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Año X, 22 de julio de 2018

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Estudiantes y oposición critican prioridades de Varela en Educación

Dirigentes estudiantiles, parlamentarios y expertos en la materia dieron a conocer su parecer sobre los anuncios del ministro Gerardo Varela.  

Rodrigo Fuentes

  Miércoles 4 de abril 2018 16:41 hrs. 
varela

Los máximos representantes del ministerio de Educación dieron a conocer este martes y miércoles en el Congreso los aspectos fundamentales que abarcará su propuesta legislativa para los próximos cuatro años.

El secretario de Estado, Gerardo Varela, se reunió con los diputados de la comisión del ramo y este miércoles con los senadores de similar instancia parlamentaria.

Preliminarmente destacan seis las prioridades a legislar. Entre las iniciativas se encuentra extender el plazo de cierre de colegios, de cuatro a ocho años, si un colegio repite malos resultados en evaluaciones de aseguramiento de la calidad.

El ministro Gerardo Varela anunció también que presentarán un proyecto para crear una subvención especial que priorice la retención y reincorporación de alumnos en el sistema escolar.

Otra de las iniciativas apunta a mejorar la aplicación de los reglamentos relacionados con la quiebra y liquidación de universidades con la administración provisional.

Otra de las prioridades anunciadas por el ministro de Educación fue la de ampliar la cobertura por gratuidad al 90 por ciento de los estudiantes de escasos recursos para su ingreso a centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP).

Finalmente está el anuncio que hizo el secretario de Estado este martes en el Congreso, donde confirmó el retiro del proyecto presentado en los últimos días de mandato de Michelle Bachelet que buscaba regular el Crédito con Aval del Estado, CAE.

Para el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Alfonso Mohor, los anuncios se orientan a una perspectiva técnica de la educación, desplazando al sector secundario y universitario.

Sobre el CAE, el también vocero de la Confech, rechazó el plazo de 90 días para que esta nueva iniciativa sea ingresada a trámite legislativo, además del hermetismo con que se maneja y que, para el dirigente estudiantil, genera más incertidumbre en los miles de deudores.

“El piso mínimo es que la banca no esté en la fórmula, se debe condonar las deudas educativas que afecta a millones de estudiantes en Chile y, por otro lado, eliminar toda lógica de créditos, los derechos sociales no pueden ser objeto de negocios ni algo que endeude a las familias para poder acceder a ellos”, afirmó.

En tanto, para el senador integrante de la Comisión de Educación, Jaime Quintana, la agenda del Gobierno se presenta difusa y carece de ambición.

“Es una agenda un tanto difusa, menos ambiciosa, comparado con las anteriores propuestas realizadas por el Presidente Sebastián Piñera en su primer mandato. Echo de menos un énfasis mayor en la escuela pública, es evidente que tenemos un deterioro fuerte en temas tan básicos como el sanitario, es bueno mirar el estado en que se encuentran muchos establecimientos, creo que falta ahí ponen énfasis en el deterioro de la escuela, infraestructura, a veces calidad de todos los procesos”, argumentó.

Al respecto, el senador de Frente Amplio Juan Ignacio Latorre criticó las prioridades educacionales del Presidente Sebastián Piñera. Precisó que las ideas no tocan el problema del lucro en la educación. Para el parlamentario, uno de los puntos que desataron la crisis surgida en el sistema educativo y que continúan sin respuesta.

“La discusión sobre el lucro es también una discusión sobre calidad, es decir, cada peso que retira un privado, un empresario que mantiene negocio con la educación, es un peso menos que se deja de destinar e invertir en la calidad de la educación, lo mismo en cuanto al debate sobre segregación, un sistema segregado también afecta a la calidad y de eso hay mucha evidencia empírica comparada, por lo tanto, no es simplemente un tema ideológico como muchas veces se plantea”, subrayó.

Una visión coincidente expresó Víctor Orellana, integrante del Centro de Investigación Avanzada de Educación (CIAE) de la Universidad de Chile. Para el experto en el tema, lo más preocupante de estas prioridades legislativas anunciadas por el Ejecutivo es que deja sin resolver el problema fundamental de la educación, si se determina como un derecho social o sigue siendo un mero bien de consumo.

“Desafortunadamente tampoco es para celebrar, porque la educación hoy día es tan privada, mercantilizada y con tanto lucro, como lo era el año 2011. Mi impresión es que la sociedad se está hartando, resulta irónico que quienes más despotrican contra los autoritarismos, estén construyendo las bases para un autoritarismo en la medida de que la política no toma recibo de lo que plantea la sociedad”, aseveró.

Víctor Orellana aclaró que por lo siguientes cuatro años se “continúa proyectando a la educación como una obligación necesaria, pero que conlleva un notable desgaste humano, a través de la segregación, exclusión y endeudamiento”. Precisó que esto también se puede manejar como una oportunidad para las fuerzas políticas, “quienes pueden llevar adelante las nuevas transformaciones que necesita la sociedad chilena”