Ad portas de la revisión de la declaratoria del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP) en el Consejo de Monumentos Nacionales, representantes de agrupaciones de derechos humanos y de la sociedad civil se reunieron para rechazar y denunciar las amenazas contra el patrimonio, a partir de los casos de la Villa San Luis, en la Condes, y COFOMAP, en Neltume.
La diputada socialista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Emilia Nuyado, se mostró escéptica con lo que pudiera ser Sergio Micco al mando del INDH, pues para le legisladora, su posición política de centro permitiría mayor condescendencia y cercanía con el gobierno de Sebastián Piñera.
Así se refirió el senador del partido País Progresista a las solicitudes para que abandone la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. El legislador precisó que todos conocen su postura sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que en el fondo la molestia recae en la crítica a la Carta Magna de Chile.
Para los expertos la precarización de las condiciones laborales, económicas y sociales de los migrantes en Chile es el resultado de un problema estructural. En esa línea, la investigadora de la Universidad Alberto Hurtado, Carolina Stefoni, sostuvo: “Es muy difícil que los migrantes en los primeros cinco años puedan, como se dice, estar súper bien”.
Organizaciones sociales, sindicales y parlamentarios invitaron a la ciudadanía a sumarse a la actividad, ya que, según los convocantes, “no hay ninguna posibilidad de mejorar las jubilaciones”.
El representante de legal de los residentes del sector de Huasco Alto, Álvaro Toro, sostuvo que los abogados de la minera canadiense asumieron un rol de víctima durante los alegatos realizados en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Pese a que la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A (ESSAL) tiene un nutrido prontuario de infracciones, la acción de lobbystas y la relación entre el Ejecutivo y la compañía privada, hacen que sea muy difícil que después de investigaciones técnicas, el Presidente Piñera pueda ordenar el fin de las operaciones de la compañía.
La familia Catrillanca y distintos dirigentes mapuche agrupados en el Xawun Temucuicui se acercaron hasta la oficina regional de las Naciones Unidas para enviar una carta con una invitación para la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta Michelle Bachelet.
En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, la vocera de la Asamblea Ambiental de Osorno, aseveró que, a partir de la catástrofe hídrica que acontenció en la ciudad, las autoridades gubernamentales y parlamentarios deben trabajar para que el vital elemento sea un derecho de todos y todas.
En octubre de 2016, la mujer de origen mapuche tuvo que parir a su hija Sayén estando engrillada a la cama de parto, no respetando sus derechos ni los del recién nacido.
A la crisis sanitaria que afecta a la población local, ahora se suman los comerciantes de la ciudad, quienes anunciaron la presentación de una demanda en contra de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A (ESSAL).
Tanto en la ciudad sureña como en Santiago, ciudadanos exigen a las autoridades de Gobierno nacionales y regionales, el término inmediato de la concesión a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.
Para la profesora asistente del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Valeria Estuardo, las cifras dadas a conocer por ONU Sida corresponden a una tendencia que sigue y seguirá una realidad coherente, producto de las casi inexistentes políticas preventivas educacionales por parte del Estado.
Con el objetivo de aterrizar la información y que ésta llegue a la mayor cantidad de gente posible, la Red Chilena, por primera vez, presentará el documento con un acto al que todas y todos están invitados. La cita es este miércoles 17 de julio a las 18:30 horas.
“Si estos factores externos no se tienen en cuenta a la hora de analizar la situación en Venezuela, si no se consideran como fundamentales para explicar las dificultades que ha encontrado el gobierno de Miraflores para poder ofrecer condiciones básicas a sus ciudadanos y ciudadanas, entonces el resultado es una visión limitada que no da cuenta de la dimensión y responsabilidad de la comunidad internacional en Venezuela”, reza el texto.
