Así de tajante fue el vocero de la Coordinadora No más AFP, al ser consultado sobre el acuerdo alcanzado por los partidos políticos para impulsar una carta fundamental y las acciones protestas en el contexto de la crisis social que tiene entre sus demandas cambiar el actual sistema de pensiones en Chile.
La Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus) condenó enérgicamente las acciones represivas de carabineros y el uso de gases lacrimógenos en las inmediaciones y al interior de recintos asistenciales de todo el país.
Estudiantes, trabajadoras, egresadas, jubiladas y la ciudadanía en general se dio cita este miércoles en la Casa Central de la Universidad de Chile para debatir y reflexionar sobre el momento histórico que vive el país, siendo parte de la jornada el proceso para cambiar la Constitución.
El documento, elaborado por la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación, por ahora se refiere solo al período de estado de excepción y da cuenta de situaciones de obstrucción en el acceso a la información pública, bloqueo de cuentas en redes sociales, agresiones a comunicadores y casos de presión sobre medios de comunicación, entre otras vulneraciones a la garantía del derecho a la libertad de expresión.
Diversas organizaciones sociales, portuarias, educacionales, servicios públicos, de salud, construcción, minería, entre otros, llevaron a cabo durante este martes una paralización total de actividades en el marco del estallido social que se vive en todo Chile.
El silencio ha primado en La Moneda ante las acusaciones que han surgido desde diversas instituciones y la grave situación en que se encuentran más de 200 personas que han sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado. Las prioridades del Ejecutivo están claras y así lo enfatizó la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren: “El compromiso irrestricto es con la seguridad pública”, aseguró.
Este miércoles parte el esperado Juicio Oral llevado contra la autoridad ancestral mapuche, quien junto al Werkén Álvaro Millalén, permanecen desde agosto del año pasado en prisión preventiva sin poder probar su inocencia en los delitos imputados. El abogado defensor, Rodrigo Román, aseveró que existe una persecución política contra ellos.
Así lo expresó el representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, al comentar el anuncio realizado por el alto mando de Carabineros sobre el uso “acotado” de escopetas antidisturbios.
Así lo manifestó el máximo representante de nuestra casa de estudios quien, junto a su par de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, expresó su extrema preocupación por los múltiples casos de mutilación ocular perpetrados por la policía uniformada en contra jóvenes manifestantes.
“Yo recuerdo un caso del año 2011, se discutió mucho esta misma situación por el tema de las lacrimógenas, que se prohibieron por un tiempo y finalmente derivó en más violencia”, aseguró el secretario de Estado.
La institución exigió el fin del uso “indiscriminado” de escopetas antimotines en las manifestaciones.
La iniciativa, fundada por el periodista Claudio Pizarro, contempla una serie de testimonios que dan cuenta del accionar desmedido de efectivos policiales durante las movilizaciones que estallaron el 18 de octubre.
En misivas presentadas este viernes en la sede de Gobierno y dirigidas al Presidente Sebastián Piñera, la instancia se opone tajantemente a la violencia ejercida por el Estado a través de Carabineros y Fuerzas Armadas.
Jubilados y jubiladas pertenecientes a asociaciones comunales, regionales y nacionales entregaron una carta al Mandatario donde exigen que se tomen medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas de la tercera edad.
El coordinador de la Cátedra de DD.HH. de nuestra casa de estudios cuestionó la estrategia del Gobierno frente a las movilizaciones sociales y manifestó que el Ejecutivo ha apostado por la violencia y la división del movimiento, desentendiéndose del tema de fondo de la crisis.
