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Año X, 20 de septiembre de 2018

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No más campamentos, la confusa promesa del Minvu

A través de un nuevo plan, el ministerio de Vivienda y Urbanismo se propuso cerrar 68 campamentos este año e impulsar una serie de medidas que buscan evitar que sigan aumentando, sin embargo, diversas organizaciones acusaron que falta esclarecer el proceso, pues hasta ahora solo tienen incertidumbre frente al anuncio.

Andrea Bustos

  Sábado 23 de junio 2018 17:55 hrs. 
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La iniciativa ya lleva algunas semanas de funcionamiento y busca mejorar las condiciones de las cerca de 38 mil familias que se estima viven en campamentos, pero hasta ahora no existe claridad de los procesos y de cómo las diferentes tomas se irán sumando al proceso de cierre y posterior construcción de viviendas.

Entre quienes ya se encuentran en proceso de erradicación, está el campamento Nueva 14 de la comuna de San Joaquín. Los pobladores fueron convocados por el Minvu para ser parte de esta primera etapa del plan, por lo que ya están reuniendo los documentos necesarios para presentar propuestas que les permitan optar, dentro de los próximos meses, a la casa propia.

Melisa Neira, presidenta del comité de este campamento, aseguró que el proceso ha tenido dificultades, ya que se requiere mucha documentación para ir avanzando hacia la materialización de las viviendas. Además, lo sorpresivo de la propuesta no los encontró a todos con el dinero reunido, por lo que comenzaron a organizar actividades para recaudar los fondos que se requieren para optar a una casa social.

La dirigente señaló que, aunque están felices con esta promesa de cierre, todo ha sido muy agotador. “El proceso es bien largo, tienes que presionar mucho para que avance y es cansador, porque mucha gente se baja, porque piensan que la solución va a ser mucho más rápida”, comentó.

Además, destacó que la clave para  encontrar soluciones a estos problemas habitacionales es la organización colectiva, pues sin ella no se ofrecen soluciones a los pobladores.

A pesar de que la propuesta tiene a este y otros campamentos de distintas regiones muy esperanzados, no todos han quedado igual de conformes con la iniciativa, pues otras organizaciones sociales señalaron que la información no ha llegado a ellos de forma completa, lo que se ha dado espacio a la incertidumbre entre los pobladores.

Nathalie Arriagada, vocera del Movimiento de pobladores Vivienda Digna, afirmó que en su organización no han recibido información al respecto, por lo que se hace necesario que se aclaren las medidas que se van a implementar de ahora en adelante.

“Nuestra duda más importante es cómo va a ser este proceso, cuál va a ser el proceso para terminar con los campamentos entendiendo que la cantidad es similar a la de 1985 y el tema de la vivienda es uno que en distintos gobiernos no se ha podido solucionar, al contrario, se ha mantenido y se ha agudizado, sobre todo con el aumento del arriendo y de los compañeros migrantes que también se han visto en la obligación de irse a vivir a un campamento”, señaló.

Desde la Federación Nacional de Pobladores acusaron que en esta primera parte del proceso se le dio prioridad a campamentos que están trabajando con la organización Techo, situación que dejó fuera a quienes se han movilizado de forma independiente. Por esto, esperan que se puedan iniciar conversaciones y que se deje de mercantilizar el sistema de vivienda.

Pablo Rojas de la ONG Fractal, señaló que la medida será significativa siempre que realmente se realicen los cierres prometidos. Además, aclaró que muchas veces el cierre no incluye a todas las personas de un campamento, pues se establecen grupos y catastros de las familias con las que se trabajará.

“Administrativamente cerrar un campamento para el Serviu es sacar a cerca del 70 por ciento de las familias con las que empezaron a trabajar con solución habitacional. En la práctica es eso, y por lo tanto hay muchos que son cierres administrativos en los que se llevan la gente, se botan las casas y se cierra el perímetro, pero vuelven a ser tomados y vuelven personas que no fueron consideradas en el cierre inicial”, comentó.

Para la toma Nueva 14, el funcionamiento fue así. La organización debió establecer un grupo que será el que recibirá primero las viviendas sociales, y para ello dentro del comité delimitaron quienes tenían mayor necesidad.

En el caso de Antofagasta, donde esta ONG realiza labores, señalaron que a nivel regional no han tenido claridad de la información, situación que los tiene preocupados, pues solo han tenido la información que se ha dado desde el nivel central, y aunque se les han ofrecido mesas de trabajo, han pasado meses desde esa oferta y no se ha podido concretar nada.

Además, una de las principales demandas de los vecinos ha sido la falta de terrenos y espacios de construcción para viviendas sociales, sobre todo en tiempos en que las inmobiliarias no tienen grandes impedimentos a la hora de buscar espacios para edificar.

Por esto es que los pobladores también exigen que dentro del nuevo trabajo se privilegie la construcción de casas sociales dentro de las mismas comunas, sin aislar a los vecinos hacia la periferia.

Según indicó el Minvu 63 por ciento de los campamentos en proceso de cierre se relocalizarán en la misma comuna, 30 por ciento se terminarán vía urbanización y en el 7 por ciento será en terrenos nuevos.

Según el arquitecto de la Universidad de Chile, Ricardo Tapia, edificar en los mismos terrenos es una posibilidad siempre que se garantice que estarán las condiciones necesarias para que las casas una buena construcción y un correcto acceso a los servicios básicos.

Respecto a la falta de terrenos para construcción, el experto en viviendas sociales señaló que, aunque se han hecho cambios a las leyes de vivienda y urbanismo aún no se han modificado aspectos importantes.

“Lo que no se ha cambiado es el entender que el suelo o el terreno es un bien de uso público y tiene fundamentalmente primero una función social. Eso que se inauguró en el año 78 con la dictadura definió que el suelo era un bien privado y que lo regulaba el mercado”.

El académico de la Universidad de Chile, comentó que se debe cambiar esta noción para poder garantizar que se termine con la segregación en temas de vivienda. “Mientras el suelo no tenga primeramente una funciona social, sino que sea un bien que se transe en el mercado, esto va continuar, o sea que los mejores terrenos van a ser para el negocio inmobiliario y los peores para viviendas sociales”, afirmó.

Por ahora, las organizaciones de pobladores están a la espera de que con el paso de los días la información de esclarezca y no solo llegue a aquellos que ya fueron seleccionados para obtener una solución.