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Año X, 25 de junio de 2018

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El reglamento vaticano que impediría enviar informes a la fiscalía

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el sacerdote jesuita y Doctor en derecho canónico, Marcelo Gidi, explicó por qué el Papa se ha opuesto a este tipo de peticiones judiciales que involucran a sacerdotes con delitos de connotación sexual.

Rodrigo Fuentes

  Jueves 14 de junio 2018 18:54 hrs. 
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A primera hora este jueves llegaron hasta las dependencias de la Nunciatura Apostólica representantes de la Red de Laicos y Laicas de Chile, quienes se reunieron con los enviados del Vaticano Charles Scicluna y Jordy Bertomeu.

En la oportunidad, los delegados plantearon la idea de crear una vicaría de la solidaridad para acoger a las víctimas de abusos. Indicaron que en tiempos de dictadura los organismos de inteligencia entraban a la Vicaría a incautar fichas de víctimas y hoy, precisaron, la policía entra a dependencias de la Iglesia, pero a descubrir a los autores y encubridores de los que han abusado de menores.

La integrante de la Red de Laicos y Laicas de Chile, Mirena Romero, aseveró que expusieron a los enviados del Vaticano que para lograr limpiar la imagen de la Iglesia Católica en el país son necesarias las investigaciones de la fiscalía, además, aseguró que ahora nadie tiene miedo de denunciar los abusos ante la justicia.

“Nunca más aceptaremos abusos de ningún tipo ni lógicas de encubrimiento en la Iglesia católica. Una cosa que le queremos dejar claro al clero de Chile es que los laicos hemos perdido el miedo, estamos organizándonos y participaremos activamente ante futuras denuncias por abusos, eso se los prometemos como Red Nacional de Laicos de Chile”, afirmó.

Antes de viajar a Osorno, Scicluna y Bertomeu fueron visitados por el vicario judicial Jaime Ortiz, quien acompañó al fiscal Emiliano Arias en la incautación realizada en el Arzobispado de Santiago.

Este jueves, el jefe de los persecutores de la región de O’Higgins recalcó que la confiscación de archivos en la capital como en la diócesis de Rancagua se produjeron al constatar “delitos castigables”. Se acusa a 14 sacerdotes de realizar actos sexuales sobre menores.

Emiliano Arias precisó que, si es necesario, solicitará al Vaticano, vía exhorto, el informe realizado por los enviados papales.

El propio director de la Unidad de Derechos Humanos y Violencia de Género de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, quien fue designado como enlace formal con la oficina vaticana de denuncias que se instalará en Chile, informó la decisión del Ministerio Público de requerir al Estado Vaticano los expedientes respecto de sacerdotes involucrados en delitos sexuales a menores.

Todo esto, detalló, amparados en la Convención de Palermo, que establece la cooperación cuando se trata de delitos transnacionales.

Ante esta posibilidad, y en conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el sacerdote jesuita y Doctor en derecho canónico, Marcelo Gidi, indicó que desde el Vaticano siempre han respondido negativamente a ese tipo de peticiones, debido a que los documentos están cubiertos por el llamado Secreto Pontificio.

“Principalmente por la situación de la posible violación de su intimidad, forma parte de la llamada obligación moral de la Iglesia de velar por el bien público y por el bien individual de las personas. La Iglesia colabora y también se hace disponible a la información, pero guarda secreto de Estado ante el tipo de proceso judicial al que está vinculado en Chile, ya que todas las personas tienen derecho y acceso a la información pública del proceso judicial, eso es lo que a la Iglesia le preocupa”, argumentó.

El profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, Lautaro Contreras, indicó que las incautaciones de documentos de diferentes diócesis del país se pueden repetir. Además, indicó que bajo la ley chilena, obispos o sacerdotes en general no tienen ningún tipo de fuero, es más, en materia de delito sexual, el ser religioso constituye un agravante.

Contreras informó que, sobre la prescripción, el plazo de 10 años corre al momento que la víctima cumple 18 años y no desde la fecha de cometida la transgresión, como cuando se trata de otros casos.