Este jueves el Tribunal Constitucional (TC) realizó el control de constitucionalidad de las normativas por mandato de la carta fundamental, luego de que se determinara que el artículo 63 del proyecto de reforma de Educación Superior -que castiga el lucro en las casas de estudios- habría sido mal votado en el Congreso.
La explicación de ello se da porque este ítem debía tener características de Ley Orgánica Constitucional -lo que significaba ser votada con quorum calificado-, pero se votó como una ley simple.
Las consecuencias que traería la invalidez del artículo 63 serían que las instituciones privadas que no invierten el dinero en educación, sino que para su propio beneficio, podrían seguir haciéndolo a pesar de otras normativas vigentes, lo que incluso podría abrir la posibilidad a que sociedades comerciales sean controladoras de universidades.
Lo anterior permitiría que las casas de estudios de educación superior puedan lucrar, lo que despertó las alarmas de distintos actores involucrados en el sistema educacional chileno.
El vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, adelantó que si se echa para atrás el artículo se daría luz verde a los vacíos legales que pudieran darse en este tema. Por ello aseguró que, como CRUCh, “vamos a evaluar cual sea el contenido que tenga finalmente la ley que reforma a la educación superior. Particularmente en el caso del lucro, en el CRUCh hemos sido muy convergentes, en el sentido de que no es edificante para el sistema cultural del país que intervenga el lucro a propósito de la educación. Hay muchas otras actividades en las que el lucro legítimamente tiene un espacio, lo cual es reconocido y válido, pero en educación creemos que no es conveniente que las instituciones tengan fines de lucro y, por lo demás, lo ha dicho la ley siempre. No es algo que se esté introduciendo ahora, ha sido legislación vigente en Chile desde el año 1981”.
Respecto a la discusión que lleva el TC , Valle afirmó que “esperamos que siga cerrado y no se abra por una decisión que finalmente representa un rechazo a una demanda social muy amplia. No queremos que se repitan casos como el de la Universidad del Mar, Arcis o Iberoamericana y desgraciadamente, si el lucro se legitima nos exponemos a situaciones como esas el día de mañana”
Los estudiantes también alzaron la voz respecto a la discusión del TC. El presidente de la FECh, Alfonso Mohor, emplazó a la entidad: “lo que nosotros exigimos es que el TC, que sabemos tiene un cuoteo político y que esa es la forma que se ha compuesto, no defienda los intereses de estos empresarios de la educación ni de la derecha, sino que defienda los intereses de la ciudadanía”.
En esa misma línea el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales continuó con la postura de Mohor, planteando que si “hoy el TC termina echando abajo las normas que prohíben el lucro, nosotros nos preguntamos ¿Quién gana? ¿Los estudiantes? ¿Las familias de Chile? o en el fondo quienes durante los últimos 20 o 25 años han lucrado con la educación. Lo que está en juego es el sueño de cientos de miles de familias que ven en la educación una posibilidad de salir adelante, pero finalmente un tribunal que no tienen ninguna legitimidad, que es elegido por cuoteo político desde hace más de 20 años, será quien echa abajo una imposición que es una de las demandas históricas que tiene el movimiento estudiantil”.
Este jueves en la tarde los miembros TC darían a conocer el futuro del artículo 63 o al menos darían señales del futuro de una de las banderas de lucha más importantes en el movimiento estudiantil. Sin embargo, esto no ocurrió.
Este jueves el Tribunal Constitucional (TC) realizó el control de constitucionalidad de las normativas por mandato de la carta fundamental, luego de que se determinara que el artículo 63 del proyecto de reforma de Educación Superior -que castiga el lucro en las casas de estudios- habría sido mal votado en el Congreso.
La explicación de ello se da porque este ítem debía tener características de Ley Orgánica Constitucional -lo que significaba ser votada con quorum calificado-, pero se votó como una ley simple.
Las consecuencias que traería la invalidez del artículo 63 serían que las instituciones privadas que no invierten el dinero en educación, sino que para su propio beneficio, podrían seguir haciéndolo a pesar de otras normativas vigentes, lo que incluso podría abrir la posibilidad a que sociedades comerciales sean controladoras de universidades.
Lo anterior permitiría que las casas de estudios de educación superior puedan lucrar, lo que despertó las alarmas de distintos actores involucrados en el sistema educacional chileno.
El vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, adelantó que si se echa para atrás el artículo se daría luz verde a los vacíos legales que pudieran darse en este tema. Por ello aseguró que, como CRUCh, “vamos a evaluar cual sea el contenido que tenga finalmente la ley que reforma a la educación superior. Particularmente en el caso del lucro, en el CRUCh hemos sido muy convergentes, en el sentido de que no es edificante para el sistema cultural del país que intervenga el lucro a propósito de la educación. Hay muchas otras actividades en las que el lucro legítimamente tiene un espacio, lo cual es reconocido y válido, pero en educación creemos que no es conveniente que las instituciones tengan fines de lucro y, por lo demás, lo ha dicho la ley siempre. No es algo que se esté introduciendo ahora, ha sido legislación vigente en Chile desde el año 1981”.
Respecto a la discusión que lleva el TC , Valle afirmó que “esperamos que siga cerrado y no se abra por una decisión que finalmente representa un rechazo a una demanda social muy amplia. No queremos que se repitan casos como el de la Universidad del Mar, Arcis o Iberoamericana y desgraciadamente, si el lucro se legitima nos exponemos a situaciones como esas el día de mañana”
Los estudiantes también alzaron la voz respecto a la discusión del TC. El presidente de la FECh, Alfonso Mohor, emplazó a la entidad: “lo que nosotros exigimos es que el TC, que sabemos tiene un cuoteo político y que esa es la forma que se ha compuesto, no defienda los intereses de estos empresarios de la educación ni de la derecha, sino que defienda los intereses de la ciudadanía”.
En esa misma línea el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales continuó con la postura de Mohor, planteando que si “hoy el TC termina echando abajo las normas que prohíben el lucro, nosotros nos preguntamos ¿Quién gana? ¿Los estudiantes? ¿Las familias de Chile? o en el fondo quienes durante los últimos 20 o 25 años han lucrado con la educación. Lo que está en juego es el sueño de cientos de miles de familias que ven en la educación una posibilidad de salir adelante, pero finalmente un tribunal que no tienen ninguna legitimidad, que es elegido por cuoteo político desde hace más de 20 años, será quien echa abajo una imposición que es una de las demandas históricas que tiene el movimiento estudiantil”.
Este jueves en la tarde los miembros TC darían a conocer el futuro del artículo 63 o al menos darían señales del futuro de una de las banderas de lucha más importantes en el movimiento estudiantil. Sin embargo, esto no ocurrió.
Este jueves el Tribunal Constitucional (TC) realizó el control de constitucionalidad de las normativas por mandato de la carta fundamental, luego de que se determinara que el artículo 63 del proyecto de reforma de Educación Superior -que castiga el lucro en las casas de estudios- habría sido mal votado en el Congreso.
La explicación de ello se da porque este ítem debía tener características de Ley Orgánica Constitucional -lo que significaba ser votada con quorum calificado-, pero se votó como una ley simple.
Las consecuencias que traería la invalidez del artículo 63 serían que las instituciones privadas que no invierten el dinero en educación, sino que para su propio beneficio, podrían seguir haciéndolo a pesar de otras normativas vigentes, lo que incluso podría abrir la posibilidad a que sociedades comerciales sean controladoras de universidades.
Lo anterior permitiría que las casas de estudios de educación superior puedan lucrar, lo que despertó las alarmas de distintos actores involucrados en el sistema educacional chileno.
El vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, adelantó que si se echa para atrás el artículo se daría luz verde a los vacíos legales que pudieran darse en este tema. Por ello aseguró que, como CRUCh, “vamos a evaluar cual sea el contenido que tenga finalmente la ley que reforma a la educación superior. Particularmente en el caso del lucro, en el CRUCh hemos sido muy convergentes, en el sentido de que no es edificante para el sistema cultural del país que intervenga el lucro a propósito de la educación. Hay muchas otras actividades en las que el lucro legítimamente tiene un espacio, lo cual es reconocido y válido, pero en educación creemos que no es conveniente que las instituciones tengan fines de lucro y, por lo demás, lo ha dicho la ley siempre. No es algo que se esté introduciendo ahora, ha sido legislación vigente en Chile desde el año 1981”.
Respecto a la discusión que lleva el TC , Valle afirmó que “esperamos que siga cerrado y no se abra por una decisión que finalmente representa un rechazo a una demanda social muy amplia. No queremos que se repitan casos como el de la Universidad del Mar, Arcis o Iberoamericana y desgraciadamente, si el lucro se legitima nos exponemos a situaciones como esas el día de mañana”
Los estudiantes también alzaron la voz respecto a la discusión del TC. El presidente de la FECh, Alfonso Mohor, emplazó a la entidad: “lo que nosotros exigimos es que el TC, que sabemos tiene un cuoteo político y que esa es la forma que se ha compuesto, no defienda los intereses de estos empresarios de la educación ni de la derecha, sino que defienda los intereses de la ciudadanía”.
En esa misma línea el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales continuó con la postura de Mohor, planteando que si “hoy el TC termina echando abajo las normas que prohíben el lucro, nosotros nos preguntamos ¿Quién gana? ¿Los estudiantes? ¿Las familias de Chile? o en el fondo quienes durante los últimos 20 o 25 años han lucrado con la educación. Lo que está en juego es el sueño de cientos de miles de familias que ven en la educación una posibilidad de salir adelante, pero finalmente un tribunal que no tienen ninguna legitimidad, que es elegido por cuoteo político desde hace más de 20 años, será quien echa abajo una imposición que es una de las demandas históricas que tiene el movimiento estudiantil”.
Este jueves en la tarde los miembros TC darían a conocer el futuro del artículo 63 o al menos darían señales del futuro de una de las banderas de lucha más importantes en el movimiento estudiantil. Sin embargo, esto no ocurrió.
