Este fin de semana se informó que el fiscal Pablo Gómez presentaría acusación, en junio, por una de las aristas del caso SQM, que guarda relación con la tramitación de la Ley de Royalty minero y que tiene como principal imputado a Pablo Longueira.

Los delitos para ir a juicio oral son de cohecho y soborno, y en poder de la Fiscalía se encuentran los correos entre el ex senador de la UDI y el ex gerente general, Patricio Contesse, en donde se da cuenta de la influencia de la minera no metálica en la tramitación del proyecto.

Para Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente, es difícil confiar en el fiscal Gómez, pues ha tenido una “conducta errática”.

“Él ingresó una solicitud formal para que se reformalizara a Pablo Longueira, incluyendo gestiones vinculadas al nuevo Código de Aguas; sin embargo, una vez que se llevó a cabo materialmente la audiencia, finalmente no se amplió la imputación a ese ámbito, cuando se había anunciado así. En este caso SQM las versiones son múltiples y lo único que vale es lo que ocurra de manera formal”, dijo.

Una de las dificultades para presentar una acusación, acorde a El Mercurio, sería la dificultad de acreditar la existencia de pagos a cambio de favores políticos. A raíz de esto, Daza indicó que “todas las versiones que indican que sería difícil el poder acreditar cohecho en un juicio oral son interesadas y derivan del desconocimiento de la carpeta investigativa, o del tipo penal del cohecho”.

“Ninguna persona llama a un notario público para levantar un acta en el momento en que recibe un soborno por parte de una empresa a cambio de realizar un tipo de gestión en su favor. Por lo tanto, necesariamente los delitos de corrupción en general presentan desafíos probatorios, pero eso es en términos globales. En el caso concreto, hay antecedentes que son específicos y que permitirían acreditar en juicio oral este tipo de delitos”, agregó.

Por último, hizo un llamado a los tribunales a que “estén más abiertos a las pruebas indiciarias”.