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Año X, 17 de octubre de 2018

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Fallo del TC en educación radicaliza a los actores sociales y a la oposición

Después de se acogiera el requerimiento de inconstitucionalidad del artículo de la reforma educacional que prohibía el lucro, las organizaciones estudiantiles se fueron contra el Tribunal, pero también contra el ministro de Educación, a partir de declaraciones que ya realizó sobre movilizaciones sociales. Este es el comienzo de un nuevo año con la derecha en el poder.

Nicolás Massai D.

  Martes 27 de marzo 2018 17:45 hrs. 
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La mañana de este martes algunos dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se amanecieron a las afueras del Tribunal Constitucional (TC), en Santiago, portando varios carteles en los que se podía leer la siguiente frase: “¡Chile ya decidió!”. Básicamente, protestaban por la noticia que llegó unas horas después, pasado el mediodía, cuando el organismo informó que se declaraba inconstitucional un artículo de la reforma a la educación superior que prohibía a las universidades incluir sostenedores con fines de lucro.

El requerimiento de inconstitucionalidad no fue presentado por algún partido de derecha, sino más bien por la militante del PPD y rectora de la Universidad de las Américas, Pilar Armanet. Finalmente, se determinó que este ítem debía tener características de Ley Orgánica Constitucional, lo que habría requerido quorum calificado y no una votación de ley simple como ocurrió todavía durante el período de Michelle Bachelet.

Las reacciones del mundo político llegaron cuanto antes. El diputado del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter, declaró que el artículo en cuestión era “perfectamente constitucional”. Luego, condenó la dirección hacia donde apuntó el TC con esta decisión.

“El fin al lucro es una de las principales demandas del movimiento estudiantil, que logró concitar una mayoría que se expresó no solo en las calles, sino que después en el Congreso Nacional. Con este fallo se va a permitir que los privados sigan lucrando con nuestros derechos y además con los recursos de la gratuidad, lo que desvirtúa por completo de qué se trata esta política. Y termina siendo un despilfarro de recursos públicos. Entre todos los chilenos, con nuestros impuestos, vamos a financiar el lucro de determinados sectores de la economía”, dijo.

Distinta fue la mirada del diputado de la UDI, Jaime Bellolio, quien hizo un llamado a la calma e incluso afirmó que “había algunos que querían buscar una excusa como esta para salir a criticar todo, pero sin reflexión”.

“Cómo se puede prohibir de manera efectiva, con la superintendencia y la subsecretaría. Todos aquellos que pretenden sacar con esto la castaña con la mano del gato están equivocados. No hay lucro en las universidades, está prohibido, estas dos instituciones serán las que vigilen esto, y si la superintendencia encuentra que una universidad está haciendo trampa porque está lucrando, puede inclusive cerrarla”, manifestó.

La visión del Consejo de Rectores

Aldo Valle, Presidente del Consejo de Rectores no tardó en expresar su parecer respecto de la decisión del Tribunal Constitucional y calificó como graves las consecuencias que genera la inaplicabilidad del artículo 63 de la ley que reforma a la educación superior.

“La decisión del TC tiene efectos gravísimos sobre el sistema de educación superior y específicamente sobre el financiamiento; y a partir de ahí, sobre las funciones propias de un sistema universitario. Al dejar sin efecto el artículo 63, la sentencia del Tribunal Constitucional priva de eficacia a la prohibición de lucro, porque una manera de hacer eficaz esta prohibición era precisamente establecer la obligación de que las instituciones de Educación Superior no fueran controladas por entidades de carácter lucrativo, entonces ese objetivo se perdió. Lo más  grave es que ahora la gratuidad queda abierta para entidades de carácter lucrativo. El proyecto de reforma de la ley de Educación Superior considera una política de gratuidad, pero establecía que tenían acceso a ella las instituciones de Educación Superior con el supuesto de que ellas no tendrían entre sus integrantes o controladores a personas u organizaciones con fines de lucro. Repito, lo más grave es que con esta resolución, la gratuidad está disponible para instituciones que formal y jurídicamente se declaran sin fines de lucro, pero que estarán efectivamente controladas por entidades de corte lucrativo. Así, planteles cuyos controladores pertenecen a empresas trasnacionales de la educación y que han declarado públicamente sus fines de lucro, podrán acceder al financiamiento de la política pública de gratuidad. Esto quiere decir que vamos a quedar en una situación más precaria que la que había antes de la reforma en que la legislación vigente no consideraba una política de gratuidad pero a su vez estaba vigente, al menos formalmente, la norma que prohibía el lucro en la educación para todas las instituciones universitarias”, señaló.

Consultado respecto de la posibilidad que esta sentencia del TC genere un movimiento estudiantil de rechazo, el académico consideró que es natural que eso suceda, pues se restablece el sistema normativo tal cual estaba en el año 2011. “Es razonable entender que si se volvió a la situación  que regía al año 2011, se genere un rechazo social a esa misma situación que ahora fue legitimada por la decisión del TC”

La calle espera

Las reacciones provinieron a su vez desde el mundo de las organizaciones que trabajan temas de educación hace bastante tiempo. Además, la decisión de Tribunal Constitucional abrió un nuevo flanco para el gobierno, que ha sido antecedido por las declaraciones del actual ministro de Educación respecto de que “el tiempo de las marchas ya pasó”.

Desde Educación 2020 se lamentó la conclusión por parte del Tribunal Constitucional. Sin embargo, Cristian Miquel, asesor legislativo de la fundación, indicó que esto no significa que vaya a haber lucro en la educación.

“Se abre el riesgo a que continúe el fraude que significa el retiro de utilidades encubiertas, que en algunos casos existió en Chile. Podría ocurrir, lo que no significa que vaya a suceder necesariamente. Lo que esta norma trataba de hacer era reducir al máximo el riesgo de que haya lucro encubierto”, indicó.

Por su parte, Maya Fernández, presidenta de la Cámara de Diputados, lamentó que se pase por encima de la voluntad popular, la que primero se expresó desde los movimientos ciudadanos y que luego logró un acuerdo transversal dentro del Poder Legislativo.

A continuación, indicó que el camino a seguir tiene que ver con hacer modificaciones mayores: “me parece impresentable que se socave la voluntad popular expresada en el Congreso. Es por eso que hemos planteado que necesitamos una nueva Constitución, justamente para que de nuevo nunca el Tribunal Constitucional tuerza lo que ha aprobado el Congreso. No es la primera vez. Ocurrió con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y con aborto en tres causales”.

Y más allá del mundo académico y político, este nuevo hecho del TC viene a abrir un flanco que ya se catalizaba por las declaraciones de Gerardo Varela, ministro de Educación, que si bien informó que cualquier fallo mantendría la prohibición del lucro en la educación, reavivó con sus declaraciones la intención estudiantil por salir a manifestar su voluntad en las calles.

Rodrigo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, estuvo durante esta mañana a las afueras del Tribunal, y habló respecto de la autoridad del gobierno de Piñera.

“Nosotros hemos recibido un par de actitudes matonescas por parte del ministro, diciendo que tenemos que estar en la sala de clases y no marchando. Lo que nosotros queremos decirle al ministro y queremos saber si es que está del lado de los empresarios de la educación o si está del lado de la gran mayoría de Chile, que decidió hace mucho tiempo que no quería lucro en la educación”, expresó.

No cabe duda que las tensiones entre el Ejecutivo y la Confech se comienza a agitar, lo que podría provocar un año intenso a nivel de marchas estudiantiles, las cuales se agitaron en su momento precisamente durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera, el año 2011.