Diario y Radio U Chile

Año X, 20 de junio de 2018

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Diputados de oposición buscan regularización de trabajadores a honorarios

En Chile existen 2,2 millones de trabajadores independientes, de los cuales 985.000 emiten boletas de honorarios.

Rodrigo Fuentes

  Martes 12 de junio 2018 19:59 hrs. 
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Parlamentarios de oposición integrantes de la Comisión de Trabajo, ingresaron un proyecto de ley que pretende regular las labores que realizan los funcionarios a honorarios en el Estado.

La idea legislativa homologaría sus contratos a los restantes que estipula el Estatuto Administrativo cuando se “exceden los términos establecidos en la ley”, una situación que ocurre comúnmente.

Para el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, en lo medular, la moción propone un cambio al Código de Trabajo y fija una regla que establece que en los casos en que un empleador sea demandado por un trabajador con contrato a honorario, el Tribunal que conoce de la causa y que llega al convencimiento que hay una relación laboral, debe considerar que el contrato celebrado entre las partes, fue un contrato de trabajo.

“Hay trabajadores que llevan más de 10 años con contratos a honorarios, sin ningún derecho y por tanto son los que viven en las condiciones más precarias en lo que derechos laborales se refiere”, afirmó.

En el caso de los trabajadores a honorarios que se desempeñan en el Estado, el proyecto propone que pasen a contrata.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, indicó que ya es hora de legislar en beneficio de los miles de funcionarios que llevan años trabajando a honorarios, para que sean pasados a personal estable del Estado.

“Una solución para eso es que a estos funcionarios se les entreguen los derechos mínimos y que no quede al arbitrio de la autoridad de turno, sino que esto quede consagrado en la ley, para terminar con la inestabilidad y precariedad laboral”, precisó el diputado.

Según la Encuesta Nacional de Empleo, en el sector público hay al menos 320 mil trabajadores a honorarios. La mayoría rechaza realizar la cotización correspondiente, dineros que van a parar a las Administradoras de Fondos Previsionales.