No será el único, pues el ex embajador de Chile ante República Checa durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Rozas López, será querellado por la misma causa que Ominami: facilitación de documentación tributaria falsa, que permitió a SQM rebajar su renta líquida imponible.
Mientras que a este último se le acusa de facilitar 206 boletas falsas por un monto aproximado de 500 millones de pesos, a ME-O se le responsabiliza de facilitar 36 facturas a SQM Salar y dos facturas falsas a SQM por 420 millones de pesos. Todas estas facturas se hicieron a través de su brazo derecho, Cristian Warner.
Para que el SII tomara la decisión de querellarse, fue clave la declaración de Patricio Contesse, ex gerente general de la minera no metálica, quien sindicó a ME-O como facilitador de documentos tributarios ideológicamente falsos para financiar actividades políticas.
Según consignó La Tercera, Contesse dijo que el líder del Partido Progresista (PRO) solicitó un dinero determinado y negociaron el monto, todo esto para financiar sus campañas políticas y al PRO. “Cuando estábamos conversando, sobre los aportes, Marco me señaló que iba a utilizar las facturas de la empresa del señor Cristian Warner”, declaró.
El testimonio fue una lápida para el ex candidato presidencial, quien siempre negó las acusaciones que se le hacían. Patricio Contesse lo delató. A media tarde el creador del PRO reaccionó y, a través de su cuenta de Twitter, señaló que el ex gerente de SQM faltaba a la verdad con sus declaraciones. “Contesse miente. Exijo un juicio para probar mi inocencia. Quiere salvarle el pellejo a sus amigos. Les aseguro que pretenden cerrar el caso y que todos queden libres de polvo y paja. Exijo ir a un juicio”, señala su publicación.
La ONG Ciudadano Inteligente es querellante en el Caso SQM. Su representante, Mauricio Daza , dijo a Radio y Diario Universidad de Chile que esta querella del SII es un avance en la lucha contra la corrupción, pero que aún falta mucho por delante, pues hay muchos políticos en funciones que han pasado desapercibidos, incluyendo parlamentarios, e incluso a Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
“Nos parece bien que se investigue pero esto no puede quedar sencillamente a una persona que en la práctica está fuera del ámbito político relevante o con proyección real en nuestro país como ME-O, sino que también hay que investigar a quienes de alguna manera siguen vinculados al poder y esto involucra indagar en serio lo que es el financiamiento ilegal a las campañas presidenciales tanto de Michelle Bachelet, a través de asesorías y negocios, como también las campañas parlamentarias de distintos diputados y senadores de todos los sectores, e incluso aquella factura que apareció a finales del año pasado relacionada con la campaña del anterior gobierno de Sebastián Piñera”.
Al respecto, Daza cree que falta voluntad para investigar a los políticos y sus candidaturas. Si bien existen antecedentes para imputar e investigar a ME-O, esto debe ser aparejado con investigaciones a otras candidaturas, tanto o más cuestionadas.
“Es fácil querellarse hoy en contra de una persona que finalmente fue derrotada de manera contundente en la última elección y cuyo futuro político es dudoso. Lo que corresponde en un Estado de derecho en forma, como lo han demostrado países incluso del ámbito latinoamericano como Brasil y Perú, es ir en contra de los actos de corrupción de quienes realmente manejan el poder político hoy, y en eso el Ministerio Público está muy al debe”.
Daza va incluso más allá, afirmando que en la Fiscalía no hay un ánimo de investigar como corresponde a quienes ejercen el poder político, al contrario, “lo que se ve es un ánimo de cerrar las causas, especialmente las vinculadas a SQM”.
Además de las dos querellas que serán presentadas en el Octavo Juzgado de Garantía, el SII amplió la querella contra Carmen Luz Valdivieso Almarza y Marisol Elvira Cavieres Romero, por la facilitación de boletas de honorarios falsas y la facilitación de boletas de honorarios electrónicas ideológicamente falsas, respectivamente.
No será el único, pues el ex embajador de Chile ante República Checa durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Rozas López, será querellado por la misma causa que Ominami: facilitación de documentación tributaria falsa, que permitió a SQM rebajar su renta líquida imponible.
Mientras que a este último se le acusa de facilitar 206 boletas falsas por un monto aproximado de 500 millones de pesos, a ME-O se le responsabiliza de facilitar 36 facturas a SQM Salar y dos facturas falsas a SQM por 420 millones de pesos. Todas estas facturas se hicieron a través de su brazo derecho, Cristian Warner.
Para que el SII tomara la decisión de querellarse, fue clave la declaración de Patricio Contesse, ex gerente general de la minera no metálica, quien sindicó a ME-O como facilitador de documentos tributarios ideológicamente falsos para financiar actividades políticas.
Según consignó La Tercera, Contesse dijo que el líder del Partido Progresista (PRO) solicitó un dinero determinado y negociaron el monto, todo esto para financiar sus campañas políticas y al PRO. “Cuando estábamos conversando, sobre los aportes, Marco me señaló que iba a utilizar las facturas de la empresa del señor Cristian Warner”, declaró.
El testimonio fue una lápida para el ex candidato presidencial, quien siempre negó las acusaciones que se le hacían. Patricio Contesse lo delató. A media tarde el creador del PRO reaccionó y, a través de su cuenta de Twitter, señaló que el ex gerente de SQM faltaba a la verdad con sus declaraciones. “Contesse miente. Exijo un juicio para probar mi inocencia. Quiere salvarle el pellejo a sus amigos. Les aseguro que pretenden cerrar el caso y que todos queden libres de polvo y paja. Exijo ir a un juicio”, señala su publicación.
La ONG Ciudadano Inteligente es querellante en el Caso SQM. Su representante, Mauricio Daza , dijo a Radio y Diario Universidad de Chile que esta querella del SII es un avance en la lucha contra la corrupción, pero que aún falta mucho por delante, pues hay muchos políticos en funciones que han pasado desapercibidos, incluyendo parlamentarios, e incluso a Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
“Nos parece bien que se investigue pero esto no puede quedar sencillamente a una persona que en la práctica está fuera del ámbito político relevante o con proyección real en nuestro país como ME-O, sino que también hay que investigar a quienes de alguna manera siguen vinculados al poder y esto involucra indagar en serio lo que es el financiamiento ilegal a las campañas presidenciales tanto de Michelle Bachelet, a través de asesorías y negocios, como también las campañas parlamentarias de distintos diputados y senadores de todos los sectores, e incluso aquella factura que apareció a finales del año pasado relacionada con la campaña del anterior gobierno de Sebastián Piñera”.
Al respecto, Daza cree que falta voluntad para investigar a los políticos y sus candidaturas. Si bien existen antecedentes para imputar e investigar a ME-O, esto debe ser aparejado con investigaciones a otras candidaturas, tanto o más cuestionadas.
“Es fácil querellarse hoy en contra de una persona que finalmente fue derrotada de manera contundente en la última elección y cuyo futuro político es dudoso. Lo que corresponde en un Estado de derecho en forma, como lo han demostrado países incluso del ámbito latinoamericano como Brasil y Perú, es ir en contra de los actos de corrupción de quienes realmente manejan el poder político hoy, y en eso el Ministerio Público está muy al debe”.
Daza va incluso más allá, afirmando que en la Fiscalía no hay un ánimo de investigar como corresponde a quienes ejercen el poder político, al contrario, “lo que se ve es un ánimo de cerrar las causas, especialmente las vinculadas a SQM”.
Además de las dos querellas que serán presentadas en el Octavo Juzgado de Garantía, el SII amplió la querella contra Carmen Luz Valdivieso Almarza y Marisol Elvira Cavieres Romero, por la facilitación de boletas de honorarios falsas y la facilitación de boletas de honorarios electrónicas ideológicamente falsas, respectivamente.
No será el único, pues el ex embajador de Chile ante República Checa durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Rozas López, será querellado por la misma causa que Ominami: facilitación de documentación tributaria falsa, que permitió a SQM rebajar su renta líquida imponible.
Mientras que a este último se le acusa de facilitar 206 boletas falsas por un monto aproximado de 500 millones de pesos, a ME-O se le responsabiliza de facilitar 36 facturas a SQM Salar y dos facturas falsas a SQM por 420 millones de pesos. Todas estas facturas se hicieron a través de su brazo derecho, Cristian Warner.
Para que el SII tomara la decisión de querellarse, fue clave la declaración de Patricio Contesse, ex gerente general de la minera no metálica, quien sindicó a ME-O como facilitador de documentos tributarios ideológicamente falsos para financiar actividades políticas.
Según consignó La Tercera, Contesse dijo que el líder del Partido Progresista (PRO) solicitó un dinero determinado y negociaron el monto, todo esto para financiar sus campañas políticas y al PRO. “Cuando estábamos conversando, sobre los aportes, Marco me señaló que iba a utilizar las facturas de la empresa del señor Cristian Warner”, declaró.
El testimonio fue una lápida para el ex candidato presidencial, quien siempre negó las acusaciones que se le hacían. Patricio Contesse lo delató. A media tarde el creador del PRO reaccionó y, a través de su cuenta de Twitter, señaló que el ex gerente de SQM faltaba a la verdad con sus declaraciones. “Contesse miente. Exijo un juicio para probar mi inocencia. Quiere salvarle el pellejo a sus amigos. Les aseguro que pretenden cerrar el caso y que todos queden libres de polvo y paja. Exijo ir a un juicio”, señala su publicación.
La ONG Ciudadano Inteligente es querellante en el Caso SQM. Su representante, Mauricio Daza , dijo a Radio y Diario Universidad de Chile que esta querella del SII es un avance en la lucha contra la corrupción, pero que aún falta mucho por delante, pues hay muchos políticos en funciones que han pasado desapercibidos, incluyendo parlamentarios, e incluso a Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
“Nos parece bien que se investigue pero esto no puede quedar sencillamente a una persona que en la práctica está fuera del ámbito político relevante o con proyección real en nuestro país como ME-O, sino que también hay que investigar a quienes de alguna manera siguen vinculados al poder y esto involucra indagar en serio lo que es el financiamiento ilegal a las campañas presidenciales tanto de Michelle Bachelet, a través de asesorías y negocios, como también las campañas parlamentarias de distintos diputados y senadores de todos los sectores, e incluso aquella factura que apareció a finales del año pasado relacionada con la campaña del anterior gobierno de Sebastián Piñera”.
Al respecto, Daza cree que falta voluntad para investigar a los políticos y sus candidaturas. Si bien existen antecedentes para imputar e investigar a ME-O, esto debe ser aparejado con investigaciones a otras candidaturas, tanto o más cuestionadas.
“Es fácil querellarse hoy en contra de una persona que finalmente fue derrotada de manera contundente en la última elección y cuyo futuro político es dudoso. Lo que corresponde en un Estado de derecho en forma, como lo han demostrado países incluso del ámbito latinoamericano como Brasil y Perú, es ir en contra de los actos de corrupción de quienes realmente manejan el poder político hoy, y en eso el Ministerio Público está muy al debe”.
Daza va incluso más allá, afirmando que en la Fiscalía no hay un ánimo de investigar como corresponde a quienes ejercen el poder político, al contrario, “lo que se ve es un ánimo de cerrar las causas, especialmente las vinculadas a SQM”.
Además de las dos querellas que serán presentadas en el Octavo Juzgado de Garantía, el SII amplió la querella contra Carmen Luz Valdivieso Almarza y Marisol Elvira Cavieres Romero, por la facilitación de boletas de honorarios falsas y la facilitación de boletas de honorarios electrónicas ideológicamente falsas, respectivamente.
