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Año X, 20 de noviembre de 2018

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Municipalidad de Santiago desaloja casona incendiada de Cienfuegos

Este miércoles se llevó a cabo el desalojo de la casona ubicada en la calle Cienfuegos, comuna de Santiago. El inmueble, habitado principalmente por migrantes, había sido afectado por un incendio hace poco menos de un mes. Todos sus habitantes fueron reubicados provisoriamente, sin tenerse la certeza sobre si sus nuevos domicilios cumplen con las garantías mínimas que el edificio de Cienfuegos no cumplió.

Martín Espinoza C.

  Miércoles 11 de julio 2018 14:03 hrs. 
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Durante la madrugada del viernes 18 de mayo las llamas de abalanzaron sobre la casona ubicada en Cienfuegos 237, ubicada en la comuna de Santiago. El edificio, habitado principalmente por población migrante, quedó en ruinas y las 125 personas sin un lugar donde vivir.

A medida que fue pasando el tiempo, y con ayuda de la municipalidad, los habitantes fueron encontrando lugares donde desplazarse, pero no todos. Al día viernes aún quedaban alrededor de 21 familias residiendo en la casona de Cienfuegos, de las cuales 16 lograron encontrar una solución alternativa para su traslado. Este miércoles aún quedaban cinco familias en el cité, y el tiempo se acababa: la Municipalidad de Santiago había anunciado el desalojo del edificio para ese día y no había dado luces de alguna intención por retractarse, y así fue.

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La mañana de este miércoles los camiones estacionaban al frente del 237 dispuestos a hacer su trabajo. En paralelo, organizaciones pro migrantes se reunían con los afectados y los representantes del municipio para explicar el procedimiento y revisar que se apegara a la norma. En la reunión, que contó con la presencia de dos traductores, se les explicó a los haitianos el procedimiento y se aclaró la mayor aprensión que tenían las familias: no serían trasladadas a un albergue, sino a una hospedería en la que podrán permanecer todo el día, con alimentación, camas y ropa, todo subsidiado por la municipalidad, por un periodo de dos o tres meses.

Beatriz Contreras, Jefa de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos, participó de la reunión y fiscalizó que el desalojo se realizara respetando las normativas vigentes: “Son pocas las familias que quedan en una situación de no reubicación con una solución definitiva, sin embargo, por la información que se dio ahora, sí hay una solución provisoria por aproximadamente 3 meses y además la municipalidad se comprometió a otorgar subsidios para la solución definitiva una vez que esta se encuentre. En el caso particular de esta situación la legislación que rige a nivel nacional es la ley general de urbanismo y construcciones, además dela normativa titular de la municipalidad, pero por otro lado los estándares internacionales de los cuales chile ha ratificado también son normativa nacional, por lo tanto, nosotros como INDH lo que vinimos a verificar es que se respeten esos estándares”.

 

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La Organización de Naciones Unidas (ONU) establece dentro de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales –documento al que Chile suscribió y que entró en vigencia el año 1989 en nuestro país, que” los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y una vivienda digna…” Para explicar el derecho a la vivienda adecuada detalla: “Todos los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado y, cualesquiera que sean las circunstancias y sin discriminación, las autoridades competentes proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, un acceso seguro a alojamiento y vivienda básicos y se asegurarán de que disfrutan de él”.

En conversación con este medio, Guillermo Soto, director de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santiago, señaló que se han encontrado soluciones provisorias para todos los habitantes de la casona de Cienfuegos y que el desalojo se ha llevado a cabo de forma tranquila y apegada a la norma. Además, entregó su análisis sobre las razones que detonan situaciones como la acontecida y explicó las dificultades para brindar una alternativa definitiva para las familias afectadas: “Lo que pasa es que un privado subarrienda abusivamente en condiciones infrahumanas en donde no hay garantías de habitabilidad, en hacinamiento y en permanente peligro para las familias. Muchas de estas situaciones terminan en estas tragedias de incendio, y es finalmente la municipalidad la que tiene que entregar las respuestas. Esas respuestas son con sentido de realidad: el municipio no dispone de viviendas definitivas”.

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Además, al ser consultado sobre posibles medidas a largo plazo para evitar situaciones como la recién mencionada, Soto señaló que “lo que falta hoy es legislación al respecto. La municipalidad no tiene hoy las atribuciones para fiscalizar este tipo de propiedades, salvo cuando hay denuncias. Todas las familias pueden postular a la vivienda en la medida en que cumplan con los requisitos, pero algunas de las familias que están acá están con procesos regulatorios pendientes. Primero hay que regularizar eso. Personas que no están reguladas no pueden postular, entonces ese es el primero problema que tenemos como gobierno local. Por eso la gente termina subarrendando y aceptando las condiciones que acabo de describir”.

Nury Moraga, una de las pocas habitantes chilenas del inmueble, mostró su disconformidad con cómo la municipalidad había tratado el tema de la casa de Cienfuegos desde ocurrido el incendio. Según dice el seguimiento pronunciado por la municipalidad no sería tal: “Desde el primer momento la idea de ellos fue desalojarnos. Se le dio un plazo de 90 días al dueño para reparar la casona sin perder la estructura. Si hablaron de reparar la casa sin perder la estructura, claramente no hay un peligro de derrumbe. Municipalidad no se fijó que había niños. La gente tuvo que salir de manera forzada. Recién acaba de venir una funcionaria municipal para decir que le va a buscar arriendo a una persona. ¿Por qué tuvieron que hacernos pasar por esta angustia del desalojo, venir todos los medios, cuando se podría haber solucionado mucho antes y de mejor manera? La gente se ha retirado de acá recibiendo 150 mil pesos de parte del abogado, pero no han hecho su trabajo de fiscalizar dónde se está yendo la gente. Yo me cansé de buscar arriendo. Aquí no hay arriendo para personas con niños. Esta fue una salida forzosa, cuando nunca nos dieron una solución”.

 

Según señaló la municipalidad, la oficina de migrantes de la comuna estará a disposición de aquellos migrantes que cuenten con una situación regularizada para asesorar y acompañar el proceso de obtención de una vivienda definitiva.

 

Fotos @Agencia Pueblo