Alerta provocó en distintos sectores la posibilidad de que Chile abandone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como expresaron actores ligados al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

El acuerdo entró en vigencia en 2009, luego de 18 años de tramitación en el Congreso, y busca la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los puntos que abarca, exige la consulta a las comunidades sobre iniciativas de política pública que las puedan afectar.

Ante la opción de que Chile no continúe siendo parte del acuerdo, más de un centenar de representantes de organizaciones sociales y políticas divulgaron una carta que advierte que “los derechos de los pueblos indígenas están siendo amenazados”.

Uno de los firmantes es Felipe Agüero, académico del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, quien dijo a la primera edición de Radioanálsis que el Convenio 169 estipula que “hay algunos derechos que son especialmente clave para los pueblos indígenas, como el ser consultado cada vez que se va a aprobar una medida administrativa o legislativa que los afecte”.

“También es un llamado a tener presente la necesidad de que ellos puedan controlar su propio desarrollo económico, contar con un acceso a las tierras no solo de las que tienen propiedad sino tierras ancestrales; eso es lo principal que garantiza el convenio, más allá de todos los derechos culturales, de la lengua, los que garanticen su plena supervivencia”, añadió.

En ese sentido, Agüero sostuvo que “todos estos derechos, en general, son afectados por los modelos de desarrollo que insisten en la industria extractiva, la gran industria forestal, grandes proyectos de ingeniería, de infraestructura que coinciden con los terrenos y territorios de los pueblos indígenas”.

Hay quienes han pasado a ocupar cargos relevantes en el Gobierno y coinciden en que el Convenio 169 es un obstáculo para el desarrollo. ¿Qué significado tiene ese concepto de desarrollo?

Ese es el tema central. Quienes pretenden revisar la participación de Chile en el convenio insisten en que es una traba al desarrollo. En una serie de lugares donde hay alta presencia indígena y, al mismo tiempo, proyectos de inversión minera, ocurre esto. Esto es un problema que se requiere profundizar desde distintos ángulos y uno de ellos es si efectivamente los pueblos indígenas, en su reivindicación de derechos, han sido un problema para el desarrollo, aun en los términos de quienes promueven esas inversiones. La verdad es que no hay ninguna evidencia empírica de que hubo obstáculos. Lo que sí puede haber son demoras, pero hay una premura por apurar las cosas, por desregular lo más posible las cuestiones ambientales para hacer las inversiones lo más rápido y extraer lo máximo posible, para luego beneficiarse de eso.

A lo que el Convenio 169 apela es que hay que respetar las visiones que los pueblos indígenas tienen sobre su propio desarrollo, solicita un diálogo intercultural genuino, de buena fe, siendo el Estado el que debe conversar cuáles son las visiones de desarrollo que tienen las comunidades indígenas y llegar a un acuerdo. No es solo decir sí o no a un proyecto, sino que centrarse en un diálogo intercultural donde los pueblos expresen sus visiones de desarrollo, que afectan a los territorios en los que ellos han vivido durante cientos de años.

¿Cuál es el lugar de los pueblos indígenas en la sociedad chilena? Esto, especialmente cuando hay declaraciones que dicen que cualquiera es pueblo indígena.

Por este tipo de afirmaciones es grave solo pensar en que se está tramando el abandono del convenio en el caso de Chile, que es el único país donde no se reconoce la existencia de los pueblos indígenas en su constitución. En ese caso, el convenio es un instrumento de protección indispensable. Esto revela una actitud de parte de la elite en Chile: que los pueblos indígenas no tienen esa diversidad que ofrecen a la sociedad chilena, que no se entiende que vivimos en una sociedad plural, diversa y que hay otros, con otras visiones y prioridades. Ese es el problema de fondo y la mantención del convenio es indispensable para eso.

La carta de quienes defienden el Convenio 169 apunta a que si Chile iniciara acciones en este sentido, sería el único país del mundo en llevar a cabo esa acción de desconocimiento, de retiro y repliegue.

Nadie ha intentado retirarse del convenio y Chile sería el primero. Es paradojal que en un momento en que estamos en La Haya, defendiendo los compromisos de los acuerdos y tratados internacionales, se esté hablando -de manera paralela- la posibilidad de salir de un compromiso internacional que, además, costó mucho lograr.

Esto fue presentado por un proyecto de ley en 1991, por el presidente (Patricio) Aylwin, y estuvo en el Congreso sin avanzar, con la oposición de la época, hasta que finalmente en 2008 se pudo promulgar. Esto costó mucho, ya está instalado y es una garantía para pueblos que en Chile no tienen otras protecciones. Está la Ley Indígena, con todas las necesidades de cambio que tiene, pero en la Constitución no tiene una presencia. Por eso este convenio es indispensable.

A diez años de la promulgación del Convenio 169 de la OIT, ¿cómo analiza su implementación?

Como el convenio es de respeto de derechos, necesita que de parte del Estado exista una actitud firme y convencida, porque se obliga al Estado a ser el garante de esos derechos. Eso requiere mucha voluntad política y convencimiento y eso es lo que falta. Por eso se han puesto cortapisas a la implementación.

Hay cuestiones que deben ser motivo de consulta y no lo son, como la Ley de Pesca, que afecta los derechos costeros, sobre todo. No se consultó ni se piensa hacer.

A esto se agrega la insistencia de una interpretación restrictiva de lo que llaman la afectación directa. Es decir, tiene que aquejar casi exclusivamente a los pueblos para que se consulte, pero hay muchas cuestiones que competen a los pueblos y que no son consultadas. Hay un problema original de la capacidad para implementarlo en todos los lugares donde se debe hacer, pero es en ese procedimiento de aplicación donde hay una serie de deficiencias.

Las consultas que se han hecho en materias nacionales, como la Constitución, son procedimientos que no obedecen al principio de buena fe que está inscrito en el convenio como un elemento indispensable. Son procesos cortos, de trámite burocrático, donde los funcionarios tampoco están preparados para lo que es un diálogo intercultural, entonces tiende a aplicarse de mala manera. Por eso falta una evaluación rigurosa de lo que ha pasado con todos los procesos de consulta que han tenido lugar.

¿No será que persiste en la dirigencia política chilena esta pretensión de que somos un país unitario y sin excepcionalidades jurídicas? ¿Cuál es la mirada que tiene de ello?  

Todas las constituciones de América Latina contienen referencia a los pueblos indígenas y sus derechos. Algunos incluso aceptan la plurinacionalidad como un elemento constitutivo de la organización política del Estado y otros han afirmado principios multiculturales en su Constitución. Chile está completamente rezagado. Hay un retraso en una serie de aspectos,pero en éste queda muy claro y refleja la falta de entendimiento de la sociedad chilena como una sociedad plural. Hay, sin duda, un atraso muy fuerte.

Luego de la presentación de esta carta, ¿cuál es el plan de acción?

La intención de esta carta es hacer ver que hay mucha preocupación por las manifestaciones que han existido respecto a la renuncia del convenio. Hay una gran preocupación en América Latina, entre los pueblos indígenas y la gente defensora de sus derechos, para hacer ver al Gobierno que es un camino que no le sería fácil. Hay una gran oposición a esta idea en Chile y en la región. Abandonar un convenio es muy serio, es desprenderse de una serie de compromisos y, en este caso, además refleja el estado del reconocimiento internacional de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Por ello, el retiro sería una pésima señal respecto de la actitud de Chile frente de esos derechos.