Sin lugar a dudas que la investigación sobre la muerte de Jaime Guzmán, trae consigo instalar en la opinión pública, una idea distorsionada de lo que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, desprestigiando a una organización que mas allá de las opiniones que cada uno pueda tener sobre ella, aportó de manera significativa a la lucha antidictatorial y a reconquistar la democracia en nuestro país. En este contexto, el hecho de haber sido dirigente del FPMR se ha transformado en una “patente de corso”, utilizable para decir lo que quieran y actuar bajo la protección de estar acusando y juzgando a un “terrorista”, sin importar o al menos preocuparse, si los medios de prueba presentados, que hasta ahora son todas especulaciones, son los suficientes para aplicar la fuerza del derecho.

Una situación que recuerda el pasado reciente y que vivimos muchos chilenos hace treinta y siete años atrás, (en mi caso junto a un grupo de militares que denunciamos y nos negamos a aceptar el golpe de estado ) en la cual el plan Z, un montaje diseñado en 1973 por los servicios de Inteligencia del Ejército, servía para justificar detenciones y crímenes, era la prueba de los delitos inexistentes y en el cual la acción de la justicia era solo una formalidad.

Eso me hizo recordar el dictamen de la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, al expresar que “se desprenden cargos suficientes para estimar que a Enrique Villanueva Molina le ha cabido participación culpable del delito referido” y recomienda una condena de 15 años. Una imputación violenta que no equipara “esos cargos suficientes” con pruebas o al menos argumentos que así la justifique, porque en la lectura de todo lo recopilado en este proceso hasta ahora, que suman mas de 7 mil hojas, solo aparecen un conjunto de suposiciones y especulaciones, que en rigor no están sujetos a derecho, ni menos ajustados a la verdad.

El estudio de las diferentes etapas de un proceso que ha estado abierto por veintiún años, presumiblemente prescrito y al que incluso se le intentó dar la connotación de “crimen de lesa humanidad”, demuestra los fines políticos del mismo y la necesidad de mantenerlo “en estado de investigación”. La UDI nunca ha reconocido que seis jueces distintos investigaron, sancionaron y condenaron a los inculpados en la muerte del ex senador a partir de sus propias declaraciones y que fueron encarcelados por este delito.

Lo que si es verdad es que en la actualidad no hay ningún preso por este caso en Chile, pero no por negligencia o porque no se investigara, sino porque todos los inculpados se fugaron de la cárcel de Alta Seguridad. De aquí que en los últimos años y una vez que llegaron al gobierno como partido mayoritario, la UDI inició una campaña por demostrar que la muerte de Jaime Guzmán estaría relacionada a la Concertación, alegando un supuesto ocultamiento y eventualmente protección a quienes participaron en este hecho y por lo tanto arriban a la conclusión, “que nunca hubo “voluntad política” para resolver el caso, lo cual es simplemente una patraña.

A partir de esto despliegan una serie de maniobras para prácticamente forzar la reapertura de la investigación Guzmán, cuyo punto de partida es la visita que en el mes de Mayo del 2010 el abogado querellante le hace a Hernández Norambuena en la Cárcel en Brasil. Paralelo a esto se le solicitó a la Corte de Apelaciones una rebaja de condena para Hernández Norambuena con el fin de extraditarlo a Chile a cambio de información, lo cual configura sin ningún espacio de dudas, un vulgar cuadro de delación compensada.

Posteriormente ya en manos de la justicia el caso, el Juez pidió a Investigaciones y a Carabineros por Oficio Nº 803-2010, del 15/09/2010, “se remita a la brevedad y de manera reservada a ese Tribunal, toda la información relativa a la estructura del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en el período comprendido entre los años 1990-1991”. Las conclusiones de la inteligencia de ambas policías, no fueron idénticas, carabineros me excluye y la PDI me incluye en la Dirección Nacional, siendo éste un factor esencial para decidir mi auto de procesamiento.

Esta imputación de formar parte de la dirección del FPMR en los años 1990-1991, se hace sin haber prueba de ningún orden que acredite tal responsabilidad durante ese período. El Informe de la PDI no señala las fuentes sobre las cuales funda esta conclusión, pero es obvio que lo hace en base a las declaraciones de Hernández Norambuena y de una serie de elucubraciones que hace el Subcomisario Barraza en su “libro” “Tributo a la Patria” en 1999.

Realizados los actos anteriores se abrió el telón -Chilevisión- (cuyo propietario en ese entonces era el actual presidente de Chile) dando paso a un reportaje en el cual Hernández Norambuena lanzó su libreto previamente acordado a cambio de su extradición a Chile. Era la acusación que necesitaban para consumar la apertura del proceso, armando una versión sobre supuestas responsabilidades colectivas en la muerte de Jaime Guzmán y denunciando el supuesto vinculo entre el Gobierno de la Concertación cuyo presidente era Patricio Aylwin, (a través de la Oficina) afirmando que yo sabía que Guzmán sería ultimado y que si era miembro de la Oficina “podía traspasar esa información a los servicios de seguridad”.

Posteriormente y con el aporte de otros declarantes se fue conformando la idea que el FPMR planificó esta acción en un “congreso” o reunión, en la cual habrían participado los miembros de la Dirección Nacional señalando mi asistencia a la misma. Me refiero a las declaraciones del delincuente López Candia, con un nutrido prontuario policial, vinculado como informante a la Inteligencia del Ejército y a la propia oficina, además del Subcomisario Barraza ex CNI y a la de otros falsos testigos aportados por este ultimo.

Un supuesto absurdo que no tiene fundamento, primero porque ese congreso o reunión en lo que respecta a mi conocimiento nunca existió, lo que hubo fue una reunión a la cual fui convocado a explicar los hechos por los cuales se me sancionó por mi responsabilidad política en los mismos. En sus  declaraciones a Chile Visión Hernández Norambuena dice que fui sancionado y que por ello salí de la Dirección del FPMR, pero tergiversa la verdad al afirmar que: “en ese encuentro mismo de la dirección, Enrique Villanueva fue sancionado en la dirección nacional, el pertenecía antes al ejecutivo, salió, fue sancionado por su responsabilidad en la muerte de Roberto Nordenflich”.

La pregunta entonces es cómo, si fui sancionado alejándome de la responsabilidad de la Dirección del FPMR, pude participar en una reunión en la que supuestamente se tomo la decisión de una acción que se llevaría a cabo un año después. Es decir que se acepta como veraz el que a un sancionado, que no goza de la confiabilidad, que además no comparte las formas con las que actúa la Dirección del Frente en esos momentos, se le entrega una información de esa relevancia un año antes de que se lleve a cabo.

Contrario a estas afirmaciones mentirosas nuestra posición no se basa en supuestos ni especulaciones, sino que en antecedentes serios y comprobables, los que demuestran con claridad la imposibilidad de una relación en ningún grado y nivel con Hernández Norambuena ni menos aun, una responsabilidad intelectual que presume una influencia de mi parte sobre este sujeto. En el transcurso de nuestras investigaciones hemos descubierto antecedentes que comprueban lo anterior y la veracidad de todos los argumentos y opiniones vertidas en mi defensa.

El 28 de enero de 1992 en un titular de primera página del diario La Tercera se dice: “Militante denuncia división en el FPMR”, una comunicación escrita que relataba detalles relacionados con la intimidad del FPMR. (El mismo diario aclara que después de comprobar su autenticidad decidieron publicarla). El testimonio dice textualmente lo siguiente: “Hay cosas que la opinión pública debe saber: la dirección del Frente ha ordenado varias acciones con el objeto de alcanzar los recursos necesarios para sus necesidades, acciones con las cuales solo los principales jefes están de acuerdo. Algunas de esas acciones fueron decisivas en la separación como también lo fue la acción en contra de J. Guzmán”….”Hay varios otros casos poco claros en contra de supuestos soplones orientados por la dirección y solo conocidos por ellos, alegando reglas de compartimentación”… “Esto nos hace temer hoy por varios de los cuadros más valiosos del FPMR, cuadros que están desaparecidos, como es el caso del Comandante Eduardo y que fue acusado por la actual dirección de traidor y de reformista, por sus posiciones contrarias al sectarismo aparatista que ellos están tratando de imponer”.

Sin lugar a dudas que es un importante testimonio escrito, el cual demuestra al menos dos hechos concretos, el primero que solo quienes tenían la dirección y el mando del FPMR estaban de acuerdo con la acción que hicieron en contra de Jaime Guzmán y segundo, deja establecido que yo era contrario a lo que planteaba esa dirección en ese momento. Por lo tanto reafirmo que es ridículo aseverar, que siendo un abierto y reconocido opositor a su gestión y estilos de organización, pudieran estos haberme informado o hecho partícipe de la acción en contra de Jaime Guzmán u otras.

Por mi parte siempre he dicho y reconocido que fui un dirigente del FPMR y que dejé mi cargo en la Dirección Nacional en Agosto de 1989, dos años antes de la muerte de Guzmán, argumentos que sin lugar a equivocaciones son confirmados por el testimonio antes descrito, corroborados además en las declaraciones hechas a la justicia, tanto por periodistas investigadores, por algunos militantes significativos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en particular por su principal vocero en esos años, Vasili Carrillo.

En esta misma dirección argumental, la declaración del periodista Pedro Ramírez Pinto, editor de la Revista Que Pasa entre los años 91 y 97, reafirma lo anterior, en su reportaje Caso Guzmán(1994) dice que “Villanueva niega a militantes cercanos la participación en el asesinato del FPMR, manifiesta que no sabe y representa su molestia porque ello tendría consecuencias negativas para la organización, dando a entender que el FPMR no tenía nada que ver con el hecho.

Otro documento que coincide y reafirma lo dicho a favor de mi defensa es el informe del 16/08/1993, que el Subcomisario Barraza entrega a su jefatura en Investigaciones de Chile, relacionado a la muerte de Jaime Guzmán, en este documento oficial se lee textualmente: “por encontrarse fuera del país el dirigente máximo del FPMR el Comandante Salvador, asumió el mando de la organización el Comandante Chele” y continua más adelante afirmando que, “la decisión política del homicidio de Jaime Guzmán, se ejecutó con desconocimiento del líder máximo Comandante Salvador y como una forma de quebrar las decisiones del Congreso del FPMR en Marzo  de 1991”.

Posteriormente en 1999 el mismo Subcomisario Barraza escribió un libro (pasquín) “Tributo a nuestra Patria”, en el cual cambia radicalmente su historia esgrimiendo que la muerte de Guzmán se planificó antes de 1990 y que yo fui parte de la Dirección del FPMR que tomó esa decisión. Este ex funcionario de investigaciones utiliza para dar credibilidad a su historia una fotografía donde aparecen dos personas con sus rostros cubiertos, para validar la existencia de la “Comandante Ana” ( una ciudadana francesa, que actúa como su informante ), la que según él es quien identifica a los comandantes de la dirección nacional del FPMR.

Quien se encargó de desvirtuar este burdo montaje de Barraza, fue el propio Consejo de Defensa del Estado, (en 1996) cuando se le cita a declarar por una serie de contradicciones en sus afirmaciones, entre ellas “como logra identificar a la “Comandante Ana” en circunstancia que la foto muestra una persona cuyo sexo se ignora y mucho más aun su posible identificación”. Hasta donde tenemos conocimiento estos argumentos y montajes elaborados por Barraza, además de otras especulaciones entregadas por algunos periodistas, por delincuentes y por lo que aportó Hernández Norambuena, conforman el inventario de acusaciones que fundamentan las presunciones de mi supuesta culpabilidad en la planificación de la muerte  de Jaime Guzmán.

Pero como dije al inicio de este escrito el objetivo político perseguido por la UDI es inculpar en alguna forma a los gobiernos de la Concertación, por esta razón se explica la insistencia en acusarme de ser un agente de la Oficina, como el eslabón que unía al gobierno y al FPMR con la muerte de Jaime Guzmán. En 1997 Hernández Norambuena entregó a través de su vocera, Lorena Astorga, mis datos personales a los medios de prensa, en específico al diario La Tercera, con el argumento de que “el Comandante Eduardo era un agente de la Oficina, por lo tanto un traidor”, a lo que luego se sumaron periodistas, supuestos testigos, quienes argumentaron y le agregaron que mi identidad correspondía a la del agente de la Oficina de Informaciones “Pablo Andrés”.

Pero en la búsqueda de la verdad y a través de un largo proceso de investigación, descubrimos que el agente de la Oficina, Pablo Andrés, que supuestamente era yo, fue identificado en 1996 ante la jueza Campusano, por López Candia, otro testigo, y su mujer, su declaración textual dice, “Pablo Andrés era (fjas1.273) de unos 45 años, 1.80, grueso, corpulento, tez morena clara, mejillas rojas, pelo liso. Estuvo detenido entre el 73 y el 78 en Chacabuco, después según dice estuvo exiliado en Alemania comunista y habría viajado a Cuba”. Una representación física absolutamente lejana de la mía, posteriormente en otra parte del expediente aparece el número telefónico del agente Pablo Andrés, a través del cual López Candia recibía orientaciones y su pago mensual. Dicho teléfono resultó estar a nombre de un funcionario público de la Concertación, efectivamente ligado a la oficina de seguridad pública.

Sin embargo y a pesar de ratificar la descripción física que López Candia hizo ante la justicia en 1996, el año 2010 afirma que me reconocía como el agente Pablo Andrés. (A fojas 4.192 (07/09/2010).

Estos son algunos de los supuestos que conforman la batería de argumentos, por los cuales se me cita a declarar y por los cuales se dicta la prisión preventiva bajo la presunción de delito terrorista con resultado de muerte de Jaime Guzmán. Una decisión que contrasta con otro hecho objetivo, que en más de veinte años que lleva abierto esta investigación, nunca antes fui mencionado ni vinculado con la muerte de Jaime Guzmán.

Como lo demuestran los hechos relatados hasta aquí se trata de un proceso lleno de contradicciones, mentiras y vulgares montajes que al menos a mí, como lo dije al principio, me recuerdan los peores días de la dictadura, los juicios con pruebas falsas o extraídas a la fuerza. A mi parecer en esta oportunidad la delación compensada cobarde de un mediocre y sectario, el oportunismo de quienes han pretendido sacar partido de este proceso y el odio intransigente de la UDI, dan lugar a un juicio cuyo fin es la acusación en sí mismo.

Cuantos oportunistas de manera indirecta o directa se aprovecharon de estas cobardes acusaciones en mi contra, por años cargué con esa mochila injusta y con ese letrero escarlata en mi pecho, imputaciones cobardes, sin fundamento, basadas en comentarios entre pasillos,  que se han desvirtuado una a una a lo largo de esta investigación.

Así entonces estamos frente a un proceso que por añadidura sacó a la luz un hecho tan aborrecible como el asesinato de Iván Figueroa (Comandante Gregorio) a manos del mismo individuo que me imputa, (Hernandez Norambuena) acusándolo de traidor. Un hecho más que denota la práctica de métodos detestables que son tan evidentes, que simplemente no aceptan la manipulación para esconder este tipo de tropelías, a pesar que aún se mantienen en la oscuridad.

Finalmente, es cierto que en la conferencia de prensa realizada a los pocos días de la muerte de Guzmán, el 22/04/1991, afirme que bien muerto esta, lo que no significa estar de acuerdo ni inducir a quienes realizaron esta acción. Lo dije, en un contexto en el cual el país “olía a dictadura” y representa el sentir de quienes sufrimos en carne propia las consecuencias de la ideología y de las prácticas políticas de quienes conspiraron, apoyaron, financiaron y ejecutaron el golpe de estado de1973.

También en esa conferencia dije algo clave para este proceso: que el FPMR no era el ejecutor de la muerte de Jaime Guzmán, porque ese era el convencimiento absoluto, tanto en el grueso de los militantes, de los cuales en ese entonces era uno más, como del propio jefe de la organización Galvarino Apablaza, quien me orientó dar esa entrevista. No podía serlo porque el FPMR nunca fue un grupo  de vengadores o pistoleros, por el contrario, se distinguió por ser una organización que se organizo allí donde se empezó a ganar la democracia, en las protestas y en el espíritu de lucha de una juventud rebelde  que no se doblego ante el terrorismo  de estado.

Por ello entonces, que la historia juzgue el accionar de cada uno en sus virtudes y defectos, en lo que aportó para derrocar a la dictadura o en lo que otros hicieron para defenderla. Que juzgue a quienes subieron “el cerro de Chacarillas” en el acto más fascista de todos los tiempos de este país, a jurar amor eterno a Pinochet ensalzando el odio que nos dividió y aún lo hace.

Dr. Enrique Villanueva M.
Vicepresidente Centro  de Estudios Exonerados Fuerza Aérea
CEEFA- 73
Ex dirigente Rodriguista