El gobierno de Sebastián Piñera dio a conocer el primer paquete de medidas que implica una inversión superior a los cien millones de dólares.
 

Una vez abierto el debate sobre las distintas fórmulas que podría adoptar el gobierno para financiar el elevado costo de la reconstrucción, la Concertación planteó  que aumentar el impuesto a la gran minería sería el más propicio, ya que, permitiría recaudar gran cantidad de recursos.

Luego de la polémica por la falta de información oficial y las cifras cruzadas que se entregaron sobre el número de decesos que provocó el terremoto y maremoto del 27 de febrero, el ministro Hinzpeter confirmó que  son 452 las víctimas fatales identificadas hasta el momento.
 

Bajo el amparo del “caso fortuito o fuerza mayor” las empresas han desvinculado a más de tres mil personas por los presuntos daños causados por el cataclismo del pasado 27 de marzo. Y mientras el gobierno llama a manejar con cautela este  dispositivo legal, los trabajadores exigen derogar definitivamente el artículo.

Si bien, en una primera etapa después del terremoto los esfuerzos se concentraron en levantar los establecimientos de educación básica y media, hoy se realizan los primeros catastros sobre la situación en las Universidades. Más de 58 mil millones sería el costo de recuperación inicial, y no se descarta que, con el paso de los días, esta cifra vaya en aumento.

Después del terremoto, el país quedó totalmente incomunicado. La fragilidad de las telecomunicaciones no sólo se evidenció durante el sismo y los días posteriores, sino también durante la réplica del 11 de marzo y el apagón del domingo pasado. Aunque las autoridades evalúan responsabilidades y posibles regulaciones, quedó claro que la tecnología no fue suficiente para comunicarse cuando los chilenos más lo necesitaban.

Los científicos de Chile criticaron a las autoridades de gobierno al no considerar las advertencias de los expertos frente al terremoto y maremoto del 27 de febrero. A su vez llamaron al Ejecutivo a darle un rol más relevante a la comunidad científica en la Red de Emergencias, rechazando la intervención de las Fuerzas Armadas en ella.
 

Si bien no se descarta la utilización de ningún mecanismo impositivo por parte del gobierno, algunos agentes económicos plantean sus reparos a la fórmula que estaría planeando la administración Piñera con el fin de costear la reconstrucción. 

Casi insostenible es la situación de un grupo de habitantes del sector Los Industriales y Cerro Chuño de Arica, quienes además de vivir en casas construidas en una zona contaminada, hoy observan cómo sus hijos quedan sin clases porque se detectó la misma clase de polución en sus colegios.