Sename: entre la corrupción y el desamparo
Los ex ministros José Antonio Gómez y Javiera Blanco podrían estar implicados en la malversación de fondos públicos destinados al programa Aseguramiento de la Calidad de las Residencia y de Mejoramiento Continuo (ASCAR). Dicha iniciativa es parte de los 1263 programas que hoy no tienen fiscalización ni regulación, y que son desarrollados por empresas prestadoras externas.
Martes 15 de mayo 2018 19:12 hrs.
Mientras funcionó, se destinaron 3600 millones de pesos para la ejecución del programa del Sename Aseguramiento de la Calidad de las Residencia y de Mejoramiento Continuo (ASCAR). Los destinos de dichos fondos son investigados por la Contraloría General de la República, la fiscalía y tribunales de justicia, luego que parlamentarios de Chile Vamos presentaran una querella en contra de quienes resulten responsables de la malversación de dichos fondos públicos.
En esta escena se encuentran vinculados los ex ministros de justicia, José Antonio Gómez y Javiera Blanco, quienes son investigados por el ministerio público por fraude al fisco, puesto que el programa fue pensado, proyectado e iniciado en 2013, mientras salía el gobierno de Sebastián Piñera y comenzaba la administración de la Nueva Mayoría.
Con este encabezado surge el cuestionamiento ¿qué hacer si quienes deben aplicar las políticas públicas vulneran su desarrollo?
Actualmente la red Sename ofrece 1.263 programas entre adopción y protección de derechos y justicia juvenil, entre otros, los que no tienen evaluación costo/beneficio y, por lo tanto, no se tiene conocimiento de su impacto real en los niños.
El 71 por ciento de los niños del Sename dicen haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sus padres o cuidadores. Un 38,3 por ciento de los niños de 4 a 18 años presenta algún tipo de trastorno de salud mental, de los cuales, el 77,7 por ciento no está cubierto por la oferta existente.
La fiscalización, observación y promoción de los derechos de los niños por parte de la sociedad civil, se perdió casi en su totalidad cuando se entregó la aplicación de la política pública a los prestadores de servicios, más conocidos como Organismos Colaboradores.
En este sentido, 3600 millones de pesos parece ser una gran cifra, pero cuántos casos como estos habrá si se piensa que “con quienes se juntan las autoridades son las fundaciones y ONGs que le prestan servicio al Estado”, se cuestiona Nathalie Oyarce, presidenta de la Fundación Infancia.
También agregó que “son los mismos que nunca van a querer que esto cambie, porque van a dejar de recibir plata, porque los van a fiscalizar. Probablemente van a surgir demandas por delitos penales. Se hacen llamar sociedad civil, efectivamente lo son, pero en nuestra ley se debe hacer una diferencia entre la sociedad civil, que somos los ciudadanos, y los prestadores de servicio, que pasan por procesos de licitaciones como cualquier empresa y es sabido que ninguna empresa se fiscalizará y denunciará”.
“Me parece preocupante lo que está pasando, sin embargo, creo que la Contraloría va a hacer un buen trabajo. A mí lo que me preocupa es lo que pase con la fiscalía, porque la fiscalía, a mi parecer, no va a tener formalizados, o si los tiene, van a ser penas súper bajas, van a ser una vergüenza, porque ya hemos visto como está dirigiendo esto Jorge Abbott”, profundizó Oyarce.
Mesa de infancia
El Gobierno de Sebastián Piñera creó una mesa de infancia en la que se encuentran dialogando con prestadores de servicios, y no con la sociedad civil u organizaciones que se dedican a fiscalizar el desarrollo de la institucionalidad de la infancia.
Por otra parte, en el congreso se encuentran una serie de proyectos de ley en materia de niñez, unos que vienen desde el gobierno anterior, y otros que está impulsando el presidente Piñera, como el aumento del 25 por ciento en la subvención.
“Nos preocupa la noticia de aumento en la subvención sin un sistema de pago contra resultado por trabajo de recuperación con las familias. Nos preocupa que no haya un trabajo de fomento en la desinstitucionalización. Los expertos y los estándares internacionales saben que, por cada mes de institucionalización de un niño, este tendrá 3 o 4 años de retroceso en su desarrollo cognitivo, social y emocional. No naturalicemos la institucionalización, siempre el sistema de residencia es el último resquicio”, explicó Nathalie Oyarce.
La presidenta de Fundación Infancia comenta que otra de las razones por las que se encuentran en desacuerdo con el aumento de la subvención es que “la fiscalía denunció que están investigando posibles pagos de subvenciones por niños muertos, indicando que podría existir un eventual fraude al Fisco, y es una arista que estamos investigando. Fraude de parte de alguna persona relacionada, principalmente, con el ingreso al sistema de personas fallecidas, con el objeto de obtener subvenciones por parte del Estado”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Justicia Hernan Larrain entregó una carpeta al Consejo de Defensa del Estado con antecedentes sobre presuntos desvíos de más de tres mil millones de pesos vinculados al caso ASCAR. La acción del titular de Justicia tiene como objetivo que la instancia determine si es pertinente o no seguir acciones legales contra los responsables.
Mientras funcionó, se destinaron 3600 millones de pesos para la ejecución del programa del Sename Aseguramiento de la Calidad de las Residencia y de Mejoramiento Continuo (ASCAR). Los destinos de dichos fondos son investigados por la Contraloría General de la República, la fiscalía y tribunales de justicia, luego que parlamentarios de Chile Vamos presentaran una querella en contra de quienes resulten responsables de la malversación de dichos fondos públicos.
En esta escena se encuentran vinculados los ex ministros de justicia, José Antonio Gómez y Javiera Blanco, quienes son investigados por el ministerio público por fraude al fisco, puesto que el programa fue pensado, proyectado e iniciado en 2013, mientras salía el gobierno de Sebastián Piñera y comenzaba la administración de la Nueva Mayoría.
Con este encabezado surge el cuestionamiento ¿qué hacer si quienes deben aplicar las políticas públicas vulneran su desarrollo?
Actualmente la red Sename ofrece 1.263 programas entre adopción y protección de derechos y justicia juvenil, entre otros, los que no tienen evaluación costo/beneficio y, por lo tanto, no se tiene conocimiento de su impacto real en los niños.
El 71 por ciento de los niños del Sename dicen haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sus padres o cuidadores. Un 38,3 por ciento de los niños de 4 a 18 años presenta algún tipo de trastorno de salud mental, de los cuales, el 77,7 por ciento no está cubierto por la oferta existente.
La fiscalización, observación y promoción de los derechos de los niños por parte de la sociedad civil, se perdió casi en su totalidad cuando se entregó la aplicación de la política pública a los prestadores de servicios, más conocidos como Organismos Colaboradores.
En este sentido, 3600 millones de pesos parece ser una gran cifra, pero cuántos casos como estos habrá si se piensa que “con quienes se juntan las autoridades son las fundaciones y ONGs que le prestan servicio al Estado”, se cuestiona Nathalie Oyarce, presidenta de la Fundación Infancia.
También agregó que “son los mismos que nunca van a querer que esto cambie, porque van a dejar de recibir plata, porque los van a fiscalizar. Probablemente van a surgir demandas por delitos penales. Se hacen llamar sociedad civil, efectivamente lo son, pero en nuestra ley se debe hacer una diferencia entre la sociedad civil, que somos los ciudadanos, y los prestadores de servicio, que pasan por procesos de licitaciones como cualquier empresa y es sabido que ninguna empresa se fiscalizará y denunciará”.
“Me parece preocupante lo que está pasando, sin embargo, creo que la Contraloría va a hacer un buen trabajo. A mí lo que me preocupa es lo que pase con la fiscalía, porque la fiscalía, a mi parecer, no va a tener formalizados, o si los tiene, van a ser penas súper bajas, van a ser una vergüenza, porque ya hemos visto como está dirigiendo esto Jorge Abbott”, profundizó Oyarce.
Mesa de infancia
El Gobierno de Sebastián Piñera creó una mesa de infancia en la que se encuentran dialogando con prestadores de servicios, y no con la sociedad civil u organizaciones que se dedican a fiscalizar el desarrollo de la institucionalidad de la infancia.
Por otra parte, en el congreso se encuentran una serie de proyectos de ley en materia de niñez, unos que vienen desde el gobierno anterior, y otros que está impulsando el presidente Piñera, como el aumento del 25 por ciento en la subvención.
“Nos preocupa la noticia de aumento en la subvención sin un sistema de pago contra resultado por trabajo de recuperación con las familias. Nos preocupa que no haya un trabajo de fomento en la desinstitucionalización. Los expertos y los estándares internacionales saben que, por cada mes de institucionalización de un niño, este tendrá 3 o 4 años de retroceso en su desarrollo cognitivo, social y emocional. No naturalicemos la institucionalización, siempre el sistema de residencia es el último resquicio”, explicó Nathalie Oyarce.
La presidenta de Fundación Infancia comenta que otra de las razones por las que se encuentran en desacuerdo con el aumento de la subvención es que “la fiscalía denunció que están investigando posibles pagos de subvenciones por niños muertos, indicando que podría existir un eventual fraude al Fisco, y es una arista que estamos investigando. Fraude de parte de alguna persona relacionada, principalmente, con el ingreso al sistema de personas fallecidas, con el objeto de obtener subvenciones por parte del Estado”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Justicia Hernan Larrain entregó una carpeta al Consejo de Defensa del Estado con antecedentes sobre presuntos desvíos de más de tres mil millones de pesos vinculados al caso ASCAR. La acción del titular de Justicia tiene como objetivo que la instancia determine si es pertinente o no seguir acciones legales contra los responsables.
Mientras funcionó, se destinaron 3600 millones de pesos para la ejecución del programa del Sename Aseguramiento de la Calidad de las Residencia y de Mejoramiento Continuo (ASCAR). Los destinos de dichos fondos son investigados por la Contraloría General de la República, la fiscalía y tribunales de justicia, luego que parlamentarios de Chile Vamos presentaran una querella en contra de quienes resulten responsables de la malversación de dichos fondos públicos.
En esta escena se encuentran vinculados los ex ministros de justicia, José Antonio Gómez y Javiera Blanco, quienes son investigados por el ministerio público por fraude al fisco, puesto que el programa fue pensado, proyectado e iniciado en 2013, mientras salía el gobierno de Sebastián Piñera y comenzaba la administración de la Nueva Mayoría.
Con este encabezado surge el cuestionamiento ¿qué hacer si quienes deben aplicar las políticas públicas vulneran su desarrollo?
Actualmente la red Sename ofrece 1.263 programas entre adopción y protección de derechos y justicia juvenil, entre otros, los que no tienen evaluación costo/beneficio y, por lo tanto, no se tiene conocimiento de su impacto real en los niños.
El 71 por ciento de los niños del Sename dicen haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sus padres o cuidadores. Un 38,3 por ciento de los niños de 4 a 18 años presenta algún tipo de trastorno de salud mental, de los cuales, el 77,7 por ciento no está cubierto por la oferta existente.
La fiscalización, observación y promoción de los derechos de los niños por parte de la sociedad civil, se perdió casi en su totalidad cuando se entregó la aplicación de la política pública a los prestadores de servicios, más conocidos como Organismos Colaboradores.
En este sentido, 3600 millones de pesos parece ser una gran cifra, pero cuántos casos como estos habrá si se piensa que “con quienes se juntan las autoridades son las fundaciones y ONGs que le prestan servicio al Estado”, se cuestiona Nathalie Oyarce, presidenta de la Fundación Infancia.
También agregó que “son los mismos que nunca van a querer que esto cambie, porque van a dejar de recibir plata, porque los van a fiscalizar. Probablemente van a surgir demandas por delitos penales. Se hacen llamar sociedad civil, efectivamente lo son, pero en nuestra ley se debe hacer una diferencia entre la sociedad civil, que somos los ciudadanos, y los prestadores de servicio, que pasan por procesos de licitaciones como cualquier empresa y es sabido que ninguna empresa se fiscalizará y denunciará”.
“Me parece preocupante lo que está pasando, sin embargo, creo que la Contraloría va a hacer un buen trabajo. A mí lo que me preocupa es lo que pase con la fiscalía, porque la fiscalía, a mi parecer, no va a tener formalizados, o si los tiene, van a ser penas súper bajas, van a ser una vergüenza, porque ya hemos visto como está dirigiendo esto Jorge Abbott”, profundizó Oyarce.
Mesa de infancia
El Gobierno de Sebastián Piñera creó una mesa de infancia en la que se encuentran dialogando con prestadores de servicios, y no con la sociedad civil u organizaciones que se dedican a fiscalizar el desarrollo de la institucionalidad de la infancia.
Por otra parte, en el congreso se encuentran una serie de proyectos de ley en materia de niñez, unos que vienen desde el gobierno anterior, y otros que está impulsando el presidente Piñera, como el aumento del 25 por ciento en la subvención.
“Nos preocupa la noticia de aumento en la subvención sin un sistema de pago contra resultado por trabajo de recuperación con las familias. Nos preocupa que no haya un trabajo de fomento en la desinstitucionalización. Los expertos y los estándares internacionales saben que, por cada mes de institucionalización de un niño, este tendrá 3 o 4 años de retroceso en su desarrollo cognitivo, social y emocional. No naturalicemos la institucionalización, siempre el sistema de residencia es el último resquicio”, explicó Nathalie Oyarce.
La presidenta de Fundación Infancia comenta que otra de las razones por las que se encuentran en desacuerdo con el aumento de la subvención es que “la fiscalía denunció que están investigando posibles pagos de subvenciones por niños muertos, indicando que podría existir un eventual fraude al Fisco, y es una arista que estamos investigando. Fraude de parte de alguna persona relacionada, principalmente, con el ingreso al sistema de personas fallecidas, con el objeto de obtener subvenciones por parte del Estado”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Justicia Hernan Larrain entregó una carpeta al Consejo de Defensa del Estado con antecedentes sobre presuntos desvíos de más de tres mil millones de pesos vinculados al caso ASCAR. La acción del titular de Justicia tiene como objetivo que la instancia determine si es pertinente o no seguir acciones legales contra los responsables.
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