La ofensiva UDI para el retorno de la selección en colegios
Los diputados Javier Macaya y María José Hoffmann presentaron en el Congreso un proyecto para que los establecimientos educacionales eliminen la "tómbola" y retornen a la selección "por mérito". La idea tiene detractores que argumentan su postura en las estadísticas que ha ofrecido la política implementada por Bachelet: 87 por ciento de los postulantes han quedado en alguna de sus opciones.
Domingo 17 de junio 2018 17:05 hrs.
Eliminar la posibilidad de sistemas aleatorios de admisión de estudiantes. Ese es el objetivo que persiguen, intensamente, los diputados de la UDI Javier Macaya y María José Hoffmann.
“La existencia de los procesos de admisión de tómbolas augura funestas consecuencias para el desarrollo educativo de los estudiantes y en donde la admisión de estos se ha transformado en un bingo, donde finalmente prevalece la suerte por sobre el mérito”, señaló Macaya el martes pasado a El Mercurio.
La idea, según indican, sería eliminar la tómbola para fortalecer la libertad de los padres a elegir la educación que más adhiera a su identidad: “Queremos recuperar la lógica donde el mérito y las obligaciones importan tanto como las garantías y los derechos”, cerró diciendo el parlamentario.
El contraataque de la UDI
La Ley de Inclusión Escolar, una de las principales banderas del gobierno de Michelle Bachelet, fue promulgada en 2015 y entró en vigencia, de forma paulatina, en 2017. Su primera etapa fue implementada en la región de Magallanes, con un 87 por ciento de las familias quedando en alguna de sus preferencias. La segunda etapa se llevó a las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos. Para este año estaba destinado a todas las demás regiones del país, incluida la Metropolitana. ¿El objetivo? Implementar un sistema de admisión escolar único y centralizado para todas aquellas instituciones educativas que recibieran financiamiento del Estado.
Establecimientos educacionales acostumbraban a exigir certificados de bautizo, de matrimonio de los padres, e incluso informes socioeconómicos, lo que originó decenas de denuncias por los procesos de admisión en contra de establecimientos educacionales. La ley actual establece la prohibición de solicitar antecedentes vinculados al desempeño académico, condición socioeconómica, así como cualquier cobro por la postulación de los estudiantes. También prohíbe cualquier tipo de prueba de admisión. Todo indica que estos elementos generan rechazo en el oficialismo.
Javier Macaya es uno de los promotores que llevó este martes la idea al Congreso: “El primer objetivo es corregir las imperfecciones de la reforma educacional del proceso de selección. El problema que se genera hoy tiene que ver con cuando hay mayor demanda que oferta de cupos disponibles. Esto se da específicamente en los liceos emblemáticos, donde alumnos de séptimo básico, donde ya tienen su mérito y sus antecedentes académico. En la mayoría de los casos resulta injusto que sea echado a la suerte, considerándose más que la decisión de los padres y el mérito de esos niños”.
Pero los liceos emblemáticos constituyen una suerte de excepción. ¿La ley sería solo para ellos?
Es que tiene que ser una regla general, porque no sabemos cuáles van a ser los establecimientos donde se generen estas circunstancias, y eso puede cambiar con los años. Lo que establecemos como común denominador para todos los colegios de Chile es que no sea la suerte, sino el mérito y la elección de los papás la que importe.
¿No será mucho una ley con foco para liceos emblemáticos, pero aplicada a todos los establecimientos que reciban fondos del Estado?
No, es que no sabemos si esto se da solamente en los liceos emblemáticos. Podemos entender que se pueda dar en procesos de admisión de establecimientos subvencionados y que no necesariamente son el emblemático de la comuna. La idea es que en ningún caso se consideren criterios arbitrarios o aleatorios.
Cerca de un 90 por ciento de los postulantes quedan en una de las opciones en las que postularon. Es un porcentaje de éxito alto. ¿Por qué retroceder en una reforma que está teniendo tan buenos resultados?
Porque no se trata de retroceder, se trata de mejorar un esquema. Hay un 13 por ciento de personas, que son personas que me ha tocado conocer con nombre y apellido, que a igualdad de postulantes, terminan en una tómbola, en un sorteo. Yo creo que es importante corregirlo.
Y el mérito, sobre todo acá en Chile, ¿no puede ser que se asocie a la condición socioeconómica de las personas?
Lo planteamos en el proyecto de ley. Nos parece que un alumno, después de 5to, 6to básico, puede perfectamente diferenciarse de otro, y aspirar a postular con mayor preferencia a un colegio, por sus mejores antecedentes académicos. Prefiero eso a meter a esos dos postulantes a una tómbola.
¿A niños de cuatro o cinco años, también se les debería seleccionar acorde a sus méritos?
Nuestra idea es que no se aplique a niños de esa edad. Evidentemente el mérito no está incluido ahí. No se puede aplicar la discriminación si un niño sabe más o sabe menos porque a esa edad no hay una diferenciación. Por eso mismo el proyecto está más pensado para alumnos de 6to, 7mo básico, cuando sí se puede hacer una clasificación en función del mérito que han tenido los estudiantes.
El poder de elegir
La organización Educación 2020 ha salido al paso de la iniciativa oficialista. Hicieron pública una declaración en la que visibilizan una serie de hechos respecto de la Ley de Inclusión. En ella señalan que “desde su implementación, más del 60 por ciento de las familias ha quedado en su primera opción y cerca del 90 por ciento en alguna de sus preferencias. Es bueno mencionar también que antiguamente no eran las familias quienes “elegían el colegio”, sino los colegios que elegían a las familias. Hoy Chile es uno de los países que da mayor libertad a los padres para elegir la escuela que quieren para sus hijos e hijas”.
Felipe Coloma es investigador de Política Educativa de Educación 2020. Según señala, es complejo entender los motivos de la ofensiva gremialista, sobre todo considerando que los resultados que ha presentado han sido, a todas luces, positivos: “Cuando uno presenta mociones tiene que ver con que hay una ley que no estaría funcionando de buena forma. El nuevo sistema de admisión nos ha mostrado un éxito altísimo. Esto se ocupa en Boston, en Nueva York, y en Chile los resultados han sido aún mejores”. Sobre el argumento del “mérito”, expuesto por los diputados UDI, Coloma afirma que “hay que ir despejando esta idea de que anteriormente las familias podían determinar a un determinado tipo de escuela que respondía a los méritos que ellos habían alcanzado. Lo que muestran los diversos estudios es que lo que lograba la política anterior era generar altos niveles de segregación, entonces en teoría estas escuelas de alto mérito, normalmente concentraban a los estudiantes de mayor nivel socioeconómico. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que so no se puede entender como mérito”.
Durante la semana La Tercera publicó una carta firmada por varios académicos entendidos en el área de la educación. En ella reafirmaban su convicción de que la ley original remaba en el sentido correcto: “Como académicas y académicos convencidos de que este nuevo sistema es un paso en la dirección correcta, vemos con preocupación que los desafíos propios de la puesta en marcha de un nuevo gobierno dificulten la correcta implementación de esta crucial tercera etapa. Llamamos al gobierno para que haga su mayor esfuerzo por llevar a cabo esta tarea, logrando dar continuidad a una política de correcto diseño que debe trascender las legítimas diferencias políticas de las distintas coaliciones de gobierno”.
Los gajes de la selección
Según la Ley de Inclusión, ningún colegio, ni siquiera los privados sin aportes del Estado, pueden discriminar arbitrariamente a sus estudiantes por razones socioeconómicas, situación de la familia, proyecto educativo, religión, etcétera.
Es martes otoñal y hace frío en la sala de espera de un colegio privado de Providencia. Una decena de niños y niñas esperan un tanto inquietos de la mano de sus padres, no menos nerviosos. Hay tres cupos disponibles para el primero básico del establecimiento y, aunque los niños poco comprenden de qué se trata el examen que deberán rendir en unos minutos, sí sienten que es algo importante. Nadie sonríe mientras los adultos murmuran y se miran de reojo.
Josefina y Alejandro son los papás de Mariana, una de las postulantes. Intentan darle confianza a su hija mientras esperan que una de las profesoras la llame a rendir la prueba de admisión. Cuando por fin es el turno de su hija, salimos a la calle para conversar.
Cuentan que no saben de qué se trata el examen del colegio. Inscribieron a Mariana en el proceso siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la página web: un informe de personalidad, una foto, una carta de presentación de la familia y el puntual pago del derecho a examen, poco más de una UF. Es decir, mucho de lo que aspira a cambiar la Ley de Inclusión. Aunque hablan con calma, ambos están intranquilos porque es la primera vez que pasan por este proceso con su hija de 5 años.
“En las reuniones con las distintas educadoras de párvulos nos han preguntado qué expectativas tenemos para Mariana en el futuro y siempre respondemos que queremos que sea feliz y viva tranquila. No siempre esa respuesta ha parecido coherente para nuestros interlocutores”.
A los pocos días son llamados a entrevista personal y los espero. Casi una hora después los veo salir con rostros descontentos: “Los resultados no fueron los esperados para el colegio, pero vimos la prueba y nos parece una locura. Restas, sinónimos, antónimos, series y rimas. Muchas cosas que ella no sabe. Solo tiene cinco años y se puso a dibujar en la hoja de la prueba. Nos ofrecen que la matriculemos igual pero que pidamos ayuda profesional externa. Nosotros no estamos dispuestos a sobrecargarla”, dice Josefina ofuscada.
El caso de esta familia es algo común en los últimos años. Niños que desde los tres años son sometidos a pruebas para acceder a un cupo en algún colegio privado de Santiago. A esa edad deben ser capaces de dibujar a sus padres, saltar alternadamente en un pie y el otro, saber su nombre completo, dirección, reconocer figuras geométricas, colores, los números hasta el 10 e incluso, algunas palabras en inglés.
Marcela Marzolo es directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, dedicada a crear y ampliar oportunidades educacionales de niños y niñas. Marzolo es crítica de los procesos de selección en que los colegios intentan filtrar a su futuro alumnado para quedarse con estudiantes que impliquen un desafío menor: “Obviamente quedan fuera los niños que están más inmaduros, que seguramente les cuesta un poco más, y al final ningún colegio quiere hacerse cargo y enfrentar el desafío de que todos los niños puedan aprender. Es muy fácil si yo tengo todos los niños en las mismas condiciones, pero si tengo un grupo diverso va a ser mucho más difícil para mí como profesor que los niños aprendan, entonces esa selección es como hacerse el trabajo más fácil también. El tema de seleccionar a los mejores, a los casi perfectos, a los que se van a portar bien, es como hacerse el trabajo más fácil y al final, ¿quién se hace cargo de la diversidad? ¿quién se hace cargo de los distintos ritmos, las distintas inteligencias?”.
Eliminar la posibilidad de sistemas aleatorios de admisión de estudiantes. Ese es el objetivo que persiguen, intensamente, los diputados de la UDI Javier Macaya y María José Hoffmann.
“La existencia de los procesos de admisión de tómbolas augura funestas consecuencias para el desarrollo educativo de los estudiantes y en donde la admisión de estos se ha transformado en un bingo, donde finalmente prevalece la suerte por sobre el mérito”, señaló Macaya el martes pasado a El Mercurio.
La idea, según indican, sería eliminar la tómbola para fortalecer la libertad de los padres a elegir la educación que más adhiera a su identidad: “Queremos recuperar la lógica donde el mérito y las obligaciones importan tanto como las garantías y los derechos”, cerró diciendo el parlamentario.
El contraataque de la UDI
La Ley de Inclusión Escolar, una de las principales banderas del gobierno de Michelle Bachelet, fue promulgada en 2015 y entró en vigencia, de forma paulatina, en 2017. Su primera etapa fue implementada en la región de Magallanes, con un 87 por ciento de las familias quedando en alguna de sus preferencias. La segunda etapa se llevó a las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos. Para este año estaba destinado a todas las demás regiones del país, incluida la Metropolitana. ¿El objetivo? Implementar un sistema de admisión escolar único y centralizado para todas aquellas instituciones educativas que recibieran financiamiento del Estado.
Establecimientos educacionales acostumbraban a exigir certificados de bautizo, de matrimonio de los padres, e incluso informes socioeconómicos, lo que originó decenas de denuncias por los procesos de admisión en contra de establecimientos educacionales. La ley actual establece la prohibición de solicitar antecedentes vinculados al desempeño académico, condición socioeconómica, así como cualquier cobro por la postulación de los estudiantes. También prohíbe cualquier tipo de prueba de admisión. Todo indica que estos elementos generan rechazo en el oficialismo.
Javier Macaya es uno de los promotores que llevó este martes la idea al Congreso: “El primer objetivo es corregir las imperfecciones de la reforma educacional del proceso de selección. El problema que se genera hoy tiene que ver con cuando hay mayor demanda que oferta de cupos disponibles. Esto se da específicamente en los liceos emblemáticos, donde alumnos de séptimo básico, donde ya tienen su mérito y sus antecedentes académico. En la mayoría de los casos resulta injusto que sea echado a la suerte, considerándose más que la decisión de los padres y el mérito de esos niños”.
Pero los liceos emblemáticos constituyen una suerte de excepción. ¿La ley sería solo para ellos?
Es que tiene que ser una regla general, porque no sabemos cuáles van a ser los establecimientos donde se generen estas circunstancias, y eso puede cambiar con los años. Lo que establecemos como común denominador para todos los colegios de Chile es que no sea la suerte, sino el mérito y la elección de los papás la que importe.
¿No será mucho una ley con foco para liceos emblemáticos, pero aplicada a todos los establecimientos que reciban fondos del Estado?
No, es que no sabemos si esto se da solamente en los liceos emblemáticos. Podemos entender que se pueda dar en procesos de admisión de establecimientos subvencionados y que no necesariamente son el emblemático de la comuna. La idea es que en ningún caso se consideren criterios arbitrarios o aleatorios.
Cerca de un 90 por ciento de los postulantes quedan en una de las opciones en las que postularon. Es un porcentaje de éxito alto. ¿Por qué retroceder en una reforma que está teniendo tan buenos resultados?
Porque no se trata de retroceder, se trata de mejorar un esquema. Hay un 13 por ciento de personas, que son personas que me ha tocado conocer con nombre y apellido, que a igualdad de postulantes, terminan en una tómbola, en un sorteo. Yo creo que es importante corregirlo.
Y el mérito, sobre todo acá en Chile, ¿no puede ser que se asocie a la condición socioeconómica de las personas?
Lo planteamos en el proyecto de ley. Nos parece que un alumno, después de 5to, 6to básico, puede perfectamente diferenciarse de otro, y aspirar a postular con mayor preferencia a un colegio, por sus mejores antecedentes académicos. Prefiero eso a meter a esos dos postulantes a una tómbola.
¿A niños de cuatro o cinco años, también se les debería seleccionar acorde a sus méritos?
Nuestra idea es que no se aplique a niños de esa edad. Evidentemente el mérito no está incluido ahí. No se puede aplicar la discriminación si un niño sabe más o sabe menos porque a esa edad no hay una diferenciación. Por eso mismo el proyecto está más pensado para alumnos de 6to, 7mo básico, cuando sí se puede hacer una clasificación en función del mérito que han tenido los estudiantes.
El poder de elegir
La organización Educación 2020 ha salido al paso de la iniciativa oficialista. Hicieron pública una declaración en la que visibilizan una serie de hechos respecto de la Ley de Inclusión. En ella señalan que “desde su implementación, más del 60 por ciento de las familias ha quedado en su primera opción y cerca del 90 por ciento en alguna de sus preferencias. Es bueno mencionar también que antiguamente no eran las familias quienes “elegían el colegio”, sino los colegios que elegían a las familias. Hoy Chile es uno de los países que da mayor libertad a los padres para elegir la escuela que quieren para sus hijos e hijas”.
Felipe Coloma es investigador de Política Educativa de Educación 2020. Según señala, es complejo entender los motivos de la ofensiva gremialista, sobre todo considerando que los resultados que ha presentado han sido, a todas luces, positivos: “Cuando uno presenta mociones tiene que ver con que hay una ley que no estaría funcionando de buena forma. El nuevo sistema de admisión nos ha mostrado un éxito altísimo. Esto se ocupa en Boston, en Nueva York, y en Chile los resultados han sido aún mejores”. Sobre el argumento del “mérito”, expuesto por los diputados UDI, Coloma afirma que “hay que ir despejando esta idea de que anteriormente las familias podían determinar a un determinado tipo de escuela que respondía a los méritos que ellos habían alcanzado. Lo que muestran los diversos estudios es que lo que lograba la política anterior era generar altos niveles de segregación, entonces en teoría estas escuelas de alto mérito, normalmente concentraban a los estudiantes de mayor nivel socioeconómico. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que so no se puede entender como mérito”.
Durante la semana La Tercera publicó una carta firmada por varios académicos entendidos en el área de la educación. En ella reafirmaban su convicción de que la ley original remaba en el sentido correcto: “Como académicas y académicos convencidos de que este nuevo sistema es un paso en la dirección correcta, vemos con preocupación que los desafíos propios de la puesta en marcha de un nuevo gobierno dificulten la correcta implementación de esta crucial tercera etapa. Llamamos al gobierno para que haga su mayor esfuerzo por llevar a cabo esta tarea, logrando dar continuidad a una política de correcto diseño que debe trascender las legítimas diferencias políticas de las distintas coaliciones de gobierno”.
Los gajes de la selección
Según la Ley de Inclusión, ningún colegio, ni siquiera los privados sin aportes del Estado, pueden discriminar arbitrariamente a sus estudiantes por razones socioeconómicas, situación de la familia, proyecto educativo, religión, etcétera.
Es martes otoñal y hace frío en la sala de espera de un colegio privado de Providencia. Una decena de niños y niñas esperan un tanto inquietos de la mano de sus padres, no menos nerviosos. Hay tres cupos disponibles para el primero básico del establecimiento y, aunque los niños poco comprenden de qué se trata el examen que deberán rendir en unos minutos, sí sienten que es algo importante. Nadie sonríe mientras los adultos murmuran y se miran de reojo.
Josefina y Alejandro son los papás de Mariana, una de las postulantes. Intentan darle confianza a su hija mientras esperan que una de las profesoras la llame a rendir la prueba de admisión. Cuando por fin es el turno de su hija, salimos a la calle para conversar.
Cuentan que no saben de qué se trata el examen del colegio. Inscribieron a Mariana en el proceso siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la página web: un informe de personalidad, una foto, una carta de presentación de la familia y el puntual pago del derecho a examen, poco más de una UF. Es decir, mucho de lo que aspira a cambiar la Ley de Inclusión. Aunque hablan con calma, ambos están intranquilos porque es la primera vez que pasan por este proceso con su hija de 5 años.
“En las reuniones con las distintas educadoras de párvulos nos han preguntado qué expectativas tenemos para Mariana en el futuro y siempre respondemos que queremos que sea feliz y viva tranquila. No siempre esa respuesta ha parecido coherente para nuestros interlocutores”.
A los pocos días son llamados a entrevista personal y los espero. Casi una hora después los veo salir con rostros descontentos: “Los resultados no fueron los esperados para el colegio, pero vimos la prueba y nos parece una locura. Restas, sinónimos, antónimos, series y rimas. Muchas cosas que ella no sabe. Solo tiene cinco años y se puso a dibujar en la hoja de la prueba. Nos ofrecen que la matriculemos igual pero que pidamos ayuda profesional externa. Nosotros no estamos dispuestos a sobrecargarla”, dice Josefina ofuscada.
El caso de esta familia es algo común en los últimos años. Niños que desde los tres años son sometidos a pruebas para acceder a un cupo en algún colegio privado de Santiago. A esa edad deben ser capaces de dibujar a sus padres, saltar alternadamente en un pie y el otro, saber su nombre completo, dirección, reconocer figuras geométricas, colores, los números hasta el 10 e incluso, algunas palabras en inglés.
Marcela Marzolo es directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, dedicada a crear y ampliar oportunidades educacionales de niños y niñas. Marzolo es crítica de los procesos de selección en que los colegios intentan filtrar a su futuro alumnado para quedarse con estudiantes que impliquen un desafío menor: “Obviamente quedan fuera los niños que están más inmaduros, que seguramente les cuesta un poco más, y al final ningún colegio quiere hacerse cargo y enfrentar el desafío de que todos los niños puedan aprender. Es muy fácil si yo tengo todos los niños en las mismas condiciones, pero si tengo un grupo diverso va a ser mucho más difícil para mí como profesor que los niños aprendan, entonces esa selección es como hacerse el trabajo más fácil también. El tema de seleccionar a los mejores, a los casi perfectos, a los que se van a portar bien, es como hacerse el trabajo más fácil y al final, ¿quién se hace cargo de la diversidad? ¿quién se hace cargo de los distintos ritmos, las distintas inteligencias?”.
Eliminar la posibilidad de sistemas aleatorios de admisión de estudiantes. Ese es el objetivo que persiguen, intensamente, los diputados de la UDI Javier Macaya y María José Hoffmann.
“La existencia de los procesos de admisión de tómbolas augura funestas consecuencias para el desarrollo educativo de los estudiantes y en donde la admisión de estos se ha transformado en un bingo, donde finalmente prevalece la suerte por sobre el mérito”, señaló Macaya el martes pasado a El Mercurio.
La idea, según indican, sería eliminar la tómbola para fortalecer la libertad de los padres a elegir la educación que más adhiera a su identidad: “Queremos recuperar la lógica donde el mérito y las obligaciones importan tanto como las garantías y los derechos”, cerró diciendo el parlamentario.
El contraataque de la UDI
La Ley de Inclusión Escolar, una de las principales banderas del gobierno de Michelle Bachelet, fue promulgada en 2015 y entró en vigencia, de forma paulatina, en 2017. Su primera etapa fue implementada en la región de Magallanes, con un 87 por ciento de las familias quedando en alguna de sus preferencias. La segunda etapa se llevó a las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos. Para este año estaba destinado a todas las demás regiones del país, incluida la Metropolitana. ¿El objetivo? Implementar un sistema de admisión escolar único y centralizado para todas aquellas instituciones educativas que recibieran financiamiento del Estado.
Establecimientos educacionales acostumbraban a exigir certificados de bautizo, de matrimonio de los padres, e incluso informes socioeconómicos, lo que originó decenas de denuncias por los procesos de admisión en contra de establecimientos educacionales. La ley actual establece la prohibición de solicitar antecedentes vinculados al desempeño académico, condición socioeconómica, así como cualquier cobro por la postulación de los estudiantes. También prohíbe cualquier tipo de prueba de admisión. Todo indica que estos elementos generan rechazo en el oficialismo.
Javier Macaya es uno de los promotores que llevó este martes la idea al Congreso: “El primer objetivo es corregir las imperfecciones de la reforma educacional del proceso de selección. El problema que se genera hoy tiene que ver con cuando hay mayor demanda que oferta de cupos disponibles. Esto se da específicamente en los liceos emblemáticos, donde alumnos de séptimo básico, donde ya tienen su mérito y sus antecedentes académico. En la mayoría de los casos resulta injusto que sea echado a la suerte, considerándose más que la decisión de los padres y el mérito de esos niños”.
Pero los liceos emblemáticos constituyen una suerte de excepción. ¿La ley sería solo para ellos?
Es que tiene que ser una regla general, porque no sabemos cuáles van a ser los establecimientos donde se generen estas circunstancias, y eso puede cambiar con los años. Lo que establecemos como común denominador para todos los colegios de Chile es que no sea la suerte, sino el mérito y la elección de los papás la que importe.
¿No será mucho una ley con foco para liceos emblemáticos, pero aplicada a todos los establecimientos que reciban fondos del Estado?
No, es que no sabemos si esto se da solamente en los liceos emblemáticos. Podemos entender que se pueda dar en procesos de admisión de establecimientos subvencionados y que no necesariamente son el emblemático de la comuna. La idea es que en ningún caso se consideren criterios arbitrarios o aleatorios.
Cerca de un 90 por ciento de los postulantes quedan en una de las opciones en las que postularon. Es un porcentaje de éxito alto. ¿Por qué retroceder en una reforma que está teniendo tan buenos resultados?
Porque no se trata de retroceder, se trata de mejorar un esquema. Hay un 13 por ciento de personas, que son personas que me ha tocado conocer con nombre y apellido, que a igualdad de postulantes, terminan en una tómbola, en un sorteo. Yo creo que es importante corregirlo.
Y el mérito, sobre todo acá en Chile, ¿no puede ser que se asocie a la condición socioeconómica de las personas?
Lo planteamos en el proyecto de ley. Nos parece que un alumno, después de 5to, 6to básico, puede perfectamente diferenciarse de otro, y aspirar a postular con mayor preferencia a un colegio, por sus mejores antecedentes académicos. Prefiero eso a meter a esos dos postulantes a una tómbola.
¿A niños de cuatro o cinco años, también se les debería seleccionar acorde a sus méritos?
Nuestra idea es que no se aplique a niños de esa edad. Evidentemente el mérito no está incluido ahí. No se puede aplicar la discriminación si un niño sabe más o sabe menos porque a esa edad no hay una diferenciación. Por eso mismo el proyecto está más pensado para alumnos de 6to, 7mo básico, cuando sí se puede hacer una clasificación en función del mérito que han tenido los estudiantes.
El poder de elegir
La organización Educación 2020 ha salido al paso de la iniciativa oficialista. Hicieron pública una declaración en la que visibilizan una serie de hechos respecto de la Ley de Inclusión. En ella señalan que “desde su implementación, más del 60 por ciento de las familias ha quedado en su primera opción y cerca del 90 por ciento en alguna de sus preferencias. Es bueno mencionar también que antiguamente no eran las familias quienes “elegían el colegio”, sino los colegios que elegían a las familias. Hoy Chile es uno de los países que da mayor libertad a los padres para elegir la escuela que quieren para sus hijos e hijas”.
Felipe Coloma es investigador de Política Educativa de Educación 2020. Según señala, es complejo entender los motivos de la ofensiva gremialista, sobre todo considerando que los resultados que ha presentado han sido, a todas luces, positivos: “Cuando uno presenta mociones tiene que ver con que hay una ley que no estaría funcionando de buena forma. El nuevo sistema de admisión nos ha mostrado un éxito altísimo. Esto se ocupa en Boston, en Nueva York, y en Chile los resultados han sido aún mejores”. Sobre el argumento del “mérito”, expuesto por los diputados UDI, Coloma afirma que “hay que ir despejando esta idea de que anteriormente las familias podían determinar a un determinado tipo de escuela que respondía a los méritos que ellos habían alcanzado. Lo que muestran los diversos estudios es que lo que lograba la política anterior era generar altos niveles de segregación, entonces en teoría estas escuelas de alto mérito, normalmente concentraban a los estudiantes de mayor nivel socioeconómico. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que so no se puede entender como mérito”.
Durante la semana La Tercera publicó una carta firmada por varios académicos entendidos en el área de la educación. En ella reafirmaban su convicción de que la ley original remaba en el sentido correcto: “Como académicas y académicos convencidos de que este nuevo sistema es un paso en la dirección correcta, vemos con preocupación que los desafíos propios de la puesta en marcha de un nuevo gobierno dificulten la correcta implementación de esta crucial tercera etapa. Llamamos al gobierno para que haga su mayor esfuerzo por llevar a cabo esta tarea, logrando dar continuidad a una política de correcto diseño que debe trascender las legítimas diferencias políticas de las distintas coaliciones de gobierno”.
Los gajes de la selección
Según la Ley de Inclusión, ningún colegio, ni siquiera los privados sin aportes del Estado, pueden discriminar arbitrariamente a sus estudiantes por razones socioeconómicas, situación de la familia, proyecto educativo, religión, etcétera.
Es martes otoñal y hace frío en la sala de espera de un colegio privado de Providencia. Una decena de niños y niñas esperan un tanto inquietos de la mano de sus padres, no menos nerviosos. Hay tres cupos disponibles para el primero básico del establecimiento y, aunque los niños poco comprenden de qué se trata el examen que deberán rendir en unos minutos, sí sienten que es algo importante. Nadie sonríe mientras los adultos murmuran y se miran de reojo.
Josefina y Alejandro son los papás de Mariana, una de las postulantes. Intentan darle confianza a su hija mientras esperan que una de las profesoras la llame a rendir la prueba de admisión. Cuando por fin es el turno de su hija, salimos a la calle para conversar.
Cuentan que no saben de qué se trata el examen del colegio. Inscribieron a Mariana en el proceso siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la página web: un informe de personalidad, una foto, una carta de presentación de la familia y el puntual pago del derecho a examen, poco más de una UF. Es decir, mucho de lo que aspira a cambiar la Ley de Inclusión. Aunque hablan con calma, ambos están intranquilos porque es la primera vez que pasan por este proceso con su hija de 5 años.
“En las reuniones con las distintas educadoras de párvulos nos han preguntado qué expectativas tenemos para Mariana en el futuro y siempre respondemos que queremos que sea feliz y viva tranquila. No siempre esa respuesta ha parecido coherente para nuestros interlocutores”.
A los pocos días son llamados a entrevista personal y los espero. Casi una hora después los veo salir con rostros descontentos: “Los resultados no fueron los esperados para el colegio, pero vimos la prueba y nos parece una locura. Restas, sinónimos, antónimos, series y rimas. Muchas cosas que ella no sabe. Solo tiene cinco años y se puso a dibujar en la hoja de la prueba. Nos ofrecen que la matriculemos igual pero que pidamos ayuda profesional externa. Nosotros no estamos dispuestos a sobrecargarla”, dice Josefina ofuscada.
El caso de esta familia es algo común en los últimos años. Niños que desde los tres años son sometidos a pruebas para acceder a un cupo en algún colegio privado de Santiago. A esa edad deben ser capaces de dibujar a sus padres, saltar alternadamente en un pie y el otro, saber su nombre completo, dirección, reconocer figuras geométricas, colores, los números hasta el 10 e incluso, algunas palabras en inglés.
Marcela Marzolo es directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, dedicada a crear y ampliar oportunidades educacionales de niños y niñas. Marzolo es crítica de los procesos de selección en que los colegios intentan filtrar a su futuro alumnado para quedarse con estudiantes que impliquen un desafío menor: “Obviamente quedan fuera los niños que están más inmaduros, que seguramente les cuesta un poco más, y al final ningún colegio quiere hacerse cargo y enfrentar el desafío de que todos los niños puedan aprender. Es muy fácil si yo tengo todos los niños en las mismas condiciones, pero si tengo un grupo diverso va a ser mucho más difícil para mí como profesor que los niños aprendan, entonces esa selección es como hacerse el trabajo más fácil también. El tema de seleccionar a los mejores, a los casi perfectos, a los que se van a portar bien, es como hacerse el trabajo más fácil y al final, ¿quién se hace cargo de la diversidad? ¿quién se hace cargo de los distintos ritmos, las distintas inteligencias?”.
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