Diario y Radio U Chile

Año X, 20 de junio de 2018

Escritorio

Caso Luchsinger-Mackay: Las dudas que enturbian la sentencia

En entrevista con nuestro medio, el abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, se refirió al dictamen en el caso Luchsinger y la nula voluntad del gobierno para resolver el problema de fondo, la reivindicación territorial.

Rodrigo Fuentes

  Martes 12 de junio 2018 18:46 hrs. 
mapuches-700x440

Que tribunales llegue a administrar justicia contra el pueblo mapuche es inapropiado, habla de una enfermedad surgida a raíz de un conflicto que debiera ser resuelto por el gobierno central. Así se refirió el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, al accionar de la Justicia, la misma que este lunes dictaminó cadena perpetua simple para dos imputados en el caso Luchsinger-Mackay.

El jurista precisó que la ley antiterrorista no debió utilizarse en este caso, ya que, para él, existen dudas sobre el fallo, un desequilibrio, un manto de incertidumbre que distorsionó el actuar del tribunal.

Salvado Millaleo advirtió que se debe hacer justicia, pero no satisfacer una situación de venganza originada a raíz de la reivindicación territorial del pueblo mapuche. Problema que indicó, compete exclusivamente al Ejecutivo, pero que está lejos de mostrar interés para resolverlo.

“Si hubiera una política de reconocimiento adecuada en este país no debería haber tanta relación con la administración de justicia, entre el poder Judicial y el pueblo mapuche, originarios. Esto es un síntoma de una enfermedad, una distorsión que ha llegado a un punto culminante, sin embargo, no existe una real voluntad para resolver realmente el problema, incluso el gobierno a anunciado un catastro para poner punto final a las demandas de tierras indígenas, entonces no vemos voluntad política para resolver el problema de fondo, que tiene raíces profundas”, afirmó.

El profesor de derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, agregó que existen dudas sobre la culpabilidad de los imputados y las pruebas acogidas por la justicia para calificarlos como terroristas.

La nulidad del primer juicio donde todos fueron declarados inocentes y posteriormente aplicar presidio perpetuo validando al único testigo que declaró bajo apremios ilegítimos, son algunos ejemplos donde no se deja totalmente claro la culpabilidad de los condenados.

“Este es un juicio que se repite, donde en un principio habían sido declarados todos inocentes, pero el tribunal, en este último juicio, se basó en un testimonio, que además el mismo protagonista sostuvo que había sido obtenido a través de apremios ilegítimos, tormentos. Un solo testigo para estas condenas de cadena perpetua, entonces la duda es razonable para los estándares de la Ley Antiterrorista, donde la culpabilidad tiene que ser muy fuerte. Acá obviamente que existen dudas, estamos frente a una situación donde no es indiscutible la culpabilidad, sino que se genera un manto de incertidumbre, de vacilación frente al accionar de la justicia”, subrayó.

Al respecto, Sebastián Saavedra, abogado defensor de Luis Tralcal, uno de los dos procesados en el caso, indicó que en los próximos días pedirá la nulidad del juicio ante la Corte Suprema.

Precisó que sus argumentos se basan en que la sentencia cuenta con una serie de defectos como validar la declaración del eventual testigo José Peralino, y no tomar en cuenta las pruebas de inocencia presentadas.

“La prueba debe ser prístina, clara, y en este caso las contradicciones de Peralino deben ser salvadas por suposiciones del mismo tribunal. Eso no corresponde, los jueces deben apreciar la prueba, no puede salvar los errores. Las contradicciones entre lo que se utilizó y encontró en el sitio de suceso, según las supuestas declaraciones del delator compensado, no pueden ser adecuados por el propio tribunal. Además, los jueces pudieron escuchar durante el desarrollo del juicio una participación activa del Ejecutivo, buscando revertir la decisión, obtener una sentencia condenatoria y calificar los hechos como terroristas, que fue precisamente lo que ocurrió”, argumentó.

El abogado defensor en el caso Luchsinger agregó que el acoso laboral denunciado por la Jueza Ximena Saldivia y las presiones del gobierno para aplicar la ley antiterrorista contra personas que luchan por reivindicación territorial, son factores que también incidieron en la decisión del tribunal.