La mañana de este jueves la organización con presencia en diversos países presentó su informe sobre la Ley Antiterrorista, en el que se deja de manifiesto la violación de los derechos humanos de los imputados en los Casos “Luchsinger Mackay” e “Iglesia”. Además, culpa al Estado chileno de estigmatizar a este pueblo originario.
Este miércoles, Haroldo Brito se reunió con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y recibió una carta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. En ambas instancias los familiares de víctimas de la dictadura le expresaron su preocupación por los fallos que han otorgado libertad condicional a criminales de lesa humanidad.
Nicza Báez Mondaca es una ex mirista sobreviviente a la detención perpetrada por tres de los siete liberados en el “supremazo”, su esposo Alonso Lazo Rojas, sigue desaparecido. La mujer considera que las medidas del Estado en materia de reparación y justicia, no fueron suficientes.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos insistió en la importancia de hacer valer los requisitos que pide el derecho internacional en este tipo de casos.
Si bien el abogado de los internos de Punta Peuco, Raúl Meza, anunció que suspenderá la presentación de un recurso de amparo para pedir la libertad de quien es sindicado como uno de los agentes más inescrupulosos de Pinochet, aseguró que se seguirá recurriendo a instancias judiciales para excarcelar a ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad.
El representante del Partido Socialista calificó además como impresentable el vínculo revelado por Radio Universidad de Chile, entre el abogado integrante de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Ricardo Abuauad y un ex coronel en retiro procesado por crímenes de la dictadura.
Para algunos investigadores, “separar la cultura selk’nam de las circunstancias en que fue erradicada es la reproducción del sentido colonial que justificó su exterminio a fines del siglo XIX y principios del XX”.
En concreto, los hechos denunciados ocurrieron el pasado domingo 15 de octubre de 2017, donde cinco funcionarios de carabineros se abalanzaron sobre un joven de 25 años, su padre y abuelo.
Luego de que la Corte Suprema acogiera los recursos de amparo de reos condenados por crímenes de lesa humanidad y concediera su libertad condicional, la cátedra de derechos humanos de nuestra casa de estudios, emitió una declaración pública en la que llama a la alerta a la sociedad y a las autoridades del Estado para perseverar en el esclarecimiento de los crímenes, en la verdad, la justicia y en las políticas de reparación integral para las víctimas de la dictadura.
Organizaciones de derechos humanos se manifestaron este miércoles en Tribunales. En la ocasión, entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que manifestaron la incongruencia entre la libertad condicional otorgada a violadores de derechos humanos, y los convenios y acuerdos que Chile ha firmado en la materia.
Revisamos las condenas y los motivos que llevaron a la cárcel a los siete reos que esta semana fueron liberados por una resolución de la Corte Suprema. Detenciones, torturas y desapariciones aparecen dentro de los currículum de los ex agentes del Estado beneficiados con la medida. Carmen Hertz (PC) se lo atribuye a lo que denominó como “ignorancia crónica” de la justicia chilena.
El persecutor jefe de la región de Los Lagos y a cargo de investigar los casos de niños fallecidos en el Sename, se reunió con la Defensora de la Niñez Patricia Muñoz, después del crudo diagnóstico de la ONU sobre las condiciones de vida al interior de los centros dependientes del Servicio Nacional de Menores.
Representantes de nuestra casa de estudios, junto al Colegio Médico, entregaron un documento al ministro de Justicia Hernán Larraín, a quien solicitan impulsar un cambio a la normativa carcelaria para garantizar las libertades culturales de comunidades indígenas en privación de libertad.
Los beneficiados se encontraban recluidos en Punta Peuco y Colina 1. La decisión ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos, de hecho, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó para este miércoles 1 de agosto a una manifestación en Tribunales.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se refirió a la denuncia hecha por un ex carabinero sobre el descubrimiento de cuerpos en 2001, presuntamente de la época de dictadura militar, y que fue pasada por alto intencionalmente.
