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Año XI, 25 de junio de 2019

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Piñera desobedece a organismos de DDHH en Ley Antiterrorista

Ante las modificaciones anunciadas por el presidente a la cuestionada legislación, son distintos los antecedentes que pesan sobre el Estado chileno en las que se cuestiona la forma y la aplicación de la ley, la que se ha utilizado principalmente contra mapuches.

Maximiliano Alarcón

  Martes 27 de marzo 2018 18:57 hrs. 
26 de Febrero de 2018 /SANTIAGO
El Presidente electo, Sebastián Piñera, sostuvo una reunión de coordinación con los nuevos Intendentes electos en las oficinas de la fundación Avanza Chile.  
FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO

Días antes de asumir nuevamente como presidente de la República, Sebastián Piñera confirmaba que su gobierno sostenía la tesis de que en el sur de Chile existe terrorismo, idea que no es compartida por todos los partidos, movimientos y habitantes de nuestro país. En base a esto presentó una serie de indicaciones para modificar la Ley Antiterrorista, la que inmediatamente fue criticadas por varios parlamentarios y académicos, por parecer estar estigmatizando al pueblo mapuche, debido a que es en La Araucanía, el Bío Bío y Los Ríos donde más se concentran las querellas bajo esta normativa.

En este debate no sólo desde nuestro país salen las voces, sino que también organismos internacionales relativos a los Derechos Humanos se han pronunciado, algo a lo que el presidente Sebastián Piñera simplemente no ha tomado en cuenta.

En tiempos de campaña, el ahora mandatario dijo en uno de los debates que “la legislación antiterrorista que tenemos en Chile cumple con todos los estándares de Derechos Humanos. Así lo ha consignado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, esto sin mostrar documento alguno del organismo mencionado.

Pero lo que decía el actual presidente es falso. El 29 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ente superior a la Comisión, condenó al Estado chileno en el caso llamado “Norín Catrimán y otros” por la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de varios mapuches.

Dicho falló consignó, por ejemplo, que el Estado violó los derechos a la libertad personal, aplicando detenciones arbitrarias y prisiones preventivas no ajustadas a los estándares internacionales.

Pero también condenó el uso de testigos protegidos, uno de los puntos que precisamente busca fortalecer el presidente Piñera con sus modificaciones a la ley. La Corte manifestó en 2014 que esta medida contradice a la Convención Americana de Derechos Humanos, la que busca garantizar la interrogación de las defensas a los testigos.

La sentencia obligaba al Estado chileno a revisar esta herramienta investigativa, sin embargo esto no ha cambiado y no existe un pronunciamiento nuevo del organismo en el cuál digan algo como “sí, presidente, las modificaciones están bien”.

Durante su campaña el ahora mandatario insistía en que sí modificó lo que se pidió, pero tampoco fue así. Las sustituciones hechas durante la gestión anterior de Piñera fueron borrar la presunción de cuando habría intencionalidad terrorista y excluir a los niños y niñas como sujetos activos del delito, pero nada sobre testigos protegidos.

Pero no sólo con la mencionada Corte entra en conflicto, sino que con este nuevo proyecto también Sebastián Piñera “desobedece” a otras instancias. En agosto de 2013, en medio de su gestión anterior, el presidente invitó al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, quien en las conclusiones de su visita a La Araucanía distó de la idea de que en nuestro país haya terrorista, señalando que el “uso de la legislación antiterrorista en contra de los reclamantes de tierras mapuche es parte del problema , y no parte de la solución. Se ha convertido en contraproducente para una solución pacífica de la cuestión mapuche y debe cesar”.

Asimismo, el relator exhortó al Estado a no detener ni presentar cargos contra quienes reclamen tierras ancestrales bajo la legislación citada.

Además de estos antecedentes, en octubre del año pasado otros tres representantes de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; José Antonio Guevara Bermúdez, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, se expresaron en contra de la actuación del Estado frente al pueblo mapuche:

“Instamos a Chile a que se abstenga de usar la Ley Antiterrorista para lidiar con hechos ocurridos en el contexto de protestas sociales de los mapuches, que buscan reclamar por sus derechos”, dijeron, en los días más tensos de las huelgas de hambre de mapuches que ocurrieron en 2017.

En estos momentos el pueblo mapuche se mantiene atento al desarrollo de la iniciativa de Sebastián Piñera, pero distintas organizaciones de la sociedad civil ya estudian recurrir a los organismos internacionales mencionados anteriormente para denunciar el hecho.

Bajo la legislación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el desobedecer un fallo condenatorio puedo llevar a una nueva condena al Estado en rebeldía.