Diario y Radio U Chile

Año X, 22 de mayo de 2018

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Pugna entre el TC y DD.HH podría escalar a la justicia internacional

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, no acudió al Senado evitando así referirse a polémicos fallos y a la situación de derechos humanos, mientras organizaciones de víctimas no descartan acudir a tribunales internacionales

Natalia Figueroa

  Sábado 12 de mayo 2018 8:33 hrs. 
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El miércoles pasado la sala del Senado esperaba recibir al presidente del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica, a propósito del debate que han generado sus fallos y las facultades que tendría sobre los proyectos de ley. También se abordaría la suspensión de causas de lesa humanidad, un tema que ha generado bastante revuelo durante el último mes. Pese a todo, el ministro se excusó de asistir por “temas de agenda”. Ese día Aróstica pudo haber aclarado los criterios para revisar ciertas causas y desplazar otras de la tabla como las de derechos humanos o incluso pudo haber asistido un representante pero no fue el caso.

Y aunque se esperaba que la exposición del ministro versara sobre una serie de temas que han tenido al TC en el escrutinio público – como el fallo sobre Educación Superior- el presidente de la Cámara Alta, el socialista Carlos Montes, dijo que el tema más urgente es la situación de DD.HH. Por lo mismo, se postergó la sesión especial solicitada por la oposición y, aunque hasta ayer viernes aún no llegaba la invitación al TC, Montes dijo que se esperaría que Aróstica acudiera a la sala el próximo miércoles al mediodía.

La semana recién pasada el Senado aprobó un proyecto de resolución para solicitar directamente al TC frenar la suspensión de causas de esta materia, aunque el escenario ya  había sido alertado por una iniciativa que el PPD Felipe Harboe presentó al Ejecutivo. Sumado a esto, una eventual demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incomodaría al tribunal.

Desde el interior del TC afirmaron que la presión externa evidentemente ha tenido repercusiones porque hace meses que se le había advertido a Aróstica que “los abogados de los militares estaban jugando a que se les murieran en la casa sin condena y que si eso ocurría, con razón, los familiares acudirían a la justicia internacional una vez agotadas todas las instancias internas para denunciar al Estado por falta de justicia. Y se le recalcó: “el responsable de todo sería el TC”. En el último tiempo, la situación a Aróstica le ha generado más de un dolor de cabeza y ha sido causa de polémica con sus pares. “Su error es pensar que las causas de derechos humanos son menos importantes”, señalaron fuentes del tribunal.

Fue durante la última semana de marzo cuando la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de Chillán le manifestó a Aróstica que de seguir observando “maniobras dilatorias” recurrirían a la CIDH. A sabiendas de que se trata de un proceso largo – podrían pasar varios años antes de alcanzar un fallo en contra del Estado-, deslizaron la posibilidad poniendo en la balanza las más de dos décadas que llevan abiertas las causas y la inexistencia de condenas. Varias de ellas se iniciaron con querellas que fueron presentadas entre 1973 y 1975, pero que estuvieron congeladas durante años. Hoy, el norte de la Agrupación es agotar todas las instancias, según afirmó su presidenta Teresa Retamal, y por lo mismo, seguir la vía internacional es una opción que no se descarta.

“Aróstica nos dijo todo y nada a la vez, como siempre. No se mostró preocupado porque en realidad nos miró como si supiera que no lograríamos grandes repercusiones. Para él fue recibir a un grupo de viejas no más”, relató. En esa cita el ministro se habría comprometido a hacer lo que estuviese a su alcance en la sala que integra, aunque también depende exclusivamente de él poner en tabla las causas para su revisión en el pleno del TC.

A todas luces, no parece una eventualidad que el TC mantenga entrampado estos procesos judiciales. Y es que a pesar del traslado de las causas, en 2017, desde la Corte de Apelaciones de Chillán a Concepción donde el ministro Carlos Aldana había acelerado los procesos, el TC ha sido un muro de contención para su etapa final: dictar sentencia en contra de los criminales. Los datos entregados por los abogados Francisco Jara y Francisco Ugás registraron que desde 2015 hasta principios de abril pasado, 12 causas se mantenían paralizadas y cinco correspondían a la región de Ñuble.

“Los parlamentarios no tenían idea de lo que estaba ocurriendo con el TC”, comentó Teresa Retamal, refiriéndose a la reacción que ha generado situación en el Congreso. Pero la abogada de la AFEP e investigadora Fundación Nodo XXI, Paz Becerra no dejó atrás sus críticas: “Los ex Nueva Mayoría hoy hacen ruido, pero ¿por qué no lo hicieron antes de irse?”. Sobre esto el senador Carlos Montes aseguró que el tema se ha ido conociendo de manera gradual pero que su envergadura la supieron sólo recientemente y que, por lo mismo, esperan las explicaciones de Aróstica. Sobre la opción de los familiares de recurrir a la justicia internacional dijo que probablemente tensione al Tribunal, pero tampoco quiso ahondar más en el tema.

A fin de cuentas, si ha respondido a la presión del Parlamento, a las apariciones del tema en la prensa o a la posibilidad de escalar a la justicia internacional, lo cierto es que el TC ha puesto tres causas de esta materia en tabla para seguir con los alegatos. Las sesiones del pleno se realizan los martes y jueves (mañana y tarde) y desde hace un mes atrás se estaría destinando una de las cuatro sesiones sólo para dichas causas.

“Las muertes son sólo el telón de fondo”

La situación no ha tenido la suficiente relevancia pública excepto por las causas que llevan la etiqueta de “emblemáticas” como es la Operación Cóndor por los crímenes de carácter internacional y por la gran cantidad de víctimas y agentes procesados. Después de cinco meses suspendida, el 26 abril pasado se escucharon los alegatos de fondo de esta causa por el recurso que presentaron los generales en retiro del Ejército René Miguel Riveros Valderrama y Francisco Pérez Egert. Ambos ex uniformados integraron la Caravana de la Muerte.

Por parte de los requirentes, el abogado Jorge Montero Mujica, después de unos minutos de presentación y golpeando sutilmente la mesa, le dijo a sus pares: “Poco se han dedicado a atacar lo constitucional, más bien atienden a la gravedad de los hechos. Aquí los muertos son el telón de fondo de la situación. Hay una persecusión política en contra de los militares y eso hay que transparentarlo”.

Su estrategia fue invalidar el sistema de procedimiento penal antiguo y apuntar a tres grupos de normas: referidas al secreto del sumario, a las declaraciones que prestó el inculpado en el procedimiento criminal y a las normas de incomunicación en medio de una investigación. Pero desde el propio Ministerio de Justicia aclararon que son normas que no resultan decisivas para la gestión pendiente y que se aplicaron en etapa de sumario, mientras que actualmente está en plenario. Es decir, están jugando fuera de tiempo.

La abogada de la AFEP, Alfonsina Peña, puso sobre la mesa un punto fundamental: “se habla sobre las declaraciones, pero hay que ver que tanto aportaron para esclarecer los hechos”. Todo indica que los acusados nunca han avanzado en esta dirección. Y para eso un breve repaso a los testimonios de el ex uniformado Riveros Valderrama:

A fojas 27.305: “No recuerdo haber trabajado ningún tipo de antecedente que tuviera que ver con el Plan Cóndor, del cual desconozco denominación e información alguna”. A fojas 18.010 señala: “Nunca escuché mencionar el nombre de las víctimas que se me señalan y nunca las ví. Quiero aclarar también que nunca escuché el nombre Operación Cóndor”. A fojas 18.163: “Yo nunca me enteré de las atrocidades que se cometieron en esta organización, mientras participaba en el Ejército”. Por último, a fojas 18.194: “Las versiones que me señalan que para el mes de mayo de 1977 me encontraba desempeñando funciones en el cuartel Simón Bolívar son falsas”.

La omisión y el secreto han sido la constante.

La crisis del TC

“Nunca antes el Tribunal Constitucional había generado este tipo de vergüenza académica. Somos un hazmerreír”. Esas fueron las categóricas palabras del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Raúl Letelier para referirse al amplio malestar que ha generado este tribunal. Según explicó, sus fallos han atropellado y deteriorado los distintos sectores del derecho y, en particular, en materia de DD.HH las decisiones de suspender el procedimiento han ido en contra de la tendencia de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de darles un trato especial a las causas y dictar sentencias a los criminales.

“Estamos ante una de las peores crisis de la justicia constitucional en el país”, aseveró el profesional, recalcando que desde que se perdió el equilibrio binominal en el Tribunal, en 2015, las defensas de los militares notaron que se trataba de una instancia estratégica para ellos.

En general, se habla de un avance desde el Poder Judicial en estas causas pero con instituciones que no se han adaptado a esa realidad, y muestra de ello sería el TC. Otras situaciones también reforzarían esta última idea, por ejemplo, que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia no asista jurídicamente a los familiares de sobrevivientes de prisión política y tortura o que la Subsecretaría de DD.HH estableciera un Plan Nacional donde las demandas de agrupaciones de víctimas hasta ahora no tengan un tratamiento especial, lo mismo que se le pide hoy al TC. “La lectura es que el Gobierno dijo ´miren hay varios temas de derechos humanos, así que pónganse a la fila´”, comentó la abogada Paz Becerra.

Con todo, pareciera que la conducta del TC más allá de ser aberrante, dijo la profesional, no está alejada de un contexto que se ha ido legitimando a través de las instituciones, al límite del absurdo permitiendo las impugnaciones como las descritas más arriba. Y, por lo mismo, agregó, no resulta extraño que no se genere el mismo ruido en esta materia como sí lo hizo un fallo sobre Educación Superior.

A todo lo anterior se agrega un dato: al día mueren dos personas que fueron víctimas de tortura durante la dictadura cívico- militar de Augusto Pinochet en el país. Una cifra que maneja la AFEP y que revela lo apremiante que es revisar estas causas ante la incesante búsqueda de justicia.