El allanamiento de este viernes en las oficinas de los Obispados de Temuco y Villarrica, en la Región de La Araucanía liderado por el fiscal Ítalo Ortega en el marco de la investigación de varias denuncias de abuso sexual en esa región, volvió a poner en la palestra pública a la Iglesia Católica y los presuntos encubrimientos de ilícitos y conductas impropias de los sacerdotes.
Según confirmaron desde el Ministerio Público, se requirió información tanto a los obispados de Temuco como de Villarrica, sin que los resultados de tales diligencias fueran exitosos. El Ministerio Público realiza acciones de indagación por hechos denunciados contra los religiosos Pablo Isler, Juan Carlos Mercado y José Bastías quienes ya enfrentan procesos canónicos.
El Obispado de Temuco anunció el 18 de junio que el sacerdote Pablo Walter Isler Venegas fue sancionado por abuso sexual de menores mediante decreto penal del 20 de octubre de 2015 y que según la sanción impuesta, se encontraba fuera de tal diócesis desde 2003 “realizando diversas experiencias pastorales en la Prelatura de Illapel”. A la vez, le fue prohibido ejercer públicamente el ministerio sacerdotal, trabajar pastoralmente con adolescentes y jóvenes, visitar, sin expresa autorización del Ordinario, las parroquias de Lautaro, Imperial y Traiguén.
Respecto del sacerdote Juan Carlos Mercado, se dio a conocer que este presentó su renuncia en 2013. En tanto, José Bastías Ñanco enfrenta un proceso penal canónico por abuso sexual de menores y está suspendido temporalmente del ejercicio público del ministerio.
La diligencia del allanamiento duró aproximadamente una hora y media y se incautó una CPU junto a “varias cajas con documentación, equipos tecnológicos del obispado de acá y también de Villarrica”, según señaló a los medios la subprefecto de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, Catalina Becerra.
Las razones de la Fiscalía
El fiscal Roberto Garrido, a cargo de la investigación contra de sacerdotes de la región por abuso sexual infantil, expresó que el Ministerio Público debió solicitar al juez de garantía la autorización de entrada, registro e incautación pues anteriormente, “se solicitaron antecedentes en relación con denuncias o investigaciones que hayan afectado a sacerdotes o personas con investidura eclesiástica y esos antecedentes no fueron aportados en su momento “.
Por su parte, desde la Diócesis de Villarrica, indicaron que el allanamiento en ese obispado “se ha limitado a la documentación de dos casos, uno condenado civilmente y canónicamente expulsado del estado clerical en el año 2014, el otro con una denuncia canónica y civil en curso. Ambos son de conocimiento público”.
Según las declaraciones de la diócesis, ellos mostraron siempre disposición para colaborar. “Así se lo hicimos ver a la Fiscalía, pero que debía ser siguiendo las disposiciones legales civiles y canónicas”, manifestaron y descartaron que la diligencia del Ministerio Público se haya fundado en la no entrega voluntaria de los antecedentes.
En el mismo sentido se expresó el Obispado de Temuco, que además reiteró “su disponibilidad de colaboración con las indagatorias en curso y su compromiso con la verdad y la justicia”.
El allanamiento de este viernes en las oficinas de los Obispados de Temuco y Villarrica, en la Región de La Araucanía liderado por el fiscal Ítalo Ortega en el marco de la investigación de varias denuncias de abuso sexual en esa región, volvió a poner en la palestra pública a la Iglesia Católica y los presuntos encubrimientos de ilícitos y conductas impropias de los sacerdotes.
Según confirmaron desde el Ministerio Público, se requirió información tanto a los obispados de Temuco como de Villarrica, sin que los resultados de tales diligencias fueran exitosos. El Ministerio Público realiza acciones de indagación por hechos denunciados contra los religiosos Pablo Isler, Juan Carlos Mercado y José Bastías quienes ya enfrentan procesos canónicos.
El Obispado de Temuco anunció el 18 de junio que el sacerdote Pablo Walter Isler Venegas fue sancionado por abuso sexual de menores mediante decreto penal del 20 de octubre de 2015 y que según la sanción impuesta, se encontraba fuera de tal diócesis desde 2003 “realizando diversas experiencias pastorales en la Prelatura de Illapel”. A la vez, le fue prohibido ejercer públicamente el ministerio sacerdotal, trabajar pastoralmente con adolescentes y jóvenes, visitar, sin expresa autorización del Ordinario, las parroquias de Lautaro, Imperial y Traiguén.
Respecto del sacerdote Juan Carlos Mercado, se dio a conocer que este presentó su renuncia en 2013. En tanto, José Bastías Ñanco enfrenta un proceso penal canónico por abuso sexual de menores y está suspendido temporalmente del ejercicio público del ministerio.
La diligencia del allanamiento duró aproximadamente una hora y media y se incautó una CPU junto a “varias cajas con documentación, equipos tecnológicos del obispado de acá y también de Villarrica”, según señaló a los medios la subprefecto de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, Catalina Becerra.
Las razones de la Fiscalía
El fiscal Roberto Garrido, a cargo de la investigación contra de sacerdotes de la región por abuso sexual infantil, expresó que el Ministerio Público debió solicitar al juez de garantía la autorización de entrada, registro e incautación pues anteriormente, “se solicitaron antecedentes en relación con denuncias o investigaciones que hayan afectado a sacerdotes o personas con investidura eclesiástica y esos antecedentes no fueron aportados en su momento “.
Por su parte, desde la Diócesis de Villarrica, indicaron que el allanamiento en ese obispado “se ha limitado a la documentación de dos casos, uno condenado civilmente y canónicamente expulsado del estado clerical en el año 2014, el otro con una denuncia canónica y civil en curso. Ambos son de conocimiento público”.
Según las declaraciones de la diócesis, ellos mostraron siempre disposición para colaborar. “Así se lo hicimos ver a la Fiscalía, pero que debía ser siguiendo las disposiciones legales civiles y canónicas”, manifestaron y descartaron que la diligencia del Ministerio Público se haya fundado en la no entrega voluntaria de los antecedentes.
En el mismo sentido se expresó el Obispado de Temuco, que además reiteró “su disponibilidad de colaboración con las indagatorias en curso y su compromiso con la verdad y la justicia”.
El allanamiento de este viernes en las oficinas de los Obispados de Temuco y Villarrica, en la Región de La Araucanía liderado por el fiscal Ítalo Ortega en el marco de la investigación de varias denuncias de abuso sexual en esa región, volvió a poner en la palestra pública a la Iglesia Católica y los presuntos encubrimientos de ilícitos y conductas impropias de los sacerdotes.
Según confirmaron desde el Ministerio Público, se requirió información tanto a los obispados de Temuco como de Villarrica, sin que los resultados de tales diligencias fueran exitosos. El Ministerio Público realiza acciones de indagación por hechos denunciados contra los religiosos Pablo Isler, Juan Carlos Mercado y José Bastías quienes ya enfrentan procesos canónicos.
El Obispado de Temuco anunció el 18 de junio que el sacerdote Pablo Walter Isler Venegas fue sancionado por abuso sexual de menores mediante decreto penal del 20 de octubre de 2015 y que según la sanción impuesta, se encontraba fuera de tal diócesis desde 2003 “realizando diversas experiencias pastorales en la Prelatura de Illapel”. A la vez, le fue prohibido ejercer públicamente el ministerio sacerdotal, trabajar pastoralmente con adolescentes y jóvenes, visitar, sin expresa autorización del Ordinario, las parroquias de Lautaro, Imperial y Traiguén.
Respecto del sacerdote Juan Carlos Mercado, se dio a conocer que este presentó su renuncia en 2013. En tanto, José Bastías Ñanco enfrenta un proceso penal canónico por abuso sexual de menores y está suspendido temporalmente del ejercicio público del ministerio.
La diligencia del allanamiento duró aproximadamente una hora y media y se incautó una CPU junto a “varias cajas con documentación, equipos tecnológicos del obispado de acá y también de Villarrica”, según señaló a los medios la subprefecto de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, Catalina Becerra.
Las razones de la Fiscalía
El fiscal Roberto Garrido, a cargo de la investigación contra de sacerdotes de la región por abuso sexual infantil, expresó que el Ministerio Público debió solicitar al juez de garantía la autorización de entrada, registro e incautación pues anteriormente, “se solicitaron antecedentes en relación con denuncias o investigaciones que hayan afectado a sacerdotes o personas con investidura eclesiástica y esos antecedentes no fueron aportados en su momento “.
Por su parte, desde la Diócesis de Villarrica, indicaron que el allanamiento en ese obispado “se ha limitado a la documentación de dos casos, uno condenado civilmente y canónicamente expulsado del estado clerical en el año 2014, el otro con una denuncia canónica y civil en curso. Ambos son de conocimiento público”.
Según las declaraciones de la diócesis, ellos mostraron siempre disposición para colaborar. “Así se lo hicimos ver a la Fiscalía, pero que debía ser siguiendo las disposiciones legales civiles y canónicas”, manifestaron y descartaron que la diligencia del Ministerio Público se haya fundado en la no entrega voluntaria de los antecedentes.
En el mismo sentido se expresó el Obispado de Temuco, que además reiteró “su disponibilidad de colaboración con las indagatorias en curso y su compromiso con la verdad y la justicia”.
