La Fiscalía Nacional Económica propuso una serie de cambios estructurales al mercado de las notarías a partir de un estudio realizado por la entidad y que identificó una serie de problemas que tienen que ver con la falta de competencia.
La investigación reveló que 17 servicios concentran el 90 por ciento de la demanda, que los trámites tardan, en promedio, 1 hora y 13 minutos por persona, que los “aranceles vigentes no se cumplen” y que aquellas notarías que tienen más competencia “tienen mejor calidad de servicio”.
En cuanto a las rentas, la FNE las catalogó como “abultadas”, ya que los notarios de las oficinas estudiadas a nivel nacional promediaron sueldos por 14 millones, lo que se disparó en el caso de aquellos que trabajan en Santiago Centro, quienes pueden percibir 24 millones mensuales.
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrazaval, comentó los resultados de este estudio.
“A juicio de esta Fiscalía, y con una mirada de política pública y libre competencia, el sistema notarial chileno no está a la altura de los tiempos, de la sofisticación de la economía chilena. Hay muchas señales de por qué eso ocurre, creemos que hay un exceso de trámites en los que se necesita recurrir a un notario. Creemos que el mecanismo de designación no es apto”.
Asimismo, señaló que una vez recibidos los comentarios al estudio, queda en manos del Ejecutivo iniciar el trabajo para implementar estos cambios.
“Las recomendaciones se hacen al Ejecutivo, porque así está en la ley, específicamente en el artículo 39, letra p. Tales recomendaciones tendrán que ser estudiadas por el Ejecutivo y posteriormente por el Congreso. Este no es un camino corto, hay que hacer análisis y hay que mirar la forma cómo se pueden mejorar los servicios notariales”
Las recomendaciones emitidas por parte de la Fiscalía Nacional Económica incluyen los siguientes puntos:
- Revisión de funciones notariales, es decir, el número de trámites y funciones asignadas a notarios.
- Modificar normas de entrada al mercado, permitiendo el libre ingreso y creación de notarías.
- Modificar las reglas de conducta comercial de los notarios, entregando mayor libertad a los notarios para estructurar su negocio desde el punto de vista comercial.
- Modificar las reglas que regulan la forma en que debe proveerse el servicio, manteniendo a nivel legal solo funciones u objetivos dejando la definición de los medios para lograr dichos objetivos a regulación administrativa.
- Estandarizar la forma de generar, almacenar y transmitir información, permitiendo mejor interconexión con, por ejemplo, los Conservadores de Bienes Raíces.
- Reemplazar el actual fiscalizador por uno nuevo que tenga jurisdicción en todo el país.
- Realizar los cambios propuestos en relación con la estructura regulatoria de las funciones notariales, con la estandarización de la forma en que se genera, almacena y transmite la información, y con la modificación del ente fiscalizador.
- Creación de una categoría “notarios certificadores” que se hagan cargo de las funciones primordialmente mecánicas bajo un esquema de mayor competencia.
- Mantener a los notarios públicos actuales proveyendo los servicios de mayor importancia pública, pero modificando sustancialmente la forma en que se eligen
En concreto, el estudio consideró una muestra de 77 notarías ubicadas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, con 20 de éstas aportando información acerca de las boletas emitidas, el tamaño de la oficina, sus trabajadores e incluso antecedentes tributarios.
Los notarios reaccionaron al informe de la FNE y mediante un comunicado de prensa manifestaron su preocupación por lo reducido de la muestra analizada por el órgano y señalan al hacer un análisis solo en dos de las 16 regiones del país “se deja completamente de lado la realidad existente en otras zonas del país, especialmente, la de aquellos lugares más apartados de los principales centros urbanos”.
Finalmente, manifestaron que harán sus propias observaciones al informe de modo de dejar patente su inquietud por cómo este podría arriesgar “la fe pública y la seguridad y certeza jurídica” que constituye su labor profesional.
La Fiscalía Nacional Económica propuso una serie de cambios estructurales al mercado de las notarías a partir de un estudio realizado por la entidad y que identificó una serie de problemas que tienen que ver con la falta de competencia.
La investigación reveló que 17 servicios concentran el 90 por ciento de la demanda, que los trámites tardan, en promedio, 1 hora y 13 minutos por persona, que los “aranceles vigentes no se cumplen” y que aquellas notarías que tienen más competencia “tienen mejor calidad de servicio”.
En cuanto a las rentas, la FNE las catalogó como “abultadas”, ya que los notarios de las oficinas estudiadas a nivel nacional promediaron sueldos por 14 millones, lo que se disparó en el caso de aquellos que trabajan en Santiago Centro, quienes pueden percibir 24 millones mensuales.
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrazaval, comentó los resultados de este estudio.
“A juicio de esta Fiscalía, y con una mirada de política pública y libre competencia, el sistema notarial chileno no está a la altura de los tiempos, de la sofisticación de la economía chilena. Hay muchas señales de por qué eso ocurre, creemos que hay un exceso de trámites en los que se necesita recurrir a un notario. Creemos que el mecanismo de designación no es apto”.
Asimismo, señaló que una vez recibidos los comentarios al estudio, queda en manos del Ejecutivo iniciar el trabajo para implementar estos cambios.
“Las recomendaciones se hacen al Ejecutivo, porque así está en la ley, específicamente en el artículo 39, letra p. Tales recomendaciones tendrán que ser estudiadas por el Ejecutivo y posteriormente por el Congreso. Este no es un camino corto, hay que hacer análisis y hay que mirar la forma cómo se pueden mejorar los servicios notariales”
Las recomendaciones emitidas por parte de la Fiscalía Nacional Económica incluyen los siguientes puntos:
- Revisión de funciones notariales, es decir, el número de trámites y funciones asignadas a notarios.
- Modificar normas de entrada al mercado, permitiendo el libre ingreso y creación de notarías.
- Modificar las reglas de conducta comercial de los notarios, entregando mayor libertad a los notarios para estructurar su negocio desde el punto de vista comercial.
- Modificar las reglas que regulan la forma en que debe proveerse el servicio, manteniendo a nivel legal solo funciones u objetivos dejando la definición de los medios para lograr dichos objetivos a regulación administrativa.
- Estandarizar la forma de generar, almacenar y transmitir información, permitiendo mejor interconexión con, por ejemplo, los Conservadores de Bienes Raíces.
- Reemplazar el actual fiscalizador por uno nuevo que tenga jurisdicción en todo el país.
- Realizar los cambios propuestos en relación con la estructura regulatoria de las funciones notariales, con la estandarización de la forma en que se genera, almacena y transmite la información, y con la modificación del ente fiscalizador.
- Creación de una categoría “notarios certificadores” que se hagan cargo de las funciones primordialmente mecánicas bajo un esquema de mayor competencia.
- Mantener a los notarios públicos actuales proveyendo los servicios de mayor importancia pública, pero modificando sustancialmente la forma en que se eligen
En concreto, el estudio consideró una muestra de 77 notarías ubicadas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, con 20 de éstas aportando información acerca de las boletas emitidas, el tamaño de la oficina, sus trabajadores e incluso antecedentes tributarios.
Los notarios reaccionaron al informe de la FNE y mediante un comunicado de prensa manifestaron su preocupación por lo reducido de la muestra analizada por el órgano y señalan al hacer un análisis solo en dos de las 16 regiones del país “se deja completamente de lado la realidad existente en otras zonas del país, especialmente, la de aquellos lugares más apartados de los principales centros urbanos”.
Finalmente, manifestaron que harán sus propias observaciones al informe de modo de dejar patente su inquietud por cómo este podría arriesgar “la fe pública y la seguridad y certeza jurídica” que constituye su labor profesional.
La Fiscalía Nacional Económica propuso una serie de cambios estructurales al mercado de las notarías a partir de un estudio realizado por la entidad y que identificó una serie de problemas que tienen que ver con la falta de competencia.
La investigación reveló que 17 servicios concentran el 90 por ciento de la demanda, que los trámites tardan, en promedio, 1 hora y 13 minutos por persona, que los “aranceles vigentes no se cumplen” y que aquellas notarías que tienen más competencia “tienen mejor calidad de servicio”.
En cuanto a las rentas, la FNE las catalogó como “abultadas”, ya que los notarios de las oficinas estudiadas a nivel nacional promediaron sueldos por 14 millones, lo que se disparó en el caso de aquellos que trabajan en Santiago Centro, quienes pueden percibir 24 millones mensuales.
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrazaval, comentó los resultados de este estudio.
“A juicio de esta Fiscalía, y con una mirada de política pública y libre competencia, el sistema notarial chileno no está a la altura de los tiempos, de la sofisticación de la economía chilena. Hay muchas señales de por qué eso ocurre, creemos que hay un exceso de trámites en los que se necesita recurrir a un notario. Creemos que el mecanismo de designación no es apto”.
Asimismo, señaló que una vez recibidos los comentarios al estudio, queda en manos del Ejecutivo iniciar el trabajo para implementar estos cambios.
“Las recomendaciones se hacen al Ejecutivo, porque así está en la ley, específicamente en el artículo 39, letra p. Tales recomendaciones tendrán que ser estudiadas por el Ejecutivo y posteriormente por el Congreso. Este no es un camino corto, hay que hacer análisis y hay que mirar la forma cómo se pueden mejorar los servicios notariales”
Las recomendaciones emitidas por parte de la Fiscalía Nacional Económica incluyen los siguientes puntos:
- Revisión de funciones notariales, es decir, el número de trámites y funciones asignadas a notarios.
- Modificar normas de entrada al mercado, permitiendo el libre ingreso y creación de notarías.
- Modificar las reglas de conducta comercial de los notarios, entregando mayor libertad a los notarios para estructurar su negocio desde el punto de vista comercial.
- Modificar las reglas que regulan la forma en que debe proveerse el servicio, manteniendo a nivel legal solo funciones u objetivos dejando la definición de los medios para lograr dichos objetivos a regulación administrativa.
- Estandarizar la forma de generar, almacenar y transmitir información, permitiendo mejor interconexión con, por ejemplo, los Conservadores de Bienes Raíces.
- Reemplazar el actual fiscalizador por uno nuevo que tenga jurisdicción en todo el país.
- Realizar los cambios propuestos en relación con la estructura regulatoria de las funciones notariales, con la estandarización de la forma en que se genera, almacena y transmite la información, y con la modificación del ente fiscalizador.
- Creación de una categoría “notarios certificadores” que se hagan cargo de las funciones primordialmente mecánicas bajo un esquema de mayor competencia.
- Mantener a los notarios públicos actuales proveyendo los servicios de mayor importancia pública, pero modificando sustancialmente la forma en que se eligen
En concreto, el estudio consideró una muestra de 77 notarías ubicadas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, con 20 de éstas aportando información acerca de las boletas emitidas, el tamaño de la oficina, sus trabajadores e incluso antecedentes tributarios.
Los notarios reaccionaron al informe de la FNE y mediante un comunicado de prensa manifestaron su preocupación por lo reducido de la muestra analizada por el órgano y señalan al hacer un análisis solo en dos de las 16 regiones del país “se deja completamente de lado la realidad existente en otras zonas del país, especialmente, la de aquellos lugares más apartados de los principales centros urbanos”.
Finalmente, manifestaron que harán sus propias observaciones al informe de modo de dejar patente su inquietud por cómo este podría arriesgar “la fe pública y la seguridad y certeza jurídica” que constituye su labor profesional.
