Diario y Radio U Chile

Año X, 17 de agosto de 2018

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Renta Básica Universal: Fracaso finés y/o medida inevitable

Roberto Meza A.

  Miércoles 2 de mayo 2018 13:00 hrs. 
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La semana pasada, Finlandia anunció, con escaso eco en los medios, que el proyecto de Renta Básica Universal (RBU) que ese país nórdico lanzara el 1º de enero de 2017, con duración de dos años (hasta el 31 de diciembre de 2018), no se extenderá más allá de esa fecha. Aunque las autoridades no detallaron razones, el Ejecutivo conservador promotor de la iniciativa dijo que exploraría “otras alternativas” de modelos de seguridad social.

El ahora fracasado proyecto consistía en entregar 560 euros al mes, libres de impuestos, durante dos años a dos mil cesantes de entre 25 y 58 años, elegidos al azar entre 175 mil personas de todo el país y que percibían algún tipo de subsidio por desempleo.

El propósito ulterior era extender su alcance hacia otros grupos de la población, una vez transcurrido el período previsto, y analizar sus efectos también entre personas empleadas. Olli Kangas, director de relaciones comunitarias y gubernamentales del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Finlandia, uno de los principales responsables del proyecto, ha dicho que en esos otros grupos debería haber pequeños emprendedores y trabajadores autónomos, habida consideración la tendencia creciente de más gente generando sus propios puestos de trabajo.  A nivel macro, en tanto, se buscaba determinar si la RBU incentiva o no a los desempleados a buscar empleo, reducir la pobreza y simplificar la maquinaria burocrática de la seguridad social.

En el origen del experimento se planteó que la RBU podría ser una solución para afrontar los desafíos de los previsibles cambios estructurales del mercado laboral, debido a la creciente automatización de la industria. Sin embargo, tras su suspensión, Kangas cree que la experiencia no fue suficientemente amplia como para obtener la información necesaria para analizar la viabilidad de RBU, al tiempo que, otros expertos, estiman que la propuesta debería sostenerse al menos seis años para tener resultados válidos. De allí que partidarios del modelo solicitaran al Ejecutivo finlandés más fondos para ampliar el experimento a un grupo aleatorio de otras 10 mil personas a partir de 2019, con un costo estimado entre 40 y 70 millones de euros.

Pero la economía de Finlandia, tras la crisis de 2008, cuando su PIB cayó casi 9 por ciento unido al descomunal descalabro de Nokia y sus problemas derivados de la falta de competitividad en el mercado de celulares, recién comienza a remontar, con una pobre expectativa de crecimiento de 0,4 por ciento del PIB para 2019, según la OCDE. El primer ministro conservador, Juha Sipilä, en consecuencia, ha decidido no conceder esta financiación adicional y ha optado por explorar otro tipo de modelos alternativos para modernizar el sistema de Seguridad Social.

Otros países que están o han explorado medidas similares son Argentina, Canadá, Brasil, Holanda, Escocia, Kenia e India, aunque, como indicara Kangas en su oportunidad, nadie sabe aún los efectos económicos, sociales y políticos reales que la RBU tiene.

En su definición, la RBU es un pago periódico en efectivo no condicionado, exento de impuestos, que se le da a todos los ciudadanos, sin requisitos de nivel de renta, ni de empleo, ya sea desde un gobierno u otra institución pública y que se suma a cualquier otro ingreso recibido de otros lugares. La recibe todo miembro de pleno derecho o residente de una sociedad, incluso si no quiere trabajar remuneradamente, sin tomar en consideración si es rico o pobre, independiente de cuáles puedan ser otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. Como el experimento finés no cumplía con dichas características, sus tribunales estuvieron a punto de impedir su aplicación, pues podía tratarse de una violación de la Constitución, la cual garantiza trato igualitario a todos los ciudadanos. Junto con esto, la idea se había politizado y técnicamente era difícil aplicarla con su sistema social vigente, razón por la que las autoridades se centraron en los desempleados.

Los partidarios de la RBU afirman que ésta mejora la situación de personas con bajo nivel adquisitivo, los salarios por trabajos desagradable, y las condiciones de negociación laboral; hay menos burocracia social y vigilancia, y como la RBU no se pierde tras encontrar trabajo, sus beneficiarios no caen en ilegalidad, al tiempo que incentiva el autoempleo. Las personas con trabajo y con sueldos superiores, que también tienen derecho a la RBU, pagarían más impuestos, por lo que el Estado recuperaría parte de esos recursos.

Los detractores, por su parte, estiman que la RBU provoca inflación y reduce la capacidad de compra de dicha renta; incentiva a que trabaje menos gente, daña el prestigio del esfuerzo y la educación, aumenta la dependencia ciudadana del Estado y erosiona valores cívicos y a las instituciones democráticas, al tiempo que los trabajos desagradables terminan realizándolos inmigrantes, y se restan recursos para educación, salud, inversión y empleos productivos.

Políticamente, sus partidarios creen, en cambio, que la RBU no es sólo un mecanismo de lucha contra la pobreza, sino que incrementa la libertad efectiva de las personas. Según el belga Phillipe Van Parijs, una sociedad realmente libre es aquella que satisface al menos tres condiciones: seguridad, es decir, una estructura de derechos y libertades básicas bien articulada; propiedad de uno mismo, o sea, cada persona es propietaria de las decisiones sobre su vida; y ordenamiento de las oportunidades, es decir, cada persona cuenta con la mayor oportunidad posible para hacer cualquier cosa que pudiera querer hacer. Así, según Van Parijs, en una sociedad con RBU los que tienen menos oportunidades tendrían más que en cualquier otra.

Desde una perspectiva republicana, a su turno, los defensores de la RBU acuden a la clásica noción de libertad como autogobierno, la que apunta a que quien no dispone de una base material suficiente para garantizarse una existencia social autónoma, tendrá que sobrevivir pidiendo permiso a otras y, por lo mismo, se verá, en mayor o menor medida, sometido a la voluntad de aquellas.

Desde el punto de vista económico, en una sociedad basada en el conocimiento, la RBU sería una forma de distribución de la renta que no pasa por el salario percibido, pues, se afirma, si la producción es cada vez más social, la remuneración por el trabajo tendría también que serlo, hecho que implícitamente sería, además, un reconocimiento al derecho a la propiedad privada originaria o derecho universal a la propiedad, esto es, a la idea de que a toda persona debe reconocérsele un derecho sobre determinada porción de riqueza, o como indica el esquema del ensayista argentino, Gabriel Stilman, sobre una porción del valor de los recursos naturales de dicha sociedad.

En su “cuello de botella” de fondo, las estrategias de financiamiento de la RBU han ido desde el establecimiento de una tasa de impuesto sobre las rentas individuales, hasta disminuciones de impuesto a las empresa y alzas de IVA para hacer que, quien gaste más, pague más tributos, pasando por impuestos a las ganancias de capital, a las transacciones financieras (Tobin), a las sucesiones, lujo, peajes progresivos y otros.

Empresarios TIC como Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, o Sam Altman creen que la RBU es adecuada para amortiguar los efectos de la crisis en términos de desigualdad y para afrontar la inevitable automatización del futuro inmediato, advirtiendo que. más temprano que tarde, aquella se instalará en la nueva sociedad del conocimiento. En efecto, estimaciones en EEUU prevén que un trabajador que gane menos de US$ 20 por hora tiene una probabilidad de sobre el 80 por ciento de perder su empleo frente a una máquina e, incluso, aquellos que ganan 40  dólares por hora, tienen 30 por ciento de probabilidad de encarar igual destino. Un futuro inquietante si la renta depende única y exclusivamente del trabajo.