El grupo, integrado por las concejalas Emilia Ríos, Alejandra Placencia, Paula Mendoza, Patricia Hidalgo, y el concejal Camilo Brodsky, busca que se investiguen los delitos de dictación de resolución administrativa manifiestamente injusta, negociación incompatible, cohecho y desacato. Esto luego de conocer un informe que realizó una Comisión Fiscalizadora de la misma municipalidad a partir de diversas denuncias en contra de la Dirección de Obras, y que entregaría motivos de sospecha.
A través de un comunicado, los concejales indicaron que está acción se enmarca en su deber de “hacer lo que esté en nuestras manos para evitar que los intereses comerciales y/o particulares primen sobre los de la comunidad y su calidad de vida”.
La Dirección de Obras de Ñuñoa estaba siendo investigada por la Comisión debido a una serie de denuncias realizas por los vecinos, quienes ya habían manifestado que algunos permisos eran entregados fuera de la norma.
Una vez que la Comisión Fiscalizadora de la Dirección de Obras Municipales realizó el informe correspondiente, este se presentó frente al Concejo y se sometió en tres ocasiones a votación. Sin embargo, fue rechazado incluso por concejales que integraban la comisión, también por el mismo alcalde Andrés Zarhi.
Paula Mendoza, concejala de Ñuñoa y denunciante ante la Fiscalía, indicó que, ante la evidencia de los hechos, el edil debió tomar cartas en el asunto, pues tiene todas las facultades para remover a quienes se encuentran a cargo de la DOM.
“Lo razonable hubiese sido que, si un alcalde recibe una información tan compleja y delicada como esta, y no está dispuesto a avalar que ocurra ninguna situación rara en su municipio diga “que se investigue y se transparente”. Como eso no ocurrió, nos vimos en la necesidad de acudir a la fiscalía y presentar esta denuncia para que los especialistas investiguen”, señaló Mendoza.
Rodrigo Valdés, asesor jurídico de la organización vecinal Adoquines de Ñuñoa, afirmó que para los vecinos es “una gran tranquilidad saber que una parte de las autoridades haya tenido la voluntad de tomar cartas en el asunto”, pues es algo que exigían hace mucho tiempo.
Además, el abogado afirmó que presentarán ante la Fiscalía todos los antecedentes que han podido recabar como organización, para que estos puedan servir como insumo en la investigación que se llevará a cabo.
Los antecedentes del informe realizado por la Comisión Fiscalizadora de la Municipalidad de Ñuñoa también fueron entregados a la justicia, y los concejales están a la espera de que desde el Ministerio Público determinen el fiscal que comenzará a indagar la situación.
El grupo, integrado por las concejalas Emilia Ríos, Alejandra Placencia, Paula Mendoza, Patricia Hidalgo, y el concejal Camilo Brodsky, busca que se investiguen los delitos de dictación de resolución administrativa manifiestamente injusta, negociación incompatible, cohecho y desacato. Esto luego de conocer un informe que realizó una Comisión Fiscalizadora de la misma municipalidad a partir de diversas denuncias en contra de la Dirección de Obras, y que entregaría motivos de sospecha.
A través de un comunicado, los concejales indicaron que está acción se enmarca en su deber de “hacer lo que esté en nuestras manos para evitar que los intereses comerciales y/o particulares primen sobre los de la comunidad y su calidad de vida”.
La Dirección de Obras de Ñuñoa estaba siendo investigada por la Comisión debido a una serie de denuncias realizas por los vecinos, quienes ya habían manifestado que algunos permisos eran entregados fuera de la norma.
Una vez que la Comisión Fiscalizadora de la Dirección de Obras Municipales realizó el informe correspondiente, este se presentó frente al Concejo y se sometió en tres ocasiones a votación. Sin embargo, fue rechazado incluso por concejales que integraban la comisión, también por el mismo alcalde Andrés Zarhi.
Paula Mendoza, concejala de Ñuñoa y denunciante ante la Fiscalía, indicó que, ante la evidencia de los hechos, el edil debió tomar cartas en el asunto, pues tiene todas las facultades para remover a quienes se encuentran a cargo de la DOM.
“Lo razonable hubiese sido que, si un alcalde recibe una información tan compleja y delicada como esta, y no está dispuesto a avalar que ocurra ninguna situación rara en su municipio diga “que se investigue y se transparente”. Como eso no ocurrió, nos vimos en la necesidad de acudir a la fiscalía y presentar esta denuncia para que los especialistas investiguen”, señaló Mendoza.
Rodrigo Valdés, asesor jurídico de la organización vecinal Adoquines de Ñuñoa, afirmó que para los vecinos es “una gran tranquilidad saber que una parte de las autoridades haya tenido la voluntad de tomar cartas en el asunto”, pues es algo que exigían hace mucho tiempo.
Además, el abogado afirmó que presentarán ante la Fiscalía todos los antecedentes que han podido recabar como organización, para que estos puedan servir como insumo en la investigación que se llevará a cabo.
Los antecedentes del informe realizado por la Comisión Fiscalizadora de la Municipalidad de Ñuñoa también fueron entregados a la justicia, y los concejales están a la espera de que desde el Ministerio Público determinen el fiscal que comenzará a indagar la situación.
El grupo, integrado por las concejalas Emilia Ríos, Alejandra Placencia, Paula Mendoza, Patricia Hidalgo, y el concejal Camilo Brodsky, busca que se investiguen los delitos de dictación de resolución administrativa manifiestamente injusta, negociación incompatible, cohecho y desacato. Esto luego de conocer un informe que realizó una Comisión Fiscalizadora de la misma municipalidad a partir de diversas denuncias en contra de la Dirección de Obras, y que entregaría motivos de sospecha.
A través de un comunicado, los concejales indicaron que está acción se enmarca en su deber de “hacer lo que esté en nuestras manos para evitar que los intereses comerciales y/o particulares primen sobre los de la comunidad y su calidad de vida”.
La Dirección de Obras de Ñuñoa estaba siendo investigada por la Comisión debido a una serie de denuncias realizas por los vecinos, quienes ya habían manifestado que algunos permisos eran entregados fuera de la norma.
Una vez que la Comisión Fiscalizadora de la Dirección de Obras Municipales realizó el informe correspondiente, este se presentó frente al Concejo y se sometió en tres ocasiones a votación. Sin embargo, fue rechazado incluso por concejales que integraban la comisión, también por el mismo alcalde Andrés Zarhi.
Paula Mendoza, concejala de Ñuñoa y denunciante ante la Fiscalía, indicó que, ante la evidencia de los hechos, el edil debió tomar cartas en el asunto, pues tiene todas las facultades para remover a quienes se encuentran a cargo de la DOM.
“Lo razonable hubiese sido que, si un alcalde recibe una información tan compleja y delicada como esta, y no está dispuesto a avalar que ocurra ninguna situación rara en su municipio diga “que se investigue y se transparente”. Como eso no ocurrió, nos vimos en la necesidad de acudir a la fiscalía y presentar esta denuncia para que los especialistas investiguen”, señaló Mendoza.
Rodrigo Valdés, asesor jurídico de la organización vecinal Adoquines de Ñuñoa, afirmó que para los vecinos es “una gran tranquilidad saber que una parte de las autoridades haya tenido la voluntad de tomar cartas en el asunto”, pues es algo que exigían hace mucho tiempo.
Además, el abogado afirmó que presentarán ante la Fiscalía todos los antecedentes que han podido recabar como organización, para que estos puedan servir como insumo en la investigación que se llevará a cabo.
Los antecedentes del informe realizado por la Comisión Fiscalizadora de la Municipalidad de Ñuñoa también fueron entregados a la justicia, y los concejales están a la espera de que desde el Ministerio Público determinen el fiscal que comenzará a indagar la situación.
