con una gran resistencia en el Congreso. Y no hay ningún proyecto de ley que va a pasar que retrotraiga los avances que hemos tenido. La gratuidad está ya instalada en Chile y debe continuar adelante. La transformación del sistema de educación universitaria es un asunto de Estado. El TC no tiene facultades legislativas. Debe atenerse a las normas que dicta el Congreso y, si hay algún pronunciamiento que obstaculice el proceso de reforma, tendremos que corregirlo.
El diputado PPD y miembro de la Comisión de Educación, en entrevista con nuestra emisora, se refirió a la posibilidad que la ley de educación enfrente un escenario negativo en la revisión que efectuará el Tribunal Constitucional mañana jueves.
¿Cuáles son las razones por las cuales el tema del lucro en las universidades podría caerse?
Primero tenemos que conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, yo soy enemigo de anticiparme a situaciones que no estén confirmadas. Me parecería una situación muy compleja, porque la normativa en Chile es clara: el lucro en las universidades está prohibido desde hace mucho tiempo, y es una norma que no ha tenido cumplimiento, y por algo se creó una comisión investigadora, en la que establecimos todos los datos empíricos que demostraban que existía lucro en el sistema de educación superior. Montos muy elevados, transacciones de universidades, traspasos de recursos a universidades extranjeras, y un aprovechamiento que ha sido inclemente con las familias de los estudiantes, especialmente los que son de recursos medios y bajos, que son los que asisten a muchos institutos profesionales, CFTs y universidades que además imparten carreras de dudosa calidad.
Para que se entienda el trasfondo, ¿por qué en la tramitación legislativa se consideró necesario ahondar en este punto?
Porque había una norma genérica que, según muchas interpretaciones, no tenía un tipo establecido, y no teniéndolo era dificultoso impetrar en los tribunales la comisión y el establecimiento de este delito. Por lo tanto, el lucro había que tipificarlo como un delito, para que pudiera aplicarse de manera más expedita en los tribunales de justicia.
¿Este tipo de artículos exigían un quórum calificado o una mayoría simple?
La norma, tal como se aprobó, pasó todos los filtros de control del Congreso. La calificación de los quórums requeridos lo hace la mesa de la Cámara, la secretaría toma especial cuidado sobre eso, y debería estar muy claro ese pronunciamiento en derecho. Nosotros, los que no somos abogados, no tenemos expertiz en eso, y por lo mismo existe un órgano que está abocado a establecer los quórums que requieren la aprobación de los proyectos.
El TC se pronunciará con un nuevo gobierno. ¿Se ocuparon bien los tiempos de tramitación legislativa? ¿Era evitable llegar a esta situación?
Por supuesto. No cabe duda que el diseño de la reforma educacional ha tenido muchas críticas. Yo he sido crítico de la forma como se diseñó la reforma educacional, y cómo se construyeron las fuerzas políticas, sociales y comunicacionales en apoyo a ese proceso. De hecho, un gran tema de la reforma es que los actores educacionales no fueron suficientemente considerados; el caso de los profesores; el caso de las universidades. Tuvimos que cambiar íntegramente el contenido de los proyectos porque no hubo diálogo con los estamentos universitarios, y el proyecto que salió fue muy distinto al que ingresó. Tampoco hubo trabajo comunicacional que empapara a la sociedad de los contenidos. Llamar a los proyectos “contra culturales” fue un grave error. También la lentitud con la que se tramitaron, o el establecimiento de las urgencias. Estuvimos permanentemente insistiendo en que los proyectos debían tener más urgencia, y que se debía considerar a todos los actores. Sin duda llegar a última hora con proyectos como la nueva educación pública y la reforma a la educación superior, es un costo que hoy día se podría llegar a pagar caro con un pronunciamiento tardío o posterior a la etapa de gobierno del Tribunal Constitucional. Nos vamos a atener a las normas institucionales y vamos a dar la lucha. Los principios que hemos defendido, de que la educación es un derecho, y que el lucro no debe estar presente en la educación, y terminar con este en todas las formas en que sea posible hacerlo. El eje del sistema educacional chileno debiera ser un muy buen sistema público.
¿Es muy adverso el escenario?
Si este gobierno quisiera aprovecharse de esta situación para revertir los procesos de reforma, se va a encontrar con una gran resistencia en el Congreso. Y no hay ningún proyecto de ley que va a pasar que retrotraiga los avances que hemos tenido. La gratuidad está ya instalada en Chile y debe continuar adelante. La transformación del sistema de educación universitaria es un asunto de Estado. El TC no tiene facultades legislativas. Debe atenerse a las normas que dicta el Congreso y, si hay algún pronunciamiento que obstaculice el proceso de reforma, tendremos que corregirlo.
