Después de conocido el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Providencia como autor del delito de torturas, el jurista querellante en la causa, Roberto Ávila, adelantó las acciones que podrían significar prisión efectiva para el ex agente de la DINA.
En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el parlamentario del Partido Comunista se refirió a los últimos acontecimientos judiciales que han marcado la imagen del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Una nueva amenaza de desalojo viven los habitantes del campamento René Schneider en Antofagasta. La alerta se encendió a raíz de una nueva ofensiva del gobierno provincial para frenar el levantamiento de nuevas tomas. Pablo Rojas, de la ONG Fractal, apunta a la cobertura de los subsidios como la razón de la creación de nuevos campamentos:
Luego que la CIDH presentara un estudio sobre la situación que se vive en el hogar administrado por el Sename en Valparaíso, instruyó al Estado acciones en los siguientes 20 días. Dicho plazo vence este miércoles y el senador Francisco Chahuán presiona al Gobierno para impulsar medidas concretas en este centro.
El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique recalificó este martes el delito por la desaparición de José Vergara Espinoza, acontecido en octubre de 2015. La instancia estuvo marcada por la recalificación del delito a “detención ilegal” (con penas significativamente más bajas) y se modificaron las medidas cautelares de prisión preventiva a arraigo nacional.
Abogado querellante Enzo Morales informó que este martes a medio día el Tribunal dará a conocer la resolución de juicio oral que culminó este lunes.
El médico que supervisa el estado de salud del machi, precisó que está semana será clave para el futuro de la autoridad ancestral mapuche.
A ocho años de las protestas protagonizadas en el sur de nuestro país, la Justicia Militar condenó al ex Teniente Coronel de Carabineros, Víctor Follert, por disparar al dirigente Teófilo Haro.
Ante las modificaciones anunciadas por el presidente a la cuestionada legislación, son distintos los antecedentes que pesan sobre el Estado chileno en las que se cuestiona la forma y la aplicación de la ley, la que se ha utilizado principalmente contra mapuches.
La experta en política indígena apuntó a que la aplicación de la Ley Antiterrorista demuestra una visión reducida al tema de fondo, por ello, enfatizó en que se requiere un cambio profundo que responda a todas las comunidades.
Pedro Edmunds está convencido de que no ratificar el Convenio que zanja una serie de derechos para los pueblos originarios sería un craso error, pero más por la señal que significaría que por las implicancias prácticas. El edil de Rapa Nui cree que el Estado chileno no ha sido respetuoso del tratado, o que cuando ha regido ha sido sólo por conveniencia.
Un día antes de dejar La Moneda, la Subsecretaría de Derechos Humanos consiguió presentar ante la Justicia una denuncia por la violencia que vivieron las víctimas de presión política y tortura consignadas en las comisiones Valech I y II. Frente a ello, las organizaciones de DDHH dicen que ahora será crucial el rol que adopte el Poder Judicial.
Nuevos antecedentes en el caso del gestor cultural motivaron a la Universidad de Chile a presentar un recurso de revisión ante el máximo tribunal. Harasic, decano de Derecho, confirmó la información luego de una reunión con el fiscal Morales. “Día a día aparecen nuevas evidencias de la inocencia (…) hay falsificación de transcripción de grabaciones, distorsión de fotografías”, declaró el académico.
Centenares de mujeres despidieron a la concejala Marielle Franco hace algunos días en Rio de Janeiro. “No nos van a callar”, “las vidas negras y LGBT importan”, se leía en las pancartas que levantaban las mujeres afrobrasileñas recordando el trabajo que impulsó la política asesinada en los sectores más pobres y violentados del municipio.
Un grupo de abogados presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia que acusa el incumplimiento del Estado chileno en la reparación de las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura. La abogada representante de las víctimas, Paz Becerra, indicó que la presentación no es tan sólo una medida judicial, sino que también es una herramienta de presión política.